Mediante un comunicado el CELS, calificó de "preocupante la campaña que busca instalar la idea de que para "más seguridad" es necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas en la "lucha" contra el narcotráfico y el terrorismo", al analizar la gacetilla de prensa enviada por la cartera de seguridad tras el encuentro.
"En una gacetilla enviada a la prensa, el ministerio informó que en la reunión se trataron diversos temas con el fin de establecer los procedimientos y acuerdos de futuras operaciones coordinadas con miras al fortalecimiento de la seguridad y el control de las fronteras de nuestro país, en donde las Fuerzas Armadas brindarán apoyo logístico", señalaron desde el CELS.
Ante la comunicación del organismo defensor de las derechos humanos, desde el Ministerio de Defensa se informó a Télam que se trató de una reunión por el tema radarización, "que es una actividad que está a cargo de las Fuerzas Armadas, en particular de la Fuerza Aérea".
"Es más, fue durante la gestión del ministro Julio Martínez que se retiraron a los efectivos militares de las fronteras, donde estaban colaborando con la Gendarmería, por entender que esa actividad contradice las normas constitucionales y leyes específicas", aseguró Ignacio Uzquiza, jefe de prensa de la cartera de Defensa.
El comunicado del CELS, sostiene que "este anuncio se suma a otras declaraciones y decisiones ya tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la declaración de emergencia en seguridad, en enero de este año, que amplió el rol de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna, incluyendo la habilitación para derribar aeronaves que no se identifiquen".
Por lo que subraya que "la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad está prohibida por leyes fundamentales de la reconstrucción del estado democrático argentino que fueron consecuencia de acuerdos políticos transversales".
En ese sentido el CELS explica que la Ley 23 554 de Defensa Nacional fue sancionada en 1988 por el gobierno de Raúl Alfonsín, producto del acuerdo entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso" y que "un arco similar se estableció en 1991 para la aprobación de la Ley 24 059 de Seguridad Interior, sancionada por el presidente Carlos Menem".
A su vez detalla que en 2001 fue aprobada la ley de Inteligencia Nacional y que "las tres normas precisaron el marco regulatorio, y establecen que la defensa nacional es el ámbito exclusivo de injerencia de las Fuerzas Armadas y desarticulan el conjunto de prerrogativas que tenían en materia de seguridad interior".
También agrega que "años más tarde, en 2006, el armado legal se completó con el decreto reglamentario de la Ley de Defensa, firmado por el presidente Néstor Kirchner".
Finalmente el documento difundido por las redes sociales señala que "en los países de América Latina en donde las Fuerzas Armadas juegan un papel en cuestiones de seguridad interior, en general, justificado con la retórica de la "lucha contra el narcotráfico", las consecuencias solo han sido negativas: los problemas de seguridad no se han solucionado y las violaciones a los derechos humanos se han incrementado".
