Las reformas que impulsa el Gobierno anticipan un cambio profundo en el mundo del trabajo, los impuestos y el modelo productivo. Un escenario que, de avanzar sin frenos, impactará de lleno en el empleo, los derechos laborales y la vida cotidiana.

El Gobierno Nacional de Javier Milei avanza con un conjunto de proyectos que anticipan un cambio estructural del modelo económico y social. Bajo el discurso de la “modernización”, el oficialismo impulsa reformas que reconfigurarían el sistema laboral, impositivo y productivo, con efectos que empezarían a sentirse con fuerza a partir de 2026, una vez que el paquete esté plenamente aprobado y reglamentado.

Lo que podría cambiar si el plan avanza

• Menos impuestos para los sectores más ricos: las iniciativas oficiales buscarían reducir de manera significativa los tributos a grandes patrimonios, actividades financieras, alquileres y bienes de lujo, sin establecer mecanismos claros que obliguen a reinvertir esos recursos en la economía real.
• Despidos con costo mínimo: la reforma laboral plantea reemplazar la indemnización tradicional por un Fondo de Cese, lo que abarataría el despido y habilitaría una dinámica de expulsión de trabajadores en contextos de recesión.
• Más trabajo en negro: la eliminación de sanciones por empleo no registrado incentivaría la informalidad, al quitar castigos efectivos a quienes contraten trabajadores fuera del sistema.
• Menos derecho a huelga: los cambios impulsados por el Ejecutivo ampliarían las actividades con restricciones para parar, alcanzando a casi la mitad de los trabajadores.
• Un negocio financiero millonario: el esquema del Fondo de Cese trasladaría el 3% de la masa salarial a la administración de los bancos, debilitando el financiamiento de jubilaciones y obras sociales.
• Ajuste social sostenido: el rumbo fiscal anticipa recortes en universidades, políticas de discapacidad y programas públicos esenciales.
• Presión política sobre las provincias: el uso discrecional de fondos nacionales funcionaría como herramienta de negociación para garantizar apoyos legislativos.

En términos productivos, el modelo que impulsa el Gobierno podría consolidar un crecimiento sin empleo. La expansión quedaría concentrada en sectores extractivos como la minería, los hidrocarburos y el sistema financiero, actividades que generan poco trabajo y escaso derrame, mientras la industria, el comercio, la construcción y la ciencia quedarían relegados, especialmente en las grandes ciudades.

Si este rumbo se consolida, el escenario hacia 2026 anticipa un país con menos derechos laborales, mayor precarización y un crecimiento que no se traduce en bienestar social. Una advertencia que empieza a discutirse ahora, cuando el paquete todavía está en debate, pero cuyos efectos podrían volverse irreversibles una vez que el modelo termine de implementarse.

El Gobierno nacional impulsa cambios en el régimen indemnizatorio del personal de casas particulares, con exclusiones del Fondo de Asistencia Laboral, topes al cobro y nuevas facilidades para el despido.

El Gobierno de Javier Milei avanza con la reforma laboral y pone en la mira a las empleadas domésticas y a los trabajadores de casas particulares, que verán modificado su régimen indemnizatorio. De aprobarse la llamada Ley de Modernización Laboral (ML), este sector queda excluido del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo creado para reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones.

En ese marco, a diferencia de la mayoría de los empleadores del sector privado, los empleadores de casas particulares no estarán obligados a aportar el 3% mensual del salario para cubrir futuras indemnizaciones. Esta exclusión deja a las trabajadoras domésticas fuera del esquema general que propone la reforma y consolida un trato desigual y regresivo en materia de derechos laborales.

Más adelante, la iniciativa también introduce cambios en la actualización de los créditos laborales. El artículo 70 de la Ley 26.844 es sustituido para establecer que las indemnizaciones y demás créditos reclamados se ajusten según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés anual del 3%, en línea con lo previsto por la Ley de Contrato de Trabajo. En paralelo, los artículos 277 y 278 habilitan que, en caso de juicio laboral, un juez pueda autorizar el pago de la indemnización en hasta doce cuotas consecutivas, diluyendo el impacto del resarcimiento para la trabajadora.

Con el mismo ímpetu, la reforma avanza sobre el propio concepto de indemnización. El Fondo de Asistencia Laboral, presentado como una modernización, rompe con el sistema vigente y traslada el costo del despido al trabajador, ya que se financia con un aporte obligatorio del 3% del salario. Además, el proyecto establece un período de carencia de seis meses, durante el cual el empleador puede despedir sin pagar indemnización alguna. Aunque el régimen de casas particulares queda formalmente excluido del FAL, los cambios impulsados por el Gobierno recortan derechos, debilitan la protección laboral y refuerzan la precarización, una vez más, por más que a Milei y su gobierno les moleste.

Un informe de organismos de derechos humanos advierte que la gestión de Javier Milei impulsa un ataque sistemático al consenso democrático construido desde 1983, a través de recortes, despidos y una ofensiva revisionista contra el legado del Nunca Más.

El Gobierno de Javier Milei despliega una ofensiva inédita contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y pone bajo asedio el consenso democrático que se consolida tras el fin de la última dictadura cívico-militar. Así lo señala un informe elaborado por Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital y Memoria Abierta, que advierte sobre el carácter sistemático de las medidas impulsadas por la administración de La Libertad Avanza.

En el mismo sentido, el documento sostiene que el Ejecutivo avanza con una estrategia sostenida que combina recortes presupuestarios, desmantelamiento de políticas públicas y una disputa discursiva de carácter revisionista. Los organismos alertan que la apelación oficial a una supuesta “memoria completa” funciona como un intento de relativizar el terrorismo de Estado y de cuestionar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia construido durante más de cuatro décadas.

Más adelante, el informe detalla un profundo vaciamiento institucional. La Secretaría de Derechos Humanos es degradada a subsecretaría, se reduce su planta en un 40 por ciento y se despide a abogados que actúan como querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad. A su vez, se desmantelan programas clave, se retira el acompañamiento a testigos y se interrumpe la asistencia al Poder Judicial, lo que profundiza las demoras en las causas en trámite.

Con el mismo ímpetu, los organismos denuncian la eliminación de equipos estatales encargados de investigar el accionar represivo, la degradación del Archivo Nacional de la Memoria y la pérdida de facultades para acceder a archivos militares. Los sitios de memoria también son alcanzados por el ajuste, con despidos, reducción de horarios y cierre de espacios culturales, incluso en lugares reconocidos como patrimonio de la humanidad.

Finalmente, el informe alerta sobre el impacto directo de estas decisiones en la búsqueda de niñas y niños apropiados durante la dictadura. La eliminación de unidades de investigación, la reducción de personal en la Conadi y el debilitamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos favorecen un escenario de mayor impunidad. Frente a este panorama, los organismos remarcan que las políticas de memoria siguen en pie gracias al respaldo social y advierten que, de cara a los 50 años del golpe de Estado, la disputa por el sentido del pasado vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, por más que a Milei y su gobierno les moleste.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, advirtió que “la economía está en caída libre” y sostuvo que el Ejecutivo cambia de política monetaria todos los años sin lograr resultados.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una dura crítica al gobierno de Javier Milei y al rumbo económico encabezado por el ministro Luis Caputo. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, advirtió que “la economía está en caída libre” y sostuvo que el Ejecutivo cambia de política monetaria todos los años sin lograr resultados.

Cristina cuestionó los recientes anuncios del Banco Central sobre el nuevo esquema de bandas cambiarias y la indexación del dólar, al señalar que se trata de otra muestra de la inconsistencia del plan económico. “Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por promesas grandilocuentes que nunca se concretaron”, remarcó.

En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario.

En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos.

En el 2025…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 17, 2025

En ese sentido, recordó que primero se prometió la dolarización de salarios, luego una “dolarización endógena” con dólares que “iban a salir de los colchones” y más tarde un esquema de crawling peg. Ahora, sostuvo, el Gobierno presenta un “dólar indexado” que solo confirma el desorden económico.

“La economía está en caída libre porque el consumo no repunta”, afirmó la exmandataria, y desmintió uno de los principales argumentos oficiales: “Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país”. Según detalló, la salida de divisas se explica por el aumento de importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios en plataformas digitales, el pago de intereses de la deuda y una Inversión Extranjera Directa negativa.

Cristina Kirchner subrayó que, por primera vez desde 2003, la IED registra saldo negativo y precisó que desde la asunción de Milei hasta octubre de 2025 alcanza los USD 1.327 millones en rojo. “Empresas extranjeras se van”, advirtió, y citó como ejemplo la salida de PETRONAS, clave para el proyecto de GNL en Bahía Blanca.

En uno de los pasajes más filosos de su mensaje, la expresidenta ironizó sobre la insistencia del Presidente en el dogma monetarista: “En los hechos ya se dio cuenta de que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate”. Y concluyó: “Una cosa es hablar en la tele y otra muy distinta es gobernar el país con la gente adentro”.

Por último, Cristina recordó que los mayores niveles de inversión extranjera directa desde 2003 se dieron durante sus gobiernos, con saldos positivos de USD 16.213 millones entre 2007 y 2011, y de USD 13.487 millones entre 2011 y 2015, en contraste con el escenario actual.

El gobierno avanza en un esquema que elimina los límites de posesión vigentes desde 2011 y flexibiliza la Ley de Manejo del Fuego, consolidando un modelo de entrega del territorio al capital trasnacional.

En una nueva ofensiva contra la soberanía nacional, el Gobierno impulsa una profunda modificación de la Ley de Tierras con el objetivo de habilitar la compra irrestricta de tierras rurales por parte de extranjeros. A través del Consejo de Mayo, la administración avanza en un esquema que elimina los límites de posesión vigentes desde 2011 y flexibiliza la Ley de Manejo del Fuego, consolidando un modelo de entrega del territorio al capital trasnacional.

La iniciativa, presentada como un incentivo a las inversiones, apunta a profundizar el negocio inmobiliario, energético y minero en vastas regiones del país. Desde el oficialismo aseguran que la apertura podría atraer inversiones por unos 5.000 millones de dólares, aunque el costo real sería la pérdida de control sobre tierras estratégicas y recursos naturales clave.

El informe del Consejo de Mayo propone derogar la Ley N.º 26.737, que establece topes a la propiedad extranjera de tierras rurales y fija un límite de mil hectáreas productivas por persona o empresa extranjera. Según el documento oficial, estas restricciones “obstaculizan la inversión internacional”, un argumento que omite deliberadamente el objetivo central de la norma: resguardar la soberanía territorial y evitar la especulación.

En la misma línea, el Gobierno busca desmantelar las restricciones incorporadas en 2020 a la Ley de Manejo del Fuego, que impiden modificar el destino productivo de los campos incendiados durante un período de entre 30 y 60 años. Estas normas fueron creadas para frenar incendios intencionales vinculados al negocio inmobiliario, especialmente en la Patagonia. Sin embargo, La Libertad Avanza propone eliminarlas por completo, abriendo la puerta a la especulación sobre tierras devastadas por el fuego.

La reforma también pretende eliminar el límite del 15 por ciento de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal, así como el tope del 30 por ciento por nacionalidad. Incluso quedarían habilitadas zonas estratégicas como la Zona Núcleo del agronegocio, hoy protegidas de la extranjerización masiva.

Actualmente, más del 5 por ciento del territorio argentino ya se encuentra en manos extranjeras, con picos superiores al 10 por ciento en provincias como Salta, Misiones y San Juan. Lejos de fortalecer la producción nacional o el desarrollo federal, la propuesta oficial profundiza un modelo de saqueo y dependencia, en el que la tierra deja de ser un bien estratégico para convertirse en mercancía al servicio de intereses externos.

La acusación apunta contra Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y el fundador de la cadena Tostado Café, Fernando Goijman, por los presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria y asociación ilícita.

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal de extrema gravedad ante la Justicia Federal contra Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y el fundador de la cadena Tostado Café, Fernando Goijman, por los presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria y asociación ilícita. La acusación apunta a un complejo entramado empresarial diseñado para ocultar el verdadero origen del dinero que habría financiado la vertiginosa expansión del grupo gastronómico.

La presentación judicial sostiene que detrás de la cadena de cafeterías —que ya supera los 70 locales en el país y el exterior— existiría una estructura societaria fragmentada y opaca, creada deliberadamente para dificultar los controles fiscales, contables y patrimoniales. Según la denuncia, el crecimiento económico del holding no encuentra ninguna explicación razonable en antecedentes comerciales, capital inicial declarado ni financiamiento bancario verificable.

DENUNCIÉ penalmente a Francisco Langeri Bullrich, Fernando Goijman y a Patricia Bullrich por el entramado de Tostado: evasión, lavado y asociación ilícita.
Mientras ella hace show denunciando a la AFA, yo fui a la Justicia con una denuncia concreta, pidiendo orden de presentación… pic.twitter.com/MgYidhIWCi

— Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) December 16, 2025

Dalbón señala que Francisco Langeri Bullrich figura como socio clave de Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., empresas que habrían alcanzado en pocos años un valor de varios millones de dólares, sin que existan registros públicos que expliquen de manera transparente semejante expansión. La acusación se apoya además en investigaciones periodísticas que detectaron domicilios coincidentes entre varias sociedades, algunos de ellos vinculados directamente a inmuebles asociados a Patricia Bullrich, como una propiedad ubicada en la calle Beruti 3822, en la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia advierte que esta atomización de empresas, con socios repetidos y direcciones compartidas, podría constituir una maniobra clásica para disimular flujos financieros irregulares. A esto se suma un dato llamativo: varias de las firmas vinculadas al grupo registran cheques rechazados por montos ínfimos, una situación que —según Dalbón— resulta incompatible con un conglomerado que declara facturaciones millonarias y podría ser indicio de subfacturación, simulación de solvencia o desmanejos financieros.

El escrito judicial también pone el foco en la proyección internacional del grupo, con locales en España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, lo que obliga a investigar posibles transferencias transfronterizas de fondos y eventuales maniobras de lavado a escala internacional. En ese sentido, el abogado sostiene que la actividad gastronómica podría haber sido utilizada como una “pantalla” para legitimar capitales de origen ilícito.

El rol de Patricia Bullrich bajo la lupa judicial

Si bien la denuncia aclara que el vínculo familiar no constituye por sí mismo un delito, remarca un elemento de altísima sensibilidad institucional: la posible conexión directa entre el entramado empresarial y una funcionaria que ocupa —y ocupó— posiciones centrales en el poder político. Según Dalbón, esta circunstancia exige extremar los recaudos investigativos para descartar conflictos de intereses, uso de influencias, favorecimientos indebidos o tolerancia estatal frente a irregularidades económicas de gran magnitud.

Entre las medidas de prueba solicitadas se incluyen allanamientos, secuestro de documentación societaria y contable, informes de la UIF, la IGJ y organismos fiscales, además de la citación a declaración indagatoria de los denunciados. La causa quedó radicada por sorteo en el juzgado federal de Ariel Lijo, con intervención de la fiscal Alejandra Mángano.

Un patrimonio millonario de origen inexplicable

La denuncia también reconstruye el abrupto salto patrimonial de Francisco Langeri Bullrich. De ocupar un cargo técnico en la administración pública a partir de 2016, pasó en pocos años a presidir un holding que declara más de 63 millones de dólares anuales. La velocidad del ascenso económico, la falta de antecedentes empresariales relevantes y la existencia de cheques impagos por sumas insignificantes para la escala del negocio refuerzan las sospechas sobre el origen del capital.

A esto se suma un dato revelador: Patricia Bullrich promocionaba públicamente la marca Tostado en redes sociales antes incluso de que existiera la sociedad que hoy la explota comercialmente, lo que alimenta las dudas sobre el verdadero inicio del emprendimiento.

Entre sociedades cruzadas, domicilios compartidos, expansión internacional acelerada y un crecimiento económico que desafía toda lógica comercial, la denuncia plantea un escenario que coloca a Patricia Bullrich y a su hijo en el centro de una investigación por presunto lavado de dinero, con implicancias políticas e institucionales de enorme gravedad.