Los jueces de Casación que visitaban la Quinta de Olivos avalaron el desistimiento del fiscal Raúl Pleé y archivaron el expediente por el endeudamiento de 57.100 millones de dólares y la fuga de capitales.
El partido judicial volvió a demostrar que funciona como un engranaje de protección absoluta para los responsables del endeudamiento y la ruina económica de la Argentina. En un fallo preconcebido que consagra la impunidad sobre la mayor estafa financiera de la historia reciente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso el archivo definitivo de la causa que investigaba las escandalosas irregularidades en la toma del crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 57.100 millones de dólares durante la gestión de Mauricio Macri y la posterior fuga masiva de divisas.
El fallo lleva la firma de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky —magistrados tristemente célebres por sus visitas secretas a la Quinta de Olivos durante el gobierno macrista— junto a Javier Carbajo. Para sepultar el expediente, la Cámara se respaldó en la maniobra del fiscal ante Casación, Raúl Pleé, quien la semana pasada decidió no sostener la apelación planteada por los fiscales de instancias inferiores, sepultando de manera deliberada la investigación sobre un perjuicio fiscal que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) cuantificó en no menos de 29.600 millones de dólares.
El dictamen judicial actúa como una bendición providencial para los principales actores del saqueo financiero que hoy conducen los destinos del país bajo el sello libertario. El cierre del expediente beneficia de forma directa al ministro de Economía, Luis Caputo; al titular del Banco Central, Santiago Bausili; y al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; quienes junto a Macri eludieron los controles constitucionales, obviaron la intervención del Congreso y omitieron dictámenes técnicos para contraer una deuda ilegítima cuya única finalidad fue financiar la especulación y el rescate de fondos de inversión amigos.
Este nuevo episodio de encubrimiento institucional deja al descubierto la alianza estratégica entre Comodoro Py, el macrismo y la administración de Javier Milei. Mientras el Gobierno retiró oportunamente la querella del Estado para desarmar la acusación y allanar el camino a la absolución de sus propios funcionarios, el fuero federal volvió a actuar como un tribunal de protección corporativa, declarando “no judicializable” el endeudamiento sistemático que condenó a la pobreza a generaciones de argentinos.
La consagración de este pacto de impunidad exime de responsabilidades penales a los ejecutores de la fuga de capitales mientras la sociedad entera continúa pagando las consecuencias del ajuste y la austeridad requeridos para cancelar aquella deuda fraudulenta. Una vez más, la Justicia adicta al poder económico demuestra su doble vara: persecución implacable hacia la dirigencia opositora y blindaje absoluto para los saqueadores del patrimonio nacional.