La recolección de basura es un tema delicado y un negocio ansiado en el conurbano bonaerense. La pelea por quedarse con él desató arduas disputas en la mayoría de los distritos y el foco la semana pasa estuvo en Esteban Echeverría.

En ese contexto, Fernando Gray habló sobre el piquete de Camioneros que duró 5 días y paralizó la recolección de residuos en el municipio. Para el alcalde, detrás de la medida de fuerza y la protesta del gremio de Camioneros, estuvo la empresa Covelia SA: “la empresa quería cobrarnos el doble de lo que estábamos pagando”.

Desde hace mucho se sospecha de la relación cercana que existe entre Covelia y el titular del Sindicato de Choferes de Camiones Hugo Moyano.

“Mientras mucha gente está pagando casi el doble por muchas cosas que son necesarias para vivir, como el gas, la luz o el transporte, si nosotros nos dejábamos cobrar el doble, íbamos a tener que aumentar entre 50% y 70% las tasas municipales”, dijo Gray .

“Hay momentos en la vida y en la gestión que alguien se tiene que plantar. Y yo me planté, y dije que un aumento del 100% no”, agregó.

El intendente se refirió también a los trabajadores concentrados en la Plaza Mitre, con quienes además dialogó tres de los cuatro días de paro, frente a frente, para garantizar puestos de trabajo. “Fue una especie de lock out, porque fue de la empresa no de los trabajadores. Nosotros teníamos el servicio al día, no les debíamos ni un centavo”, explicó.

"Nos sentimos con una gran responsabilidad de lo que pasa en el Gobierno, independientemente de los espacios políticos que ocupemos", manifestó el diputado Miguel Bazze en declaraciones publicadas esta mañana por un matutino porteño.

Sin embargo, indicó que la mayor preocupación del radicalismo "es que el gobierno pueda mostrar resultados a la sociedad".

El legislador bonaerense resaltó el aporte de funcionarios que el radicalismo realiza en todo el país "porque tenemos gente con mucha solvencia podríamos estar con una mayor presencia".

"Pero no nos equivocamos, nuestra mayor preocupación es que el gobierno pueda mostrar resultados a la sociedad. Sería bajarle mucho la calidad al partido si se pretendiera convertirlo en una agencia de colocaciones", indicó.

"La prioridad del gobierno debe ser dar una respuesta urgente a los sectores de medios y bajos ingresos", agregó.

El ex oficial Nicolás Massi, titular de Sipoba, explicó que "vamos a manifestar el día 14 a las 10 en la plaza San Martín, ubicada en frente a la Gobernación", pero aclaró que "no se suspenderán los servicios de seguridad ni la atención a la gente".

"El desencadenante es el tema salarial. Hay una actitud prepotente y mentirosa del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, que dijo una cosa e hizo otra porque el aumento salarial que nos dio es la nada misma", precisó y añadió que "es menor que el de los maestros".

La semana pasada el gobierno bonaerense anunció un aumento salarial para los efectivos policiales que, en promedio, llega al 25% anual y el ministro de Seguridad anticipó un sueldo mínimo "de alrededor de 15.500 pesos".

No obstante, Massi dijo que los efectivos que participarán de la protesta analizaron que "el anuncio oficial no se condice con las escalas salariales que se difundieron" y agregó que "nuestro sueldo queda en 14.300 pesos mientras que un policía de la la Policía Metropolitana era de 17.300 pesos en julio de 2015; y a ellos les darán ahora un 20 o 25 de aumento, con lo cual quedaríamos un 50 o 70 por ciento abajo".

"Los policías de la Metropolitana trabajan menos horas, corren menos peligro y trabajan sobre un radio menor de acción. La cantidad de muertos que tiene la provincia anualmente es el 60% del total de oficiales fallecidos en servicio país", concluyó.

El escándalo de los Panamá Papers no deja de traerle dolores de cabeza a Mauricio Macri. Es que día a día se conocen más vínculos entre sus negocios privados y las firmas offshore sospechadas en todo el mundo de hacer maniobras oscuras en guaridas fiscales.

En lugar de menguar el problema sigue en crecimiento. Con el paso de los días la cantidad de sociedades offshores registradas en paraísos fiscales continúa creciendo.

Ahora se conoció que el pasado 19 de febrero, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó la transferencia de las acciones que el máximo mandatario poseía en la empresa Yacylec S.A a Sideco Americana S.A, sociedad que se encuentra registrada en Panamá, uno de los principales paraísos fiscales del mundo y ahora centro de las miradas internacionales tras la filtración masiva de papeles..

Y casualmente, según consigna el portal El Destape, la lista de los integrantes de esa sociedad offshore coincide con los principales hombres de confianza de Franco Macri, el padre del presidente. Es más algunos de ellos también estuvieron involucrados en la causa de triangulación de activos, en la cual también estuvo procesado Mauricio Macri.

Según consta en el registro público de Panamá, Eloy Alfaro de Alba fue uno de los agentes que hizo la empresa, un hombre poderoso de Panamá, que llegó incluso a ser embajador en los Estados Unidos.

Felipe Santiago Tapia Castillo, otro de los integrantes pareciera ser una persona ficticia, a raíz de que ocupa varios puestos similares y en lapsos de tiempos cronológicamente imposibles: ostenta actualmente cinco puestos diferentes como suscriptor, director, vice-presidente, secretario y presidente en mil empresas de Panamá, Colón (Panamá).

Los otros mencionados en el directorio son Roberto Ringhini (Tesorero), hombre designado por el Grupo Macri en la Comisión Vial del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, cuando como Ministro del menemismo, Roberto Dromi, le otorgó a los Macr el 11% de las concesiones de rutas nacionales.

También aparece Miguel Angel Pucci (Vicepresidente), quien fuera director de SEVEL cuando en el 2000 Franco y Mauricio Macri fueron procesados por contrabando de auto partes y vehículos.

Luis Da Costa (Secretario), otro ex directivo de SEVEL y procesado junto a Mauricio Macri por "contrabando agravado".

Y finalmente Eloy Alfaro de Alba (Suscriptor) un abogado, ex Embajador de Panamá ante Casa Blanca, ex Magistrado de Corte Suprema de Justicia, ex Director de la Autoridad del Canal de Panamá.

El presidente de la nación, Mauricio Macri, recibió casi 3 millones de pesos como aportes privados para financiar su campaña para las elecciones presidenciales del año pasado.

La ley de financiamiento prohíbe que empresas concesionarias de gobiernos aporten dinero a los candidatos, no obstante, la Cámara Nacional Electoral informó recientemente que Macri recibió donaciones de integrantes de compañías, muchos de ellos con altos cargos jerárquicos, según el sitio web Chequeado.

Especialistas en financiamiento político han coincidido en que el dinero en negro que mueven las campañas en Argentina es mucho mayor al declarado oficialmente, sin embargo, el último proceso electoral de ese país reveló un fenómeno muy llamativo, y es que ni siquiera cerraron las cuentas "en blanco" que los partidos declararon haber gastado.

En ese sentido, la fuente indica que alrededor de 3 millones de pesos para la campaña de Macri fueron aportados por gerentes y empleados de empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y gobiernos provinciales, un hecho que entra en conflicto con la ley de financiamiento.

El portal web Chequeado, detalla que al menos 33 integrantes de agencias de publicidad; 20 miembros de empresas de seguridad privada; siete empleados ligados con una constructora y cuatro gerentes de una empresa de higiene urbana, todas vinculadas a la gestión porteña o en provincias, aportaron 2,7 millones de pesos (alrededor de 186 mil 570), en la carrera de Macri hacia la Casa Rosada.

Al sumar esta cantidad a los aportes de personas con altos cargos directivos vinculados con empresas, que actualmente no son concesionarias de gobiernos, el monto recibido por la fórmula de Mauricio Macri alcanza al menos los cinco millones de pesos.

el sitio web asegura que a pesar de las pruebas aportadas por el Cuerpo de Auditores de la Nación en diferentes casos, hasta el momento ningún juez o fiscal federal ha avanzado en forma significativa en la investigación de partidos o candidatos por este tipo de irregularidades.

Además se realizó un análisis detallado de los 849 nombres de los donantes que figuran en el informe financiero, donde se especifica los montos declarados por Macri en las elecciones primarias:

-Seguridad privada: la fórmula Macri declaró haber recibido 875 mil pesos (unos 60 mil 462 dólares) por parte de personas vinculadas con Briefing Security-Impes UTE (unión transitoria de empresas), Murata SA, Verini Security SA y Yusion SRL, empresas de seguridad que desde 2011 se reparten el negocio de la custodia de los edificios públicos porteños.

De los 20 empleados que figuran como aportantes, se destacan ocho de Briefing Security-Impes, todos ellos con altos cargos directivos, que aportaron 320 mil pesos (alrededor de 22 mil 112 dólares).

También figuran siete representantes de la empresa Murata, quienes aportaron 295 mil pesos (unos 20 mil 384 dólares).

-Publicidad: Los empresarios mendocinos Adrián Dalla Torre, Jorge Reale y Roberto Fernando Reale aportaron 285 mil pesos (19 mil 693 dólares) para la campaña de Macri. Son socios en Reale-Dalla Torre Consultores, empresa que creó “la imagen y la marca de la Policía Metropolitana” y además distribuyeron parte de la pauta publicitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los aportantes también se destacan varios gerentes de la empresa Publicidad Sarmiento, ganadora de la licitación del mobiliario urbano porteño, incluyendo nombres como el de Oscar Contreras, gerente de Operaciones; Raúl Menéndez, jefe de Locaciones y Santiago Terranova, socio director, todos ellos con 50 mil pesos cada uno (3 mil 455 dólares).

Al ser consultado por chequeado.com, Raúl Menéndez negó haber puesto plata para la campaña, además, otra de las personas empleadas en Publicidad Sarmiento, que pidió el anonimato, confirmó que tampoco hizo el aporte que figura en el informe financiero de campaña.

-Higiene urbana: Cuatro empleados de la firma cordobesa Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL, más conocida como Econovo, pusieron 180 mil pesos (12 mil 438 dólares) para la fórmula Macri. De igual manera, Econovo fue contratada en su momento por la empresa estatal Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE) para la provisión de camiones de recolección de residuos, negocio que continuó con Lusa y Cotreco, las dos empresas que operan el servicio en la ciudad de Córdoba.

Estos tres grupos de aportantes suman 2.145.000 pesos y representan el 10% del total de las donaciones privadas que Macri recibió en las elecciones primarias.

A través de un comunicado firmado por el colectivo Economía Política Para la Argentina (EPPA), diferentes personalidades de las ciencias económicas y sociales manifestaron su rechazo a la citación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a declaración indagatoria el miércoles por parte del juez federal Claudio Bonadío.

En el texto divulgado por los académicos se indica en forma de introducción: “Nos solidarizamos con los compañeros y compañeras que están siendo perseguidos por haber cumplido las funciones que les tocaron, con dedicación y honestidad, para defender siempre los intereses populares en la trinchera de la patria”.

Además manifiestan: “Repudiar enérgicamente la acusación a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex Ministro Julio De Vido, en el marco de la investigación amañada por Guillermo Marijuan, un fiscal faccioso que responde a las corporaciones económicas que quieren instalar la violencia política en la Argentina”.

Siguiendo esa línea, los firmantes del comunicado firmado por EPPA también repudian “el procesamiento y la persecución judicial de José Sbatella que, desde la dirección de la Unidad de Investigación Financiera, desarrolló el poder de regulación y control estatal para mitigar las consecuencias del comportamiento fugador y fraudulento de gran parte del capital concentrado de la Argentina”.

En el texto además se denuncia el desmantelamiento de la UIF por parte de la actual gestión de gobierno y critican el nombramiento de una funcionaria del Banco HSBC, “de connotados antecedentes como lavador de activos, facilitador de la evasión impositiva, la fuga de capitales y la violación de las normas regulatorias del sistema financiero en la Argentina y en el mundo”, como el comportamiento del juez Claudio Bonadío, “que arrastra decenas de denuncias por un escabroso cúmulo de actos impropios para un juez de la Nación”.

Para finalizar, el comunicado exige “la presencia de Macri ante el Congreso para aclarar su vinculación con las empresas fantasmas en el paraíso fiscal de Panamá, respondiendo las preguntas de los diputados allí presentes” y rechazan el uso corporativo y político del Poder Judicial, y la manipulación de la información desde los medios hegemónicos para ocultar y proteger al gobierno de Cambiemos de la crisis económica producida por el ajuste a la economía del país”.