Un operativo en la línea B derivó en el arresto de dirigentes gremiales por protestar contra la precarización y la concesionaria Emova. Mientras la CGT repudia la criminalización del derecho de huelga, Jorge Macri celebra las detenciones con consignas represivas desde el exterior.
La doctrina del encarcelamiento a la protesta social escaló a un nuevo pico de violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires. En medio de un reclamo de los trabajadores del subte contra la precarización laboral, suspensiones unjustificadas y la proliferación de contrataciones tercerizadas por parte de la concesionaria Emova, la Policía de la Ciudad irrumpió en la estación Juan Manuel de Rosas para reprimir la manifestación y arrestar de forma arbitraria a referentes históricos del espacio sindical, desatando la paralización inmediata de las seis líneas de la red y el Premetro.
Entre los dirigentes detenidos durante la jornada se encuentra el delegado de la línea B, Claudio Dellecarbonara, junto a otros representantes gremiales a quienes el Ministerio Público Fiscal porteño busca imputar bajo las figuras de “resistencia y atentado a la autoridad”. La maniobra represiva contra quienes ejercían la apertura de molinetes para visibilizar el conflicto provocó la reacción en cadena de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que paralizó por completo el servicio de transporte público de pasajeros hasta lograr la libertad de todos sus referentes.
La escalada punitiva contó con el explícito festejo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien desde una gira por España utilizó sus redes sociales para felicitar la intervención policial y apelar a la lógica del encarcelamiento directo. En un discurso que sintoniza de forma automática con la narrativa de “mando duro” de la Casa Rosada, Macri tildó los reclamos laborales de “extorsiones mafiosas” y celebró la detención de los delegados bajo la consigna “el que bloquea va preso”, omitiendo las denuncias sobre vaciamiento y persecución gremial cometidas por la empresa concesionaria.
El accionar de la fuerza porteña generó el inmediato repudio de la Confederación General del Trabajo (CGT), que denunció un peligroso avance en la criminalización de la protesta y la violación sistemática del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y las normativas de la OIT sobre libertad sindical. Para la central obrera, la decisión de encarcelar a los representantes de los trabajadores no busca resolver un conflicto laboral, sino disciplinar las demandas de los asalariados mediante la fuerza pública y el aparato judicial.
Este nuevo episodio de represión sindical expone la convergencia entre el Gobierno porteño y el Poder Ejecutivo Nacional para abordar las demandas sociales únicamente a través de la violencia de Estado. Frente a un modelo de ajuste y precarización laboral que destruye los ingresos de los trabajadores, la respuesta de la dirigencia política consiste en encarcelar referentes y clausurar el derecho a la protesta, dejando a millones de usuarios como rehenes de la intolerancia oficial.