Ley antidespidos, veto y después. Es que Pilar parece ser un miniatura de lo que ocurre en el país y Nicolás Ducoté, su intendente, un pequeño manual de Cambiemos ilustrado.

En los últimos meses, tres empresas de la localidad de Villa Rosa, perteneciente al partido de Pilar, adoptaron medidas de recorte debido a la baja en la demanda de sus productos y, tras el veto a la emergencia ocupacional sancionada en el distrito, no hay herramientas para contenerlo.

Al respecto, el concejal y miembro de la Cámara de Comercio de Villa Rosa, Nicolás Darget, precisó que son más de 250 despidos y varias suspensiones que afectan a empleados de las firmas y consideró esta situación como crítica para la región.

“Concretamente fueron en el corredor industrial de Villa Rosa, que es el segundo en importancia en Pilar, y es preocupante porque está marcando cómo viene la actividad económica en función de las últimas políticas que ha tomado el gobierno nacional”, puntualizó Darget en conversación con FM Del Sol reproducidas por el portal Infogeu.

El concejal resaltó que una de las empresas responsables, relacionada al rubro de la energía eléctrica, ha tenido que licenciar a un tercio de su empresa “por la suspensión de obras públicas nacionales”. Además, otra industria, relacionada al comercio de cerámica, “ha suspendido uno de los hornos y desvinculó a más de 120 personas en los últimos meses”.

“La situación es más preocupante teniendo en cuenta que he hablado con algunos de los miembros de Recursos Humanos de las empresas y me comentaron que la situación es insostenible porque con el nivel de demanda que tienen, no pueden sostener el personal”, reveló Darget.

Para el concejal, este escenario repercutirá en las ramas de la economía pilarense, dado que al haber menos obreros trabajando “es lógico que va a haber menos consumo en el comercio de la zona”.

El diputado nacional y presidente de la UCR bonaerense, Ricardo Alfonsín, manifestó hoy su enojo por no haber sido informado sobre un acuerdo -entre el Frente Renovador y Cambiemos- para eliminar la reelección indefinida de intendentes en la provincia.

En el mismo tono, Alfonsín negó que en la última reunión del Comité Nacional de la UCR se hubieran exigido "más espacios para el radicalismo en el gobierno nacional", especialmente en la Cancillería; y al mismo tiempo rechazó que desde Cambiemos se esté trabajando en un proyecto de reforma electoral.

En un comunicado enviado a los medios, Alfonsín expresó que "sin la pretensión de abrir juicio acerca de los contenidos del mismo, me siento obligado a aclarar que el Comité de la Provincia de Buenos Aires no tiene conocimiento alguno acerca de la la existencia de ese acuerdo. Obviamente, tampoco de sus términos. Es incorrecto pues, decir que el acuerdo en cuestión, de ser cierto, ha sido celebrado por Cambiemos".

El proyecto busca también acabar con las reelecciones indefinidas de legisladores y concejales, y plantea la incompatibilidad de que una misma persona ocupe dos cargos en la administración pública.

Alfonsín negó que "en la reunión del Comité Nacional del jueves pasado haya habido manifestaciones respecto de pretensiones de ocupar espacios de poder en el gobierno nacional, ni sobre aspiraciones partidarias respecto de la Cancillería". Algunas versiones indicaban que el radical Ernesto Sanz pretende ocupar el lugar de Susana Malcorra si resulta designada para presidir la ONU.

El presidente de la UCR bonaerense también negó que "el bloque de Cambiemos haya venido trabajando en un proyecto de reforma política que, entre otras cosas, propone modificaciones al sistema de las PASO", para abolir la obligación de votar en esas internas.

"El modelo excluye", afirmó Emilio Pérsico, quien señaló que el Movimiento Evita tiene "un diálogo con el Gobierno para solucionar" una serie de "temas" concretos.

En declaraciones a Radio del Plata, el dirigente que parece haber sido elegido como CEO de las organizaciones sociales por Cambiemos, señaló que a partir de una serie de planteos lograron "que todas las fábricas recuperadas paguen la mitad de los tarifas".

También destacó que "El Gobierno va a bancar parte de la construcción de 600 merenderos" y explicó: "estas cosas no van a resolver temas de fondo. Pero sí tenemos que plantear las cosas y discutirlas".

"La situación social es grave. Se terminaron las changas, ajustaron los bolsillos de los de abajo", advirtió de todos modos Pérsico.

Pérsico se pronunció de esa forma tras el revuelo que generó la foto en la que pudo vérselo cerca del presidente Mauricio Macri en un acto público.

En la imagen, el dirigente social y Secretario General del Movimiento Evita aparecía situado al costado de la tarima desde donde Macri anunció la reanudación de obras en Almirante Brown que habían quedado interrumpidas desde la gestión anterior.

Para reanudar esas obras el Gobierno llegó a un acuerdo con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la organización apadrinada por el Movimiento Evita que representa a los trabajadores informales.

Esa presencia de Pérsico junto a Macri, por más institucional que haya sido (el jefe del Movimiento Evita acudió en su calidad de representante de la CTEP) es interpretada desde los códigos de la ortodoxia kirchnerista como una capitulación ante el "proyecto conservador".

"Le aconsejo fraternalmente a Pérsico no sacrificar la política en aras del aparato", escribió en Twitter hace unos días otro dirigente social ultrakirchernista, el líder de Miles, Luis D Elía.

"Desde el Frente Renovador buscamos revalorizar la política y esta ley es un salto cualitativo institucional que sigue ese camino", afirmó el intendente de General Alvarado, Germán Di Cesare.

Por su parte, Facundo López, Intendente de Necochea, afirmó: "La rotación y renovación es fundamental, son los dos pilares para que los distritos puedan crecer".

En tanto, Guillermo Britos, jefe comunal del Municipio de Chivilcoy, confió en que la Legislatura dará apoyo a la iniciativa y advirtió: "Estoy de acuerdo con que se limiten las reelecciones en la Provincia porque benefician las instituciones y evita el desgaste de los funcionarios".

Asimismo, la intendente massista del distrito de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, celebró el impulso a la iniciativa y consideró que "se acabaron los políticos eternos y esta propuesta renovadora es muy buena para que las gestiones lo planificado".

"No nos podemos amarrar en el poder, hay que darle lugar a los nuevos dirigentes para que crezcan y no volver a vivir lo que

fueron los barones del conurbano bonaerense", sostuvo el intendente, al respaldar la limitación a una sola reelección.

La iniciativa propone que cada intendente, legislador, concejal o consejero escolar podrá estar en su cargo no más de dos mandatos consecutivos.

La funcionaria a cargo de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pidió que se invirtiera más en su dependencia gubernativa para poder afrontar diferentes tareas que van desde lo administrativo hasta lo edilicio.

Según informaron a Télam fuentes del equipo de la Oficina Anticorrupción, Alonso los convocó y les informó que pedirá al ministro de Justicia, Germán Garavano, y a la Casa Rosada "cinco veces más de presupuesto" para poder mantener y acrecentar el ritmo de trabajo, algo que "no será posible con los recursos actuales".

En un crudo sinceramiento, Alonso les dijo que el edificio en donde trabajan (ubicado en la calle Tucumán al 300 en el microcentro porteño) "se han recibido varias advertencias por seguridad edilicia", además de no contar con los resguardos que requiere un equipo que participa de investigaciones de alto voltaje político.

Actualmente, el presupuesto con el que cuenta la Oficina Anticorrupción es de 23 millones de pesos para este año, sumado a 40 millones de pesos recibidos por entes cooperantes (por las tasas e impuestos que cobra el Ministerio de Justicia).

Desde la Oficina Anticorrupción dejaron trascender la "preocupación" por la falta de espacio para trabajar en esta nueva etapa: "Durante ocho años este lugar estuvo planchado y ahora no hay lugar para ubicar expedientes ni sala de reuniones. Hace falta incorporar más personal".

La ex diputada del PRO ya dialogó con el ministro Garavano y ambos analizan la posibilidad de, a largo plazo, converger en un mismo edificio la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la Oficina Anticorrupción, además de avanzar en la descentralización de los organismos (para que sus recursos y autoridades no dependan de la voluntad del jefe del Poder Ejecutivo de turno).

El equipo de investigación de la Oficina Anticorrupción advierte que "aún hay causas de la década del 90" entre las que requieren seguimiento y que el personal actual no alcanza para profundizar en los dos ejes de acción centrales del organismo: la participación en determinadas causas de delitos contra la administración pública y la planificación de políticas de transparencia.

Los encargados del financiamiento de la Oficina Anticorrupción aseguran que "sin como mínimo duplicar el presupuesto actual", el organismo "ya tocó su techo".

La ministra de Salud, Zulma Ortiz, encendió la polémica cuando la semana pasada dijo “La UPA de Madariaga no existe más”. Sin embargo la institución aún cuenta con 42 profesionales, entre médicos, enfermeros, técnicos y ambulancieros, que por ahora no tienen una tarea específica.

La Unidad de Pronta Atención Nº 19 tendrían que ser un centro de atención a las adicciones, pero todavía no lo es y no queda claro qué argumentos lo impiden.

La información fue reconstruida por el diario El Mensajero de esa localidad. El medio relató ya en varias ocasiones lo que fueron capacitaciones en materia de atención de adictos, aunque el edificio está muy lejos aún de estar adaptado a su nuevo fin. Por eso, los trabajadores de la salud y los vecinos quieren frenar la transformación y que se use la capacidad instalada para tener en el lugar un hospital subzonal o una sala de atención media.

“Esto, para el personal, es sumamente angustiante. Saber que están en un lugar sin poder atender a la gente, que es nuestra vocación, capacitándonos inclusive, pero no saber qué será de la vida de nosotros”, dijo a dicho medio Gabriel Quiroga, coordinador de la UPA, quien fue llevado allí por la gestión Cambiemos y parece que, en contacto con el lugar, se “solidarizó” con la causa.

La situación de la UPA 19, ubicada sobre la Ruta provincial 74, había sido crítica en diciembre con el cambio de administración, cuando el macrismo amagó con jubilarla.

En ese momento, la presión de los profesionales de la salud –que querían mantener su lugar de trabajo– y de los intendentes de la región –que la veían como una ayuda para sus gestiones– hizo que se firmara la continuidad, con el saneamiento de las deudas por salarios atrasados. Pero ahora volvió el miedo al cierre.

Agustina Althabe, una de las empleadas administrativas reclamó seguir con los fines originales del proyecto:. “Seguimos cumpliendo las guardias; todo el personal, desde los médicos, los enfermeros, los de mantenimiento, la gente de farmacia, los administrativos”. También lanzó un desafío: “Todo aquel que desee conocer el UPA 19 está invitado a venir y empaparse en el tema”.

Por ahora, el desmantelamiento de la UPA parece más un capricho de Ortiz que algo surgido de la realidad. Todo indica que la idea es apostar a su fracaso porque fueron inauguradas por Daniel Scioli

La Iglesia advirtió este domingo sobre la "fragilidad de la condición laboral de miles" de argentinos, la desnutrición infantil y la situación de quienes "viven en la miseria y no cubren sus necesidades más elementales", por lo que reclamó a las autoridades "no desoír" estas señales de alarma.

Lo hizo durante la Semana Social en Mar del Plata. que reunió a dirigentes políticos, sindicales, empresarios y laicos. Allí la Comisión Episcopal de Pastoral Social ratificó la importancia del "diálogo y la amistad social" para alcanzar consensos.

"Preocupan la fragilidad de la condición laboral de miles de hermanos y las situaciones de precarización laboral en que están inmersos buena parte de los trabajadores, que no tienen acceso a sus derechos sociales ni protección del Estado y que son señales de alerta que no se pueden desoír", aseveró el documento.

Y siguió "Nos preocupan los rostros concretos de quienes viven en la miseria y no cubren sus necesidades más elementales. Particularmente tuvimos en cuenta la necesidad urgente de una adecuada nutrición infantil".

El organismo episcopal que preside monseñor Jorge Lozano citó el documento de los obispos "El Bicentenario, tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos" y exhortó a "abrir el futuro para una Argentina fraterna y solidaria, pacificada y reconciliada, condiciones capaces de crear una Nación para todos".

Los participantes manifestaron también las urgentes preocupaciones por el cuidado del ambiente, y el combate a la corrupción, el narcotráfico, la adicción a los juegos de azar, como amenazas serias al desarrollo integral y la promoción humana,consigna la agencia de noticias DyN.

Lázaro Báez declaró ante la Justicia que tiene una sociedad con el primo del presidente, Ángelo Calcaterra en una licitación del Estado. Esto desató una vía de investigación que hasta el momento el periodismo y la justicia no había tenido en cuenta.

Según informó el portal de noticias El Destape, Mauricio Macri técnicamente aún es dueño de las acciones de una empresa de su primo Ángelo Calcaterra, quien junto con Báez ganó una licitación del Estado.

Es que el jefe de Estado todavía tiene control sobre la empresa que le habría cedido el grupo SOCMA en 2007 a Calcaterra. Las empresas que fueron cedidas fueron IECSA y Creaurban, con las que Calcaterra forma una unión de empresas llamada ODS.  La forma en la que el primo presidencial le "compra" las empresas fue a través de una prenda de sus acciones. Es decir que los Macri se quedaron con las acciones de ODS en garantía, hasta que esta firma pudiera cancelar la deuda.

Hasta acá todo parece normal, pero un gran detalle revela que las cosas no son como parecen. Esta prenda venció a fines de 2014 pero la deuda no fue cancelada, por lo que Mauricio Macri sigue siendo parte de las empresas de su primo. En este punto hay que destacar que Calcaterra es el tercer mayor contratista del Estado en los últimos años y uno de los socios es Lázaro Báez.

Según la última Declaración Jurada de Macri, el presidente es el dueño de SOCMA, y ésta sigue teniendo dentro de su organigrama a SIDECO, dueña de las acciones de la empresa de Calcaterra, ODS.