Desde la aprobación de la Ley 27.802, en marzo de 2026, el empleo registrado acumula una caída del 0,9%, de acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En paralelo, la informalidad laboral alcanzó al 45% de la población ocupada, reflejando la persistencia de un mercado de trabajo atravesado por la precarización y la falta de derechos.
El dato resulta especialmente significativo porque contradice uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la reforma: que la flexibilización de las condiciones de contratación permitiría generar más empleo formal. Sin embargo, los primeros ocho meses de vigencia de la nueva legislación muestran una evolución desfavorable: menos puestos registrados y más trabajadores fuera del sistema de protección laboral.
La situación se agrava al observar que las nuevas incorporaciones laborales representaron apenas el 1,6% del total de trabajadores ocupados en junio, el registro más bajo de la serie. En agosto hubo una leve recuperación al 1,8%, pero el indicador continuó por debajo del 2% registrado en febrero, antes de la aprobación de la ley.
A este panorama se suma otro dato preocupante: el desempleo trepó al 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, mientras que el empleo asalariado privado acumula meses consecutivos de retroceso. Según el relevamiento del Instituto Argentina Grande, desde el inicio de la gestión de Milei se perdieron 241.200 puestos de trabajo registrados.
Incluso Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de la reforma, manifestó públicamente su disconformidad con la respuesta de los empresarios frente a los cambios introducidos. Una admisión que vuelve a poner en discusión las promesas oficiales sobre los supuestos beneficios inmediatos de la flexibilización laboral.
Los números dejan planteado un interrogante central: si la reforma laboral fue presentada como la herramienta para crear empleo, ¿por qué después de su aprobación cayó el trabajo registrado y la informalidad llegó al 45%? Mientras el Gobierno defiende los cambios normativos como una modernización del mercado laboral, millones de trabajadores enfrentan un escenario de mayor incertidumbre, precariedad y pérdida de derechos.