Un nuevo revés diplomático para la Argentina: Estados Unidos pidió poner fin al mandato del organismo de Naciones Unidas ante el cual nuestro país sostiene cada año su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La iniciativa de la administración de Donald Trump genera preocupación por sus posibles consecuencias para la estrategia diplomática argentina, en un contexto de estrecho alineamiento del gobierno de Javier Milei con Washington.

La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo de tensión internacional. El Gobierno de Donald Trump cuestionó el funcionamiento del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24) y reclamó poner fin a su mandato, una postura que afecta potencialmente a uno de los principales espacios multilaterales utilizados por la Argentina para sostener sus derechos sobre el archipiélago.

El planteo estadounidense se realizó el 15 de octubre, durante una sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU. Washington argumentó que el organismo perdió su propósito original y cuestionó que continúe examinando año tras año situaciones coloniales que, a su juicio, no registran avances suficientes.

Aunque la representante estadounidense no mencionó específicamente a Malvinas, el pedido tiene implicancias directas para la posición argentina: el C-24 aborda anualmente la disputa de soberanía y respalda el llamado a que Buenos Aires y Londres retomen las negociaciones, pendientes desde hace décadas.

Un golpe a un espacio clave para la soberanía argentina

El Comité de Descolonización constituye una plataforma diplomática relevante para la Argentina. En sus sesiones, el país denuncia la persistencia de una situación colonial y reclama que el Reino Unido se siente a negociar una solución pacífica a la controversia por la soberanía de las islas.

La resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a ambos países a negociar, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas. Ese marco diplomático es uno de los pilares históricos del reclamo argentino.

La eventual desaparición del comité no implicaría automáticamente la pérdida de los derechos argentinos ni la eliminación de la resolución 2065, pero sí podría debilitar uno de los ámbitos institucionales en los que la Argentina mantiene activa su reivindicación.

El alineamiento con Trump, bajo la lupa

La posición de Washington plantea un interrogante para la política exterior de Milei. Mientras el Presidente presenta la relación con Estados Unidos como un eje central de su estrategia internacional, la administración Trump impulsa una iniciativa que podría afectar uno de los espacios multilaterales donde la Argentina defiende su reclamo soberano.

El episodio se produce, además, en medio de las tensiones por la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a Malvinas y por el proyecto de ley argentino que busca establecer sanciones contra empresas que participen en actividades vinculadas con la explotación de recursos en las islas. Según informó El País, Washington manifestó preocupación por el alcance de esa iniciativa y por sus posibles efectos sobre compañías estadounidenses.

La coincidencia de ambos conflictos vuelve a poner sobre la mesa una cuestión estratégica: hasta qué punto el alineamiento con Washington puede convivir con una política exterior que priorice la defensa de los recursos naturales y los derechos soberanos argentinos en el Atlántico Sur.

Un reclamo histórico que trasciende a los gobiernos

La controversia por Malvinas no es una cuestión circunstancial ni partidaria. Se trata de una política de Estado respaldada por la Constitución Nacional y sostenida por sucesivos gobiernos argentinos, más allá de sus diferencias políticas.

Por eso, el pedido estadounidense abre un nuevo frente diplomático que exige evaluar sus consecuencias con cuidado. La iniciativa de Washington todavía no equivale a una disolución efectiva del organismo: para ello sería necesaria una decisión de la Asamblea General de la ONU.

El dato central es que Estados Unidos cuestionó un organismo que resulta importante para la estrategia diplomática argentina sobre Malvinas. En un escenario de creciente competencia por los recursos del Atlántico Sur, la respuesta de la diplomacia nacional será determinante para sostener el reclamo de soberanía y evitar que las prioridades de otras potencias condicionen los intereses argentinos.

En medio de la crisis económica, la caída del poder adquisitivo y las dificultades de millones de familias para cubrir sus necesidades básicas, el Presidente descalificó a quienes advierten que sus ingresos no alcanzan hasta fin de mes. “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, ironizó ante empresarios del sector energético.

Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras burlarse de la realidad que atraviesan miles de hogares argentinos. Durante su discurso en la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, en Neuquén, el mandatario calificó como “una pelotudez del tamaño de una casa” la afirmación de que dos tercios de la población no llegan al día 20 con dinero suficiente para afrontar sus gastos.

Lejos de mostrar preocupación por las dificultades económicas de las familias, el Presidente recurrió a la ironía para desacreditar una problemática que afecta la alimentación, el pago de servicios y la capacidad de llegar a fin de mes sin endeudarse. “Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, lanzó ante los empresarios presentes.

La pregunta presidencial ignora una realidad cotidiana: no llegar a fin de mes no significa dejar de existir ni pasar diez días sin ingerir alimentos, sino sobrevivir a costa de endeudarse, recortar gastos esenciales, postergar medicamentos, reducir el consumo de comida o depender de familiares y redes de asistencia.

Los números que contradicen el discurso presidencial

El cuestionamiento de Milei se produjo en un contexto de dificultades para sostener el consumo y afrontar los gastos básicos. Según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix citado por distintos medios, el 65,3% de los encuestados agota sus ingresos a más tardar el día 20. La proporción asciende al 72% entre los menores de 40 años y al 83,3% en los sectores de menores ingresos, de acuerdo con los datos difundidos por Página/12.

A esto se suma el deterioro del consumo: las ventas minoristas de las pymes para el Día de la Madre registraron una nueva caída interanual, acumulando cinco retrocesos consecutivos para esa fecha. El endeudamiento familiar y las dificultades para cubrir los gastos cotidianos también aparecen entre las principales señales de tensión económica.

Frente a estos indicadores, el Presidente eligió atacar a quienes exponen las dificultades sociales y atribuir esas afirmaciones al kirchnerismo y a los medios de comunicación. También cargó contra sus adversarios con insultos y defendió el ajuste fiscal como parte de su programa económico.

Ajuste, pérdida de poder adquisitivo y descalificaciones

Mientras el Gobierno reivindica el equilibrio de las cuentas públicas y proyecta un futuro de crecimiento impulsado por las inversiones energéticas, millones de hogares enfrentan el desafío inmediato de pagar las cuentas, comprar alimentos y sostener sus ingresos hasta el próximo salario.

La contradicción entre las promesas oficiales y las dificultades que expresan las familias vuelve a instalar una discusión central: la estabilidad macroeconómica no garantiza, por sí sola, que los ingresos alcancen para cubrir las necesidades básicas.

En lugar de explicar cómo su política económica permitirá recomponer el poder adquisitivo y aliviar la situación de los hogares, Milei optó por ridiculizar la expresión “no llegar a fin de mes”. Una frase que puede discutirse en términos estadísticos, pero que describe una experiencia concreta para quienes deben recurrir al crédito, recortar consumos o postergar pagos para sobrevivir.

La pregunta no es cómo hacen los argentinos para pasar diez días sin comer, sino por qué tantos hogares deben endeudarse y ajustar hasta lo indispensable para llegar al próximo sueldo. Una realidad que no desaparece con insultos, ironías ni descalificaciones presidenciales.

La causa por el manejo de las reservas de oro suma nuevas sospechas y complica al Gobierno de Javier Milei. La Justicia recibió una ampliación de la denuncia contra Luis Caputo y Santiago Bausili, que apunta a posibles comisiones millonarias, operaciones que dejaron pérdidas por US$ 1.023 millones y la falta de transparencia sobre los contratos. Mientras tanto, el destino de parte del oro argentino trasladado al exterior en 2024 continúa sin una explicación pública clara.

El escándalo por las reservas de oro de la Argentina suma un nuevo capítulo. El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia penal y pidió el allanamiento del Banco Central (BCRA) para secuestrar o realizar copias forenses de sus servidores, correos electrónicos y documentación vinculada con las operaciones financieras realizadas durante 2025. El objetivo es determinar quiénes autorizaron las transacciones, qué entidades participaron y si hubo comisiones u otros beneficios indebidos.

La presentación alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras, Juan Curutchet, y al funcionario Nicolás Ferro. Además, solicita que sean citados a declaración indagatoria, una medida que deberá resolver la Justicia.

Pérdidas millonarias para el país y sospechas sobre el Deutsche Bank

Uno de los puntos más delicados de la investigación es la posible participación del Deutsche Bank, entidad en la que Caputo y Bausili trabajaron antes de ocupar sus actuales cargos públicos. Según información publicada por Página/12 y citada en la ampliación de la denuncia, el banco alemán habría intervenido como contraparte en las operaciones financieras con el oro argentino.

La coincidencia abre interrogantes sobre la selección de las entidades financieras, los criterios utilizados para negociar los contratos y los controles aplicados por las autoridades. El vínculo laboral previo de los funcionarios con el banco no demuestra por sí mismo una irregularidad, pero vuelve indispensable esclarecer las condiciones de las operaciones y determinar si existieron conflictos de intereses.

El dato económico es contundente: la Auditoría General de la Nación (AGN) registró un resultado negativo de aproximadamente US$ 1.023 millones en operaciones con derivados vinculados al oro durante 2025. De ese monto, US$ 960,2 millones correspondieron al resultado de las opciones y US$ 62,8 millones al pago de primas.

¿Quién cobró las comisiones y dónde están los contratos?

La denuncia también busca establecer si las entidades financieras involucradas cobraron comisiones, honorarios o márgenes extraordinarios. En la presentación se menciona una cifra superior a los US$ 60 millones en posibles comisiones, aunque ese monto todavía debe ser verificado mediante la documentación correspondiente.

La falta de acceso a los contratos constituye otro foco de preocupación. Según lo expuesto en la denuncia, el Banco Central no habría entregado a la AGN toda la documentación necesaria para reconstruir las operaciones. Por eso, Dalbón pidió preservar los correos institucionales y los registros informáticos para determinar quién tomó las decisiones, cómo se fijaron los precios y qué condiciones se pactaron con las contrapartes.

La investigación deberá establecer si existió un perjuicio para el Estado, si las operaciones respondieron a una estrategia de cobertura razonable y si hubo conductas que puedan configurar delitos. Por ahora, se trata de sospechas que requieren pruebas y una resolución judicial.

El misterio del oro argentino sigue sin resolverse

El nuevo capítulo judicial vuelve a poner bajo la lupa una pregunta que el Gobierno todavía no ha respondido públicamente con el nivel de detalle reclamado: ¿dónde se encuentra el oro argentino trasladado al exterior en 2024 y bajo qué condiciones se administra?

A las dudas sobre el destino de los lingotes se suman ahora las pérdidas millonarias registradas en operaciones financieras, la presunta participación de entidades privadas y las dificultades para acceder a los contratos. Son cuestiones diferentes, pero todas apuntan a la necesidad de conocer cómo se utilizaron y administraron activos estratégicos del país.

El Gobierno y el Banco Central sostuvieron que las operaciones deben evaluarse considerando el resultado global de la posición en oro, que fue positivo por la suba de su cotización. Sin embargo, ese argumento no elimina la necesidad de explicar los contratos, los costos, las contrapartes y los riesgos asumidos con recursos públicos.

La causa entra así en una etapa clave: la Justicia deberá decidir si ordena las medidas de prueba solicitadas y si existen elementos suficientes para avanzar contra los funcionarios denunciados. Mientras tanto, la ciudadanía sigue sin contar con toda la información necesaria para comprender qué ocurrió con una parte de las reservas estratégicas de la Argentina y por qué operaciones realizadas bajo la actual gestión terminaron generando pérdidas de semejante magnitud.