Los trabajadores del Conicet marcharán hoy por la mañana para manifestar su “preocupación por los puestos de trabajo”, pedir “información clara” y denunciar las “condiciones de precariedad” que esto produce y la “injerencia del Ministerio de Modernización que está revisando concursos que ya realizó Conicet y que se componen de una multiplicidad de evaluaciones”.

El año pasado cerca de 900 trabajadores ganaron concursos para ingresar al organismo. Sin embargo, el Gobierno de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Modernización, viene trabando las designaciones.

Fuentes de la cartera de Modernización que encabeza Andrés Ibarra adelantaron ayer a Política Argentina que “se arregló la cuestión y ya está la documentaciòn de los 380 concursos con vía libre para hacerse efectivos, por lo que ahora ya depende del Conicet”.

Sin embargo, Dora Barrancos, directora del organismo en representación del área de Ciencias Sociales y Humanidades desde 2010, afirmó que “normalmente los ingresos no se dan todos de golpe, siempre ha habido un escalonamiento” aunque precisó a Política Argentina que “este año se ha producido un largo ´gap´”.

“Sólo incorporamos de los ingresos del año pasado 45”, detalló, lo cual significa que se está “a la espera de alrededor de entre 500 y 600 personas entre las carreras de CIC y CPA” que “ya deberían haber entrado porque tienen la documentación bien”, señaló.

La funcionaria confesó que “en el organismo se percibe mucha inquietud” y que “las personas tienen absoluto derecho a manifestarse porque se está demorando mucho más de lo previsto”. No obstante, aclaró que desde Conicet “se hacen gestiones”, pero sentenció que “el problema es en otro lugar”.

D´Urso cuestionó el momento y la demora en que surgió lo anunciado hoy tras la liberación de la documentación de los concursos revisada por Modernización al asegurar que “están viendo que la marcha va a ser muy grande por la gravedad de la situación”.

“Desde que empezó este conflicto empezamos a reclamar y a ver una demora mayor a la de años anteriores, por eso nos movilizamos. Y ahí Conicet ingresa 50 personas en abril. Por eso en ese momento retrocedimos: pensamos que comenzaba a avanzar”, explicó la investigadora, y expresó que por esa razón consideran que la sorpresiva noticia “es para desmovilizar, porque entregamos 5 cartas pidiendo reuniones”.

“Parecen una tomada de pelo estos ingresos a cuentagotas, porque el comunicado no especifica nada. Ni quiénes son los ingresantes, ni cuándo entran, ni plazos ni nada”, reclamó la integrante de JCP, y agregó que por esa razón, por “el desfinanciamiento del sistema” y porque se trata de “una muestra más de que para vencer este ajuste hay que hacerlo movilizados”, es que “el reclamo sigue en pie”.

“Desde JCP nunca barajamos la posibilidad de bajar la movilización”, culminó D´Urso, con lo que ratificó la movilización que los científicos harán mañana frente al Conicet.

Más de 1.600 policías bonaerenses fueron apartados de sus puestos en los últimos siete meses bajo la investigación de haber cometido alguna irregularidad en sus funciones, reveló hoy la gobernadora María Eugenia Vidal.

“Yo más que purga creo en una reforma profunda del sistema policial de la provincia, que no se agota en separar a aquellos que estén involucrados en casos de corrupción”, aseveró Vidal al ser consultada por la prensa por algunos hechos delictivos en los que se reveló que efectivos policiales están involucrados.

Vidal subrayó: “Me parece sano. Todas estas cosas que pasaban y no veíamos estaban ocultas. El área de Asuntos Internos hoy tiene todos los cargos cubiertos por civiles, no por personal policial, depende directamente del ministro”.

Agregó que “en estos meses se han hecho más sumarios e investigaciones que todo el año pasado. Hay más de 1.600 policías apartados en estos primeros meses de gestión y todos tienen que presentar su declaración jurada”.

Según consideró Vidal, “lo que está pasando ahora es que se ha puesto a la luz lo que antes no se conocía y hay un Estado que toma medidas pero no solamente apartando policías que se sospecha tuvieron relación con el delito”.

“También hay que valorar, premiar y respaldar a los que quieren trabajar bien, por eso para que los policías que están en la calle se sientan protegidos, (se hizo) la compra de chalecos antibalas, la compra de 800 patrulleros para fortalecer su trabajo y muchas de estas patrullas van a contar con cámaras para grabar lo que sucede”, remarcó.

Además destacó “la incorporación de tecnología como los anillos digitales en las autopistas para controlar a los autos sin tener presencia humana”.

Vidal dijo que “hay que apostar a una policía moderna y mejor capacitada, hoy la nuestra tiene la misma currícula que la Metropolitana y cada policía nuevo que sale tiene que tener una formación de nueve meses”.

“Ha venido el FBI a capacitarlos este año y estamos en conversaciones con Colombia para que también venga, con el mismo propósito, la policía de Medellín”, indicó.

Finalmente apuntó que “el camino no es solamente dar una señal clara de que no vamos a convivir con el delito, es también al mismo tiempo darle la señal a la enorme mayoría de policías que yo confío en que quieren trabajar bien y proteger a la gente a la que vamos a cuidar”.

Los docentes bonaerenses amenazaron este jueves con no reiniciar el ciclo lectivo para esta segunda mitad del año. Es que sostienen que la Provincia se había comprometido a reabrir las paritarias que quedaron atrasadas por la inflación, y hasta el momento no tuvieron respuesta.

"La reapertura de las paritarias está en estado lamentable. Hemos tenido una reunión el jueves antes del receso, y la propuesta fue la nada misma. Como si estuviésemos ante el muro de los lamentos. Los funcionarios dijeron que nos iban a contestar recién el 10 de agosto", expresó el Secretario General de Udocba, Miguel Angel Díaz.

En ese sentido, el gremialista sostuvo que "la Provincia no quiere solucionar esta situación que es paupérrima y lamentable".

Miguel Ángel Díaz explicó que piden un piso de "$12 mil pesos para todos los docentes" y que, si la discusión no se reabre, irán a un paro: "Así lo acordamos en una asamblea. El próximo jueves volveremos a revisar la medida, pero si no tenemos respuesta, iremos al paro. Los funcionarios ya están avisados", remató.

El fin del receso invernal puede venir con un dolor de cabeza para María Eugenia Vidal, que ya se aseguró conflicto seguro cerrando las paritarias estatales y dejando al margen al sindicato de profesionales de la Salud (Cicop) y a ATE.

Mediante un comunicado el CELS, calificó de "preocupante la campaña que busca instalar la idea de que para "más seguridad" es necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas en la "lucha" contra el narcotráfico y el terrorismo", al analizar la gacetilla de prensa enviada por la cartera de seguridad tras el encuentro.

"En una gacetilla enviada a la prensa, el ministerio informó que en la reunión se trataron diversos temas con el fin de establecer los procedimientos y acuerdos de futuras operaciones coordinadas con miras al fortalecimiento de la seguridad y el control de las fronteras de nuestro país, en donde las Fuerzas Armadas brindarán apoyo logístico", señalaron desde el CELS.

Ante la comunicación del organismo defensor de las derechos humanos, desde el Ministerio de Defensa se informó a Télam que se trató de una reunión por el tema radarización, "que es una actividad que está a cargo de las Fuerzas Armadas, en particular de la Fuerza Aérea".

"Es más, fue durante la gestión del ministro Julio Martínez que se retiraron a los efectivos militares de las fronteras, donde estaban colaborando con la Gendarmería, por entender que esa actividad contradice las normas constitucionales y leyes específicas", aseguró Ignacio Uzquiza, jefe de prensa de la cartera de Defensa.

El comunicado del CELS, sostiene que "este anuncio se suma a otras declaraciones y decisiones ya tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la declaración de emergencia en seguridad, en enero de este año, que amplió el rol de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna, incluyendo la habilitación para derribar aeronaves que no se identifiquen".

Por lo que subraya que "la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad está prohibida por leyes fundamentales de la reconstrucción del estado democrático argentino que fueron consecuencia de acuerdos políticos transversales".

En ese sentido el CELS explica que la Ley 23 554 de Defensa Nacional fue sancionada en 1988 por el gobierno de Raúl Alfonsín, producto del acuerdo entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso" y que "un arco similar se estableció en 1991 para la aprobación de la Ley 24 059 de Seguridad Interior, sancionada por el presidente Carlos Menem".

A su vez detalla que en 2001 fue aprobada la ley de Inteligencia Nacional y que "las tres normas precisaron el marco regulatorio, y establecen que la defensa nacional es el ámbito exclusivo de injerencia de las Fuerzas Armadas y desarticulan el conjunto de prerrogativas que tenían en materia de seguridad interior".

También agrega que "años más tarde, en 2006, el armado legal se completó con el decreto reglamentario de la Ley de Defensa, firmado por el presidente Néstor Kirchner".

Finalmente el documento difundido por las redes sociales señala que "en los países de América Latina en donde las Fuerzas Armadas juegan un papel en cuestiones de seguridad interior, en general, justificado con la retórica de la "lucha contra el narcotráfico", las consecuencias solo han sido negativas: los problemas de seguridad no se han solucionado y las violaciones a los derechos humanos se han incrementado".