Los camaristas que archivaron la causa por la megadeuda con el FMI acumulan un oscuro historial de visitas secretas a la Quinta de Olivos. Su prontuario demuestra cómo operan para garantizar la impunidad de Mauricio Macri y blindar al actual Gabinete libertario.
El cierre definitivo de la causa por el endeudamiento criminal con el Fondo Monetario Internacional no es fruto del azar procesal, sino el resultado de un engranaje perfecto de impunidad diseñado en los pasillos de Comodoro Py. Detrás del fallo que eximió de culpa y cargo a Mauricio Macri, Luis Caputo y Santiago Bausili se encuentran dos nombres emblemáticos del dispositivo judicial del poder económico: los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
La trayectoria de ambos magistrados quedó para siempre manchada por la revelación de los registros oficiales de ingresos a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada durante la gestión Cambiemos. Borinsky acumuló al menos 16 visitas documentadas al entonces presidente Macri —varias de ellas bajo el insólito pretexto de jugar partidos de pádel en la residencia oficial— coincidiendo temporalmente con el dictado de resoluciones estratégicas para perseguir a dirigentes de la oposición y encarcelar referentes del campo popular.
Por su parte, Gustavo Hornos no se quedó atrás: registró al menos seis ingresos acreditados a la Casa Rosada para mantener reuniones reservadas en el despacho presidencial de Macri, maniobras que destruyeron cualquier apariencia de independencia imparcial y provocaron denuncias penales y pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura que el propio aparato político del macrismo se encargó de cajonear sistemáticamente.
Este historial de servilismo judicial explica el desenlace del expediente por la fuga de capitales y el endeudamiento contraído en 2018. Junto con el fiscal Raúl Pleé —quien casualmente también integra el listado de concurrentes a Olivos y supo ser asesor en el club Boca Juniors bajo la conducción macrista—, Hornos y Borinsky construyeron la coartada perfecta para archivar la investigación, declarando que el desfalco de más de 50.000 millones de dólares fue una simple “decisión política no judicializable”.
El entramado que une a los jueces de Casación con el entorno del expresidente y la actual gestión libertaria desnuda la consolidación de un feudo de impunidad. Hornos y Borinsky no solo garantizaron el sobreseimiento del fundador del PRO, sino que extendieron el manto de protección sobre el actual Gabinete de Javier Milei, demostrando que en la Argentina la cancha judicial sigue estando inclinada a favor de los verdaderos saqueadores del Estado.