El Deutsche Bank, entidad en la que trabajaron el ministro de Economía y el titular del Banco Central, participó de las operaciones financieras con las reservas de oro que terminaron en una pérdida millonaria para el país. Mientras el Estado afronta el agujero, el Gobierno se niega a entregar los contratos a la Auditoría General de la Nación.
El escándalo por el manejo de las reservas de oro argentinas suma un dato explosivo: el Deutsche Bank, antiguo empleador de Luis Caputo y Santiago Bausili, fue una de las entidades financieras que participaron de las operaciones que dejaron un resultado negativo de US$ 1.023 millones para el Banco Central durante 2025. La información, publicada por Página/12 a partir de una fuente del propio organismo, profundiza las sospechas sobre posibles conflictos de intereses y pone bajo la lupa las decisiones de los funcionarios responsables de administrar los activos estratégicos del país.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica que el Gobierno haya realizado una operatoria que perjudicó las cuentas públicas y que, al mismo tiempo, involucró a una entidad financiera para la cual trabajaron sus principales responsables económicos?
Luis Caputo llegó a presidir el Deutsche Bank en Argentina en 2008, mientras que Santiago Bausili también desarrolló parte de su carrera profesional en esa institución. Hoy, ambos ocupan puestos centrales en la conducción económica del país: uno dirige el Ministerio de Economía y el otro conduce el Banco Central. El banco de sus antecedentes profesionales aparece ahora entre las contrapartes de una operación financiera que comprometió recursos de todos los argentinos.
La coincidencia no demuestra por sí sola la existencia de corrupción, pero configura un serio interrogante ético y exige explicaciones públicas. Más aún cuando están en juego las reservas nacionales y cuando las autoridades se resisten a transparentar las condiciones de los contratos que originaron las pérdidas.
Una apuesta financiera que terminó en un agujero de US$ 1.023 millones
El mecanismo utilizado involucró contratos de opciones financieras sobre el oro. En términos sencillos, el Banco Central concedió a entidades financieras el derecho a comprar el metal a un precio pactado de algo más de US$ 3.000 por onza. Cuando la cotización internacional superó los US$ 4.000, la operación terminó jugando en contra de la Argentina.
Según la reconstrucción publicada por Página/12, el resultado negativo incluyó aproximadamente US$ 960 millones vinculados con esas operaciones y otros US$ 63 millones correspondientes a una cobertura contratada para protegerse frente a una eventual caída del precio del oro.
En otras palabras, mientras el metal precioso aumentaba su cotización internacional, la estrategia financiera del Gobierno reducía los beneficios que el país podría haber obtenido de sus propias reservas. El balance terminó registrando una pérdida de US$ 1.023 millones, cubierta con divisas de las reservas del Banco Central.
El contraste es brutal: una administración que justifica el ajuste sobre jubilados, trabajadores, universidades y servicios públicos en nombre de la escasez de recursos terminó afrontando una pérdida de semejante magnitud en operaciones financieras cuyo detalle todavía no se conoce por completo.
El Deutsche Bank ganó, pero el Gobierno oculta los contratos
Uno de los aspectos más graves del caso es la falta de transparencia. Según la investigación periodística, el Banco Central mantiene bajo reserva la identidad completa de las contrapartes, las condiciones de las operaciones y los contratos correspondientes. La AGN reclama esa documentación para evaluar qué se hizo con el oro argentino, quiénes autorizaron las operaciones y cuáles fueron sus resultados.
La participación del Deutsche Bank fue identificada por una fuente del BCRA citada por Página/12. Sin embargo, todavía no se conoce públicamente cuánto obtuvo esa entidad, qué proporción del negocio representó su participación ni si intervinieron otros bancos. Sin los contratos, resulta imposible reconstruir de manera independiente el reparto de los beneficios y establecer todas las responsabilidades.
La negativa a facilitar esa documentación agrava las sospechas. Si la operatoria fue conveniente, legal y correctamente ejecutada, ¿por qué no exhibir los contratos ante el organismo encargado de auditar la gestión? ¿Qué información se pretende mantener fuera del alcance de los controles públicos?
La opacidad no reemplaza una prueba judicial de corrupción, pero sí constituye un problema institucional de primer orden cuando se trata de activos soberanos y pérdidas millonarias.
Caputo y Bausili, bajo la lupa por sus vínculos con la banca privada
Los antecedentes profesionales de ambos funcionarios vuelven especialmente sensible el episodio. Caputo y Bausili trabajaron en el Deutsche Bank y, durante la gestión de Mauricio Macri, la entidad también intervino en operaciones de colocación de deuda soberana argentina en los mercados internacionales.
La relación entre los funcionarios y el sistema financiero privado no es, por sí misma, una irregularidad. El problema es determinar si existieron incompatibilidades, conflictos de intereses o decisiones que favorecieron indebidamente a entidades con las que mantenían vínculos profesionales previos.
Por eso, la cuestión no puede resolverse con declaraciones políticas ni con explicaciones generales sobre la evolución del precio del oro. Hace falta conocer quién negoció, quién autorizó, qué condiciones se pactaron, qué entidades cobraron y por qué se eligió una estrategia que terminó generando semejante perjuicio.
La responsabilidad política de Caputo y Bausili es ineludible: ambos deben explicar cómo se diseñó y aprobó la operación, qué controles se aplicaron y qué medidas se tomaron para proteger el patrimonio público.
La AGN exige respuestas mientras crece el escándalo
La Auditoría General de la Nación reclama los contratos, las fechas de las operaciones, las firmas de los responsables y la identificación de todas las entidades participantes. La documentación es indispensable para determinar si las decisiones se ajustaron a las normas, si existieron fallas de gestión y si corresponde establecer responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales.
El caso también vuelve a poner en discusión el traslado de oro argentino al exterior y la falta de información pública suficiente sobre su trazabilidad y destino. El Gobierno debe aclarar tanto el propósito de esos movimientos como su relación con las operaciones financieras realizadas sobre las reservas.
La defensa oficial basada en la suba internacional del oro no resuelve el problema. Que las reservas hayan aumentado de valor por la cotización del metal no elimina la pérdida provocada por las operaciones financieras: son resultados distintos y deben analizarse por separado.
La Argentina no puede aceptar que se invoque la austeridad para justificar recortes sociales mientras se comprometen reservas estratégicas en operaciones cuyos contratos se mantienen fuera del escrutinio público. Si Caputo y Bausili sostienen que no hubo irregularidades, tienen la obligación política e institucional de demostrarlo con documentación verificable.
El oro pertenece al país, no a los funcionarios ni a las entidades financieras. Y cada dólar perdido exige una explicación. La transparencia debe ser inmediata, las responsabilidades deben investigarse hasta el final y cualquier eventual delito deberá determinarse con pruebas y garantías judiciales.