El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pronosticó que cuatro millones de personas podrían abandonar el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para radicarse en distintas provincias del interior durante los próximos 30 años. El delirio ya es total. ¿Se puede decir cualquier cosa?
Según el funcionario, el fenómeno estaría impulsado por el crecimiento de la energía, la minería, el agro y la economía vinculada con la inteligencia artificial, sectores que el Gobierno de Javier Milei considera estratégicos para la expansión de las exportaciones. La proyección fue planteada por Sturzenegger al analizar el rumbo económico argentino y los cambios que podría generar en la distribución territorial de la actividad productiva. En total, hoy viven cerca de 3 millones en todas las provincias de la Patagonia. Según el libertario, en tres décadas se multiplicará esa población solo por migración interna.
De acuerdo con el escenario presentado por el ministro, dos millones de personas se trasladarían hacia Neuquén y Río Negro, mientras que otros dos millones se distribuirían entre provincias del norte, principalmente San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy. La hipótesis supone una reversión de la tendencia histórica de concentración poblacional en el área metropolitana, que durante décadas recibió trabajadores atraídos por la industrialización y la expansión del empleo. Para Sturzenegger, el desarrollo de Vaca Muerta, la explotación minera y el crecimiento de las actividades exportadoras modificarían ese mapa y generarían nuevas oportunidades laborales lejos de los grandes centros urbanos.
Sin embargo, la cifra no constituye una migración en curso ni una previsión demográfica inevitable, sino una proyección condicionada por determinados supuestos económicos. La estimación se vincula con un trabajo académico elaborado por estudiantes de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés, titulado In the long run we are all in the Pampas: Un modelo de transición demográfica para Argentina. El escenario contempla que la apertura económica, las inversiones en recursos naturales y los cambios en la estructura productiva impulsen una redistribución de la población. Su concreción dependerá de que esas inversiones efectivamente se realicen, generen empleo suficiente y sostengan una expansión económica capaz de atraer y retener habitantes en las provincias receptoras.
La proyección también abre interrogantes sobre las consecuencias territoriales y sociales del modelo económico. Mientras el Gobierno apuesta a los sectores exportadores y a las actividades extractivas como motores del crecimiento, la evolución del empleo industrial y de las economías urbanas plantea desafíos para las regiones que podrían perder población. El interrogante es si el desarrollo de nuevos polos productivos permitirá generar trabajo estable, infraestructura, vivienda y servicios públicos para millones de personas, o si la transformación terminará profundizando las desigualdades entre sectores y regiones. Por ahora, los cuatro millones forman parte de un escenario posible a tres décadas, no de un resultado garantizado de la política económica actual.