Canceló 66 vuelos en cinco días, acumula deudas y reclamos laborales, pasajeros y proveedores, y esta semana podría ingresar en concurso de acreedores. El caso expone los límites del modelo de “libertad” que promovieron el macrismo y el gobierno de Javier Milei.

Flybondi, una de las empresas que durante años fue exhibida como símbolo de la supuesta “revolución de los aviones”, quedó al borde de una convocatoria de acreedores después de atravesar cinco días de severas interrupciones operativas. Entre el jueves 6 y el lunes 10 de agosto canceló 66 vuelos y prácticamente dejó de operar con normalidad.

Según fuentes del sector, la decisión de avanzar con el concurso de acreedores ya estaría tomada y podría definirse formalmente durante esta semana. De confirmarse, la compañía entraría en una nueva etapa para intentar ordenar un cuadro financiero y operativo que viene deteriorándose desde hace meses.

El derrumbe adquiere una dimensión política porque Flybondi fue mucho más que una aerolínea privada: fue presentada como uno de los grandes ejemplos de las políticas de apertura, desregulación y flexibilización del mercado aerocomercial.

La empresa desembarcó en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y fue defendida por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, como parte de una transformación destinada a introducir competencia y terminar con el supuesto dominio de las compañías tradicionales.

Años después, el gobierno de Javier Milei profundizó esa misma orientación. Con Federico Sturzenegger como uno de sus principales impulsores, la desregulación volvió a convertirse en una de las banderas centrales del oficialismo.

Ahora, una de las empresas que funcionó como vidriera de ese modelo enfrenta una situación límite.

Cinco días, 66 vuelos cancelados

Los números de los últimos días muestran la magnitud del colapso operativo:

• Jueves 6 de agosto: 14 vuelos cancelados.
• Viernes 7: 14 vuelos cancelados.
• Sábado 8: 12 vuelos cancelados.
• Domingo 9: 12 vuelos cancelados.
• Lunes 10: 14 vuelos cancelados.

En total, 66 vuelos cancelados en apenas cinco días.

El problema no comenzó esta semana. En mayo, Flybondi transportó un 66% menos de pasajeros que un año antes y llegó a operar con apenas tres aeronaves, pese a haber alcanzado una flota de 13 aviones.

La compañía también perdió participación en el mercado doméstico. Según exempleados citados en el material, actualmente transportaría alrededor del 6% de los pasajeros locales.

La postal resulta difícil de conciliar con la promesa que acompañó durante años a la expansión de las low cost: más competencia, más vuelos y pasajes más accesibles.

Más de 700 ex trabajadores esperan cobrar

El deterioro también golpeó de lleno a los trabajadores.

Más de 700 exempleados llevan más de tres meses sin cobrar indemnizaciones correspondientes a despidos sin causa o acuerdos de retiro voluntario. Algunos convenios fueron homologados ante el SECLO y otros firmados ante escribano, pero los pagos continúan pendientes y varios de los afectados ya recurrieron a la Justicia.

La situación alcanza también al personal que continúa trabajando en la empresa. Según el documento difundido, hay trabajadores que todavía no cobraron los salarios correspondientes a junio y julio ni el aguinaldo.

A esto se suma la falta de pago de aportes, que habría provocado problemas de cobertura de medicina prepaga y obra social tanto para empleados actuales como para exempleados.

Pasajeros, proveedores y organismos estatales, en la lista de acreedores

Los problemas tampoco terminan en el frente laboral.

Flybondi acumula reclamos de pasajeros por cancelaciones y reembolsos pendientes, mientras distintos proveedores llevan meses esperando cobrar pese a que, en algunos casos, ya se habían establecido planes de pago.

También existen deudas con organismos y empresas estatales por tasas e impuestos.

En paralelo, distintas provincias aplicaron multas por incumplimientos vinculados con los pasajeros. Las sanciones de Río Negro, Neuquén y la provincia de Buenos Aires alcanzarían unos $630 millones, según el material difundido.

La lista de conflictos crece al mismo tiempo que la capacidad operativa de la empresa se reduce.

De la “revolución de los aviones” al concurso de acreedores

El caso de Flybondi expone una contradicción difícil de ocultar.

Durante el macrismo, la llegada de las low cost fue presentada como una muestra de modernización del mercado aerocomercial. Con Milei, la desregulación volvió a ser reivindicada como una herramienta para liberar fuerzas privadas y ampliar la competencia.

Flybondi ocupó un lugar privilegiado en ese relato.

Pero el presente de la compañía ofrece una imagen muy diferente: menos aviones, menos pasajeros, vuelos cancelados, trabajadores que reclaman salarios e indemnizaciones, proveedores impagos, pasajeros esperando respuestas y una posible convocatoria de acreedores.

La llamada “libertad de volar” queda así frente a una prueba mucho más concreta que cualquier discurso oficial: garantizar que los aviones efectivamente vuelen, que los trabajadores cobren y que los pasajeros reciban el servicio por el que pagaron.

El problema ya no parece ser solamente una dificultad puntual de una empresa. También obliga a revisar qué ocurre cuando la desregulación es presentada como solución para todos los problemas, pero una compañía convertida en ejemplo del modelo termina al borde de una crisis financiera y operativa de enormes proporciones.

Una nueva etapa, pero ninguna garantía

Si finalmente Flybondi ingresa en concurso de acreedores, se abrirá un proceso destinado a ordenar sus deudas y determinar cómo continuará su actividad.

Pero el concurso, por sí mismo, no resolverá el problema central: la compañía lleva cinco días sin operar con normalidad y acumuló 66 cancelaciones en apenas una semana.

Las próximas horas serán decisivas.

La empresa que alguna vez fue presentada como símbolo de la “revolución de los aviones” enfrenta ahora una situación que parece muy alejada de aquella promesa de eficiencia, competencia y libertad.

El modelo que el macrismo inauguró y el gobierno libertario profundizó tiene, en Flybondi, una de sus vidrieras más incómodas: la empresa que debía demostrar las virtudes de la desregulación ahora podría terminar en concurso de acreedores.

El vocero de la Cámara de Medianos Empresarios (CAME), Salvador Femenia, le respondió a Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, quien cuestionó el último informe de la CAME sobre caída del consumo. Galperín aseguro que las compras en Mercado Libre suben. ¿Pero cuánto representan?

“Vemos que el salario no recupera y que el gobierno ha logrado estabilizar varias patas económicas, pero falta una: la del consumo”, aseguró Femenia. “Nosotros hacemos un muestreo que es válido a nivel país. Están perfectamente identificadas las causas de por qué estamos como estamos”, explicó.

En la misma línea, le respondió al libertario Galperín: “El consumo masivo está cayendo. Si creciera, crecería la recaudación y eso no pasa”.

Por último, insistió: “La plataforma puede crecer, pero no hay una migración del consumo cotidiano a las plataformas. La gente no compra lo de todos los días en Mercado Libre”.

El intendente de Tres de Febrero, en el Gran Buenos Aires, Diego Valenzuela mostró un cuadro donde quiso contar que la política libertaria funciona: le salió mal.

En X publicó un informe de la Universidad de San Martín (Unsam) relativo al panorama del empleo industrial en el conurbano a partir del cual celebró que Tres de Febrero generó 365 puestos industriales en un año y medio, entre enero de 2024 y junio de 2025. “Con la misma macroeconomía, algunos municipios crean y otros pierden empleo”, dijo.

Lo curioso es que el cuadro muestra con claridad que el 70% de los municipios del GBA están en rojo, con pérdida de empleo, y solo un puñado de municipios logró crear puestos, aunque en números extremadamente bajos. Tres de Febrero, por caso, generó 400 puestos en un año para una población que supera las 300 mil personas. Nada.

Pero si hacen las cuentas globales, de 20 municipios que había en el informe, te daba que se generaron solo 1400 empleos mientras se perdieron 10700 en un año. Es decir: 9000 empleos netos menos. El modelo de Milei no funciona y no hay mano que pueda tapar el sol.

El Gobierno reglamentó una medida que cambia una de las tradiciones más reconocidas del sistema sanitario argentino: los extranjeros deberán pagar determinadas prestaciones no urgentes en hospitales nacionales. La decisión vuelve a poner en discusión el acceso universal a la salud y genera cuestionamientos por su sesgo hacia quienes llegan desde otros países.

El Gobierno de Javier Milei reglamentó el cobro de prestaciones médicas no urgentes a personas extranjeras en hospitales nacionales. Una decisión que marca un fuerte cambio respecto de la tradición argentina de brindar atención sanitaria pública sin distinguir entre quienes nacieron en el país y quienes llegaron desde el exterior.

La nueva normativa establece que las personas extranjeras podrán ser alcanzadas por el pago de las prestaciones que no sean consideradas de emergencia. La atención ante situaciones urgentes, en cambio, continuará garantizada para todas las personas, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.

La medida vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa al Gobierno desde el comienzo de su gestión: hasta dónde debe llegar el Estado a la hora de garantizar derechos básicos y quiénes deben tener acceso gratuito a los servicios públicos.

Desde el oficialismo sostienen que se trata de ordenar el uso de los recursos públicos y evitar que el Estado argentino absorba determinados costos vinculados con la atención de extranjeros. Pero la decisión también genera cuestionamientos porque introduce una diferencia que durante décadas no formó parte de la lógica de la salud pública argentina.

El cambio puede leerse como una nueva señal de la política de ajuste y repliegue del Estado impulsada por Milei: allí donde durante años existió una concepción de la salud pública como un derecho garantizado, ahora aparece una lógica de cobro según la condición migratoria.

La atención de emergencia seguirá siendo obligatoria. Sin embargo, para una consulta, un tratamiento o una prestación que no sea considerada urgente, la nacionalidad y la situación migratoria podrán convertirse en factores determinantes para acceder al servicio sin pagar.

La decisión abre así un nuevo capítulo en el debate sobre el modelo de país que propone el Gobierno. Para sus defensores, representa una forma de proteger los recursos de los argentinos. Para sus críticos, implica abandonar una de las características históricas del sistema sanitario nacional y avanzar hacia una concepción más restrictiva y excluyente de la salud pública.

Una medida que, más allá de su impacto económico, vuelve a dejar una pregunta sobre la mesa: ¿qué queda de aquella idea de una Argentina que garantizaba salud pública para todos?

Mientras las rutas nacionales acumulan deterioro, obras paralizadas y falta de mantenimiento, el Gobierno reconoció que utiliza para ordenar las cuentas públicas recursos que por ley deberían destinarse exclusivamente a la infraestructura vial. Más de $1 billón permanece colocado en inversiones financieras mientras las rutas siguen esperando obras.

El Gobierno de Javier Milei reconoció que una parte de los fondos recaudados específicamente para construir, reparar y mantener las rutas nacionales es utilizada para sostener el “equilibrio fiscal”. La admisión fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien confirmó que el Ministerio de Economía dispone de recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), pese a que tienen un destino legal específico.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas”, admitió Ravier, para luego reconocer que “la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”.

La revelación adquiere especial gravedad en un contexto en el que las rutas nacionales atraviesan una situación cada vez más crítica, con tramos deteriorados, obras inconclusas y una infraestructura que requiere mantenimiento permanente. El problema no es solamente económico: el deterioro de las rutas representa un riesgo concreto para quienes diariamente deben utilizarlas y para el transporte de cargas que sostiene buena parte de la actividad productiva del país.

Rutas x votos:

Durante los primeros cinco meses de este año, el Ministerio de Economía giró más de $33.000 millones para obras viales a un puñado de provincias cuyos legisladores acompañaron, de inmediato, al oficialismo en las sesiones más sensibles del Congreso.

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— Hugo Alconada Mon (@halconada) August 11, 2026

Más de $1 billón que no llegó a las rutas

El SisVial se financia con una porción del impuesto a los combustibles líquidos y tiene un objetivo legal preciso: financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional. Sin embargo, desde la llegada de Milei al Gobierno, la subejecución de esos recursos alcanza el 73,8%.

Entre 2024 y mayo de 2026, el fideicomiso recaudó $1.503.252 millones, pero solamente $394.406 millones fueron ejecutados en obras viales. Es decir, apenas una parte de los recursos terminó cumpliendo el propósito para el que fueron recaudados.

Los números muestran la magnitud del desvío: durante 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, solamente el 18,5%.

Para fines de mayo, más de $1 billón permanecía sin ser aplicado a obras viales. De ese total, $1.001.018 millones estaban colocados en inversiones financieras, mientras otros $37.761 millones permanecían inmovilizados en una cuenta corriente. En conjunto, $1.038.779 millones que deberían haber contribuido a mejorar la infraestructura vial no llegaron al asfalto.

El ajuste fiscal a costa de las rutas

La explicación oficial resulta particularmente polémica: mientras el Gobierno presenta el equilibrio fiscal como uno de sus principales logros, utiliza recursos que tienen un destino específico para sostener ese resultado contable.

La contradicción es evidente. Los argentinos pagan impuestos sobre los combustibles que tienen, entre otros objetivos, financiar la infraestructura vial, pero una parte sustancial de ese dinero termina colocada en instrumentos financieros mientras las rutas se deterioran y las obras necesarias quedan postergadas.

Ravier intentó relativizar la situación al asegurar que las rutas “se están manteniendo” y puso como ejemplo la Ruta Nacional 5. Sin embargo, la existencia de tareas puntuales de mantenimiento no responde a la cuestión central: por qué fondos creados legalmente para las rutas permanecen invertidos o son utilizados para otros objetivos mientras la red vial nacional acumula necesidades urgentes.

El caso del SisVial expone así el costo oculto del ajuste: el Gobierno puede mostrar las cuentas públicas ordenadas, pero lo hace postergando inversiones indispensables y acumulando un enorme déficit de infraestructura.

Porque detrás de esos números no hay solamente una cuenta financiera. Hay rutas por las que circulan miles de personas todos los días, obras que no se terminan y una infraestructura cuyo deterioro puede terminar pagándose con accidentes, pérdidas económicas y vidas humanas.

La diputada Marcela Pagano llevó a la Justicia al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y a otros funcionarios por el destino de casi $4 billones del Estado, en una denuncia que incluyó acusaciones de malversación, peculado y presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El conflicto se originó tras la licitación de deuda del 29 de julio, que dejó un excedente de unos $3,8 billones. La polémica creció luego de que el titular del Banco Central, Santiago Bausili, no pudiera precisar inicialmente dónde se encontraba ese dinero y afirmara que los fondos estaban “en algún lado”. Para Pagano, la explicación fue insuficiente y decidió acudir a los tribunales.

“La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra”, disparó la diputada, que reclamó investigar el recorrido de cada peso y apuntó directamente contra la conducción económica del Gobierno.

Pero Pagano fue todavía más lejos. En medio de la escalada, acusó a Caputo de ser un “chorro” y “canalla” y lo vinculó con el controvertido manejo de las reservas de oro del Banco Central. La legisladora llegó a sostener que el ministro “se robó el oro” durante la gestión de Mauricio Macri, una acusación de extrema gravedad que ahora quedó instalada en el centro de la disputa política.

Caputo respondió con una amenaza de querella por calumnias y sostuvo que los fondos son perfectamente rastreables. Desde el Ministerio de Economía explicaron que los $3,8 billones no desaparecieron, sino que fueron depositados en cuentas del Tesoro dentro de bancos comerciales para evitar una inyección masiva de liquidez que pudiera presionar sobre las tasas.

La pelea terminó involucrando directamente a Javier Milei. El Presidente salió en defensa de su ministro y atacó públicamente a Pagano, a quien calificó de “mentirosa serial” y cuestionó duramente por su actividad periodística.

La diputada, lejos de retroceder, redobló sus críticas contra el mandatario. Lo acusó de ser un “mitómano”, cuestionó su gestión económica y afirmó que el poder “develó quién realmente eras”. También lanzó una dura advertencia: “Tus delirios son un peligro para la Nación”.

Así, la disputa por los $4 billones terminó transformándose en una guerra abierta dentro del universo libertario, con una denuncia penal, acusaciones cruzadas, amenazas judiciales y fuertes cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos y las reservas de oro del país.