El director de la Federación de Supermercados Chinos, Miguel Calvete, aseguró que hay "una fuerte persecución" por parte del municipio bonaerense de Tigre a los comercios que ofrecen productos del programa Precios Cuidados, y adelantó que concurrirá al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) porque "se está cercenando el derecho de adherirse a un plan nacional".

"Tres supermercados chinos han tenido, sospechosamente, una serie de inspecciones que exceden la habitualidad. En 48 horas tuvieron 7 inspecciones, cuando se suele hacer una cada 15 días o una semanal, eventualmente. Además, se labraron actas y se dejaron intimaciones o multas. Incluso hemos hablado con inspectores que comentaron que había `enojo de arriba´, en referencia a funcionarios del Ejecutivo, por el hecho de que los negocios apoyen estos planes nacionales como Precios Cuidados", aseguró Calvete en declaraciones publicadas por el diario El Argentino Zona Norte.

En esa línea, afirmó que ya hubo más de veinte autoservicios orientales que fueron víctimas de clausuras por esta razón y que también sucedieron hechos similares en algunos almacenes locales que no pertenecen a las grandes cadenas.

"Esto no sólo perjudica al comerciante pequeño, sino también al consumidor de Tigre y a muchas pequeñas y medianas empresas, que son proveedoras de estos puntos de venta, que están radicadas en el municipio. Recordemos que 30% de lo que existe en la góndola de los supermercados particulares pertenece a empresas locales, mientras que en las grandes cadenas solamente 5%", puntualizó Calvete.

Asimismo señaló que le llama "poderosamente" la atención que todas estas presiones se hagan sobre pequeños comercios adheridos al Precios Cuidados, cosa que desalienta mucho a otros negocios para que se adhieran al plan y genera una falta de competitividad.

"Vamos a recurrir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ya que nos genera una posición no competitiva respecto a las grandes cadenas. Esto lo vamos a hacer en conjunto con distintas asociaciones de almaceneros. Por otro lado, iremos también al Inadi porque entendemos que se nos está cercenando el derecho de adherirnos a un plan nacional, teniendo en cuenta que el afectado es un extranjero residente en Argentina, que cuenta con una vulnerabilidad mucho mayor a un comerciante nativo", aseguró Calvete.

A su criterio, "esto tiene un tinte político y me parece nefasto, porque ya trasciende lo particular y perjudica al vecino".

“No hay 120 mil docentes que no trabajan, y si él tiene pruebas para fundamentar semejante acusación, debería hace una denuncia penal”. De esta manera Roberto Baradel salió a responder a las declaraciones de De Narváez, quien había manifestado que un tercio de los trabajadores docentes de la Provincia de Buenos Aires cobran sin trabajar.

El titular del gremio cuestionó al referente del massismo, quien, en una entrevista televisiva, aseguró que en la Provincia hay 120 mil docentes “ñoquis”.

Baradel aclaró en diálogo con la Agencia de Noticias Télam que “no me sorprende de De Narváez, salió a hacer ya declaraciones el año pasado cuando estábamos realizando un paro para reclamar mejoras salariales, afirmando que habíamos politizado el tema”.

“Él tiene una mirada esquiva a la educación pública y a lo que es el sostenimiento de derechos para los chicos y los docentes”, sentenció, y aclaró que “sus ideas tienen que ver más con el neoliberalismo que con un estado de bienes y derechos para todos los ciudadanos” continuó el referente gremial.

“De Narváez piensa en una sociedad dual, con pocos privilegiados que sigan concentrando las riquezas y las mayorías con un ingreso mínimo”, lamentó.

En sus declaraciones, en el programa Animales Sueltos, el precandidato a gobernador provincial del Frente Renovador denunció que “en la Provincia hay 320 mil docentes y 120 mil de ellos están de licencia, son ñoquis que no trabajan”.

“A partir de ahora serán los propios vecinos quienes tendrán la potestad de elegir las obras para cada barrio”. Así anunció Mariano Cascallares la aprobación del proyecto para establecer una medida innovadora en el distrito.

Cascallares es precandidato a intendente de esa localidad por el Frente para la Victoria, y este proyecto es, para él, una iniciativa que se pone en marcha como “un gran paso adelante para que podamos tener un Estado Municipal un poco más presente en las barriadas de nuestra ciudad”.

“La intención es que haya una participación de los vecinos, las organizaciones barriales e instituciones dándole vida entre todos al Presupuesto Participativo”, asegurpo el edil, al tiempo que agregó que “localidades y barrios que muchas veces están olvidados, descuidados por las autoridades municipales ahora tendrán su voz y voto”.

Según el dirigente sciolista “de a poco las políticas públicas del Municipio tienen que comenzar a llegar para transformar la realidad de la periferia de nuestro Almirante Brown”.

El proyecto de ordenanza aprobado por el Concejo Deliberante de Almirante Brown establece la creación de Unidades de Organización a partir de las cuales los propios vecinos puedan elegir cuales son las obras o mejoras prioritarios para ser llevados a cabo.

El FpV presentó una iniciativa promoviendo el Presupuesto Participativo, que terminó siendo consensuada con otras fuerzas políticas.

El uso de la tarjeta de pago de pasajes en el transporte público automotor urbano y suburbano de pasajeros llega a las ciudades bonaerenses de Mar del Plata y Bahía Blanca.

El plazo de implementación será de 90 días corridos para ambas, como para las ciudades de Formosa, San Juan, Ushuaia, Mendoza, Neuquén y Río Gallegos.

En tanto, para otras localidades el período instalación será de 120 días corridos, lo cual incluye a San Fernando del Valle de Catamarca, Rawson, San Salvador de Jujuy, La Rioja, Viedma, San Luis, Resistencia, Paraná, Rosario, Santa Fe, San Miguel de Tucumán, Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero, Posadas, Santa Rosa y Salta.

El uso de la tarjeta SUBE como medio de percepción de la tarifa está vigente en la zona metropolitana desde 2010 para el transporte público automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de pasajeros de carácter urbano y suburbano, según recuerda la resolución 296 del Ministerio de Interior y Transporte, publicada en el Boletín Oficial.

En diciembre pasado, la cartera que conduce Florencio Randazzo dispuso que las provincias y municipios con más de 200 mil habitantes que prestan esos servicios urbanos y suburbanos adopten las medidas necesarias para implementar el sistema.

Esa medida incluyó a las empresas con servicios interprovinciales bajo jurisdicción nacional, beneficiarias del sistema de compensaciones tarifarias.

La idea es promover y debatir con la comunidad el proyecto que garantice el funcionamiento de las bibliotecas y el derecho de todos los bonaerenses de acceder a la lectura y a la información.

La actividad es impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Horacio González, y su vicepresidente, José Ottavis.

El objetivo es fortalecer el vínculo con los bibliotecarios de los municipios en distintos encuentros que fomentan el debate y la búsqueda de consenso para arribar a la creación de una nueva ley de bibliotecas.

En un principio, la iniciativa la elaboró la legisladora Rocío Giaccone, del Frente para la Victoria.

“El proyecto, tan novedoso como valioso, no sólo considera la función social de las bibliotecas sino que, además, incorpora el concepto de lectura como un derecho, y el acceso a la información, formación y recreación social como un valor en sí mismo”, explicó Horacio González.

Por su parte, la diputada Giaccone destacó la metodología de intercambiar visiones con los implicados en forma directa en el proyecto, y consideró que "es muy gratificante que, desde el debate y las ideas, podamos poner en valor las realidades de las bibliotecas y los diversos roles que cumplen en la sociedad”.