La resoluciÃģn fue resuelta este jueves por el juez federal Nš 4, Marcelo Bailaque, en un trÃĄmite en el que Tschopp fue indagado por ilÃcitos como secuestros, desapariciÃģn forzada de persona y homicidio.
Se trata de Argentino Alberto Balquinta, Comisario Mayor Retirado de la PolicÃa bonaerense, acusado por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la Última dictadura CÃvico Militar.
El servicio penitenciario envió a la justicia un listado con más de 1000 condenados entre los cuales más de 90 son represores. El "Tigre" Acosta, el ex fiscal Demarchi y el cura Von Wernich, son algunos de los que figuran en la misma.
Con el supuesto objetivo de liberar las cárceles federales que se encuentran abarrotadas, el gobierno nacional envió a la justicia un listado de 1111 detenidos para que analice si pueden recibir el beneficio de la prisión domiciliaria con pulsera electrónica.
Entre esos nombres, donde hay presos y presas comunes, con hijos, con alguna enfermedad o que integran el colectivo LGBTI, entre otras cuestiones, figuran 96 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.
Así lo publicó el portal Infobae a partir de un listado que el Servicio Penitenciario Federal envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, presidido por el juez de Casación Federal Gustavo Hornos.
Son ocho listados con distintas categorías de detenidos, explica la nota: "Internos de lesa humanidad mayores de 70 años", "internos comunes mayores de 70 años", "nómina de internos autopercibidos como gays, lesbianas, bisexual, transgénero e intersexuales (LGBTI)", "discapacitados", "internas alojadas con hijos de hasta 10 años", "alojadas con hijos", "internas embarazadas" e "internos que cumplieron el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional".
Jorge "El Tigre" Acosta, que figura entre los 96 condenados por delitos de lesa humanidad, fue jefe de la patota del centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.
Entre los represores que el gobierno pretende beneficiar se encuentran también el médico Carlos Capdevilla, condenado por apropiaciones en la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA.
También integran la lista los miembros del Grupo de Tareas de la ESMA Antonio Pernías y Adolfo Donda, quién llegó a ser uno de los jefes de la patota de la marina y fue condenado entre otros delitos por la apropiación de la diputada nacional Victoria Donda.
El ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti y Julio "El Turco Julián" Simón, ex agente de la Policía Federal, son propuestos para volver a su casa.
También se encuentran dos civiles: el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, condenado a perpetua por su rol en la organización de ultraderecha CNU en Mar del Plata, y el cura Cristian Federico Von Wernich, ex capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, quién fue condenado en octubre de 2007 a reclusión perpetua por hallarlo culpable de 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.
Fuente: Tiempo Argentino, Infobae
El Tribunal Oral Federal número 1 de Mendoza sentenció anoche a prisión perpetua a los ex jueces Roque Otilino Romano, Luis Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo por encontrarlos responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, en el final de un proceso judicial que se extendió por más de tres años.
El TOF compuesto por Alejandro Piña (presidente), Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, dictó la más severa sanción prevista en el código procesal en el IV juicio por delitos de lesa humanidad que se debatió en Mendoza desde el 17 de febrero de 2014, con 216 audiencias, poniendo en el banquillo de los acusados, por primera vez, a cuatro ex jueces que ejercieron durante la última dictadura y estuvieron al frente de la Justicia Federal en esta provincia hasta hace unos años atrás.
En una Sala de Audiencias repleta y con una pantalla gigante instalada en las escalinatas de acceso al organismo judicial, por la gran convocatoria de público, la secretaria letrada del Tribunal Oral, Natalia Suárez, leyó la sentencia, en los autos 076-M caratulados "Menéndez Sanchez, Luciano B. y otros", en donde, además de los cuatro ex jueces sentenciados a prisión perpetua, recibieron una pena similar otros ocho imputados; cuatro fueron condenados a 20 años de prisión; otro a 18 años; dos recibieron una pena de 15 años; uno fue condenado a 10 años; cinco imputados recibieron penas menores de entre 6 y 3 años de prisión y tres fueron absueltos.
Esta megacausa resultó de la acumulación de alrededor de 20 causas por delitos de lesa humanidad, sobre un total de 34 imputados, que incluyó el tratamiento de apropiación de una menor, detenciones, secuestros, torturas, violaciones, desapariciones y/o asesinatos contra más de 200 víctimas durante la última dictadura.
Dichos delitos fueron perpetrados por las Fuerzas Armadas, la cúpula y subalternos de Policía de la Provincia, los responsables de las torturas en la Penitenciaria Provincial, y cuatro ex jueces, Romano; Petra Recabarren; Miret y Carrizo, a quienes se condenó porque omitieron investigar los asesinatos y otros crímenes, constituyéndose en cómplices.
Los otros condenados a prisión perpetua fueron el comodoro retirado Alcides París Francisca; los policías retirados Luis Rodríguez Vázquez y Armando Fernández Miranda; el suboficial mayor retirado de la Policía Pablo Gutiérrez Araya; el policía Miguel Tello Amaya; el militar retirado Paulino Enrique Furió; el cororonel retirado Carlos Horacio Tragant y el suboficial mayor del Ejército (retirado) José Fuertes Fernández.
En declaraciones a Télam, Alejandro Piña prefirió no emitir una declaración sobre el juicio en que acabaron de dictar sentencia, pero ponderó: "Solo quiero reconocer el trabajo y el compromiso de mis colegas jueces, de los abogados de fiscalía, querellantes y defensores, por su profesionalismo. Y a los funcionarios y empleados de mi tribunal por su labor ejemplar".
El fiscal Dante Vega dijo: "Fue un fallo histórico, no hay que olvidar que aquí se juzgaba todo el arco que actuó durante el terrorismo de Estado, y no solamente hay jueces condenados, sino militares, policías y penitenciarios, con distintas penas. Y la sentencia dice muchas cosas, primero que los testigos dijeron la verdad, y después nos entendió a nosotros cuando interpretamos a esos testigos y las trasladamos al derecho".
"Y cuando el Tribunal dicta este fallo contundente -agregó- e impone estas penas que son las más graves del ordenamiento jurídico argentino contra cuatro ex magistrados, lo que está diciendo es que toda esa construcción y cómo fundamentamos esa participación delictiva y todo lo que valoramos, que esa es la magnitud más terrible del terrorismo de Estado, ya que las víctimas no tenían donde guarecerse y donde encontrar amparo, porque la Justicia era cómplice del Terrorismo de Estado".
"Después de haber escuchado tanto dolor, y haber analizado los dichos de los imputados y sus descargos, estoy satisfecho por el deber cumplido, y por el resultado que demuestra que un Tribunal democrático determinó que el terror estatal no solo fue obra de uniformados, sino que solo pudo ser posible con una justicia que facilitara la tarea represiva e ilegal", apuntó el fiscal.
Y concluyó: "Es histórico en varios sentidos, porque es un período muy extenso que incluso abarca periodos anteriores al golpe militar, o sea que ya había terrorismo estatal antes del golpe, y después se sistematizó".
Se trata de los crímenes cometidos contra 123 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la Prefectura Naval Argentina de Mar del Plata.
Los acusados que pertenecieron a la Armada integraron la Fuerza de Tareas 6 (FUERTAR 6) que operaba en Mar del Plata y la zona, que comprendía la Subzona Militar 15, ubicada en la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 (AADA 601).
Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal buscará acreditar las relaciones de coordinación y/o de acuerdos operativos interfuerzas que existieron en la jurisdicción en el marco de la represión ilegal, de conformidad con lo que ya pudo probarse en el juicio en el que se condenó a Aldo Carlos Máspero, quien fuera jefe de subzona militar XV entre 1977 y 1978, en 2014.
Esta es la primera oportunidad en la que Alfredo Manuel Arrillaga, ex jefe de Operaciones de la Agrupación ADA 601, quien ya fue condenado en tres ocasiones anteriores, llega a juicio imputado por hechos ocurridos en la órbita de la Marina, en el marco de esta coordinación.
La FUERTAR 6, forma en que se organizó la Armada durante la dictadura cívico-militar, operó los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval, ESIM, ubicada en las proximidades del Faro, y Prefectura. Pero además, participó en operativos de secuestros de otras víctimas que fueron alojadas en otros centros clandestinos de la jurisdicción.
Los ex militares sentados en el banquillo de los acusados están imputados por la privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado y asociación ilícita contra 123 personas.
Durante el debate, el Tribunal integrado por los jueces Mario Portela, Néstor Parra y Alejandro Esmoris, hizo lugar al pedido de la Fiscalía de ampliar la acusación también por asociación ilícita para 11 de los 14 acusados.
Los imputados son el ex suboficial de Infantería de Marina José Francisco Bujedo; el ex jefe de Comunicaciones de la Base Naval y ex jefe del Departamento Operaciones Daniel Eduardo Robelo; el ex jefe de Operaciones de la Agrupación ADA 601 Alfredo Manuel Arrillaga; ex jefe del Departamento de Operaciones de la Base Naval de Mar del Plata y Comandante del GT6.1 Alberto Ignacio Ortiz; y el ex jefe de la Base Naval y Comandante de la Fuerza de Submarinos Juan José Lombardo.
También el ex comandante de la Agrupación Buzos Tácticos y ex subjefe de la Base Naval Rafael Alberto Guiñazú; el ex jefe de la ESIM Mario José Forbice; el ex jefe de la Prefectura Juan Eduardo Mosqueda, el ex jefe de la Sección Informaciones de la Prefectura Ariel Macedonio Silva; el ex jefe de la Base Naval y Comandante de la Fuerza Submarinos, Raúl Alberto Marino; el ex Comandante de la Agrupación Buzos Tácticos José Ornar Lodigiani; el ex jefe de Contrainteligencia de la Base Julio César Falcke, y el ex jefe de la sección Inteligencia de la Base Naval durante 1978 y 1979, Francisco Lucio Rioja.
El ex subjefe de la Base Roberto Luis Pertusio, en tanto, fue declarado incapaz por enfermedad sobreviniente por lo que se suspendió el proceso a su respecto.
Está previsto que este miércoles 9.30 comience la exposición de los representantes del Ministerio Público Fiscal y la audiencia se extenderá en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Los fiscales continuarán los días 10, 16 y 17 de diciembre.
En tanto, se prevé que el 23 de ese mes se inicien los alegatos de las querellas.
En el juicio se ventilaron los delitos cometidos en perjuicio de Elio Julio Barroso, Luis Fernando Sacomani, Beatriz Ramona Castro de Villareal, José María Castiñeiras, María Celia Maciel Bogado, Alfonsa Melgarejo de Pozze, Alicia Ana Moscatelli, Ernesto Sirri, Ángel Ignacio Núñez, Héctor Pablo Barrera, Leonardo Calchinsky, Enrique René Ibalo, Amelia Noemí González, Enrique René Ibalo y Leonardo Galczynski, quienes estuvieron detenidos clandestinamente en esa unidad policial.
En tanto, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas de prisión perpetua impuestas por el Tribunal Oral Federal de Mendoza al personal de inteligencia del Área 331 de la Subzona 33 del Ejército que se desempeño el D-2 de aquella provincia.
Los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, rechazaron los recursos de los condenados por delitos de homicidios calificados, privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos agravados y sustracción de menores. También habilitaron la ampliación de la acusación por hechos por los que los imputados habían sido absueltos.
Es por el asesinato de seis personas durante la última dictadura cívico militar, que fueron difundidos por el diario bahiense como un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad que motivaron la muerte de personas.
En el marco del veredicto el Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava indicaron que en un lapso de diez días el diario La Nueva, ex La Nueva Provincia, "publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía" sobre la muerte de seis personas.
Los magistrados agregaron que "a fin de "aclarar que sus desapariciones fueron productos de ejecución o el fusilamiento y no de enfrentamiento con las fuerzas militares que actuaron en esa oportunidad".
Tras la lectura del fallo el fiscal Miguel Angel Palazzani expresó a Télam que "todo aquel que fue ejecutado, asesinado y que aparecía muerto en un enfrentamiento va a haber reparado su biografía en las páginas del diario".
"Ese derecho a réplica colectivo que habíamos planteado la verdad que el Tribunal ha dado un paso más en esto de la dimensión de la reparación total de las biografías de las víctimas, que aparece como reparador, que alivia y que ayuda un poco lo vivido", agregó.
Por su parte el propio juez Ferro, uno de los integrantes del Tribunal, señaló a Télam que será "una reparación moral e histórica porque creo que lo ciudadanos tienen derecho a saber qué pasó con sus hijos, no entregarles el cadáver".
"Y todo quedó perfectamente acreditado por peritos, y hay uno honorable que es el doctor Castex que consistió que esas víctimas habían sido producto de un enfrentamiento sino de una ejecución o de un fusilamiento", afirmó.
El requerimiento de Marcelo Molina, fiscal general de La Plata, y y Juan Martín Nogueira, fiscal ad hoc, comprende a 15 ex jefes e integrantes de Inteligencia del Ejército, dos ex funcionarios civiles de la dictadura y tres ex policías, precisó hoy el sitio fiscales.gob.ar al informar sobre el pedido de elevación a juicio.
Los ex funcionarios civiles incluidos en el requerimiento que la fiscalía presentó ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak son el ex ministro de Gobierno bonaerense de la dictadura Jaime Smart y su secretario en el desempeño de esa función, Juan María Torino, ambos acusados por el papel que les correspondía de contralor sobre la Policía bonaerense.
"El objeto de este requerimiento está referido a distintos hechos que se relacionan con la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, violencia sexual, homicidios y la sustracción, retención y ocultamiento de las víctimas, todos integrados al plan criminal implementado durante la última dictadura", indicaron los miembros de la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata.
Es la primera vez que esa Unidad Fiscal acusa por delitos sexuales en el requerimiento de elevación a juicio, aunque en otras causas pidió ampliar la imputación por esos hechos ya en la instancia de los debates orales y públicos.
En este aspecto de la acusación, reseñaron los testimonios de víctimas sobrevivientes y de otros testigos de diversos hechos para señalar finalmente que "la violencia sexual fue parte del conjunto de crímenes cometidos en el CCD".
Entre los represores imputados en la causa se cuentan el ex director general de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Bergés y el ex segundo jefe de la división Delitos contra la Propiedad, en cuya sede funcionaba el centro clandestino, Enrique Augusto Barre.
Entre los militares que llegarán a juicio se destaca el ex integrante del Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata Ricardo Luis Von Kyaw, quien permaneció prófugo hasta que fue deportado de Panamá cuando las autoridades de ese país lo descubrieron con documentación falsa.
También serán juzgados el ex subjefe del Comando de la Subzona 11 Héctor Humberto Gamen, el jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada Federico Minicucci y los integrantes de la inteligencia militar Miguel Ángel Amigo, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Ricardo Armando Fernández.
En igual situación se hallan los ex oficiales de inteligencia Gustavo Adolfo Cacivio, Jorge Héctor Di Pasquale, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Anselmo Pedro Palavezzati, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Antonio Herminio Simón.
El Pozo de Banfield funcionó en la localidad bonaerense del mismo nombre, en el partido de Lomas de Zamora, en un edificio que fue sede de diversos organismos de la Policía provincial, entre ellos la Brigada de Investigaciones y las divisiones de Investigaciones, Seguridad e Inteligencia.
Cristian Ritondo se expidió así sobre un editorial publicado ayer por el matutino La Nación, titulado "No más venganza", en el que planteó terminar con "el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad".
El actual legislador porteño destacó que para el PRO "es repudiable cualquier hecho que ha pasado en el pasado, de violaciones a los Derechos Humanos, que no se repitan nunca más en la Argentina".
"Creemos que los derechos humanos de ayer y de hoy deben ser trabajados por nuestro gobierno", sostuvo en declaraciones a Radio Provincia.
En ese marco, recordó que esta mañana Macri aseguró que "la justicia tendrá plena independencia, vamos a dar plena libertad e independencia para que los jueces sigan trabajando en todos los juicios de lesa humanidad".
“Repudiamos profundamente el ataque a la Casa de la Memoria y la Vida de Morón. Este acto de vandalismo no es más que una expresión de odio hacia nuestra historia, una amenaza preocupante para la democracia y los derechos humanos”, expresó la senadora de Nuevo Encuentro, Mónica Macha, sobre el ataque que recibió la Casa de la Memoria y la Vida en el Municipio de Morón que apareció con sus paredes pintadas con la frase “El 22 se termina el curro”.
“La Casa de la Memoria y la Vida es parte de la historia y de la identidad de Morón. Es un ícono en la lucha por los Derechos Humanos y un símbolo en toda Latinoamérica sobre la Memoria, la Verdad y la Justicia. Que ese haya sido el lugar elegido para este ataque vandálico nos habla claramente de una expresión que reivindica la más nefasta etapa de nuestra historia”, manifestó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense.
"Los Derechos Humanos no son un curro ni una etapa cerrada, son una política de Estado que nos orienta en la construcción de un futuro más justo e inclusivo para todos y todas. No vamos a desandar el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Somos muchos y muchas los que vamos a defender este espacio en el que la vida se impuso de una vez y para siempre sobre la muerte", sostuvo la legisladora kirchnerista.
El Municipio de Morón realizó la denuncia por el ataque en la Fiscalía N° 7 de Morón a cargo del Dr. Rapazzo. La Casa de La Memoria y La Vida, donde funciona la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, es el primer espacio de latinoamérica recuperado para el ejercicio de la memoría colectiva. Emplazada en el predio donde funcionó el ex centro clandestino de detención y torturas Mansión Seré, fue recientemente declarado Lugar Historico Nacional por la presidenta de la Nacion Cristina Fernández de kirchner mediante el decreto 2243/15.
