En medio del debate por la reforma de la Ley de Tierras, el funcionario afirmó que “la soberanía es un discurso que para nosotros es anticuado” y sostuvo que, si un extranjero quisiera comprar incluso una provincia entera, no debería existir impedimento mientras respete la propiedad privada y las reglas del mercado.

Las afirmaciones despertaron preocupación por el rumbo que propone el Gobierno en materia de recursos estratégicos y control territorial. La postura contrasta con la de numerosas potencias que consideran la defensa de la soberanía, el control de sus recursos naturales y la protección de áreas estratégicas como pilares centrales de sus políticas de desarrollo y seguridad nacional.

Durante una entrevista, Quirno defendió la flexibilización del régimen que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y descartó que ello represente un riesgo para el país. “La soberanía es un discurso que para nosotros es anticuado”, afirmó, al argumentar que la prioridad debe ser atraer inversiones y brindar seguridad jurídica.

Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la protección de zonas de frontera, recursos hídricos, minerales y otros activos estratégicos, actualmente alcanzados por regulaciones que buscan preservar el interés nacional frente al avance de capitales extranjeros.

La posición expresada por Quirno va a contramano de la política adoptada por numerosos países desarrollados, que mantienen fuertes restricciones o mecanismos de control sobre la adquisición de tierras y activos estratégicos por parte de inversores extranjeros, especialmente en sectores vinculados a la seguridad nacional, la producción de alimentos, la energía y los recursos naturales.

Las críticas sostienen que considerar la soberanía como un concepto “anticuado” implica relegar una herramienta utilizada por muchas de las principales economías del mundo para resguardar intereses estratégicos y orientar sus modelos de desarrollo.

Otra controversia: las acusaciones contra Brasil

En la misma jornada, Quirno también quedó envuelto en otra polémica al admitir que no posee pruebas para sostener la acusación formulada previamente por el presidente Javier Milei, quien había señalado al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva como responsable de financiar una supuesta campaña contra Argentina en redes sociales.

Consultado sobre esas afirmaciones, el funcionario reconoció que, si bien detectaron actividad proveniente de Brasil, no podía afirmar que hubiera sido financiada por el gobierno brasileño. “No tengo pruebas para incriminar a nadie”, admitió, marcando una diferencia con la acusación realizada por el Presidente.

El Gobierno debió retirar el capítulo sobre tierras

Mientras tanto, la iniciativa para modificar la Ley de Tierras sufrió un revés en el Congreso. Ante la falta de votos en el Senado, el oficialismo decidió retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y avanzar por separado con esa discusión.

El rechazo reunió a legisladores de distintos espacios, organizaciones ambientales y sectores vinculados a la defensa del territorio, que advirtieron sobre las implicancias que una mayor apertura a la compra de tierras por parte de extranjeros podría tener para la soberanía y el control de recursos estratégicos del país.

El último informe Latam Pulse Argentina de julio, elaborado por Atlas Intel y Bloomberg, confirma un deterioro en la imagen de Javier Milei. El estudio, realizado entre el 30 de julio y el 3 de agosto sobre una muestra nacional de 1.120 personas, muestra que la desaprobación del mandatario supera ampliamente a la aprobación y que la mayoría de los argentinos califica negativamente la gestión nacional. El 70% de los consultados cree que su situación económica es mala.

La encuesta registra que el 62,4% desaprueba el desempeño de Milei, mientras que el 37,1% lo aprueba y apenas un 0,5% no expresó una opinión. Se trata del peor registro de aprobación de la serie histórica incluida en el informe y confirma una tendencia descendente que la consultora viene observando durante los últimos meses. 

La evaluación de la gestión también es desfavorable para el líder libertario. El 54,7% considera que el gobierno es “malo o muy malo”, mientras que el 30,1% lo califica como “excelente o bueno” y el 15,1% lo define como “regular”. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aprovechó la inauguración del nuevo Centro de Salud Ramón Carrillo en la ciudad de Bolívar para lanzar un duro cuestionamiento contra el gobierno de Javier Milei, al que acusó de quitarle recursos a las provincias para beneficiar al sistema financiero y a sectores económicos privilegiados.

Acompañado por el intendente Eduardo “Bali” Bucca y los ministros provinciales Nicolás Kreplak, Gabriel Katopodis, Daniela Vilar y Jésica Rey, Kicillof sostuvo que la administración nacional lleva adelante un ajuste que golpea a la educación, la salud y la obra pública mientras desvía los fondos públicos hacia otros intereses.

“Es un robo que nos saque los recursos y se los dé a los bancos, a la timba, a las empresas extranjeras y a sus amigos”, afirmó el mandatario provincial. En la misma línea, aseguró que el Gobierno nacional “le roba recursos al pueblo de la provincia de Buenos Aires” al retener fondos que históricamente regresaban a las jurisdicciones mediante obras, escuelas, hospitales y programas sociales.

Kicillof recordó que la provincia de Buenos Aires genera cerca del 40% del Producto Bruto del país y aporta una proporción similar de la recaudación tributaria nacional. Sin embargo, cuestionó que esos recursos “no son propiedad del Gobierno nacional” y denunció que la gestión libertaria interrumpió las transferencias destinadas a infraestructura, educación y salud.

Más de 37 mil vecinos de Bolívar van a contar con una atención de salud más cercana y de calidad gracias al nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud Ramón Carrillo, el primero del distrito. Una obra que fortalece la prevención y permitirá descomprimir la demanda del Hospital… pic.twitter.com/job1Kx7PxC

— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 5, 2026

El gobernador también señaló que la Provincia presentó un reclamo ante la Corte Suprema por los fondos retenidos y calificó la política de coparticipación del Ejecutivo como “injusta” y perjudicial para los bonaerenses. “Nos han cortado todo, a nosotros y al resto de las provincias”, enfatizó.

Las declaraciones fueron realizadas durante la inauguración del Centro de Salud Ramón Carrillo, un edificio de aproximadamente 500 metros cuadrados que contará con consultorios de clínica médica, ginecología, odontología y pediatría, además de vacunatorio y farmacia. En la jornada también se entregaron escrituras a familias del distrito y equipamiento para el municipio, entre ellos un camión destinado a la planta de reciclado local.

La empresaria y esposa de Lionel Messi tuvo un gesto virtual que no pasó desapercibido ante el debate del proyecto oficial en el Senado.

La empresaria y esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, se manifestó en contra de las modificaciones a la Ley de Tierras impulsadas por el Gobierno al darle un “Me gusta” en Instagram a un video del periodista Diego Leuco en el que explica el impacto del proyecto oficial.

El gesto virtual de Roccuzzo se dio en el marco del inminente debate en el Senado, con el que el Poder Ejecutivo buscaba flexibilizar las restricciones a la adquisición de terrenos rurales por parte de capitales extranjeros.

El “Like” de Antonela llamó la atención de miles de usuarios de redes sociales, ya que la empresaria suele evitar manifestarse sobre cuestiones de la política nacional.

De aquella manera, Roccuzzo se alineó con una gran cantidad de artistas que expresaron su descontento con la iniciativa oficial bajo la consigna “La patria no se vende”.

Entre los famosos que se expresaron contra la Ley de Tierras se encuentran Tini Stoessel, Emilia Mernes, Dillom y Ca7riel, entre otros.

Ante la falta de votos y la fuerte presión social y gremial, el oficialismo se vio forzado a eliminar el polémico capítulo de extranjerización de tierras del texto definitivo.

Javier Milei resignó la extranjerización de tierras pero avanza con el resto del proyecto: qué se debate hoy

El fuerte rechazo popular a la extranjerización de tierras que impulsaba el gobierno de Javier Milei obligó a la Casa Rosada a resignar su anhelada avanzada entreguista pero sostiene el resto de los capitulos que forman parte del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y que el Senado comenzará a debtir esta tarde a partir de las 16.

La polémica iniciativa libertaria incluye reformas al régimen de expropiaciones, desalojos, la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. A pesar del rotundo fracaso en su intento por avanzar en la extranjerización de las tierras rurales, el oficialismo asegura que, tras el acuerdo alcanzado con sus aliados parlamentarios, cuentan con las mayorías necesarias para avanzar hoy con la media sanción del resto proyecto.

En medio de la fuerte polémica por el proyecto del Gobierno nacional para flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros, salió a la luz un dato que genera cuestionamientos sobre uno de los principales referentes de La Libertad Avanza en el Senado. Se trata de Joaquín Benegas Lynch, quien figura como fundador y director de una empresa dedicada al asesoramiento y gestión de operaciones inmobiliarias rurales para inversores internacionales.

La firma, denominada Glocal Terra, se presenta como una compañía especializada en la compra, venta, administración y valuación de campos en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Según la información pública de la empresa, su objetivo es brindar asesoramiento estratégico a inversores interesados en el mercado de tierras de la región, con un sitio web orientado al público internacional y disponible en inglés. La noticia cobró relevancia porque Benegas Lynch integra el bloque oficialista que impulsa la modificación de la legislación sobre tierras rurales.

El debate se produce mientras el Gobierno de Javier Milei busca modificar la normativa vigente sobre la propiedad de tierras rurales. La propuesta original eliminaba las restricciones existentes para la adquisición por parte de extranjeros, aunque luego el Poder Ejecutivo presentó un texto alternativo que mantiene límites, pero los amplía del 15% al 25% de la superficie rural en manos foráneas, tras encontrar resistencias políticas en el Senado.

La coincidencia entre la actividad privada del legislador y el tratamiento parlamentario del proyecto abrió interrogantes entre sectores de la oposición y organizaciones que cuestionan la reforma por considerar que favorece la extranjerización de tierras estratégicas. Hasta el momento no se informó de manera pública que exista una investigación judicial ni una resolución de organismos de control sobre la actividad empresarial del senador vinculada a este tema. La discusión, por ahora, se concentra en el plano político y ético, en torno a un posible conflicto de intereses.

En la Casa Rosada la responsabilizan directamente por el revés legislativo y aseguran que ocultó el verdadero panorama de apoyos, lo que terminó exponiendo al oficialismo a una derrota que pudo haberse evitado.

Según trascendió desde el entorno presidencial, Bullrich sostuvo hasta último momento que contaba con los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger. Sin embargo, la situación comenzó a derrumbarse cuando Diego Santilli se comunicó con la senadora salteña Flavia Royón, quien le confirmó que rechazaría el proyecto, pese a que la ministra la contabilizaba como un voto favorable.

La decisión de Royón respondió al cambio de postura del gobernador Gustavo Sáenz, quien se sumó a otros mandatarios provinciales que rechazaron una norma que había generado un fuerte rechazo social y amenazaba con convertirse en un nuevo foco de conflicto para el Gobierno.

El malestar en Balcarce 50 creció aún más cuando quedó al descubierto que Bullrich tampoco había informado que el senador mendocino Rodolfo Suárez no asistiría a la sesión para evitar votar la iniciativa. A esas bajas se sumaron los anuncios de la tucumana Beatriz Ávila y de la neuquina Julieta Corroza, quienes también decidieron votar en contra, dejando sin chances al oficialismo.

Con ese escenario, la Casa Rosada optó por retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras antes de sufrir una derrota en el recinto. La decisión fue interpretada como un intento de minimizar el costo político de una negociación que ya estaba perdida.

La indignación alcanzó también a los bloques aliados. Varios legisladores reprocharon a Bullrich haberlos expuesto asegurando que existían los votos suficientes. “Si no tenés los 37, no nos hagas quedar pegados para terminar empatando”, habría sido el reclamo de una de las senadoras que acompañaba al oficialismo.

El episodio profundizó la desconfianza que Javier y Karina Milei mantienen hacia Bullrich. En el Gobierno afirman que la sucesión de errores políticos, las filtraciones de sus enfrentamientos con Victoria Villarruel y ahora el manejo de la negociación por la ley de tierras deterioraron aún más su relación con la cúpula libertaria.

En la Casa Rosada aseguran que el ocultamiento de la falta de apoyos obligó incluso al Presidente a modificar su agenda internacional para intentar neutralizar una eventual intervención de Villarruel en la sesión, una maniobra que terminó resultando inútil y que incrementó el enojo contra la ministra. El fracaso legislativo dejó así una nueva herida en el oficialismo y profundizó la interna entre Bullrich y el círculo más cercano de los Milei.

Un fuerte escándalo político sacude al oficialismo luego de que se conociera que el senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, integra una empresa dedicada a asesorar a inversores extranjeros para la compra de tierras rurales, mientras impulsaba un proyecto que pretendía flexibilizar los límites a la extranjerización de esos inmuebles.

La revelación motivó a la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, a presentar una impugnación ante la Presidencia del Senado para exigir que Benegas Lynch se abstenga de participar del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Según sostuvo, el legislador enfrenta un “severo conflicto de intereses” que compromete su imparcialidad y vulnera los principios de ética pública.

La denuncia señala que Benegas Lynch es fundador y director de Glocal Terra, una firma que ofrece asesoramiento a inversores extranjeros interesados en adquirir terrenos agrícolas, campos, áreas de conservación y fincas de lujo en la Argentina. De acuerdo con la presentación, el objeto social de la empresa incluye la intermediación y el asesoramiento comercial, legal y financiero para la compra de inmuebles y tierras rurales por parte de capitales extranjeros.

¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros.

Presenté una impugnación contra el senador libertario Benegas Lynch por un evidente conflicto de intereses: no puede debatir ni votar el proyecto sobre Inviolabilidad siendo… pic.twitter.com/Ht66dTH84n

— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 5, 2026

El planteo cobra especial relevancia porque el proyecto impulsado por el Gobierno contemplaba originalmente modificar la Ley de Tierras para elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros. Si bien ese capítulo fue retirado a último momento por la resistencia de bloques aliados, la oposición sostiene que la iniciativa habría generado un beneficio económico directo para la actividad desarrollada por la empresa vinculada al senador libertario.

En su presentación, Di Tullio pidió que Benegas Lynch no intervenga en el debate, no firme dictámenes y se abstenga de votar la iniciativa. Argumentó que cualquier flexibilización de la normativa sobre la adquisición de tierras por extranjeros impactaría directamente en el negocio de Glocal Terra, incrementando sus oportunidades comerciales y sus beneficios económicos.

“La situación configura una directa y manifiesta colisión entre el interés público y el interés privado del legislador”, sostuvo la senadora, quien fundamentó su planteo en el artículo 66 de la Constitución Nacional y en la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública.

La denuncia suma un nuevo frente de conflicto para el oficialismo y vuelve a poner bajo la lupa la reforma de la Ley de Tierras, luego de que el Gobierno se viera obligado a retirar el capítulo más controvertido del proyecto ante la falta de respaldo político y las crecientes denuncias sobre los intereses económicos que orbitaban detrás de la iniciativa.