Ni siquiera una de las fechas comerciales más importantes del año logró escapar al ajuste: las ventas minoristas pyme retrocedieron un 1,4% interanual y cuatro de los seis rubros relevados terminaron en terreno negativo. La pérdida del poder adquisitivo y la caída del consumo volvieron a golpear a los comercios.

La recesión sigue pasando factura y volvió a quedar en evidencia durante el Día de la Madre. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme cayeron un 1,4% interanual a precios constantes, encadenando cinco años consecutivos de retroceso en una fecha que tradicionalmente impulsaba la actividad comercial.

El dato refleja las dificultades que atraviesan las familias para sostener sus gastos y la pérdida de dinamismo de un mercado interno cada vez más debilitado. En un contexto de ingresos deteriorados, los consumidores restringen sus compras, priorizan los productos más económicos y postergan gastos que antes podían afrontar. La consecuencia es directa: menos ventas para los comercios y mayores dificultades para las pequeñas y medianas empresas.

⬇️ Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4% interanual y el indicador acumulan cinco caídas interanuales consecutivas. 💳 El ticket promedio se ubicó en $ 63.197. De los seis rubros relevados, cuatro registraron caídas interanuales: 📺 Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video (-3,6% anual), seguido por Cosméticos y perfumería (-3,2%), Equipos periféricos, accesorios y celulares (-3,2%) y Calzado y marroquinería (-2,2%). 📚 En el extremo opuesto, los incrementos se observaron en Librería (+3,4% anual), mientras que Indumentaria registró un crecimiento marginal (+0,1%). Leé el informe acá 🔗 https://t.co/IQhKjoxeCP

— CAME (@redcame) October 18, 2026

El ticket promedio se ubicó en $63.197, mientras que cuatro de los seis rubros relevados registraron caídas. Indumentaria, calzado y accesorios estuvieron entre los sectores más perjudicados, afectados por la decisión de los consumidores de recortar gastos. Ni siquiera las promociones, los descuentos y las cuotas sin interés alcanzaron para revertir la tendencia.

Desde CAME señalaron que la pérdida del poder adquisitivo y la cautela de los hogares condicionaron el consumo. En los comercios de barrio, el panorama también estuvo marcado por una mayor búsqueda de ofertas y la preferencia por artículos de menor precio.

El resultado vuelve a exponer el impacto de una economía que no consigue recuperar el consumo masivo. Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene su apuesta por el ajuste, la contracción del gasto de los hogares repercute sobre la actividad comercial, que depende de que los salarios alcancen para mucho más que cubrir las necesidades básicas.

La caída de las ventas por el Día de la Madre no es un dato aislado: se suma a una tendencia que se arrastra desde 2022 y que vuelve a encender señales de alerta sobre la capacidad de recuperación del mercado interno. Para las pymes, que necesitan volumen de ventas para sostener sus negocios, el escenario resulta cada vez más complicado.

Con el cierre del año a la vista, las perspectivas siguen siendo inciertas. Sin una recuperación sostenida de los ingresos y del poder de compra, otras fechas comerciales importantes, como Navidad y Reyes, podrían repetir el mismo escenario.

Cinco años consecutivos de caída dejan una señal contundente: ni las fechas tradicionalmente fuertes del calendario comercial consiguen compensar el deterioro del consumo. La recesión no solo se refleja en los indicadores económicos; también se siente en los bolsillos de las familias y en las persianas de los comercios.

La reforma laboral de Javier Milei no logró frenar la destrucción del empleo formal, a pesar de que esa fue su promesa cuando propuso ese proyecto. Para Milei y toda la derecha argentina que lo apoyó, en Argentina no se generaba empleo porque supuestamente era muy caro contratar en blanco. ¿Qué pasó desde que se aprobó la reforma laboral? Aumentó el desempleo…

Los datos oficiales muestran que la caída del empleo registrado se profundizó desde la sanción de la ley y hasta el pase al monotributo empieza a mostrar signos preocupantes.

De acuerdo a los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde noviembre de 2023 hasta julio del 2026 se perdieron 265.765 puestos de trabajo formal en el sector privado, que mayormente pasaron al monotributo o a la informalidad. Si se comparan los datos de julio contra junio, la caída de los asalariados del sector privado alcanzó los 12.716, que representa una baja del 0,2%. Julio fue el peor mes desde noviembre de 2025 y ya son 14 los meses consecutivos de caída.

“En los primeros 18 meses del gobierno de Milei se perdieron 105.646 empleos privados. En los últimos 15 meses, la destrucción se aceleró: otros 160.119 puestos de trabajo”, explicó el economista Martín Barrionuevo. “Pero también cambió la dinámica territorial: provincias que inicialmente resistieron, como Corrientes y Mendoza, pasaron a registrar fuertes caídas. En total, se destruyeron 265.765 empleos privados y 22 de las 24 jurisdicciones terminaron con pérdidas”, añadió el dirigente peronista correntino. Las únicas excepciones fueron Neuquén y Río Negro por Vaca Muerta.

Un informe reveló que el 56,2% de los argentinos tomó deuda en los últimos seis meses y que el 76,4% de quienes recurrieron al crédito lo hizo para cubrir gastos básicos o pagar servicios. Además, el 67% reclama la intervención del Estado ante el avance de la morosidad.

La crisis económica golpea cada vez con más fuerza los bolsillos y empuja a millones de familias a endeudarse para llegar a fin de mes. Según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora, el 65,3% de los argentinos se queda sin dinero a más tardar el día 20, mientras apenas el 9,8% logra ahorrar. El endeudamiento dejó de ser una herramienta para financiar compras y se convirtió en un recurso para afrontar necesidades esenciales.

Los números son contundentes: entre quienes tomaron créditos, el 55,1% necesitó cubrir gastos de alimentación y salud, y otro 21,3% recurrió al financiamiento para pagar tarifas y servicios. El panorama es todavía más grave entre los sectores de menores ingresos: el 68,1% se endeudó durante el último semestre y el 83,3% se queda sin dinero antes del día 20.

📊 LA GENERACIÓN DEL DÍA 20: LOS MENORES DE 40 VIVEN UN MES MÁS CORTO ⏳ El 72% de los menores de 40 se queda sin ingresos a más tardar el día 20, y casi 4 de cada 10 (39,6%) ni siquiera pasa de la primera quincena. Solo el 3% logra ahorrar. El mes no les alcanza y no tienen colchón. 💳 Ahí entra la deuda: el 60,9% tomó crédito en los últimos seis meses, y casi 9 de cada 10 lo usó para lo básico: 55% para alimentos y salud y 35,5% para tarifas y servicios. Apenas el 8% compró bienes durables. No es consumo, es subsistencia. 🔎 En la clase baja el cuadro es todavía más duro: el 83,3% no supera el día 20, solo el 0,9% ahorra y el 68,1% se endeudó, el 65,5% para gastos básicos. Una deuda que paga la comida y las tarifas se cancela con el ingreso del mes siguiente, que a su vez se agota antes. 🏛️ Por eso lo que pide la gente no es un perdón sino reglas: el 67% espera que el Estado intervenga frente a la morosidad y el 61,3% prefiere que regule el crédito, mientras que solo el 7,5% pide condonar deudas. Para los jóvenes sin colchón y los hogares de menores ingresos, el problema no es una cuota: es un mes que dura 20 días. 📎 MOP Septiembre, informe público: https://t.co/23JhODQrdL #GeneracionDel20 #MenoresDe40 #Jovenes #Endeudamiento #Morosidad #Deuda #Credito #PoderAdquisitivo #Salarios #Inflacion #CanastaBasica #CostoDeVida #FinDeMes #Ahorro #Tarifas #Ingresos #ClaseBaja #ClaseMedia #EconomiaArgentina #EconomiaFamiliar #Argentina #OpinionPublica #Encuesta #MOP #Zentrix #DatosQueImpulsanDecisiones #ZentrixConsultora #Estadisticas #AnalisisEconomico #Septiembre2026

— Zentrix Consultora (@ZXConsultora) October 18, 2026

La situación enciende una señal de alarma por el riesgo de una espiral de endeudamiento y morosidad. Cuando los salarios no alcanzan para cubrir los gastos cotidianos, las familias recurren al crédito para sobrevivir, pero las cuotas reducen todavía más los ingresos del mes siguiente y multiplican las dificultades para cumplir con los pagos.

Frente a este escenario, el 67% considera necesaria alguna forma de intervención estatal. Entre quienes apoyan una respuesta pública, el 61,3% propone regular las condiciones de otorgamiento de los créditos y el 23,6% plantea refinanciar las deudas a través del Banco Central. Apenas el 7,5% respalda una condonación por ley.

El dato más preocupante es que la deuda crece mientras se deteriora la capacidad de compra. El 81,8% considera que sus ingresos pierden frente a la inflación y los jóvenes aparecen entre los más afectados: el 60,9% se endeudó en los últimos seis meses y el 72% agota sus ingresos antes del día 20. La crisis ya no se expresa solamente en la caída del consumo, sino también en la creciente dificultad de los hogares para sostener sus compromisos financieros.

Los números exponen una realidad que contradice cualquier celebración anticipada de la estabilización económica: cada vez más argentinos necesitan endeudarse para comer, pagar la luz o afrontar gastos de salud. Y cuando el crédito se convierte en una condición para sobrevivir, la morosidad deja de ser un problema aislado y se transforma en una alarma social.

El alineamiento de Javier Milei con Donald Trump enfrenta una contradicción cada vez más evidente: mientras el Gobierno proclama la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Estados Unidos presiona para que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional no perjudique a sus empresas vinculadas con la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

Washington busca frenar la iniciativa o modificarla para evitar que las sanciones alcancen a compañías estadounidenses, sus filiales, accionistas, proveedores e intermediarios financieros. La preocupación norteamericana no pasa por fortalecer el reclamo argentino frente al Reino Unido, sino por proteger sus intereses comerciales y garantizar condiciones favorables para sus inversiones.

La presión expone los límites del alineamiento incondicional que Milei sostiene con la Casa Blanca. El Presidente apuesta a obtener inversiones, respaldo financiero y apoyo político de Trump, pero esa cercanía no garantiza un acompañamiento estadounidense a la reivindicación argentina sobre Malvinas. Por el contrario, Washington mantiene su posición de neutralidad en la disputa y deja en claro que sus intereses económicos tienen un peso determinante en la relación bilateral.

La contradicción es significativa: mientras la Argentina necesita fortalecer sus herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas para defender sus derechos soberanos, el Gobierno queda expuesto a las exigencias de una potencia que busca evitar que sus empresas sufran consecuencias por operar en territorios cuya soberanía reclama nuestro país.

La situación plantea una pregunta central: ¿qué margen de autonomía conserva la política exterior argentina si, ante la presión de Washington, la defensa de Malvinas puede quedar subordinada a los intereses de las empresas estadounidenses?

La soberanía no se defiende únicamente con declaraciones ni con gestos discursivos. Requiere una estrategia exterior autónoma, capacidad de negociación y decisiones sostenidas en el interés nacional. Cuando la relación privilegiada con Estados Unidos se convierte en una prioridad que condiciona esas decisiones, el alineamiento deja de ser una garantía y puede transformarse en un límite para la defensa de los derechos argentinos sobre las Malvinas.

El Deutsche Bank, entidad en la que trabajaron el ministro de Economía y el titular del Banco Central, participó de las operaciones financieras con las reservas de oro que terminaron en una pérdida millonaria para el país. Mientras el Estado afronta el agujero, el Gobierno se niega a entregar los contratos a la Auditoría General de la Nación.

El escándalo por el manejo de las reservas de oro argentinas suma un dato explosivo: el Deutsche Bank, antiguo empleador de Luis Caputo y Santiago Bausili, fue una de las entidades financieras que participaron de las operaciones que dejaron un resultado negativo de US$ 1.023 millones para el Banco Central durante 2025. La información, publicada por Página/12 a partir de una fuente del propio organismo, profundiza las sospechas sobre posibles conflictos de intereses y pone bajo la lupa las decisiones de los funcionarios responsables de administrar los activos estratégicos del país.

La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica que el Gobierno haya realizado una operatoria que perjudicó las cuentas públicas y que, al mismo tiempo, involucró a una entidad financiera para la cual trabajaron sus principales responsables económicos?

Luis Caputo llegó a presidir el Deutsche Bank en Argentina en 2008, mientras que Santiago Bausili también desarrolló parte de su carrera profesional en esa institución. Hoy, ambos ocupan puestos centrales en la conducción económica del país: uno dirige el Ministerio de Economía y el otro conduce el Banco Central. El banco de sus antecedentes profesionales aparece ahora entre las contrapartes de una operación financiera que comprometió recursos de todos los argentinos.

La coincidencia no demuestra por sí sola la existencia de corrupción, pero configura un serio interrogante ético y exige explicaciones públicas. Más aún cuando están en juego las reservas nacionales y cuando las autoridades se resisten a transparentar las condiciones de los contratos que originaron las pérdidas.

Una apuesta financiera que terminó en un agujero de US$ 1.023 millones

El mecanismo utilizado involucró contratos de opciones financieras sobre el oro. En términos sencillos, el Banco Central concedió a entidades financieras el derecho a comprar el metal a un precio pactado de algo más de US$ 3.000 por onza. Cuando la cotización internacional superó los US$ 4.000, la operación terminó jugando en contra de la Argentina.

Según la reconstrucción publicada por Página/12, el resultado negativo incluyó aproximadamente US$ 960 millones vinculados con esas operaciones y otros US$ 63 millones correspondientes a una cobertura contratada para protegerse frente a una eventual caída del precio del oro.

En otras palabras, mientras el metal precioso aumentaba su cotización internacional, la estrategia financiera del Gobierno reducía los beneficios que el país podría haber obtenido de sus propias reservas. El balance terminó registrando una pérdida de US$ 1.023 millones, cubierta con divisas de las reservas del Banco Central.

El contraste es brutal: una administración que justifica el ajuste sobre jubilados, trabajadores, universidades y servicios públicos en nombre de la escasez de recursos terminó afrontando una pérdida de semejante magnitud en operaciones financieras cuyo detalle todavía no se conoce por completo.

El Deutsche Bank ganó, pero el Gobierno oculta los contratos

Uno de los aspectos más graves del caso es la falta de transparencia. Según la investigación periodística, el Banco Central mantiene bajo reserva la identidad completa de las contrapartes, las condiciones de las operaciones y los contratos correspondientes. La AGN reclama esa documentación para evaluar qué se hizo con el oro argentino, quiénes autorizaron las operaciones y cuáles fueron sus resultados.

La participación del Deutsche Bank fue identificada por una fuente del BCRA citada por Página/12. Sin embargo, todavía no se conoce públicamente cuánto obtuvo esa entidad, qué proporción del negocio representó su participación ni si intervinieron otros bancos. Sin los contratos, resulta imposible reconstruir de manera independiente el reparto de los beneficios y establecer todas las responsabilidades.

La negativa a facilitar esa documentación agrava las sospechas. Si la operatoria fue conveniente, legal y correctamente ejecutada, ¿por qué no exhibir los contratos ante el organismo encargado de auditar la gestión? ¿Qué información se pretende mantener fuera del alcance de los controles públicos?

La opacidad no reemplaza una prueba judicial de corrupción, pero sí constituye un problema institucional de primer orden cuando se trata de activos soberanos y pérdidas millonarias.

Caputo y Bausili, bajo la lupa por sus vínculos con la banca privada

Los antecedentes profesionales de ambos funcionarios vuelven especialmente sensible el episodio. Caputo y Bausili trabajaron en el Deutsche Bank y, durante la gestión de Mauricio Macri, la entidad también intervino en operaciones de colocación de deuda soberana argentina en los mercados internacionales.

La relación entre los funcionarios y el sistema financiero privado no es, por sí misma, una irregularidad. El problema es determinar si existieron incompatibilidades, conflictos de intereses o decisiones que favorecieron indebidamente a entidades con las que mantenían vínculos profesionales previos.

Por eso, la cuestión no puede resolverse con declaraciones políticas ni con explicaciones generales sobre la evolución del precio del oro. Hace falta conocer quién negoció, quién autorizó, qué condiciones se pactaron, qué entidades cobraron y por qué se eligió una estrategia que terminó generando semejante perjuicio.

La responsabilidad política de Caputo y Bausili es ineludible: ambos deben explicar cómo se diseñó y aprobó la operación, qué controles se aplicaron y qué medidas se tomaron para proteger el patrimonio público.

La AGN exige respuestas mientras crece el escándalo

La Auditoría General de la Nación reclama los contratos, las fechas de las operaciones, las firmas de los responsables y la identificación de todas las entidades participantes. La documentación es indispensable para determinar si las decisiones se ajustaron a las normas, si existieron fallas de gestión y si corresponde establecer responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales.

El caso también vuelve a poner en discusión el traslado de oro argentino al exterior y la falta de información pública suficiente sobre su trazabilidad y destino. El Gobierno debe aclarar tanto el propósito de esos movimientos como su relación con las operaciones financieras realizadas sobre las reservas.

La defensa oficial basada en la suba internacional del oro no resuelve el problema. Que las reservas hayan aumentado de valor por la cotización del metal no elimina la pérdida provocada por las operaciones financieras: son resultados distintos y deben analizarse por separado.

La Argentina no puede aceptar que se invoque la austeridad para justificar recortes sociales mientras se comprometen reservas estratégicas en operaciones cuyos contratos se mantienen fuera del escrutinio público. Si Caputo y Bausili sostienen que no hubo irregularidades, tienen la obligación política e institucional de demostrarlo con documentación verificable.

El oro pertenece al país, no a los funcionarios ni a las entidades financieras. Y cada dólar perdido exige una explicación. La transparencia debe ser inmediata, las responsabilidades deben investigarse hasta el final y cualquier eventual delito deberá determinarse con pruebas y garantías judiciales.