El gobierno avanza en un esquema que elimina los límites de posesión vigentes desde 2011 y flexibiliza la Ley de Manejo del Fuego, consolidando un modelo de entrega del territorio al capital trasnacional.
En una nueva ofensiva contra la soberanía nacional, el Gobierno impulsa una profunda modificación de la Ley de Tierras con el objetivo de habilitar la compra irrestricta de tierras rurales por parte de extranjeros. A través del Consejo de Mayo, la administración avanza en un esquema que elimina los límites de posesión vigentes desde 2011 y flexibiliza la Ley de Manejo del Fuego, consolidando un modelo de entrega del territorio al capital trasnacional.
La iniciativa, presentada como un incentivo a las inversiones, apunta a profundizar el negocio inmobiliario, energético y minero en vastas regiones del país. Desde el oficialismo aseguran que la apertura podría atraer inversiones por unos 5.000 millones de dólares, aunque el costo real sería la pérdida de control sobre tierras estratégicas y recursos naturales clave.
El informe del Consejo de Mayo propone derogar la Ley N.º 26.737, que establece topes a la propiedad extranjera de tierras rurales y fija un límite de mil hectáreas productivas por persona o empresa extranjera. Según el documento oficial, estas restricciones “obstaculizan la inversión internacional”, un argumento que omite deliberadamente el objetivo central de la norma: resguardar la soberanía territorial y evitar la especulación.
En la misma línea, el Gobierno busca desmantelar las restricciones incorporadas en 2020 a la Ley de Manejo del Fuego, que impiden modificar el destino productivo de los campos incendiados durante un período de entre 30 y 60 años. Estas normas fueron creadas para frenar incendios intencionales vinculados al negocio inmobiliario, especialmente en la Patagonia. Sin embargo, La Libertad Avanza propone eliminarlas por completo, abriendo la puerta a la especulación sobre tierras devastadas por el fuego.
La reforma también pretende eliminar el límite del 15 por ciento de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal, así como el tope del 30 por ciento por nacionalidad. Incluso quedarían habilitadas zonas estratégicas como la Zona Núcleo del agronegocio, hoy protegidas de la extranjerización masiva.
Actualmente, más del 5 por ciento del territorio argentino ya se encuentra en manos extranjeras, con picos superiores al 10 por ciento en provincias como Salta, Misiones y San Juan. Lejos de fortalecer la producción nacional o el desarrollo federal, la propuesta oficial profundiza un modelo de saqueo y dependencia, en el que la tierra deja de ser un bien estratégico para convertirse en mercancía al servicio de intereses externos.