Una investigación periodística reveló que la Fundación Argentina Global, cofundada por la actual secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, Paola Di Chiaro, lanzó un programa de formación dirigencial financiado y respaldado por las becas Chevening de la Embajada Británica en Buenos Aires.

La política exterior del Gobierno de Javier Milei vuelve a quedar en el centro de la polémica por su creciente acercamiento al Reino Unido. Una investigación periodística reveló que la Fundación Argentina Global, cofundada por la actual secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, Paola Di Chiaro, lanzó un programa de formación dirigencial financiado y respaldado por las becas Chevening de la Embajada Británica en Buenos Aires.

El dato adquiere especial gravedad por el cargo que ocupa Di Chiaro: es la funcionaria responsable de una de las áreas más sensibles de la política exterior argentina, precisamente aquella que debe sostener el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La iniciativa, denominada “Future Leaders Programme Argentina”, está destinada a estudiantes avanzados y graduados universitarios y contempla talleres, encuentros con especialistas y actividades institucionales vinculadas con la política internacional. El programa cuenta con el respaldo de Chevening, mecanismo de becas del Gobierno británico que funciona desde hace décadas como una herramienta de vinculación y formación de dirigentes extranjeros.

El episodio genera alarma porque coloca a una organización estrechamente vinculada con una funcionaria de la Cancillería en colaboración directa con la representación diplomática del Reino Unido. La situación resulta particularmente sensible en un país que mantiene un conflicto de soberanía con Londres y que históricamente ha considerado la cuestión Malvinas como una política de Estado.

Formación de dirigentes bajo el auspicio de Londres

La gravedad del caso se profundiza por las características del programa. La iniciativa contempla una apertura a cargo de Fulvio Pompeo, exfuncionario de la administración de Mauricio Macri y cofundador del think tank, mientras que el cierre previsto para febrero de 2027 se realizará en la propia Embajada Británica.

La presencia conjunta de la Fundación Argentina Global, la Embajada Británica y el programa Chevening plantea interrogantes sobre el alcance de la influencia británica en la formación de futuros dirigentes argentinos y sobre el rol que cumplen funcionarios vinculados a la estructura de la Cancillería en este tipo de iniciativas.

El problema no es la existencia de intercambios académicos o diplomáticos con otros países, sino la particular contradicción que supone que una funcionaria responsable de la política argentina sobre Malvinas esté asociada a una organización que desarrolla un programa de formación dirigencial auspiciado por la potencia que mantiene la ocupación de las islas.

Una política exterior que despierta preocupación

El episodio vuelve a poner bajo la lupa el giro de la política exterior impulsado por Milei y su Cancillería. El acercamiento político con Londres y la búsqueda de una relación privilegiada con el Reino Unido generan cada vez más cuestionamientos entre sectores que consideran que la cooperación bilateral no puede avanzar a costa de relegar el reclamo soberano argentino.

La preocupación se potencia frente a la creciente actividad británica en el Atlántico Sur, incluida la presencia militar en las islas y la explotación de recursos naturales en áreas cuya soberanía Argentina continúa reclamando.

En este contexto, que desde el propio ámbito de la Secretaría de Malvinas surjan vínculos con programas de formación financiados y respaldados por la diplomacia británica resulta, como mínimo, una contradicción difícil de ignorar.

El caso expone así una cuestión de fondo que excede a una fundación o a un programa de becas: ¿está la Cancillería argentina permitiendo que los intereses y las herramientas de influencia del Reino Unido penetren en la formación de las futuras dirigencias del país mientras la Argentina continúa reclamando la soberanía de Malvinas?

Para sus críticos, el episodio constituye una nueva señal de alarma sobre una política exterior que, bajo la promesa de estrechar vínculos con las potencias occidentales, corre el riesgo de terminar siendo funcional a los intereses británicos en el Atlántico Sur.

El RIGI exhibe una economía a dos velocidades: mientras las provincias petroleras y mineras acumulan regalías extraordinarias, la industria nacional pierde actividad y es desplazada por importaciones. Empresarios y pymes metalúrgicas advierten que el régimen, lejos de generar el prometido “derrame”, consolida un modelo extractivista que deja cada vez menos espacio para la producción argentina.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentado por el Gobierno como una herramienta para atraer capitales y transformar la estructura productiva, comienza a mostrar una de sus principales contradicciones: los beneficios se concentran en los grandes proyectos de Oil & Gas y minería, mientras las industrias que deberían abastecerlos quedan relegadas frente a la competencia importada.

La brecha es particularmente visible en las provincias productoras. Neuquén, epicentro de Vaca Muerta, encabeza el crecimiento de las regalías, mientras la Patagonia concentra actualmente el 64% del total nacional. Durante el primer semestre del año, además, la región registró un incremento del 32% en la producción computable de crudo.

Para los gobernadores, esta renta se convirtió en un respaldo financiero cada vez más importante: las regalías llegaron a representar el 11,77% de los ingresos totales de las provincias productoras durante 2025. Chubut y Santa Cruz también tienen una participación significativa en esa distribución.

Pero el supuesto efecto multiplicador no se replica en las fábricas argentinas. El caso de la industria metalúrgica resulta particularmente revelador: según Adimra, el sector acumula una contracción del 5,4% en 2026, luego de retroceder otro 5,4% en 2024 y 3,2% en 2025. La actividad quedó así por debajo de los niveles registrados en 2022.

El RIGI que importa en lugar de producir

La contradicción se vuelve todavía más evidente al observar las importaciones realizadas por los Vehículos de Proyecto Único (VPU). De los USD 284 millones FOB importados hasta mediados de año, el 87% correspondió a productos que forman parte del núcleo de la oferta metalúrgica nacional.

Entre las compras aparecen tanques y cisternas de acero por USD 75,2 millones, tubos para oleoductos por USD 11,2 millones y hasta elementos básicos de bulonería, como tornillos, tuercas y arandelas.

Es decir, el problema no se limita a la importación de tecnología sofisticada que la Argentina no produce: también ingresan bienes que podrían ser fabricados por empresas nacionales, incluso dentro de las cadenas de valor vinculadas directamente con el petróleo, el gas y la minería.

La paradoja es que uno de los sectores industriales estratégicos para el desarrollo de los proyectos extractivos no logra convertirse en proveedor privilegiado de esas inversiones. En cambio, termina compitiendo con productos extranjeros favorecidos por el propio régimen.

La letra chica que diluye el compre nacional

El Gobierno sostiene que el RIGI contempla una prioridad mínima del 20% para proveedores nacionales. Sin embargo, empresarios y cámaras del sector cuestionan la manera en que esa obligación puede ser computada y advierten que las excepciones previstas por la normativa terminan debilitando su impacto real.

El problema comienza por la propia base sobre la cual se aplica el porcentaje. De los USD 126.500 millones anunciados en inversiones, la condición central de permanencia en el régimen se vincula con un monto mínimo de USD 16.100 millones. Sobre una base considerablemente menor se determina el porcentaje de compras nacionales.

A esto se suma que la normativa permite computar dentro del 20% tanto bienes como obras, sin establecer una proporción específica. De esta manera, gastos inevitablemente locales, como movimientos de suelo o construcción civil, pueden utilizarse para cumplir con el requisito sin que necesariamente exista una demanda equivalente para la industria manufacturera.

También existe una cláusula vinculada al precio y la disponibilidad que permite comparar la oferta nacional con el valor de importación. Para las empresas argentinas, esta situación representa una competencia particularmente desigual cuando los proyectos cuentan con beneficios arancelarios que reducen los costos de los productos extranjeros.

El derrame que no llega a las fábricas

La defensa oficial del RIGI se apoya en la expectativa de que la expansión de Vaca Muerta y de la minería termine generando actividad en sectores periféricos. El Banco Central incluso destacó en su último Informe de Política Monetaria que por cada puesto de trabajo asalariado formal creado en las petroleras se generaron 3,2 empleos en otros sectores económicos de Neuquén.

Sin embargo, la pregunta central no es solamente cuántos empleos indirectos genera el boom extractivo, sino qué tipo de estructura productiva deja detrás.

Si las grandes inversiones demandan bienes y servicios del exterior que podrían producirse localmente, el efecto multiplicador sobre la industria nacional se reduce. Y si las empresas argentinas deben competir en condiciones desfavorables contra proveedores extranjeros beneficiados por exenciones, el prometido proceso de industrialización asociado al RIGI pierde fuerza.

Así, mientras las provincias productoras celebran un boom de regalías y los grandes proyectos extractivos reciben beneficios extraordinarios, buena parte del entramado manufacturero enfrenta caída de actividad y pérdida de mercados.

La advertencia empresarial apunta justamente a esa contradicción: el RIGI puede estar generando una economía dinámica alrededor de la extracción de recursos, pero sin garantizar que esa riqueza se transforme en industria, empleo de calidad y desarrollo de proveedores nacionales.

El riesgo es que, detrás del discurso del “derrame”, se consolide una economía de dos velocidades: una vinculada al petróleo, el gas y la minería, beneficiada por incentivos fiscales y aduaneros; y otra integrada por las fábricas nacionales que deben sobrevivir a la recesión y competir contra importaciones incluso dentro de los proyectos que deberían impulsar su crecimiento.

Más que una cadena de valor nacional, el modelo amenaza con consolidar un esquema extractivo donde la riqueza sale del subsuelo, las regalías crecen y las importaciones ocupan el lugar que la industria argentina esperaba conquistar.

El caso de las casas prefabricadas chinas

Uno de los ejemplos más contundentes aparece en la industria forestal. Según denunció la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fedecoop), la demanda de viviendas de madera para trabajadores y depósitos vinculados con Vaca Muerta fue cubierta en buena medida con productos provenientes de China, mientras aserraderos y productores argentinos atraviesan una fuerte retracción.

El presidente de Fedecoop, Gustavo Hein, alertó sobre suspensiones, cierre de aserraderos y caída de los precios para los productores forestales. La crisis está directamente vinculada con el derrumbe de la construcción, que lleva aproximadamente dos años y medio con una demanda deprimida.

La consecuencia es especialmente grave para provincias como Misiones, Corrientes y Entre Ríos, donde miles de pequeños y medianos productores dependen de la actividad forestal.

Pero el contraste con Vaca Muerta resulta difícil de ignorar.

Mientras en el norte y el litoral argentino los productores tienen dificultades para vender su madera y los aserraderos reducen personal o cierran, en el corazón del boom petrolero las empresas encuentran más conveniente importar viviendas terminadas desde China que comprarlas a productores y fabricantes argentinos.

“Era más fácil traerlas de China que comprárselas a los misioneros, correntinos o entrerrianos que producimos madera”, advirtió Hein.

El episodio sintetiza el problema que empresarios de otros sectores vienen señalando alrededor del RIGI: el crecimiento de un enclave extractivo no garantiza la creación de una cadena de valor nacional.