El RIGI exhibe una economía a dos velocidades: mientras las provincias petroleras y mineras acumulan regalías extraordinarias, la industria nacional pierde actividad y es desplazada por importaciones. Empresarios y pymes metalúrgicas advierten que el régimen, lejos de generar el prometido “derrame”, consolida un modelo extractivista que deja cada vez menos espacio para la producción argentina.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentado por el Gobierno como una herramienta para atraer capitales y transformar la estructura productiva, comienza a mostrar una de sus principales contradicciones: los beneficios se concentran en los grandes proyectos de Oil & Gas y minería, mientras las industrias que deberían abastecerlos quedan relegadas frente a la competencia importada.
La brecha es particularmente visible en las provincias productoras. Neuquén, epicentro de Vaca Muerta, encabeza el crecimiento de las regalías, mientras la Patagonia concentra actualmente el 64% del total nacional. Durante el primer semestre del año, además, la región registró un incremento del 32% en la producción computable de crudo.
Para los gobernadores, esta renta se convirtió en un respaldo financiero cada vez más importante: las regalías llegaron a representar el 11,77% de los ingresos totales de las provincias productoras durante 2025. Chubut y Santa Cruz también tienen una participación significativa en esa distribución.
Pero el supuesto efecto multiplicador no se replica en las fábricas argentinas. El caso de la industria metalúrgica resulta particularmente revelador: según Adimra, el sector acumula una contracción del 5,4% en 2026, luego de retroceder otro 5,4% en 2024 y 3,2% en 2025. La actividad quedó así por debajo de los niveles registrados en 2022.
El RIGI que importa en lugar de producir
La contradicción se vuelve todavía más evidente al observar las importaciones realizadas por los Vehículos de Proyecto Único (VPU). De los USD 284 millones FOB importados hasta mediados de año, el 87% correspondió a productos que forman parte del núcleo de la oferta metalúrgica nacional.
Entre las compras aparecen tanques y cisternas de acero por USD 75,2 millones, tubos para oleoductos por USD 11,2 millones y hasta elementos básicos de bulonería, como tornillos, tuercas y arandelas.
Es decir, el problema no se limita a la importación de tecnología sofisticada que la Argentina no produce: también ingresan bienes que podrían ser fabricados por empresas nacionales, incluso dentro de las cadenas de valor vinculadas directamente con el petróleo, el gas y la minería.
La paradoja es que uno de los sectores industriales estratégicos para el desarrollo de los proyectos extractivos no logra convertirse en proveedor privilegiado de esas inversiones. En cambio, termina compitiendo con productos extranjeros favorecidos por el propio régimen.
La letra chica que diluye el compre nacional
El Gobierno sostiene que el RIGI contempla una prioridad mínima del 20% para proveedores nacionales. Sin embargo, empresarios y cámaras del sector cuestionan la manera en que esa obligación puede ser computada y advierten que las excepciones previstas por la normativa terminan debilitando su impacto real.
El problema comienza por la propia base sobre la cual se aplica el porcentaje. De los USD 126.500 millones anunciados en inversiones, la condición central de permanencia en el régimen se vincula con un monto mínimo de USD 16.100 millones. Sobre una base considerablemente menor se determina el porcentaje de compras nacionales.
A esto se suma que la normativa permite computar dentro del 20% tanto bienes como obras, sin establecer una proporción específica. De esta manera, gastos inevitablemente locales, como movimientos de suelo o construcción civil, pueden utilizarse para cumplir con el requisito sin que necesariamente exista una demanda equivalente para la industria manufacturera.
También existe una cláusula vinculada al precio y la disponibilidad que permite comparar la oferta nacional con el valor de importación. Para las empresas argentinas, esta situación representa una competencia particularmente desigual cuando los proyectos cuentan con beneficios arancelarios que reducen los costos de los productos extranjeros.
El derrame que no llega a las fábricas
La defensa oficial del RIGI se apoya en la expectativa de que la expansión de Vaca Muerta y de la minería termine generando actividad en sectores periféricos. El Banco Central incluso destacó en su último Informe de Política Monetaria que por cada puesto de trabajo asalariado formal creado en las petroleras se generaron 3,2 empleos en otros sectores económicos de Neuquén.
Sin embargo, la pregunta central no es solamente cuántos empleos indirectos genera el boom extractivo, sino qué tipo de estructura productiva deja detrás.
Si las grandes inversiones demandan bienes y servicios del exterior que podrían producirse localmente, el efecto multiplicador sobre la industria nacional se reduce. Y si las empresas argentinas deben competir en condiciones desfavorables contra proveedores extranjeros beneficiados por exenciones, el prometido proceso de industrialización asociado al RIGI pierde fuerza.
Así, mientras las provincias productoras celebran un boom de regalías y los grandes proyectos extractivos reciben beneficios extraordinarios, buena parte del entramado manufacturero enfrenta caída de actividad y pérdida de mercados.
La advertencia empresarial apunta justamente a esa contradicción: el RIGI puede estar generando una economía dinámica alrededor de la extracción de recursos, pero sin garantizar que esa riqueza se transforme en industria, empleo de calidad y desarrollo de proveedores nacionales.
El riesgo es que, detrás del discurso del “derrame”, se consolide una economía de dos velocidades: una vinculada al petróleo, el gas y la minería, beneficiada por incentivos fiscales y aduaneros; y otra integrada por las fábricas nacionales que deben sobrevivir a la recesión y competir contra importaciones incluso dentro de los proyectos que deberían impulsar su crecimiento.
Más que una cadena de valor nacional, el modelo amenaza con consolidar un esquema extractivo donde la riqueza sale del subsuelo, las regalías crecen y las importaciones ocupan el lugar que la industria argentina esperaba conquistar.
El caso de las casas prefabricadas chinas
Uno de los ejemplos más contundentes aparece en la industria forestal. Según denunció la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fedecoop), la demanda de viviendas de madera para trabajadores y depósitos vinculados con Vaca Muerta fue cubierta en buena medida con productos provenientes de China, mientras aserraderos y productores argentinos atraviesan una fuerte retracción.
El presidente de Fedecoop, Gustavo Hein, alertó sobre suspensiones, cierre de aserraderos y caída de los precios para los productores forestales. La crisis está directamente vinculada con el derrumbe de la construcción, que lleva aproximadamente dos años y medio con una demanda deprimida.
La consecuencia es especialmente grave para provincias como Misiones, Corrientes y Entre Ríos, donde miles de pequeños y medianos productores dependen de la actividad forestal.
Pero el contraste con Vaca Muerta resulta difícil de ignorar.
Mientras en el norte y el litoral argentino los productores tienen dificultades para vender su madera y los aserraderos reducen personal o cierran, en el corazón del boom petrolero las empresas encuentran más conveniente importar viviendas terminadas desde China que comprarlas a productores y fabricantes argentinos.
“Era más fácil traerlas de China que comprárselas a los misioneros, correntinos o entrerrianos que producimos madera”, advirtió Hein.
El episodio sintetiza el problema que empresarios de otros sectores vienen señalando alrededor del RIGI: el crecimiento de un enclave extractivo no garantiza la creación de una cadena de valor nacional.