En el marco de los alegatos en el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada en Bahía Blanca y en Punta Alta, el abogado Olmedo Barrios, quien patrocina a los capitanes de navío Oscar Alfredo Castro, Gerardo Pazos y al capitán de fragata, José Luis Ripa, dijo que "resulta imprescindible destacar que las tareas de inteligencia interior estaban permitidas hasta que entró en vigencia en el año 2001 la Ley 25.520".
"Por ende la acusación de que personal naval llevara adelante tareas de ese tipo a la fecha de los hechos no constituía delitos y consecuentemente por aplicación del artículo 18 de la Constitución Nacional que determine que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado al anterior hecho del proceso", agregó.
Para Barrios, "no puede imputarse a ninguno de los procesados la comisión del delito alguno en tal sentido" al comentar que "mal que pese a los acusadores la inteligencia constituye una capacitación secundaria en todas y cada una de las Fuerzas Armadas del mundo, tanto en la actualidad como en históricamente".
Además el defensor hizo referencia a la declaración de Aníbal Américo Agotborde, uno de los testigos en el debate, quien había hecho el el servicio militar obligatorio en Puerto Belgrano y se desempeñó en la compañía denominada "Pitón".
"Lo más importante que declaró el ciudadano Agotborde fue que la misión que cumplían eran hacer allanamientos, detenciones, traslados al crucero 9 de Julio donde alojaban a los detenidos y custodiaban a los mismos", expresó.
En este juicio se investigan los casos de 66 víctimas, de las cuales 12 están desaparecidas, 5 fueron asesinadas y las restantes secuestradas y torturadas durante su paso por centros clandestinos ubicados dentro del perímetro de la base naval de Puerto Belgrano, como el ya desaparecido crucero "ARA 9 de Julio", mellizo del Belgrano y la base de Infantería de Marina en el sector Baterías, ambos en jurisdicción de la Armada, y también en el predio y zonas aledañas al V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.
Entre las víctimas están los dos obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976.
