El Gobierno reglamentó una medida que cambia una de las tradiciones más reconocidas del sistema sanitario argentino: los extranjeros deberán pagar determinadas prestaciones no urgentes en hospitales nacionales. La decisión vuelve a poner en discusión el acceso universal a la salud y genera cuestionamientos por su sesgo hacia quienes llegan desde otros países.
El Gobierno de Javier Milei reglamentó el cobro de prestaciones médicas no urgentes a personas extranjeras en hospitales nacionales. Una decisión que marca un fuerte cambio respecto de la tradición argentina de brindar atención sanitaria pública sin distinguir entre quienes nacieron en el país y quienes llegaron desde el exterior.
La nueva normativa establece que las personas extranjeras podrán ser alcanzadas por el pago de las prestaciones que no sean consideradas de emergencia. La atención ante situaciones urgentes, en cambio, continuará garantizada para todas las personas, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.
La medida vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa al Gobierno desde el comienzo de su gestión: hasta dónde debe llegar el Estado a la hora de garantizar derechos básicos y quiénes deben tener acceso gratuito a los servicios públicos.
Desde el oficialismo sostienen que se trata de ordenar el uso de los recursos públicos y evitar que el Estado argentino absorba determinados costos vinculados con la atención de extranjeros. Pero la decisión también genera cuestionamientos porque introduce una diferencia que durante décadas no formó parte de la lógica de la salud pública argentina.
El cambio puede leerse como una nueva señal de la política de ajuste y repliegue del Estado impulsada por Milei: allí donde durante años existió una concepción de la salud pública como un derecho garantizado, ahora aparece una lógica de cobro según la condición migratoria.
La atención de emergencia seguirá siendo obligatoria. Sin embargo, para una consulta, un tratamiento o una prestación que no sea considerada urgente, la nacionalidad y la situación migratoria podrán convertirse en factores determinantes para acceder al servicio sin pagar.
La decisión abre así un nuevo capítulo en el debate sobre el modelo de país que propone el Gobierno. Para sus defensores, representa una forma de proteger los recursos de los argentinos. Para sus críticos, implica abandonar una de las características históricas del sistema sanitario nacional y avanzar hacia una concepción más restrictiva y excluyente de la salud pública.
Una medida que, más allá de su impacto económico, vuelve a dejar una pregunta sobre la mesa: ¿qué queda de aquella idea de una Argentina que garantizaba salud pública para todos?