El titular del Grupo Bapro e intendente de Vicente López, Jorge Macri, reunió a jefes comunales de Cambiemos y, con la excusa de ofrecer herramientas financieras para sus comunas, reforzó su figura dentro de la interna del frente gobernante.

El primo del presidente Mauricio Macri citó a sus pares de Cambiemos en la sede porteña del grupo, donde les ofreció “las herramientas necesarias para equipar sus municipios y que de esa forma puedan llevar mejores servicios a los vecinos”.

“Nuestro desafío es desarrollar instrumentos precisos y concretos que permitan avanzar con la obra pública y privada que necesita la Provincia, con servicios de agua y cloacas para más familias, y con el mantenimiento de los circuitos viales y corredores productivos de cada uno de los partidos”, indicó Macri.

Por su parte, el intendente de La Madrid, Martín Randazzo, indicó que “estamos trabajando en la obtención de vías de financiamiento que posibiliten mejorar el parque automotor municipal para, de esta manera, incrementar la calidad de los servicios que el municipio brinda a la comunidad”.

De la reunión participaron también los intendentes de Cambiemos Javier Reynoso (Rivadavia), Roberto Palacio (Coronel Suárez); Mariano Uset (Coronel Rosales), Facundo Castelli (Puán), Sergio Bordoni (Tornquist), Miguel Fernández (Trenque Lauquen), Héctor Gay (Bahía Blanca), Eduardo Campana (General Villegas), Vicente Gatica (Bragado), Pablo Petrecca (Junín), Mariano Barroso (9 de Julio), Martín Yeza (Pinamar), José Zara (Patagones), y Ezequiel Galli (Olavarría).

En las últimos días, Macri recibió además a intendentes de la segunda y tercera sección, a quienes también les transmitió la intención del Grupo Provincia en cuanto a poner a disposición de sus municipios las herramientas del holding.

Al margen de las herramientas financieras, la reunión sirvió para reforzar la figura de Macri dentro de la interna de Cambiemos. El primo del presidente mantiene un frente “independiente” de la Gobernadora María Eugenia Vidal, pero a la vez puja con varios pares por el control del espacio, como es el caso del intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Se encendió la alarma en Zárate por la ola de despidos que cunde en la región y en el país. Por ello fue el propio jefe comunal el que inició un diálogo político con los distintos sectores para buscar apaciguar la situación que ya se siente en las ventas minoristas.

En conferencia de prensa, el Intendente Cáffaro habló de “ola de despidos” y que “hay un impacto negativo también en el sector privado, directa o indirectamente esta situación va a afectar a los vecinos”.

“Es mi obligación como Intendente ponerme a la cabeza del diálogo y del consenso con todos los sectores políticos. Aquí lo primordial es conservar las fuentes de trabajo de nuestros vecinos”, concluyó.

Cáffaro también adelantó también que invitará a los intendentes de la región para que se sumen a garantizar la continuidad de las obras en Atucha y del Plan Nuclear Argentino.

En la zona además hubo despidos en el Grupo Techint y hay un conflicto abierto por la falta de pago de Vialco con los trabajadores agremiados en la UOCRA.

Luego, el diputado De Vido dijo que el nuevo gobierno está desguazando el Estado y que “a Atucha la hizo el pueblo de Lima y Zárate, no Julio De Vido o Cristina Fernández de Kirchner”, y que el Plan Nuclear fue aprobado por el Congreso.

También, el diputado Furlán destacó que el presidente Macri no habló nunca sobre su plan industrial y que hasta ahora todas las medidas tomadas fueron en desmedro de los trabajadores.

Finalmente, el legislador provincial Marcelo Torres anunció que le pedirán a la gobernadora María Eugenia Vidal que trate este tema en la legislatura provincial.

En declaraciones a una radio local, Pablo Martín, presidente del Centro de Comercios e Industrias de Zárate, remarcó que "han caído las ventas en nuestra región y en Zárate, ha sido más que el promedio nacional que mencionó CAME", el cuál es de un 4,5%.

Martín sostuvo que "se vendió un 6% menos con respecto a febrero de 2015, siempre hablando en volumen de venta" y anticipó que el mes de marzo "será mas notable la caída" anticipando serios problemas que "ya se ven con los locales vacíos en el Centro Comercial que indican cierres y perdidas de puestos de trabajo".

Un grupo de economistas que forman parte del colectivo Economía Política Para La Argentina (EPPA) publicaron una solicitada en donde rechazan el acuerdo con los fondos buitres y consideran que se trata de un camino de regreso a las recetas de ajuste del Fondo Monetario Internacional.

En declaraciones radiales, Santiago Fraschina, uno de los firmantes de la solicitada, contó porqué los economistas del colectivo EPPA están en contra del acuerdo “usurario”  con los fondos buitre.

“Vemos que se va a tirar por la borda la mayor restructuración de la deuda que se logró bajo el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Es justamente el triunfo de los buitres; se está legitimando una estrategia especulativa, que no sólo le va a generar problemas a la economía argentina sino a todo el mundo, porque va a legitimar la prevalencia de los financieros sobre la producción y el trabajo”, explicó Fraschina.

En tanto, consideró que “el problema más grande es que nos va a llevar a una ola de endeudamiento eterno para tratar de que la velocidad del ajuste sea más lento, significa patear para más adelante el ajuste de shock, mientras tanto van a ir ajustando con devaluaciones y reducción del gasto público”.

“Hay que contextualizarlo en el modelo que está instaurando el gobierno de Cambiemos, lo que es mucho más trágico”, remarcó.

La solicitada fue firmada además por funcionarios del anterior gobierno del Frente para la Victoria, es el caso de Alejandro Vanoli, Augusto Costa, José Sbattella, Paula Español, entre otros. También acompañan el documento académicos de las ciencias sociales.

A continuación, el texto completo de la solicitada:

SOLICITADA

EN DEFENSA DE LA LEGISLACIÓN SOBERANA Y EL DESENDEUDAMIENTO

Un nuevo ciclo de endeudamiento ha comenzado en nuestro país. Se ha puesto en marcha con los 5.000 millones de dólares que el BCRA canjeó con bancos privados (Megacanje II autorizado por el DNU del 22 de diciembre) y se profundizará con la emisión de bonos por 15.000 millones de dólares que nunca ingresarán a la Argentina. La rendición ante los Fondos Buitres será sólo uno de los pasos que vendrán a completar la saga de la mega-devaluación, los despidos, el ajuste y el tarifazo, y que tendrá continuidad con la vuelta al Fondo Monetario Internacional.

Por ello solicitamos y manifestamos:

Respetar el acuerdo realizado con el 93% de bonistas que aceptaron la restructuración de la deuda y con ella, la quita cercana al 70%: la más grande de la historia. Quienes entraron aceptaron cobrar 0,30 centavos por cada dólar, mientras que los fondos buitres piden cobrar 4 dólares, luego de haber pagado 0,25 centavos de dólar.

Respetar los principios de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas soberanas, rechazando la derogación de la Ley de Orden Público  Nº 27.207, apoyada por 136 países.

Rechazar el ofrecimiento a los fondos buitres y solicitar al Gobierno Nacional que negocie con firmeza con el 7% que decidió no aceptar una oferta que no hipoteque el futuro de nuestro país y nos lleve a una crisis económica, social y política, como la que desató el último ciclo de endeudamiento externo, que comenzó el 24 de marzo de 1976 y culminó con el estallido de 2001.

Rechazar la derogación de la Ley Cerrojo Nº 26.017, dictada en consideración a la Ley 25.827, el Decreto 1735/2004 y la Ley  de Pago Soberano Nº 26.984 del 2014, puesto que eso constituye el paso necesario para poder realizar el pago en efectivo a los fondos buitres y comenzar el nuevo ciclo de endeudamiento externo.

Alertar enfáticamente sobre los riesgos legales futuros que puede acarrear esta oferta y la legitimación de las ganancias extraordinarias (1600%) a los fondos buitres ante la posibilidad de que el 93% restante busque un acuerdo similar.

Rechazar la derogación de la Ley  de Pago Soberano Nº 26.984 del 2014. Por su intermedio se reemplazó al Bank of New York por Nación Fideicomisos, permitiendo el pago en Buenos Aires de la deuda reestructurada. Asimismo, la ley creó una comisión bicameral para investigar el origen de la deuda externa, desde la última dictadura hasta las reestructuración de 2005 y 2010.

Rechazar el endeudamiento por 15 o 20.000 millones de dólares, comparable con el proceso de endeudamiento de los 90; y del pago a los servicios y comisiones a los bancos operantes: HSBC, JP Morgan, Santander, Deutsche, BBVA, Citi y UBS.

Exigir que se informe pública y detalladamente el monto de las comisiones y honorarios que, por todo concepto, se abonará a los bancos, abogados y mediadores, a fin de evitar el pago de sumas indebidas, como ocurrió con el Megacanje I del gobierno de De la Rúa, por el que se encuentra procesado el actual Presidente del BCRA, Federico Sturzenegger.

Denunciar la manifiesta incompatibilidad por parte de los actuales funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas para encarar la mayor emisión de deuda por parte de un país en desarrollo en los últimos 20 años, con los mismos agentes financieros que fueron sus empleadores en el pasado reciente.

Denunciar que este intento de retomar la espiral del endeudamiento está enmarcado en una política económica que, en menos de 100 días, se concentró en destruir puestos de trabajo, reducir el salario real y hacer pesar sobre las mayorías populares una redistribución brutal de ingresos a favor de los sectores más concentrados de la economía.

Denunciar que el Gobierno no ha sido capaz de desatar la tan prometida lluvia de dólares esperada luego de una mega-devaluación que licuó el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de los argentinos y que necesita acudir al mercado internacional de capitales para tapar temporariamente la manifiesta inconsistencia del plan económico puesto en marcha el 10 de diciembre de 2015.

La diputada nacional Teresa García (FpV) dijo que "el Frente para la Victoria tendrá su propio dictamen por la minoría" sobre el acuerdo con los fondos buitres, del que dijo que "es sin límite: van a hacer un pago caníbal en efectivo y no garantizan que el 93 por ciento de los bonistas que entraron en el canje anterior no hagan una demanda para pedir equidad en el tratamiento".

García se sumó también a los dichos del presidente de bloque del FpV, Héctor Recalde, y confirmó que "el día de la sesión nuestro bloque no dará quorum", "usaremos ese instrumento legislativo y esperaremos que Cambiemos reúna su propio quorum junto a sus aliados".

Si la sesión se inicia "entraremos a dar la discusión y a votar nuestro dictamen en minoría", explicó la legisladora.

"Es un proyecto que va a endeudar el país por más de 25 mil millones de dólares con la posibilidad de que se siga endeudando", enfatizó en declaraciones García a FM Latina y agregó "se quejaban del tratamiento acelerado que hacíamos nosotros y ellos lo hacen súper acelerado, tratándolo en 20 horas".

El bloque oficialista pretende que la iniciativa se debata en el recinto el próximo jueves.

Organismos de Derechos Humanos, legisladores provinciales y organizaciones políticas y sociales participaron de una conferencia de prensa junto a los familiares de Gabriel Blanco, ante el inicio del juicio oral y público contra los policías bonaerenses acusados por el homicidio del joven hallado muerto en una comisaría de La Matanza, en marzo de 2007.

Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del partido de La Matanza, José Shulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y  el diputado del Frente para la Victoria Miguel Funes, junto a miembros de H.I.J.O.S; Suteba de La Matanza; Nuevo Encuentro y La Cámpora, entre otras agrupaciones, acompañaron el reclamo de justicia de la familia Blanco.

Durante su intervención, Cortiñas expresó que "la prueba irrefutable que Gabriel Blanco fue asesinado es imposible de disfrazar" y que en este caso, como en el Luciano Arruga y tantos otros, los poderes fueron cómplices". Dijo que "las Madres estaremos en la calle el próximo 16 de marzo cuando comience el juicio y el 24, cuando se cumplan cuarenta años del último golpe". "Siempre acompañaremos a las víctimas de violencia institucional y a la Asamblea porque peleamos por Memoria, Verdad y Justicia", agregó.

Por su parte, Pimentel afirmó que "no puede haber un retroceso en el empoderamiento de derechos; en la gestión gubernamental anterior tuvimos una relación independiente, como la tuvimos siempre. Hemos dicho lo que estaba bien y lo que estuvo mal, como los casos de Jorge Julio López y Luciano Arruga, por ejemplo. Pero habían alguien con quien hablar. Hoy no tenemos con quién. Ahora, sólo reciben a algunos organismos porque viene de visita un presidente extranjero".

Respecto de las últimas decisiones del Tribunal Oral Criminal 5, que actúa en este caso, Pimentel contó que "a los tres policías acusados se les negó la prisión domiciliaria durante años. Sin embargo, en diciembre pasado, con el cambio de gestión nacional y provincial, les dieron ese beneficio, además de declarar la nulidad de la reconstrucción del hecho que había realizado Gendarmería".

En tanto que el abogado de los familiares de la víctima, Alejandro Bois, sostuvo que "es difícil lograr verdad y justicia con jueces más propensos a estar cerca de las agencias de seguridad".

Como antecedentes del TOC 5, Bois recordó que es el mismo que falló "en el caso de Gastón Duffau, torturado por la policía, y absolvió a los cinco efectivos acusados; también intervino en la causa de Lucas Navarro, señalado como participe en un robo y que fue linchado por cinco vecinos, a quienes el Tribunal dejó libres por el beneficio de la duda".

El juicio oral y público por la muerte de Gabriel Blanco en un destacamento policial comenzará el próximo 16 de marzo y tiene cinco efectivos acusados, tres de los cuales tuvieron prisión preventiva hasta finales de diciembre de 2015 pero fueron dejados en libertad, aún con peligro de fuga, por el mismo Tribunal que debe juzgarlos.

Docentes de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires expresan desde ayer su descontento en las redes sociales y en las seccionales de de los gremios al ser informados que este mes no se percibirá la recomposición salarial anunciada en negociaciones paritarias.

“Es inadmisible que se nos explique que no llegan a tiempo a ‘cargar’ el aumento”, dijo el secretario Adjunto de UDOCBA, Alejandro Salcedo, en declaraciones radiales.

"Con el avance tecnológico e informático suena a excusa que nos digan que no pueden liquidar lo que corresponde”, agregó.

“Pretenden que esperemos otro mes. Es inaceptable, máxime cuando además UDOCBA rechazó la propuesta por insuficiente. Nos están llegando informes de todos los rincones de la provincia, de docentes enojados, enfurecidos. Plantean medidas de fuerza inmediatas”, añadió el gremialista.

Por su parte el secretario General de UDOCBA, Miguel Diaz, hizo pública ayer una “Carta abierta a la Gobernadora Vidal” en la que apela a la sensibilidad de la mandataria:

"…la vimos a Usted anunciar, con el rostro visiblemente emocionado, que finalmente las clases empezaban, que se había hecho “el mejor esfuerzo” que al final “se puede”, que “la educación es una prioridad” en su gestión…", rearcó Diaz.

"Pero no. Otra vez somos postergados. Nuevamente fuimos defraudados…”, disparó.

UDOCBA había reclamado que continúen las negociaciones paritarias porque la recomposición salarial propuesta no impacta sustantivamente en la escala salarial, ni en la antigüedad, ni en los haberes jubilatorios. El gremio prevé convocar a asambleas de afiliados en breve para decidir las medidas a desarrollar.