La secretaría de Comercio anticipó la renovación del plan de fomento de consumo hasta fines de enero, a través de una disposición del subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado.

El objetivo del programa es estimular la demanda de bienes y de servicios mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento a plazo dirigidas a los usuarios y consumidores.

Los rubros incluidos en el programa Ahora 12 son Línea blanca (lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers); Indumentaria (Prendas de vestir para hombres, mujeres y niños (incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir); y Calzado y marroquinería (Calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales).

También comprende a Materiales para la construcción. Arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, artefactos de iluminación, vidrios, herrajes, pisos de madera, entre otros); Muebles, Bicicletas, Motos (cuyo precio final no sea superior a $ 23.000); Turismo (pasajes de ómnibus de larga distancia con destino dentro del Territorio Nacional y hoteles y otros hospedajes dentro del Territorio Nacional de hasta tres estrellas de categoría); Colchones; Libros (Textos escolares y libros de impresión nacional); y Anteojos (Anteojos recetados, adquiridos en ópticas de hasta $ 2.500); entre otros productos.

La medida es por la fuerte caída del consumo interno ante la alta inflación (en torno al 43% anual en los últimos doce meses) y aumentos salariales en cuotas que se ubican en el 30% promedio y aún no fueron pagados completamente.

La caída del salario real fue estimada entre 10 y 12 puntos porcentuales para este año por las consultoras privadas, universidades públicas y centros de monitoreo de los gremios y sindicatos más importantes del país.

En la actualidad hay 78.000 comercios en el país adheridos al programa Ahora 12, y los rubros incluidos son línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, materiales para la construcción, muebles, bicicletas, motos, turismo, colchones, libros, anteojos recetados, artículos de librería, juguetes y juegos de mesa y teléfonos celulares 4G. 10 celulares 4G del plan del Gobierno de 2200 pesos (o menos) con Ahora 12

En agosto, las ventas concretadas por este programa registraron un incremento en términos reales de 20% interanual, y en los ocho primeros meses del año acumularon un crecimiento de 32 por ciento.

“Durante agosto las operaciones del programa sumaron más de dos millones, con un crecimiento del 16 por ciento respecto de agosto de 2015. En 2016 el acumulado es de más de 16 millones de operaciones, contra los 12 millones del mismo período de 2015 (+31 por ciento)”, detalló el Ministerio de la Producción.

La situación económica en estos 9 meses ha generado un fuerte impacto en la calidad de vida de la mayoría de los argentinos, y en particular la situación afecta a los que menor capacidad de absorber el impacto tienen, como es el caso de los jubilados y pensionados.

Según reflejan los estudios de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la fundación Navarro Viola, más de la mitad de los jubilados de nuestro país sufre de insuficiencia de ingresos, se ve obligado a recortar en gastos de salud, no tienen capacidad de ahorro y declaran atravesar algún malestar psicológico.

"El 50% de las personas mayores no se sienten valoradas por el resto de la sociedad, sienten que su opinión y experiencia nos les importa al resto", señaló Inés Castro Almeyra, directora ejecutiva de la fundación al portal El Destape.

El 15.9% de los jubilados dijo que tuvo que dejar de ir al médico o al odontólogo por falta de dinero, en tanto que el 14.4% señaló que debió suspender la compra de al menos un medicamento por el mismo motivo.

Según indica la nota del mismo sitio, "tres de cada diez abuelos se consideran sin los ingresos suficientes para lo cotidiano y siete de cada diez se encuentra en una vivienda donde existe algún tipo de déficit habitacional".

“La principal fortaleza del Gobierno reside en su capacidad de rectificación ante los errores. La inflación está bajando, eso es algo importante para que el país se encamine hacia un horizonte de reactivación de la economía”, señaló Elisa Carrió en declaraciones a la señal televisiva TN.

Carrió estimó que en el verano “habrá problemas” con el servicio eléctrico como producto del “vaciamiento energético” que hubo en el país durante los gobiernos kirchneristas, y reclamó la sanción de una Ley de Defensa Civil para dar “respuestas ante las emergencias”.

En materia de corrupción, la legisladora señaló que le llama la atención que los diputados y dirigentes de la provincia de Buenos Aires no hayan denunciado “nunca la corrupción de los intendentes del conurbano”.

“Voy a ir contra los intendentes del conurbano. Hay mucha corrupción en temas como en los negocios que se hicieron con la Cuenca del Reconquista. Por eso presentamos varias denuncias contra (Daniel) Scioli. Existe dinero del narcotráfico financiando la política”, remarcó Carrió.

La dirigente del ARI admitió que hay sectores de Cambiemos que “están ligados a la corrupción y a los servicios”, y en ese sentido apuntó a “gente que viene del radicalismo que conducía (Enrique) Nosiglia”.

"Hay gente del radicalismo que es complicada, son los que vienen de tener vínculos con Nosiglia. También hay gente del PRO que es complicada. Pero gente como la Gobernadora María Eugenia Vidal que son transparentes y eso son los que debemos respaldar. Por suerte, el presidente (Mauricio) Macri lo sabe porque quiere limpiar Argentina”, apuntó.

Carrió enfatizó que los servicios de inteligencia “no deben investigar a los ciudadanos”, y fustigó a la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani, al acusarla de “promover a personal que viene de la vieja SIDE”.

“Los servicios no pueden investigar a los ciudadanos apolíticos ni a funcionarios del Gobierno. Creo que Majdalani no puede seguir en el cargo porque representa la continuidad de la vieja SIDE”, subrayó.

Por último, se refirió a las alianzas que pueden constituirse de cara a las elecciones parlamentarias del 2017, y observó que la diputada Margarita Stolbizer “puede ser parte” de Cambiemos.

“Me parece mejor que Margarita (Stolbizer) juegue con Cambiemos que lo haga por fuera. Podemos ir a una interna con ella, no sé, es una posibilidad entre otras muchas. Lo importante es dar la pelea en la provincia de Buenos Aires para salvar a la Nación”, puntualizó.

La lista incluye al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, al secretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi; y al de Obras Públicas, Daniel Chaín, y a la subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano, Marina Klemensiewicz, dijeron fuentes judiciales.

La declaraciones arrancarán el próximo martes 4 de octubre con la declaración del contador Darío Grandi y durarán a razón de uno por día hasta el 22 de noviembre, concluyendo con la testimonial del embajador en Uruguay y ex juez federal, Guillermo Montenegro.

Dado que varios son funcionarios gubernamentales, el juez autorizó a que presenten su descargo por escrito, sin tener que concurrir personalmente los tribunales federales de Comodoro Py.

Michetti denunció que el robo ocurrió el mismo día del balotaje en que fue electa junto a Mauricio Macri, aunque el hecho se conoció recién hace dos meses.

Según la vicepresidenta se trató de 50 mil dolares prestados por su pareja para pagar estudios en el exterior de su hijo, y de 189.500 pesos producto de donaciones para la cena anual de la fundación que se realizaría días más tarde.

La lista de donantes fue facilitada la semana pasada por la propia Michetti, quien en un escrito ante el juez Lijo dijo que la plata había sido juntada por Pinedo pero que los donantes eran Ibarra, Klemensiewicz, Lombardi, Chaín, Francisco Irarrazabal, Gabriela Ricardes, y Montenegro, entre otros.

Michetti dijo que fueron donaciones "no demasiado significativas" que oscilaron entre los 2.500, 5000, y 10.000 pesos, y que el más importante había sido de 15.000 pesos.

La vicepresidenta declaró que su jefe de despacho, Santiago Riobó, juntó el dinero recaudado por la hermana de Michetti, quien no fue citada aún, por Pinedo y por él mismo Riobó.

En una lectura rápida y hasta ingenua se puede concluir que es un proyecto aceptable, que sobre un diagnóstico de dificultades del aprendizaje que sufren muchos niños, y ante el diagnóstico médico, incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura del tratamiento.

Sin embargo, como suele suceder, la letra del proyecto esconde otros intereses. En efecto, el proyecto plantea el enorme riesgo de abrir el proceso de “medicalización de la niñez”.

La autora del Proyecto es la Senadora María Laura Leguizamón, quien está casada con Marcelo Figueras Director y Dueño del Laboratorio Richmond que produce los medicamentos del tratamiento de la DEA.

No son pocas las voces en el Congreso que marcan esta relación como un punto muy controversial ya que califican la iniciativa como un “proyecto a medida” de la industria farmacéutica, e incluso las voces más filosas denuncian en off la ley como un cambio de favores por el aporte de los laboratorios a la campaña de Cambiemos, que son hoy los principales impulsores del proyecto desde la Comisión de Educación a cargo del radical José Luis Riccardo y el rionegrino del PRO Sergio Wisky que lo apoya desde la Comisión de Salud.

El Bloque de Cambiemos (PRO+UCR) viene forzando la obtención del dictamen de comisiones para que el proyecto llegue al recinto y pueda convertirse en ley. Aunque el proyecto proveniente desde el Senado tiene estado parlamentario hasta diciembre de 2017, el apuro de Cambiemos por sacarlo lo antes posible deja a la luz la necesidad de devolver favores antes de la elección del año próximo.

Una fuente cercana al bloque de la izquierda afirmo a este medio, que están preparando un proyecto que expresa preocupación por las vinculaciones personales que rodean el proyecto y por los intereses que unen a la industria farmacéutica con el financiamiento de la campaña de Cambiemos. En esta denuncia incluyen al propio Mauricio Macri y su estrecha relación con la familia Roemmers dueño del laboratorio, en cuya casa de la Patagonia suele hospedarse el Presidente.

Leguizamon y Monzó. Un reencuentro de ley

El tratamiento del proyecto en Diputados incluye otro condimento que relaciona a Leguizamón con Emilio Monzó, actual presidente de la Cámara. Si bien la historia tiene sus años, no todos conocen la relación amorosa que unió a ambos a fines de la década del noventa, cuando la actual senadora fue clave en el impulso y financiamiento para la primera campaña de Monzó a la intendencia de Carlos Tejedor. Todo el mundo recuerda la enorme cantidad de recursos que se volcaron en el pueblo para dicha campaña gracias al lobby de Leguizamón con el propio Duhalde y pocos recuerdan que en esa ocasión Monzó perdió por menos de cien votos debido a la traición de los radicales. Luego perdería también la pareja.

Hoy, un proyecto de ley vuelve a vincularlos y los que buscan con desesperación su sanción apelan a la creencia en el dicho que reza “donde hubo amor cenizas quedan”, aunque ahora prefieren decir “donde hubo amor negocios quedan”.

El negocio de los medicamentos y el derecho de los niños

Detrás del proyecto de ley se encuentra ese enorme monstruo de poder y condicionamientos de la salud pública conocido como la Industria farmacéutica. Son ellos los principales impulsores, pues tienen muy claro que la legislación sobre un conjunto de medicamentos que se incorporan al PMO constituye la garantía del crecimiento exponencial de sus ventas y por lo tanto de sus ganancias.

El riesgo es que la eventual ley tiene un sesgo médico tal en su redacción que más alla de garantizar el acceso a la medicación de quien lo necesita, habilita la idea de medicalizar a todos los niños que los docentes identifiquen con “dificultades del aprendizaje”. Si no fuera así, el proyecto debería ser modificado e incorporar un diagnóstico y tratamiento interdisciplinario ya que no se trata de un tema de base neurológica sino que responde a circunstancias sociales, económicas, culturales, etc.

En este sentido, si cualquier “dificultad del aprendizaje” o a todo niño identificado como revoltoso se les proporcionará un tratamiento médico, el bloque de Cambiemos lograría reescribir una de las verdades peronistas para decir que “los únicos privilegiados son los laboratorios”.