En medio de la fuerte polémica por el proyecto del Gobierno nacional para flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros, salió a la luz un dato que genera cuestionamientos sobre uno de los principales referentes de La Libertad Avanza en el Senado. Se trata de Joaquín Benegas Lynch, quien figura como fundador y director de una empresa dedicada al asesoramiento y gestión de operaciones inmobiliarias rurales para inversores internacionales.

La firma, denominada Glocal Terra, se presenta como una compañía especializada en la compra, venta, administración y valuación de campos en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Según la información pública de la empresa, su objetivo es brindar asesoramiento estratégico a inversores interesados en el mercado de tierras de la región, con un sitio web orientado al público internacional y disponible en inglés. La noticia cobró relevancia porque Benegas Lynch integra el bloque oficialista que impulsa la modificación de la legislación sobre tierras rurales.

El debate se produce mientras el Gobierno de Javier Milei busca modificar la normativa vigente sobre la propiedad de tierras rurales. La propuesta original eliminaba las restricciones existentes para la adquisición por parte de extranjeros, aunque luego el Poder Ejecutivo presentó un texto alternativo que mantiene límites, pero los amplía del 15% al 25% de la superficie rural en manos foráneas, tras encontrar resistencias políticas en el Senado.

La coincidencia entre la actividad privada del legislador y el tratamiento parlamentario del proyecto abrió interrogantes entre sectores de la oposición y organizaciones que cuestionan la reforma por considerar que favorece la extranjerización de tierras estratégicas. Hasta el momento no se informó de manera pública que exista una investigación judicial ni una resolución de organismos de control sobre la actividad empresarial del senador vinculada a este tema. La discusión, por ahora, se concentra en el plano político y ético, en torno a un posible conflicto de intereses.

En la Casa Rosada la responsabilizan directamente por el revés legislativo y aseguran que ocultó el verdadero panorama de apoyos, lo que terminó exponiendo al oficialismo a una derrota que pudo haberse evitado.

Según trascendió desde el entorno presidencial, Bullrich sostuvo hasta último momento que contaba con los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger. Sin embargo, la situación comenzó a derrumbarse cuando Diego Santilli se comunicó con la senadora salteña Flavia Royón, quien le confirmó que rechazaría el proyecto, pese a que la ministra la contabilizaba como un voto favorable.

La decisión de Royón respondió al cambio de postura del gobernador Gustavo Sáenz, quien se sumó a otros mandatarios provinciales que rechazaron una norma que había generado un fuerte rechazo social y amenazaba con convertirse en un nuevo foco de conflicto para el Gobierno.

El malestar en Balcarce 50 creció aún más cuando quedó al descubierto que Bullrich tampoco había informado que el senador mendocino Rodolfo Suárez no asistiría a la sesión para evitar votar la iniciativa. A esas bajas se sumaron los anuncios de la tucumana Beatriz Ávila y de la neuquina Julieta Corroza, quienes también decidieron votar en contra, dejando sin chances al oficialismo.

Con ese escenario, la Casa Rosada optó por retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras antes de sufrir una derrota en el recinto. La decisión fue interpretada como un intento de minimizar el costo político de una negociación que ya estaba perdida.

La indignación alcanzó también a los bloques aliados. Varios legisladores reprocharon a Bullrich haberlos expuesto asegurando que existían los votos suficientes. “Si no tenés los 37, no nos hagas quedar pegados para terminar empatando”, habría sido el reclamo de una de las senadoras que acompañaba al oficialismo.

El episodio profundizó la desconfianza que Javier y Karina Milei mantienen hacia Bullrich. En el Gobierno afirman que la sucesión de errores políticos, las filtraciones de sus enfrentamientos con Victoria Villarruel y ahora el manejo de la negociación por la ley de tierras deterioraron aún más su relación con la cúpula libertaria.

En la Casa Rosada aseguran que el ocultamiento de la falta de apoyos obligó incluso al Presidente a modificar su agenda internacional para intentar neutralizar una eventual intervención de Villarruel en la sesión, una maniobra que terminó resultando inútil y que incrementó el enojo contra la ministra. El fracaso legislativo dejó así una nueva herida en el oficialismo y profundizó la interna entre Bullrich y el círculo más cercano de los Milei.

Un fuerte escándalo político sacude al oficialismo luego de que se conociera que el senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, integra una empresa dedicada a asesorar a inversores extranjeros para la compra de tierras rurales, mientras impulsaba un proyecto que pretendía flexibilizar los límites a la extranjerización de esos inmuebles.

La revelación motivó a la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, a presentar una impugnación ante la Presidencia del Senado para exigir que Benegas Lynch se abstenga de participar del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Según sostuvo, el legislador enfrenta un “severo conflicto de intereses” que compromete su imparcialidad y vulnera los principios de ética pública.

La denuncia señala que Benegas Lynch es fundador y director de Glocal Terra, una firma que ofrece asesoramiento a inversores extranjeros interesados en adquirir terrenos agrícolas, campos, áreas de conservación y fincas de lujo en la Argentina. De acuerdo con la presentación, el objeto social de la empresa incluye la intermediación y el asesoramiento comercial, legal y financiero para la compra de inmuebles y tierras rurales por parte de capitales extranjeros.

¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros.

Presenté una impugnación contra el senador libertario Benegas Lynch por un evidente conflicto de intereses: no puede debatir ni votar el proyecto sobre Inviolabilidad siendo… pic.twitter.com/Ht66dTH84n

— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 5, 2026

El planteo cobra especial relevancia porque el proyecto impulsado por el Gobierno contemplaba originalmente modificar la Ley de Tierras para elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros. Si bien ese capítulo fue retirado a último momento por la resistencia de bloques aliados, la oposición sostiene que la iniciativa habría generado un beneficio económico directo para la actividad desarrollada por la empresa vinculada al senador libertario.

En su presentación, Di Tullio pidió que Benegas Lynch no intervenga en el debate, no firme dictámenes y se abstenga de votar la iniciativa. Argumentó que cualquier flexibilización de la normativa sobre la adquisición de tierras por extranjeros impactaría directamente en el negocio de Glocal Terra, incrementando sus oportunidades comerciales y sus beneficios económicos.

“La situación configura una directa y manifiesta colisión entre el interés público y el interés privado del legislador”, sostuvo la senadora, quien fundamentó su planteo en el artículo 66 de la Constitución Nacional y en la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública.

La denuncia suma un nuevo frente de conflicto para el oficialismo y vuelve a poner bajo la lupa la reforma de la Ley de Tierras, luego de que el Gobierno se viera obligado a retirar el capítulo más controvertido del proyecto ante la falta de respaldo político y las crecientes denuncias sobre los intereses económicos que orbitaban detrás de la iniciativa.