El intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, decidió trasladar el acto de jura de la bandera de estudiantes de cuarto grado en la ex Séptima Brigada Aérea, un ex centro clandestino de detención.

Ante la medida del intendente, la organización por los derechos humanos Asociación Seré, como el sindicato de docentes Suteba, y el Frente para la Victoria local, criticaron la decisión “inconsulta” del jefe comunal de Cambiemos de cambiar el lugar en el que se realiza el histórico acto de jura a la bandera de los niños de 4º grado.

Desde el año 2003 el acto de los estudiantes se realizó en la plaza central de la localidad del oeste de la provincia de Buenos Aires, y este año la decisión del alcalde fue trasladarla a la Base Militar de Moron.

Esta postura “no hace más que burlarse de la memoria de los desaparecidos que se comprometieron por una sociedad igualitaria, de los ex detenidos que siguen aportando sus valiosos testimonios y de los familiares que aún esperan hallar los restos de sus seres queridos”, argumentaron desde la Asociación Serè.

Por su parte, Suteba repudió la decisión al manifestar “una enorme preocupación”.

“Es una decisión tomada sin consulta ni diálogo”, dijeron a través de un comunicado, a la vez que argumentaron que el lugar al que Tagliaferro pretende llevar a los niños y sus familias es “un lugar manchado con la sangre de trabajadores, sobre el cual todavía no ha habido el proceso para esclarecer aquellos hechos”.

“No puede ser el lugar más apropiado para convocar a la comunidad educativa para celebrar una fecha patria, que pertenece al pueblo, a sus trabajadores y a sus futuras generaciones”, agregaron.

El bloque de concejales del FpV presentó por su parte, un proyecto de resolución para intimar a Tagliaferro a que “cese en su pretención” de convocar a la comunidad educativa en la Base Aérea, mientras que a través de una carta, padres y madres de algunas escuelas ya anticiparon que no participarán del acto patrio si se lleva cabo en un ex centro clandestino.

El año pasado la jura de la bandera fue uno de los hechos de mayor convocatoria de la comunidad de Morón.

En el marco de la ola de despidos que se vive en la Argentina, la Corte Suprema de la Nación sentenció que solo los sindicatos están autorizados para convocar y realizar huelgas, dejando afuera a los grupos de trabajadores.

Si trabajadores no agremiados intentaran a partir de ahora  realizar el paros estarían actuando fuera de la ley.

La sentencia de la corte, se originó tras el reclamo por parte de un empleado de Correo Argentino a quien despidieron por participar de una medida de fuerza.

Los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda,  determinaron que las protestas de los trabajadores son ilegitimas amparándose  en una forzada interpretación del artículo 14 bis de la Constitución y las normas internacionales sobre derechos humanos solamente le reconocen el derecho de declarar una huelga a los sindicatos.

El fallo desprotege a la gran cantidad de empleados que cumplen tareas tercerizadas, sin representación sindical o representada por sindicatos ajenos a su tarea.

Los miembros de la Corte, sostuvieron que existe "tensión entre derechos de difícil armonización", que involucra "tanto con los derechos del empleador" como "derechos de terceros o de la sociedad que también están amparados por la Constitución Nacional".

En ese sentido,  afirman que "el ejercicio del derecho de huelga al cumplimiento de determinadas condiciones o recaudos", entre los que incluyen que la decisión de las medidas de fuerza "sea adoptada por una asociación gremial".

A su vez, resaltaron que el  fallo contempla el derecho a huelga para sindicatos que gozan de la personería gremial como las asociaciones sindicales simplemente inscriptas.

En el marco del anuncio de la quita del 40% en las tarifas de servicios públicos a los clubes de barrio, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, realizó un discurso que generó malestar en las redes sociales.

En un tramo de su discurso, la gobernadora bonaerense aseguro el valor de la verdad en estos meses hemos tenido que tomar decisiones difíciles diciéndole a los argentinos que era mentira que podían tener luz, que podían tener electricidad que podían tener servicios, si no había tarifas reales", al justificar los aumentos indiscriminados aplicados por el nuevo cuadro tarifario del ministro Juan José Aranguren.

"Sabemos que es difícil y que es un camino duro para muchas familias y hubiéramos preferido no tener que tomar estas decisiones pero tuvimos que sincerar para tener de verdad un camino mejor", resaltó la mandataria de la provincia.

Pero el "sinceramiento" no fue bien recibido por las redes sociales, miles de mensajes repudiaron la justificación de Vidal por falta de "sensibilidad".

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El diputado nacional y presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, advirtió que dentro del articulado del proyecto de ley, el artículo 85 pretende establecer fuertes multas y penas de prisión a quienes "busquen divulgar datos de los sujetos beneficiados del blanqueo de capitales".

"El gobierno quiere impedir que el pueblo se entere de quiénes blanquean capitales", advirtieron desde el bloque de diputados y añadieron que "el artículo propuesto es claramente inconstitucional, ya que viola el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna, y la prohibición de que el Congreso dicte leyes que restrinjan la libertad de imprenta, como dispone el artículo 32".

En otro tramo del comunicado, Recalde sostiene que "además, es un retroceso en los estándares democráticos de nuestra sociedad, al coartar la libertad de los periodistas para informar y del pueblo a informarse."

En el mismo sentido, el comunicado puntualiza que dentro del proyecto de ley que se está discutiendo en la cámara bajase detalla lo siguiente:

"Los terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal. Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado”.

Sobre este párrafo particular, el diputado nacional Héctor Recalde sostuvo que "lo que demuestra esta redacción es que el gobierno nacional ha enviado una ley de blanqueo para sus amigos, que están involucrados en las causas Panama Papers y HSBC y pretenden blanquear sus activos mal habidos sin que la gente se entere", concluyó.

En la ciudad balnearia de Necochea, un hombre de nacionalidad chilena se quitó la vida debido a la presión que le genero no poder afrontar el aumento de las tarifas en los servicios públicos.

El periodista, Matias Resano, aseguró en una publicación para el Grupo Crónica que "Invadido por la angustia, por la desesperación de no saber cómo afrontar el incremento de las tarifas de luz y de agua, que en esta oportunidad superaban los tres mil pesos, un albañil se quitó la vida en Necochea".

De esta manera el aumento digitado por el gobierno nacional se cobra la primera vida. El hombre, le había adelantado de la situación a su hermano luego de recibir las facturas de agua y gas y tras estar desempleado durante más de un mes, debido a la abrupta caída en el sector de la construcción.

La victima,  Alberto Luis Guerra, de 30 años,  se desempeñaba como albañil, la falta de trabajo, lo llev{o a caer en un profundo pozo depresivo que derivó en la trágica decisión de quitarse la vida.

El pasado sábado partio de su vivienda en la ciudad de Necochea para encontrarse con su hermano, quién contó que le dijo “Me voy a matar, ya me es imposible vivir así”

Su hermano quien acudió a las autoridades policiales para solicitar una rápida intervención que pudiera evitar la irreversible determinación del albañil, de nacionalidad chilena.

En necochea las facturas de luz, promedian 1500. 

La revisión de los cuadros tarifarios no comprendería en una primera etapa a los abonos fijos. "Responde a la ampliación del alcance de la tecnología de cuarta generación (4G) que posibilita mayor caudal de uso de datos y velocidad", aseguraron fuentes de las prestadoras con mayor mercado.

A partir de julio Movistar incrementará el precio promedio de sus servicios de telefonía celular para planes prepago y pospago en un 14%, mientras Personal aplicará un ajuste del 10,9% en sus servicios de carga virtual. Claro aún no comunicó si cambiará sus tarifas.

Ambas prestadoras resaltaron que "no se trata de aumento de tarifas, sino de un rebalanceo de los precios por la mejor propuesta en la prestación de los servicios para los que se mueven con aparatos de última generación, como 3G y 4G.

Las prestadoras aseguran que el rebalanceo tarifario se corresponde con mayor oferta de servicios. Movistar informó a sus usuarios que a partir del 2 de julio aumentan los planes prepago y pospago, en promedio en un 14%, lo que se verá reflejado en la factura de agosto, pero "algunos planes y servicios básicos no serán alcanzados", destacaron fuentes de la empresa.

Mientras que en el caso de Personal, del grupo Telecom, informaron al portal Infobae que "no habrá ajuste en los abonos con factura, pero sí en los prepago: a partir del 25 de julio los planes con tarjeta, y acompañando las tendencias del mayor consumo de datos que realizan los clientes a partir del despliegue de las redes 4G, readecuará su plan llevando la cuota de datos diaria de 30 megabytes a 50 MB, es decir que los clientes tendrán un 67% más de capacidad para navegar. Dichas modificaciones implicarán un aumento de 10,8% en promedio, para unos 15 millones de clientes".

De esta forma, los usuarios de ese servicio podrán potenciar el uso de aplicaciones como mensajería instantánea y acceso a redes sociales, entre otras. Según los datos que manejan, entre 2014 y 2016 el tráfico de datos móviles en WhatsApp, al que accede el 98% de los usuarios de la empresa, se duplicó.

Como sea, para los bolsillos de la mayor parte de los usuarios, el acceso a la nueva tecnología, con más velocidad y mayor caudal de acceso de datos por día, implicará un aumento acumulado del 30% desde marzo, luego de haber acordado con el Gobierno no actualizar las tarifas en los planes prepagos en enero.

La situación en los distintos distritos del conurbano bonaerense es cada vez más apremiante. Al relato que realizara Verónica Magario sobre la realidad de La Matanza, se le sumó hoy Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda que pintó un panorama muy complejo para su municipio.

Según declaraciones el alcalde a Radio Belgrano, fruto de la merma de consumo, el aumento de la inflación y los tarifazos, “ha habido una baja del 25% en la producción” en Avellaneda.

Esa realidad provoca que “una cantidad de comercios empiezan a ver peligrar su continuidad y empezar a bajar sus persianas”, agregó Ferraresi.

Además, el intendente kirchnerismo remarcó que “empieza a haber una cantidad de vecinos que vienen a buscar alimentos y que los cupos en los comedores han aumentado en 4 mil”. Explicó que esta nueva situación la tuvo que afrontar la gestión municipio porque “no hemos recibido nada, he pedido una reunión en la provincia de Buenos Aires y ahí vamos a ver si pueden aportar”.

Para completar los casilleros, manifestó que “empieza a haber un aumento del delito con el tema del arrebato” que “había bajado en el segundo semestre del año anterior”.

Por último cerró con un pedido al Gobierno Nacional: “tenemos que cambiar el rumbo porque este rumbo perjudica a la sociedad”.

"Se va construyendo de a poco, esto no es de un día para otro, pero si hay un ámbito de reflexión, hay herramientas electorales que están activas y que pueden ser el continente de ese espíritu frentista", manifestó Mariotto.

"Creo que el límite del acuerdo tienen que ser aquellos compañeros que hasta ayer estaban con nosotros pero que votaron a los buitres, porque para nosotros votar a los buitres es votar a la usura", añadió en declaraciones a radio El Mundo.

Consultado sobre la posibilidad de una alianza con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el ex vicegobernador indicó que se siente mejor con aquellos que votaron a Daniel Scioli en el último ballotage.

"Hubo compañeros de otros espacios políticos, incluso del Frente Renovador que no han votado a los buitres, yo me siento más cómodo en ese frente", puntualizó Mariotto.

"Se abrirán nuevos frentes electorales en línea con lo que planteo Cristina (Kirchner) en el acto de Comodoro Py cuando sugirió el frente ciudadano. Por ahí puede venir ese frente ampliado, con quienes les dijeron que no a los buitres", agregó.

Tras conocerse que el juez de La Plata, Luis Federico Arias, extendió el amparo que suspende el tarifazo a las cooperativas eléctricas que no estaban incluidas en la resolución que adoptó el miércoles pasado. El servicio de luz en la gran mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires lo brindan precisamente cooperativas.

En ese sentido, el Diputado Valicenti en declaraciones ofrecidas a Primereando, destacó: “Hoy fue la justicia la que dio el primer paso para frenar de alguna manera al tarifazo”, para luego señalar que “cuando uno recorre los barrios se da cuenta que estas subas en los impuestos están afectando a los trabajadores y la vida de las ciudades”.

Además, el legislador recordó que la cautelar del juez Arias benefició a más de 800 mil usuarios de la provincia de Buenos Aires y resaltó: “Los vecinos, comerciantes, las PyMES o los pequeños productores industriales se encuentran muy preocupados porque el aumento desmedido de las tarifas representa un fuerte golpe a las economías regionales de la Provincia”, dijo Valicenti a este sitio web.

Para finalizar el legislador provincial señaló: “Estamos contentos porque realizamos un trabajo militante con los vecinos, los trabajadores, los sindicatos y esta medida nos da una cuota de esperanza para frenar los tarifazos”.

El miércoles pasado, Arias había resuelto que los clientes de las empresas distribuidoras de energía eléctrica EDELAP, EDES SA, EDEA SA y EDEN Sano debían abonar las facturas que recibieron en sus domicilios con aumentos de hasta el 600 por ciento y aguardar la refacturación del servicio.

De acuerdo con el magistrado, el tarifazo no correspondía ya que se había violado la ley al no celebrarse la correspondiente audiencia pública con anterioridad a la aplicación del aumento.

La medida abarca a todos los servicios provinciales menos Edesur y Edenor que son servicios federales y tienen sus redes en el denominado Gran Buenos Aires, donde vive la mayor parte de la población bonaerense.