El Gobierno concretó un nuevo paso en su plan de entrega del patrimonio energético nacional: aprobó la venta total de las cuatro hidroeléctricas más importantes del país.
El Ministerio de Economía oficializó la Resolución 1569/2025, que habilita la venta de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas ubicadas en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén. Estas represas generan cerca del 20% de la energía hidráulica nacional y regulan el caudal de los principales embalses del país, vitales para el abastecimiento de agua, la agricultura y el turismo regional.
Con la nueva resolución, el Gobierno dio luz verde a la etapa final del concurso internacional. Las empresas precalificadas deberán presentar sus ofertas en los próximos meses, y las adjudicaciones se concretarían antes de fin de año, para que las concesiones entren en vigencia en 2026. Cada adjudicatario podrá explotar las centrales por 30 años, con opción a prórroga, a cambio del pago de un canon anual al Estado.
El proceso comenzó en 2024, cuando la gestión de Milei ordenó fragmentar Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina (Nasa) para crear cuatro sociedades anónimas transitorias. En abril de 2025, mediante el Decreto 286, se habilitó la privatización total de Enarsa, y en agosto se autorizó la venta directa de las represas sin fijar un precio mínimo.
Diversas voces advirtieron sobre el carácter regresivo y opaco de la medida. “Están dolarizando los ingresos y atándolos a la inflación norteamericana. Es un esquema que inevitablemente va a derivar en litigios internacionales”, alertó el exsubsecretario de Energía, Federico Basualdo. Para él, se trata de “una privatización con consecuencias estructurales y un beneficio coyuntural, con un proyecto económico que cada vez hace más agua”.
También los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro expresaron su rechazo. El neuquino Rolando Figueroa sostuvo que la reversión de las concesiones “debía ser una oportunidad para construir un nuevo esquema federal de administración de los recursos hídricos”, pero lamentó que el Gobierno “haya decidido avanzar de forma unilateral”. Desde Río Negro señalaron que la reprivatización “afecta los intereses provinciales”, ya que las represas regulan los ríos que abastecen a las comunidades locales.
La venta se ampara en la vieja Ley 23.696 de 1989, utilizada durante el menemismo para justificar la privatización de empresas públicas. En 2024, con la Ley 27.742, el oficialismo incluyó a Enarsa entre las compañías “sujetas a privatización” y avanzó con su desguace, dividiendo sus activos para facilitar la venta por partes.
Así, mientras Milei insiste en su retórica de “libertad de mercado”, su gobierno entrega los recursos estratégicos del país a capitales privados y extranjeros. La energía y el agua del sur argentino, que durante décadas estuvieron al servicio del desarrollo nacional, vuelven a convertirse en mercancía.