La ex presidenta mantuvo un encuentro con el diputado brasileño André Janones y los consultores Chico Kertész y Rafael Marroquim

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió con André Janones, diputado brasileño conocido como “el general de Lula”, y con los estrategas de campaña Chico Kertész y Rafael Marroquim, quienes formaron parte del equipo que trabajó en la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil.

El encuentro se produjo en medio de las internas del peronismo, de cara a las elecciones de 2027,y luego del encuentro que mantuvieron, horas atrás, con el exministro de Economía y excandidato a presidente, Sergio Massa, donde se lanzó la versión local de la estrategia electoral denominada «Ejército del Peronismo«.

Janones estuvo a cargo del armado digital de la campaña de Lula, mientras que Kertész y Marroquim integraron el equipo de comunicación que diseñó la estrategia del mandatario brasileño, sobre todo, en la semana previa al ballotaje con Flávio Bolsonaro.

La comitiva brasileña arribó a la Argentina con el objetivo mantener reuniones de asesoría política con las principales figuras del Partido Justicialista (PJ) y más aún, luego de las declaraciones de la exmandataria argentina, en las que ratificó su intención de ser candidata en 2027, en caso de que pudiera recuperar sus derechos políticos.

Janones dialogó sobre la experiencia que llevó a Lula a la victoria, luego de remontar su imagen y ganar la segunda vuelta en Brasil: la creación un canal masivo de WhatsApp con más de 10 millones de integrantes fue uno de los puntos fundamentales que impulsó su triunfo.

La idea del peronismo es replicar este modelo comunicación y propaganda política con el fin de conformar un espacio unificado que enfrente al gobierno del presidente Javier Milei.

El riesgo país llegó este lunes a los 805 puntos básicos, el máximo nivel desde las elecciones legislativas de octubre del año pasado, cuando Javier Milei tuvo que recurrir a un salvataje de Donald Trump para evitar el naufragio de su gobierno. Cosas del destino: hoy hay elecciones en Estados Unidos y una derrota de Trump debilitaría al principal aliado de Milei.

Así las cosas, subió el riesgo país y el dólar oficial que se fue 1565 pesos, el número más alto del año. Mientras, los bonos soberanos en dólares cayeron 13% y se derrumbaron las acciones de los bancos argentinos. ¿Los mercados financieros le bajaron el pulgar al esquema económico del gobierno?

Las razones están a la vista: después de 3 años de ajuste y motosierra, la economía no repunta y va directo a la recesión técnica.

Con una economía que no repunta y está al borde de la recesión técnica, se agravan todos los problemas del programa financiero que es en definitiva lo que miran los mercados financieros solo interesados en cobrar deuda. ¿Si la economía sigue en picada cuánto margen va a tener Caputo para ajustar y pagar deuda? Nada cierra.

Esta vez, el impacto se hizo sentir en la industria de tecnología agrícola: las empresas Plantium y Gentec paralizaron las operaciones de su planta en Villa Constitución, Santa Fe, y más de 100 trabajadores quedaron desvinculados en medio de una severa crisis financiera.

La compañía, especializada en el desarrollo de tecnología para el agro, agricultura de precisión, monitores de siembra y pilotos automáticos, debió frenar sus líneas de producción ante el derrumbe de las ventas, la falta de liquidez y la acumulación de deudas. El ajuste laboral alcanzó directamente a 84 trabajadores de la planta, aunque el número total de desvinculaciones supera el centenar al sumar otras dependencias y retiros voluntarios.

El cuadro es alarmante. Según reconoció el propio dueño de las firmas, Jorge Gentili, la empresa acumuló un pasivo cercano a los 500 millones de pesos en cheques rechazados y cuentas corrientes impagas, mientras enfrentaba crecientes dificultades para cobrarles a sus clientes y una fuerte contracción de la demanda de equipamiento tecnológico.

La situación expone una realidad que contradice cualquier relato triunfalista sobre el desempeño del sector agropecuario: cuando los productores pierden capacidad de inversión, se encarece el financiamiento y las ventas se desploman, la crisis se traslada rápidamente a toda la cadena productiva, desde los fabricantes de maquinaria hasta las empresas de tecnología y sus trabajadores.

El deterioro no se limita a esta compañía. La retracción también afecta a terminales de maquinaria agrícola y fabricantes de componentes en Santa Fe y Córdoba, en un contexto marcado por la menor inversión del sector primario y el encarecimiento del crédito.

Como si fuera poco, la empresa ya venía pagando los salarios de manera fraccionada y había intentado encontrar inversores o compradores para evitar el cierre. Sin embargo, las negociaciones con distintos grupos, incluidos capitales internacionales, no prosperaron.

Ahora, la firma proyecta una eventual reapertura con una estructura drásticamente reducida, de apenas entre 60 y 70 empleados, lo que deja en evidencia la profundidad del deterioro.

El caso constituye una nueva señal de alarma sobre la crisis que atraviesa la agroindustria argentina. No alcanza con exhibir cifras de exportaciones o cosechas récord si la industria que produce tecnología, maquinaria y equipamiento para el campo se paraliza, las empresas acumulan deudas y los trabajadores terminan pagando las consecuencias con sus puestos de trabajo.

La crisis ya no golpea solamente a las fábricas tradicionales: también alcanza a la innovación y al desarrollo tecnológico aplicado al agro. Una señal preocupante para el entramado industrial argentino y para el futuro de miles de empleos vinculados a la producción.

Desde la aprobación de la Ley 27.802, en marzo de 2026, el empleo registrado acumula una caída del 0,9%, de acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En paralelo, la informalidad laboral alcanzó al 45% de la población ocupada, reflejando la persistencia de un mercado de trabajo atravesado por la precarización y la falta de derechos.

El dato resulta especialmente significativo porque contradice uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la reforma: que la flexibilización de las condiciones de contratación permitiría generar más empleo formal. Sin embargo, los primeros ocho meses de vigencia de la nueva legislación muestran una evolución desfavorable: menos puestos registrados y más trabajadores fuera del sistema de protección laboral.

La situación se agrava al observar que las nuevas incorporaciones laborales representaron apenas el 1,6% del total de trabajadores ocupados en junio, el registro más bajo de la serie. En agosto hubo una leve recuperación al 1,8%, pero el indicador continuó por debajo del 2% registrado en febrero, antes de la aprobación de la ley.

A este panorama se suma otro dato preocupante: el desempleo trepó al 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, mientras que el empleo asalariado privado acumula meses consecutivos de retroceso. Según el relevamiento del Instituto Argentina Grande, desde el inicio de la gestión de Milei se perdieron 241.200 puestos de trabajo registrados.

Incluso Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de la reforma, manifestó públicamente su disconformidad con la respuesta de los empresarios frente a los cambios introducidos. Una admisión que vuelve a poner en discusión las promesas oficiales sobre los supuestos beneficios inmediatos de la flexibilización laboral.

Los números dejan planteado un interrogante central: si la reforma laboral fue presentada como la herramienta para crear empleo, ¿por qué después de su aprobación cayó el trabajo registrado y la informalidad llegó al 45%? Mientras el Gobierno defiende los cambios normativos como una modernización del mercado laboral, millones de trabajadores enfrentan un escenario de mayor incertidumbre, precariedad y pérdida de derechos.