Un nuevo escándalo sacude al Gobierno y golpea de lleno a uno de sus funcionarios clave: el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, quedó bajo sospecha judicial por presuntamente ocultar bienes millonarios en el exterior mientras lidera el organismo encargado de combatir la evasión.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por Sergio Rodríguez, pidió que Vázquez sea citado a indagatoria por no haber declarado al menos tres propiedades en Estados Unidos valuadas en más de 2,1 millones de dólares. El caso expone una fuerte contradicción política y ética: quien debe perseguir delitos fiscales ahora es investigado por posibles maniobras de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Según el dictamen, el funcionario habría omitido declarar su vínculo con sociedades offshore que figuran como titulares de inmuebles en Miami. Para la PIA, esta conducta encuadra en el delito de omisión maliciosa en la declaración jurada patrimonial, que puede derivar en penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La investigación sostiene que, detrás de estructuras societarias en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, Vázquez sería el beneficiario final de dos unidades en el complejo Icon Brickell —adquiridas en 2013 por 710.000 y 400.000 dólares— y de una propiedad en el exclusivo Chateau Beach Residences, comprada en 2015 por 980.000 dólares. Documentación citada en la causa lo identifica como Persona Políticamente Expuesta y titular real de esos activos.
Además, la PIA detectó inconsistencias significativas entre los ingresos declarados por Vázquez y el volumen de las inversiones realizadas. Mientras reportaba activos líquidos por apenas unos 40.000 dólares en 2012 y 44.000 en 2013, en ese mismo período se concretaron compras inmobiliarias por más de un millón de dólares, a lo que se suma otra adquisición cercana al millón en 2015.
El expediente también revela otras posibles irregularidades, como la compra de un triplex en Puerto Madero a un valor muy inferior al de mercado y el uso de una firma local —Consultora San Andrés SA— que presentaría características de sociedad pantalla.
La causa está ahora en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Guillermo Marijuán, quienes deberán resolver el pedido de indagatoria y avanzar sobre las nuevas líneas de investigación. Entre las medidas solicitadas figuran exhortos internacionales, pedidos de información financiera y el análisis de movimientos migratorios del funcionario y su entorno familiar.
Designado por el presidente Javier Milei en octubre de 2024 al frente de la DGI y luego ascendido a titular de ARCA, Vázquez enfrenta ahora una investigación que pone en jaque su continuidad y suma presión política sobre el Gobierno en medio de crecientes cuestionamientos por la transparencia de sus funcionarios.