Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un explosivo pedido de informes al Gobierno de Javier Milei por el envío de dos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina a Bolivia, en medio de las denuncias por represión estatal y creciente conflictividad social en ese país.
La oposición advierte que podría tratarse de un nuevo episodio de asistencia encubierta a fuerzas represivas, reeditando el antecedente del envío de armamento durante el gobierno de Mauricio Macri en 2019.
La iniciativa, encabezada por el diputado Juan Marino y acompañada por referentes como Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, exige conocer qué tipo de carga transportaban las aeronaves militares, quién autorizó la operación y cuáles son los acuerdos vigentes entre la Argentina, Bolivia y el programa “Escudo de las Américas”, promovido por el presidente estadounidense Donald Trump.
Las sospechas crecieron luego de que el diputado opositor boliviano Rolando Pacheco denunciara públicamente que los Hércules argentinos no estarían trasladando ayuda humanitaria sino materiales destinados a reforzar la represión contra las protestas sociales que reclaman la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira.
“Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión”, afirmó Marino, quien advirtió que “la sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza”.
El reclamo opositor pone nuevamente bajo la lupa el rol de la Argentina en la crisis boliviana y revive el escándalo internacional por el envío de armas y municiones antidisturbios al régimen de facto de Jeanine Áñez tras el golpe de Estado de 2019, una causa judicial que todavía continúa abierta.
Además del pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social y contra “toda forma de represión estatal e injerencia externa” en Bolivia. Allí cuestionó el alineamiento del gobierno de Milei con los comunicados del Departamento de Estado de Estados Unidos, al considerar que omiten las denuncias por violaciones a los derechos humanos.
“La Argentina no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez”, sostuvo el legislador, quien insistió en que “ningún recurso del Estado argentino puede ser utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano”.