Luego de años de demora, desde el año pasado funciona en el Congreso la Comisión Bicameral que está en proceso de seleccionar al Defensor del Niño, previsto en la Ley 26.061, norma que derogó a la Ley de Patronato e instauró un sistema de protección de la niñez acorde a los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Esa Comisión – integrada por legisladoras de todos los bloques – desarrolló una estrategia de selección centrada en los méritos. Los postulantes – 63 inicialmente y que luego se redujeron a poco más de 50 – presentaron documentación sobre sus trayectorias, rindieron un difícil examen escrito, presentaron un plan de trabajo y expusieron en audiencia pública.
El resultado del examen escrito era eliminatorio y dejó en carrera a 15 candidatos, dentro de los cuales se destacaron entre las mejores calificaciones perfiles de fuerte compromiso con los derechos de niños y niñas. Al contrario, los postulantes identificados con cierta “neutralidad” o complacencia con el gobierno de Macri fueron eliminados o se desdibujaron en las instancias sucesivas. Esa imprevista situación hizo modificar la estrategia de las ONGs cercanas al macrismo (CIPPEC, Fundacion Sur, etc.) que comenzaron a impulsar mediante las redes sociales campañas para intentar influir en la elección. En ese tránsito, dejaron de hablar de transparencia y meritocracia a exigir “designación ya” sin referencia a los métodos. Al mismo tiempo, importantes actores del mundo de los derechos de los niñxs reclaman el acceso a la información de cada una de las instancias del concurso.
La composición de la Bicameral respetando las representaciones partidarias del Congreso, y la propia naturaleza de su accionar, establecen el carácter político de todo el proceso y la necesidad de construir acuerdos que respeten su composición. La designación deviene del acuerdo político para seleccionar entre los mejores calificados, aunque esa naturaleza de la decisión no debe impedir a la Bicameral dar a conocer la totalidad de calificaciones.
Según lo establecido, el/la candidata designada surgirá del voto de 7 de los 10 integrantes de la Bicameral, que ubicándolos en términos políticos cinco de sus integrantes son de los bloques PRO-UCR y cinco del peronismo. Operadores históricos del radicalismo, presiones del Ejecutivo nacional y bonaerense chocan con las legítimas aspiraciones del peronismo a que se reconozca su representación y su derecho a ser protagonista en una institución que asumen será clave como dispositivo de la justicia social.
Existen serias posibilidades de poner en funcionamiento una institución que defienda con rigor técnico y compromiso político-social, sin complacencias con las grandes corporaciones ni sus expresiones gubernamentales, a los niños, niñas y adolescentes de la Argentina. La política debe responder este desafío.