El abogado Gregorio Dalbón presentó un pedido de detención contra el ministro de Economía, el titular del Banco Central y el director de la entidad por las operaciones con derivados de oro que, según la AGN, dejaron un saldo negativo de más de mil millones de dólares. También solicitó la prohibición de salida del país y medidas para evitar una eventual obstrucción de la investigación.
El escándalo por las operaciones con oro del Banco Central escala en los tribunales y golpea de lleno al equipo económico de Javier Milei. El abogado Gregorio Dalbón pidió la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet, a quienes vinculó con las operaciones financieras realizadas durante 2025 que terminaron con un resultado negativo de US$ 1.023 millones, según la Auditoría General de la Nación (AGN).
La presentación fue realizada ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes tienen a su cargo la investigación. Dalbón apuntó a presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, y reclamó que se investigue el papel de cada uno de los funcionarios involucrados.
Pero el pedido no se limita a las detenciones. El abogado también solicitó que los tres funcionarios tengan prohibido salir del país, que se les restrinja el acceso a las áreas del Banco Central y del Ministerio de Economía donde se conserva documentación relevante para la causa y que no puedan comunicarse con funcionarios, auditores o testigos vinculados con la investigación.
Más de mil millones de dólares bajo sospecha
El núcleo del escándalo son las operaciones con derivados de oro que realizó el BCRA durante 2025. De acuerdo con los datos citados de la auditoría, las transacciones arrojaron pérdidas por $1.400.793 millones —equivalentes a US$ 960,2 millones— en opciones y otros $68.362 millones —US$ 62,8 millones— en primas de opciones.
En contraste, la tenencia de oro registró una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones. El balance de estas operaciones financieras quedó bajo cuestionamiento por su impacto y por la necesidad de esclarecer cómo se tomaron las decisiones que derivaron en semejante resultado negativo.
La dimensión del monto vuelve inevitable una pregunta: ¿quién autorizó las operaciones, bajo qué criterios se realizaron y quién debe responder por sus consecuencias? La AGN, presidida por Juan Manuel Olmos, advirtió que nunca se había registrado una pérdida de semejante magnitud en el organismo.
Dalbón apuntó contra Caputo y denunció una posible obstrucción
En declaraciones televisivas, el abogado sostuvo que las operaciones deben investigarse bajo las figuras de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También planteó la hipótesis de asociación ilícita y señaló a Caputo como posible jefe, una calificación que deberá ser evaluada por la Justicia.
Dalbón también cuestionó el desempeño de los funcionarios ante los organismos de control y afirmó que existen elementos que, a su entender, demostrarían intentos de obstruir la investigación y declaraciones falsas durante la auditoría. Esas afirmaciones forman parte de sus argumentos y deberán ser corroboradas judicialmente.
El abogado puso además el foco en el juez Lijo y el fiscal Pollicita, al reclamar que investiguen el destino de las operaciones y que tomen en serio las medidas solicitadas.
El expediente tiene otro antecedente: el 10 de agosto, la diputada Marcela Pagano había denunciado penalmente a Caputo y Bausili por la presunta desaparición de casi $4 billones de fondos públicos que, según sostuvo, quedaron sin un destino públicamente trazable.
La legisladora cuestionó entonces la respuesta atribuida al presidente del Banco Central —«En algún lado están»— y reclamó explicaciones sobre el manejo de los recursos.
Aunque se trata de planteos que deben analizarse en sus respectivos expedientes, ambas controversias alimentan los interrogantes sobre la transparencia en la administración de los fondos públicos y el funcionamiento de los mecanismos de control durante la gestión libertaria.
La Justicia tiene la palabra
El pedido de detención coloca a Caputo, Bausili y Curutchet en el centro de una controversia judicial de enorme relevancia económica e institucional. La investigación deberá determinar cómo se ejecutaron las operaciones, qué información manejaban sus responsables, si hubo irregularidades y si corresponde atribuirles responsabilidad penal.
Por ahora, la solicitud de Dalbón no equivale a una orden de detención ni demuestra por sí misma la comisión de delitos. Pero la magnitud de las pérdidas informadas por la AGN y los cuestionamientos sobre la transparencia de las operaciones exigen respuestas documentadas.
Más de mil millones de dólares en pérdidas y una investigación que apunta a las máximas autoridades económicas: el manejo del oro del Banco Central se convirtió en otro frente judicial