Luego de suspender dos veces la reunión, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, convocó a los cinco gremios docentes nacionales (CTERA, SADOP, UDA, AMET y CEA) para la firma del acuerdo de la paritaria nacional. La reunión está prevista mañana a las 12 del mediodía en el Ministerio de Trabajo.

La paritaria nacional funciona como referencia para las negociaciones de las provincias y la Ciudad, que siguen todas abiertas, a la espera de esta definición. Por lo que la reunión de mañana es clave para la provincia de Buenos Aires.

Sin bien,  la paritaria nacional sirve para definir el salario inicial de los maestros,  la última palabra la tienen los gremios provinciales, puesto que son los gobiernos provinciales los que pagan los sueldos.

La propuesta oficial eleva el sueldo inicial de los maestros de $ 6.060 a $ 7.800 a partir de febrero ($ 7.500 más $ 300 adicionales que suma el Fondo Nacional de Incentivo Docente – FONID), y a $ 8.500 a partir del 1° de julio ($ 8.000 más $ 500 del FONID).

La oferta implica una recomposición del 29% para febrero y del 40% a julio para los sueldos iniciales, lo que generó tensiones desde el viernes entre el Gobierno nacional y las provincias. Según fuentes oficiales, para el promedio de la masa salarial docente, el aumento rondará entre el 32% y 33%.

El acta contaría con el acuerdo de los gremios, que luego de firmarlo pondrían el documento a consideración de sus asambleas.

Para ayudar a Vidal, en tanto, el Gobierno analiza ofrecerles a los gremios un aumento menor al 30 por ciento pero sumado a un fondo compensatorio de incentivo docente, que aporte el dinero faltante por fuera de la escala salarial.

El derrotado barón del conurbano, Raúl Othacehé sigue recibiendo malas noticias, además de las denuncia que se acumulan en los tribunales de Morón por malversación de fondos, corrupción y perjuicio al erario público.

Ahora, el ex intendente perderá uno de los últimos refugios de gestión que aún tenía para contener a sus huestes, ya que en el mes de marzo, su hijo y demás funcionarios deberán abandonar la conducción de la UNO (Universidad Nacional del Oeste).

El actual intendente, Gustavo Menéndez, ya tiende puentes y negocia la posibilidad de colocar a un hombre de su riñón en la conducción de la Universidad.

La UNO representa una jugosa caja de recursos, ya que con más de $13.000 por alumno, es una de la universidades que mejor presupuesto recibe, y una de las que menos gasta, ya que su oferta académica es cuestionada por su precariedad.

El conductor número uno de la televisión argentina, Marcelo Tinelli, este año se las trae. Es que entre empresarios se comprenden bien y el nuevo presidente seguramente le garantizará altos picos de raiting.

Por eso, es que Tinelli optó por adelantar en su cuenta de twitter cortos de humor político donde puede verse que las figuras principales son Mauricio Macri, la flamante primera dama, Juliana Awada y la pequeña Antonia.

El último de los videos que el conductor estrella subió a su cuenta, Antonia le pide a su papi Mauri, que baje el cartel del ex presidente Néstor Kirchner y lo cambie por uno de Piñón Fijo.

De papi para Antonia con Amor y de Tinelli para todos y todas con humor.

Abril. Vuelve Showmatch 2016. pic.twitter.com/vUBCz8nPNr

— marcelo tinelli (@cuervotinelli) febrero 22, 2016

Destinatarios del programa "Incluir Salud", que se implementa en hospitales de la provincia de Buenos Aires, denunciaron dificultades en la  implementacion del programa debido a la reducción en las prestaciones y bajas en las coberturas.

En este marco, la diputada provincial Marisol Merquel presentó un proyecto de solicitud de informes para que el Ejecutivo dé respuesta sobre su funcionamiento y el alcance del programa en hospitales de la provincia de Buenos Aires.

“Nuestra preocupación radica en que hemos recibido información sobre dificultades en la implementación del programa, debido a que beneficiarios sufrieron reducciones en sus prestaciones, y en algunos casos se evidencia la nula prestación", sostuvo la diputada provincial.

De la misma manera, la solicitud presentada por la diputada bonaerense, detalla que “este programa debe desarrollar un sistema de monitoreo de satisfacción de usuarios, con representación provincial, para contar con información de acceso, cobertura y calidad de atención”.

El Ministerio de Salud de la Provincia por delegación del mismo Ministerio de Nación, es el encargado de gestionar el Programa Federal salud “Incluir Salud”, a través del cual debe brindar atención médico integral a sus afiliados, con el objeto de garantizar la recuperación médica y el derecho a alcanzar prestaciones conformes a los objetivos del Plan Médico Obligatorio.

La cobertura planificada del programa tiene como objetivo alcanzar a las personas que poseen una pensión graciable o una pensión no contributiva, como madres de 7 o más hijos, personas con discapacidad, adultos mayores a 70 años en situación de pobreza y beneficiarios por leyes especiales.

Asimismo, la diputada Merquel, aseguró, “creemos que dado lo vulnerable de la población alcanzada por este programa, es  necesario que el gobierno provincial realice ante la Nación todas las gestiones necesarias para normalizar la situación”.

Por último, sostuvo que “la Provincia tiene la responsabilidad de cubrir las necesidades sociales de todos sus habitantes, y más aún de quienes viven de pensiones especiales, por lo que debe garantizar el normal funcionamiento del programa en cuestión”.

Quizá sus dichos respecto que en “cinco minutos” desalojarían cualquier protesta social son los que más repercusiones trajeron, sobre todos en organizaciones sociales, pero debemos tener en cuenta algunas cuestiones que contradicen ese acting de la Ministra, que no se compadece con la carga comunicacional que pretendió imponer a la cuestión. La primera de ellas es lo que concretamente refiere el protocolo:

“Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”.

Aquí no podrá haber cinco minutos, ya que aun, utilizando el procedimiento de flagrancia, debe darse intervención a los magistrados ya que ninguna fuerza puede proceder ante ordenes políticas o por mera y propia voluntad.

La segunda cuestión es política y quizá más controvertida pero menos presente, el protocolo fue aprobado por amplia mayoría de los representantes de cada provincia del Consejo de Seguridad Interior, es decir por representaciones partidarias que abarcan todo el espectro político. La única excepción clara fue la provincia de San Luis que no concurrió a la reunión, es decir el conjunto le cedió esta herramienta al actual gobierno, derogando inclusive una resolución del año 2011.

Resulta paradójico que la primera reunión del Consejo de Seguridad fuera para establecer este protocolo y no para discutir profundamente que hacer con el narcotráfico o con la inseguridad que sigue estando al tope de las exigencias de la sociedad.

Los bonaerenses que tenemos indicadores muy por encima en materia delictual que cualquier jurisdicción provincial que se tome para comparar, esperábamos un poco más. No creemos que las cuestiones de fondo se resuelvan con protocolos. Esperamos ansiosos las definiciones gestuales, y normativas fuertes que empiecen a reconciliar a la sociedad con la política, la justicia y la policía situación que hoy casi deviene utópica, pero no por ello imposible.

Sabemos que no hay atajos pero si políticas de largo plazo que cambien la autogestión policial y deseamos una completa estrategia de prevención social y de seguridad ciudadana centrada en el ámbito de cada uno de los Municipios. Pero a su vez la decisión y la necesidad de conformar mandos únicos respetando esas estrategias particulares, pero uniformes en las acciones de política provincial.

La clave del éxito de reformular la policía, y por ende la seguridad, debe tener como directriz inmediata el control sobre los efectivos y altos mandos. Sus aspectos patrimoniales deben ser públicos ,un nuevo régimen de ética pública policial y declaraciones juradas actualizables, como así la Dirección de Asuntos Internos, organismo encargado de la investigación del accionar de los efectivos debe estar constituida por personal intachable en la tarea de contralor de la policía, con autonomía de investigación previa y obligación de constituirse en querellante, y no un simple organismo que se aboque a los sumarios internos una vez producidos los hechos. Nuevos planes de formación tendientes a recobrar la cuestión vocacional de los ingresantes, donde la policía no debe ser una salida laboral.

Debe existir un compromiso multipartidario de tolerancia cero con la corrupción intra fuerza. Solo dando una señal clara que se acepta el desafió la sociedad apoyará incondicionalmente los cambios, por más que los mismos tarden en producirse dado el estado actual de la situación, pero que no deben limitarse a acciones comunicacionales, en una sociedad que ya demostró reiteradamente su paciencia ,pero también su inconformismo justificado.

*Walter Martello, ex diputado de Buenos Aires, ex miembro del Consejo de Seguridad y autor del libro “20×20, ¿Sin Salida?”

La emblemática banda de rock, La Renga, hace pocas horas anunció en su cuenta oficial de facebook que la municipalidad de San Pedro que gobierna la alianza Cambiemos, no le permite llevar adelante su show programado para el próximo 5 de marzo.

Con más de 11 mil  entradas vendidas la banda que lidera Gustavo Chizo Napoli, no podrá presentarse ante su fiel público.

En el comunicado, La renga expresó su repudio diciendo que "lamentamos y repudiamos la decisión ya que habíamos accedido a todo lo pedido y expuesto por las autoridades para poder realizar el evento, por tal motivo el show ha sido cancelado".

Asimismo informaron que las entradas podrán ser devueltas en los puntos de venta donde se adquirieron a partir del próximo martes 1 de marzo o bien canjearse por entradas para el próximo show.

No es las primera vez que un alcade Pro, no le permite presentarse a un de  las banda más importantes del país.

El 19 de enero del 2013 iban a hacerlo en el Autódromo de Buenos Aires, cuando el ctul presidente de la nación, Mauricio Macri, era jefe de gobierno  no los autorizó.

"En esta ciudad donde se permiten todo tipo de eventos ya sea en el Obelisco, Plaza de Mayo, estadios de fútbol con espectáculos artísticos, musicales, deportivos, religiosos, hasta carreras automovilísticas en la avenida 9 de Julio y donde aparenta haber espacio para todo tipo de expresiones, a nosotros nos hacen sentir que hoy en nuestra ciudad no tenemos lugar", expresaba La Renga en ese momento.

Hoy anunciaron una nueva suspensión en el municipio que Cambiemos gobierna de la mano del intendente Cecilio Salazar.

El  intendente de Malvinas Argentinas y ex jefe de Anses, participó de un plenario de delegados del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI).

El jefe municipal se dirigió a los trabajadores y advirtió que "este gobierno actual atenta contra todas las conquistas de lo que para nosotros han sido los mejores años de la Argentina desde el gobierno de Peron, y son todas las políticas que debemos defender como hemos aprendido en las trincheras que para nosotros son las UDAI".

"Vemos como este gobierno de manera arbitraria ataca los derechos conseguidos y esto no es aceptable, por lo que llamamos y nos sumamos a este reclamo genuino desde Malvinas Argentinas. Agradezco a Ortega (secretario general del sindicato) la invitación y les digo de todo corazón que cuenten con nosotros para dar las batallas necesarias para que todas las políticas logradas no se tiren a la basura de un día para el otro" afirmó Nardini en el plenario de los referentes sindicales.

El encuentro se realizó en la sede del Secasfpi,  y participaron el secretario general del sindicato y anfitrión del encuentro Carlos Ortega, el referente de la Juventud Sindical Hernan Escudero y además del  intendente municipal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

Por su parte, Carlos Ortega, manifestó que "seguiremos haciendo este tipo de encuentros a lo largo y a lo ancho del país. Los hemos convocado para dejar en claro mediante el debate de ideas lo que debemos hacer de aquí en adelante, buscando estrategias conjuntas para ensanchar las espaldas del campo nacional y popular en contra de las políticas que en 60 días nos hacen ver con crudeza lo que es realmente el ajuste y las políticas retrogradas del neoliberalismo"

Ante un auditorio colmado por los mas de 100 delegados presentes provenientes de Capital y el Gran Buenos Aires, en medio de  la ovación, Ortega sintetizó "estamos dispuestos a dar las luchas que haya que dar para defender todos y cada uno de los puestos de trabajo, y no solamente de la Anses".

La interna del Pro provocó la renuncia del directo ejecutivo de Acumar, Amílcar López.

El ministro de Ambiente, el rabino Sergio Bergman quizo designar a l mayoró de los integrantes del Consejo Directivo,  cuando el oganismo está integrado por la provincia de Buenos Aires y la ciudad, demás de Nación.

Esta situación provoco un fuerte disputa interna del rabino con  Emilio Monzó, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

Por esa razón, el titular de Acumar, Amílcar López, que responde a Monzó, presentó su renuncia, junto a una de las representantes de Larreta.

La Autoridad de cuenca Matanza Riachuelo,  ACUMAR,  creado en el año 2006 con el objetivo de realizar planes integrales de saneamiento ambiental, se encuentra paralizado desde noviembre del año pasado debido a la falta de gestión de la nueva administración.

"Hoy estoy presentando la renuncia (a la dirección ejecutiva) Se necesitan decisiones rápidas. Desde 2010 estoy en Acumar y conozco el trabajo (era uno de los representantes de la Ciudad). Sé lo que hay que hacer, pero no puedo seguir adelante si no hay definiciones respecto de las personas y de las políticas", confirmó el director ejecutivo del organismo Amílcar López.

El hasta ayer director ejecutivo, presentó su renuncia porque a dos meses y medio de haber asumido no había consenso para nombrar el resto de los equipos. El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, presidente de la entidad en su carácter de ministro aseguró que le ofrecerán a López seguir a la cabeza del equipo técnico.

Por su parte, Sergio Bergmán afirmó que él asumirá la presidencia de Acumar, el ministro de medio ambiente expresó "yo voy a asumir la presidencia del Acumar, no podemos desaprovechar la oportunidad única de la Ciudad, la Provincia y la Nación tenemos la misma conducción".

Mientras tanto, la gestión de la Acumar está casi paralizada desde noviembre pasado. De hecho, todavía hay funcionarios de la gestión anterior que aún siguen en sus puestos y oficinas ya que son los únicos que tienen las firmas necesarias para poder trabajar todos los días.

El organismo, que cuenta con 1000 empleados, debe decidir antes de fin de mes la continuidad de varios convenios con universidades y con entes que permitan seguir el trabajo que se realiza, por ejemplo, en la limpieza de márgenes.

Eso, sin contar con el cumplimiento de la manda judicial que pidió a la Acumar la readecuación del plan de saneamiento y que debía ser presentado este mes.

El Municipio de Malvinas Argentinas radicó una denuncia penal ante la Oficina de Denuncias de las Fiscalías Descentralizadas de Malvinas Argentinas, dependiente de la Fiscalía General de San Martín, contra Néstor Berardozzi, ex director general de Inspecciones de la gestión comandada por Jesús Cariglino.

La denuncia llega luego de que un comerciante, al que Bromatología le clausuró el local por diversas irregularidades, contara en su descargo ante un funcionario municipal que “pasaba los controles sin ningún problema debido a que mensualmente entregaba un canon", y le compraba cerdos a un intermediario que respondía a Berardozzi.

El hecho se origina en uno de los controles bromatológicos habituales que hace la actual gestión, donde se inspeccionó un comercio de la localidad de Los Polvorines dedicado a la venta avícola. Allí se encontró mercadería no apta para el consumo humano, cámaras frigoríficas en mal estado y con óxido, contaminación cruzada y moho en las paredes. Por este motivo, la Dirección General de Bromatología procedió a decomisar la mercadería y clausurar el local.

Tal como indica el procedimiento, el titular de la firma clausurada concurrió a la Dirección de Faltas para dar su descargo por la situación de su comercio. En ese momento el comerciante dijo que no contaba con la documentación obligatoria y que se sentía cómodo trabajando sin regularizar su situación, porque para pasar los controles municipales, con la anterior gestión, debía entregar 12 cajones de pollo por mes y 1000 pesos en efectivo, que se abonaba para poder realizar el reparto de mercadería, a un intermediario del ex director general de Inspecciones de Jesús Cariglino.

Esta modalidad se desarrolló, al menos, durante los últimos 5 años y sucedía con diversos comercios, según detalló el comerciante, que dejó un listado con dichos negocios.

Néstor Berardozzi fue designado por Cariglino titular de la Dirección de Inspecciones mediante el decreto 454/06. Era quien debía cuidar que los locales comerciales estén en regla.

El Gobierno nacional parece reactivar su plan de despidos masivos en el Estado y ya comienza a dar señales en ese sentido. Hoy fue el propio ministro de Modernización, Andrés Ibarra, el que admitió que se vienen más "no renovaciones" en lo que será una segunda ola de cesantías.

Ibarra señaló que "puede haber más casos a los que no se renueve" contratos en el Estado y explicó que desde el Gobierno nacional se impusieron "tres meses para poder hacer un análisis en cada una de las áreas de gobierno".

En declaraciones a la radio La Red, el funcionario indicó que "podría haber más cesanteados si hay contratos que no cumplen funciones especificas o tienen origen de militancia financiada con dinero público".

Esa idea de ñoquis o de "aguantadero dela política", como lo definió ayer el propio Mauricio Macri, es la figura predilecta de Cambiemos para justificar las cesantías masivas.

Además justificó la baja de los convenios entre el Estado y las Universidades para el funcionamiento de distintos entes. "El Estado Nacional no sabe cuántos empleados tiene en esos convenios", afirmó Ibarra para explicar porqué fueron dados de baja.