El periodista que se encarga de mostrar el clima en el canal de noticias del Grupo Clarín estalló por el desguace que está haciendo el Gobierno en el área.

El recorte que está implementando el Gobierno de Javier Milei en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llegó a sentirse en la información que brindan los canales de televisión, quienes advierten que “no hay datos” del servicio debido a los despidos en el área.

En medio del reclamo de los trabajadores, y luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificara los recortes, el periodista de TN Matías Bertolotti frenó su reporte climatológico para hacer un descargo, explicando que las estaciones del SMN encargadas de medir los datos están funcionando con menor cantidad que antes, afectando su desempeño.

"No hay datos del servicio meteorológico"

Matías Bertolotti advirtió que varias estaciones de Argentina "ya no reportan de noche porque echaron a sus empleados" y denunció "la problemática tremenda" en el área. pic.twitter.com/diOLxCKLQJ

— Corta (@somoscorta) April 27, 2026

“Muchas estaciones de la república argentina ya no reportan de noche porque echaron a sus empleados”, advirtió el conductor que brinda el clima a diario.

El conflicto se profundiza por el plan de cesantías que alcanzaría a unos 240 trabajadores del SMN, lo que equivale a cerca del 30% del personal civil del organismo. Desde el gremio advierten que los despidos afectarían tanto a la sede central como a estaciones meteorológicas de todo el país.

La comunidad educativa de la escuela que utilizan los Adorni está conmocionada y podrían abrir un nuevo escándalo si trascienden los chats de los padres, que acumulan indignación por el cambio de estilo de vida del jefe de Gabinete desde que es funcionario público, según confirmó el portal La Política Libertario.

Como producto de esa incomodidad, el grupo de WhatsApp que utilizaban los padres del establecimiento educativo de gestión privada típico de clase media, se terminó partiendo. Ahora, según comentaron las fuentes, hay uno donde solo se habla de cuestiones operativas y otro donde se despachan con críticas filosas contra Manuel Adorni. No hay modo de justificar el nivel de vida de Adorni desde que es funcionario libertario.

El problema se habría generado cuando una de las madres afirmó que Bettina Angeletti, la pareja del vocero que terminó siendo justamente la razón por la que se destapó la olla, estaba de vacaciones en Madrid junto a otras cinco madres del colegio. El hallazgo fue casual, al toparse en Instagram con la foto de las mujeres en la capital española.

El gobierno decidió prescindir este domingo de Carlos Frugoni, el secretario de Infraestructura que el oficialismo había expuesto mediáticamente para intentar eclipsar el escándalo protagonizado por Manuel Adorni. Según trascendió, Frugoni habría formalizado su dimisión el sábado y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se la habría aceptado al día siguiente, tras una campaña de desgaste impulsada desde un sector de La Libertad Avanza.

El funcionario saliente dependía orgánicamente de Caputo, pero mantenía además un vínculo estrecho con Nicky Caputo y, por extensión, con Mauricio Macri. Dado que Frugoni habría omitido declarar al menos seis propiedades en Miami, desde el entorno presidencial habrían aprovechado su situación para golpear indirectamente al ex mandatario, quien suele presentar al PRO como el espacio que provee cuadros técnicos competentes a la administración Milei.

La salida de Frugoni se produce apenas 72 horas antes de que Adorni deba comparecer ante el Congreso, en una audiencia que enfrenta con notoria reluctancia y sin señales de querer disipar las dudas de corrupción que vienen erosionando la imagen del presidente. El intento de utilizar este relevo como herramienta de distracción comunicacional difícilmente alcance para revertir el daño acumulado por el denominado “efecto Adorni”.

En paralelo, Macri ya habría instruido a Ricardo Lorenzetti para que construya una mayoría en la Corte Suprema junto a Carlos Rosenkrantz, con el objetivo de generar presión sobre Milei. El líder del PRO también se reunió con Paolo Rocca en busca de respaldo político, convencido de que el eventual desgaste económico del gobierno libertario le abrirá el camino para posicionarse como el candidato de la derecha de cara a 2027.

Lejos de las promesas de recomponer ingresos y de jugosos salarios dolarizados Argentina terminó ubicándose entre los países con los salarios mínimos más bajos de América Latina. Según los últimos relevamientos oficiales, el salario mínimo ronda los 200 dólares mensuales, lo que posiciona al país en el fondo del ranking regional.

Actualmente, Argentina se ubica entre los cinco países con menores ingresos básicos, sólo por detrás de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela. Este deterioro se profundizó tras la devaluación y la persistente inflación, que erosionaron fuertemente el poder adquisitivo.

El contraste con el resto de la región es cada vez más marcado. Mientras países como Costa Rica, Uruguay y Chile superan ampliamente los 600 dólares mensuales, duplicando o incluso triplicando el ingreso argentino, el promedio regional se sitúa cerca de los 400 dólares.

Las actualizaciones recientes del salario mínimo —que lo llevaron a valores en pesos cercanos a los $200.000— equivalen a unos 200 dólares al tipo de cambio libre, consolidando la caída en términos internacionales.

El resultado es contundente: Argentina pasó de discutir salarios en dólares a quedar entre los peores registros de América Latina. Esta caída no sólo refleja el impacto de la inflación —que continúa entre las más altas del mundo— sino también una fuerte pérdida del poder de compra de los trabajadores, que en los últimos años se redujo de manera significativa.

En este contexto, el salario mínimo dejó de ser una referencia de recuperación para convertirse en un indicador del deterioro económico: cada vez más lejos de la región y cada vez más cerca del fondo del ranking.

Según el Monitor de Opinión Pública de la consultora Zentrix, el 67% de los argentinos considera que se rompió el pacto “anti casta”, la principal bandera simbólica del oficialismo.

El deterioro de la confianza en el gobierno de Javier Milei se acelera en medio de la crisis económica y el impacto creciente de denuncias por corrupción, dos factores que comienzan a erosionar el núcleo de legitimidad con el que llegó al poder.

Según el Monitor de Opinión Pública de la consultora Zentrix, el 67% de los argentinos considera que se rompió el pacto “anti casta”, la principal bandera simbólica del oficialismo. Ese concepto, que durante meses funcionó como sostén político y moral del gobierno, muestra hoy un desgaste profundo frente a una opinión pública cada vez más crítica.

El malestar social se apoya también en la situación económica: el 81,6% de los consultados afirma haber tenido que resignar consumos en los últimos seis meses, desde salidas y ocio hasta compras habituales del hogar y gastos básicos como alimentos, salud y servicios. Este ajuste cotidiano refuerza la percepción negativa sobre la gestión.

🎭SE DESGASTA UNA BANDERA CENTRAL

67% cree que el pacto “anti-casta” con el que llegó Milei ya se rompió.

El dato no golpea solo a un slogan: afecta una de las bases simbólicas del oficialismo. Cuando esa promesa pierde fuerza, también se erosiona la credibilidad del Gobierno.… pic.twitter.com/4DCNVlh42F

— Zentrix Consultora (@ZXConsultora) April 26, 2026

En paralelo, la corrupción dejó de ser un tema secundario para convertirse en uno de los ejes centrales del descontento. El 57,3% percibe corrupción generalizada en el gobierno y el 60,2% interpreta las denuncias como parte de un problema estructural. Incluso entre votantes oficialistas, la corrupción ya aparece como la principal preocupación, por encima del desempleo, la inflación y los salarios.

El problema para el gobierno no es solo el impacto puntual de las denuncias, sino la inversión del sentido de su principal promesa: la bandera “anti casta” empieza a operar ahora como un factor de vulnerabilidad que erosiona su credibilidad. La desconfianza no se limita a hechos concretos, sino que alcanza la percepción sobre la voluntad real de prevenir irregularidades.

La credibilidad del Indec, también erosionada

A esto se suma la creciente distancia entre los datos oficiales y la experiencia cotidiana. Según el relevamiento, el 70,3% considera que las cifras de inflación difundidas por el INDEC no reflejan lo que ocurre en la vida diaria, ampliando la brecha respecto de meses anteriores y debilitando aún más la confianza institucional.

El impacto del caso Adorni

En este contexto, también se deteriora la imagen de figuras clave del oficialismo. El vocero presidencial Manuel Adorni aparece como uno de los dirigentes más afectados, con una imagen negativa del 73,9%, en parte asociada a su alta exposición pública y a las controversias recientes.

La combinación de crisis económica, percepción de corrupción y pérdida de credibilidad empieza así a configurar un escenario donde el principal capital político del gobierno —la confianza social— muestra signos claros de agotamiento.

Un nuevo escándalo sacude al Gobierno y golpea de lleno a uno de sus funcionarios clave: el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, quedó bajo sospecha judicial por presuntamente ocultar bienes millonarios en el exterior mientras lidera el organismo encargado de combatir la evasión.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por Sergio Rodríguez, pidió que Vázquez sea citado a indagatoria por no haber declarado al menos tres propiedades en Estados Unidos valuadas en más de 2,1 millones de dólares. El caso expone una fuerte contradicción política y ética: quien debe perseguir delitos fiscales ahora es investigado por posibles maniobras de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según el dictamen, el funcionario habría omitido declarar su vínculo con sociedades offshore que figuran como titulares de inmuebles en Miami. Para la PIA, esta conducta encuadra en el delito de omisión maliciosa en la declaración jurada patrimonial, que puede derivar en penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La investigación sostiene que, detrás de estructuras societarias en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, Vázquez sería el beneficiario final de dos unidades en el complejo Icon Brickell —adquiridas en 2013 por 710.000 y 400.000 dólares— y de una propiedad en el exclusivo Chateau Beach Residences, comprada en 2015 por 980.000 dólares. Documentación citada en la causa lo identifica como Persona Políticamente Expuesta y titular real de esos activos.

Además, la PIA detectó inconsistencias significativas entre los ingresos declarados por Vázquez y el volumen de las inversiones realizadas. Mientras reportaba activos líquidos por apenas unos 40.000 dólares en 2012 y 44.000 en 2013, en ese mismo período se concretaron compras inmobiliarias por más de un millón de dólares, a lo que se suma otra adquisición cercana al millón en 2015.

El expediente también revela otras posibles irregularidades, como la compra de un triplex en Puerto Madero a un valor muy inferior al de mercado y el uso de una firma local —Consultora San Andrés SA— que presentaría características de sociedad pantalla.

La causa está ahora en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Guillermo Marijuán, quienes deberán resolver el pedido de indagatoria y avanzar sobre las nuevas líneas de investigación. Entre las medidas solicitadas figuran exhortos internacionales, pedidos de información financiera y el análisis de movimientos migratorios del funcionario y su entorno familiar.

Designado por el presidente Javier Milei en octubre de 2024 al frente de la DGI y luego ascendido a titular de ARCA, Vázquez enfrenta ahora una investigación que pone en jaque su continuidad y suma presión política sobre el Gobierno en medio de crecientes cuestionamientos por la transparencia de sus funcionarios.