Escándalo: el senador libertario Benegas Lynch montó una empresa para beneficiase económicamente de la ley de tierras

Un fuerte escándalo político sacude al oficialismo luego de que se conociera que el senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, integra una empresa dedicada a asesorar a inversores extranjeros para la compra de tierras rurales, mientras impulsaba un proyecto que pretendía flexibilizar los límites a la extranjerización de esos inmuebles.

La revelación motivó a la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, a presentar una impugnación ante la Presidencia del Senado para exigir que Benegas Lynch se abstenga de participar del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Según sostuvo, el legislador enfrenta un “severo conflicto de intereses” que compromete su imparcialidad y vulnera los principios de ética pública.

La denuncia señala que Benegas Lynch es fundador y director de Glocal Terra, una firma que ofrece asesoramiento a inversores extranjeros interesados en adquirir terrenos agrícolas, campos, áreas de conservación y fincas de lujo en la Argentina. De acuerdo con la presentación, el objeto social de la empresa incluye la intermediación y el asesoramiento comercial, legal y financiero para la compra de inmuebles y tierras rurales por parte de capitales extranjeros.

El planteo cobra especial relevancia porque el proyecto impulsado por el Gobierno contemplaba originalmente modificar la Ley de Tierras para elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros. Si bien ese capítulo fue retirado a último momento por la resistencia de bloques aliados, la oposición sostiene que la iniciativa habría generado un beneficio económico directo para la actividad desarrollada por la empresa vinculada al senador libertario.

En su presentación, Di Tullio pidió que Benegas Lynch no intervenga en el debate, no firme dictámenes y se abstenga de votar la iniciativa. Argumentó que cualquier flexibilización de la normativa sobre la adquisición de tierras por extranjeros impactaría directamente en el negocio de Glocal Terra, incrementando sus oportunidades comerciales y sus beneficios económicos.

“La situación configura una directa y manifiesta colisión entre el interés público y el interés privado del legislador”, sostuvo la senadora, quien fundamentó su planteo en el artículo 66 de la Constitución Nacional y en la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública.

La denuncia suma un nuevo frente de conflicto para el oficialismo y vuelve a poner bajo la lupa la reforma de la Ley de Tierras, luego de que el Gobierno se viera obligado a retirar el capítulo más controvertido del proyecto ante la falta de respaldo político y las crecientes denuncias sobre los intereses económicos que orbitaban detrás de la iniciativa.

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