La medida dejó cesantes a los jueces subrogantes del Juzgado Federal 1 y nombró, provisoriamente, al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, al frente de ese tribunal. Para que la designación entre en vigencia deberá ser ratificada por el Consejo en pleno, el próximo 18 de junio.
La sospecha pesaba sobre la actuación y favorecimiento a los imputados por crímenes de lesa humanidad, durante la última dictadura. Una de las causas es la que investiga el rol del empresario de medios de comunicación bahiense, Vicente Massot, más conocido por su participación en el programa televisivo conducido por Daniel Haddad, Antonio Laje y Eduardo Feinmann, Después de Hora (2001-2002).
Massot estaba implicado en una causa que investigaba el rol del medio gráfico La Nueva Provincia, de su propiedad, durante la última dictadura.
La medida de la Comisión de Selección de Magistrados y la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura es importante, ya que podría terminar dejando sin efecto las últimas medidas de la justicia federal de Bahía Blanca que favorecieron al empresario de medios Vicente Gonzalo Massot en la causa que investiga su complicidad con el terrorismo de Estado.
Para que el enroque se concrete, deberá ser ratificado por el Consejo en pleno, que se reunirá el próximo 18 de junio.
Todo comenzó cuando la comisión aceptó tratar un pedido de la Cámara Federal de Bahía Blanca que, luego de cuestionamientos de los organismos de derechos humanos – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e HIJOS -, solicitó que se expidiera sobre la legitimidad en el nombramiento de Pontet para investigar las tres causas por delitos de lesa humanidad (entre ellas la que investiga a Massot) de las que había renunciado Ulpiano Martínez y por las que habían apartado a su remplazante, Álvaro Coleffi.
El consejero Julián Álvarez sostuvo que el nombramiento de Pontet por la Cámara Federal de Bahía Blanca no había sido legítimo. Y que había que apartar a Ulpiano Martínez, que en realidad es secretario del juzgado 2 y subrogaba – con ocho denuncias de mal desempeño en su contra- el juzgado 1 desde el 5 de junio de 2012, cuando renunció Alcindo Álvarez Canale, otro juez de probada amistad con los militares de la zona.
Álvarez propuso como reemplazante provisorio de ambos subrogantes a Ramos Padilla, juez federal de la localidad de Dolores, hasta que por concurso se designe al definitivo. La Comisión apoyó ambas mociones con cuatro votos positivos -Anabel Fernández Sagasti, Héctor Recalde y Jorge Candis, y los negativos de Luis María Cabral y Leónidas Moldes. Si estas decisiones obtienen al menos siete de los trece votos totales en la próxima reunión de plenario, quedarán firmes.
Pontet fue nombrado al frente del juzgado federal 1 en diciembre de 2014 pero sólo para resolver en tres causas por delitos de lesa humanidad. Primero, el ya subrogante Ulpiano Martínez pidió una licencia. A Martínez lo reemplazó uno de sus secretarios, Álvaro Coleffi, pero pronto fue obligado a apartarse por haber presuntamente filtrado una escucha telefónica en una causa judicial en la que se investiga por narcotráfico al novio de la vedette Mónica Farro.
En su lugar fue nombrado Pontet, que a pesar de ser recusado por la fiscalía por “posible imparcialidad” y cuestionado el método de su designación (a través de la Cámara Federal de Bahía Blanca y no el Consejo de la Magistratura), decretó con una celeridad asombrosa la falta de mérito de Massot y el sobreseimiento del secretario Hugo Sierra.
El jueves de la semana pasada la comisión del Consejo de la Magistratura declaró la irregularidad de su nombramiento, por eso las medidas que tomó durante su corto mandato –como lo vienen advirtiendo los fiscales en todos sus escritos- deberían ser declaradas nulas.
En esa declaración caería la falta de mérito dictada al empresario de medios, Vicente Massot.
Antes de ser juez de Dolores, Ramos Padilla fue abogado de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” Mariani. Cumpliendo ese rol, le tocó acusar a Miguel Osvaldo Etchecolatz en el primer juicio oral y público después de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, cuando fue secuestrado y desaparecido Jorge Julio López. Acusó además al capellán Federico Von Wernich, y a Jorge Rafael Videla en la causa conocida como práctica sistemática de robo de bebés.
