Ante ese panorama, el CELS percibe un clima político de tolerancia hacia los abusos de las fuerzas de seguridad, como las recientes torturas de Prefectura a los adolescentes de villa Zavaleta.
La ministra comunica desde el lugar conmocionado de la víctima que fue recientemente asaltada. Al elegir ese papel, le da rango estatal al instinto primario del miedo y la venganza como única respuesta posible. Otra derrota más de la política. En campaña, casi todos los políticos coquetean en algún momento u otro con ese speech. Pero con cuidado: a esta altura es vox populi que se trata de un recurso de vuelo bajo. Por ganchero que sea en lo inmediato, viene atado a una posterior desaparición del mapa, tal como le ocurrió al autor del mapa del delito, Francisco de Narváez.
Bullrich, sin embargo, parece estar dispuesta a encarnar ese rol, aún a riesgo de resultar ineficaz. Porque la mano dura no es solamente antipática: a su vez tiende a fracasar. Acorralada por errores no forzados y múltiples internas (el bonaerense Cristian Ritondo y el larretismo porteño ya operan abiertamente en su contra), el contexto adverso la empujar a consolidarse en ese papel. Pero hay otro punto que puede ser riesgoso al tomar esa postura: habilitar con su discurso el interés mediático por los casos de inseguridad. Sin estadísticas confiables a mano, las que manejan las fuerzas federales indican que el delito creció en los últimos diez meses en todo el país, en un promedio del 20%.
Así, si los robos, los salideras, secuestros y asesinatos se llegan a instalar en la agenda de los medios, incluso en contra de la voluntad de los que mantienen una línea de protección casi cerrada al gobierno, Bullrich perderá por goleada. Esa es una carrera en la que naturalmente va a quedar rezagada. Sus conferencias de prensa y afirmaciones temerarias terminarán por fastidiar, incluso a las Susanas Gimenez de la Argentina, incluida la original Sú de la tele.
“Lejos de ser nuevas, son prácticas históricas en las fuerzas de seguridad. Pero se había avanzado en la discusión respecto a que no deben ser toleradas. Y ahora hay mensaje político de tolerancia. La ministra Bullrich es muy rápida para anunciar algunas cosas, pero hace silencio frente a esta terrible violación de los derechos humanos”, afirma a Primereando la directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky. Se refiere al reciente secuestro, las torturas y amenazas por parte de la prefectura a dos adolescentes en la Villa 21 de Barracas.
Al participar del colectivo La Garganta Poderosa, el abuso que sufrieron Iván Navarro (18) y Ezequiel Villanueva Moya (15) se salvó del destino de anonimato hacia el que marchaba. Invisibilizado por los medios al principio, ignorado por el gobierno durante casi dos semanas (si bien siete prefectos ya estaban detenidos por la justicia), finalmente Bullrich sacó una gacetilla anunciando la baja de los agentes. Las torturas contra ambos chicos ni si quieran se dieron en una situación de robo, que tampoco se justificaría. Fue más parecido al caso de Walter Bulacio, emblema de la brutalidad policial a principios de los noventa.
La retórica del gobierno respecto a la necesidad de desplegar a las fuerzas de seguridad en los llamados “lugares calientes” (léase, villas) encierra una mirada discriminatoria, con los adolescentes de gorrita como Iván y Ezequiel a la cabeza de la lista de sospechosos. Pero no sólo eso: su eficacia es dudosa. Tampoco queda claro que el “combate contra el narcotráfico” se gane a partir de ese despliegue de fuerzas. Los ministerios de Seguridad nacional y bonaerense no difunden información (a veces parecen no tenerla) para justificar las decisiones que toman.
La política de control poblacional implementada por el ministerio de Bullrich es otro ejemplo de ese avance a tientas, más tribunero que resultadista. Ese protocolo de legalidad cuestionable (en breve la justicia tendrá que pronunciarse al respecto) posibilita que las fuerzas de seguridad puedan interceptar, pedir documentos y revisar las pertenencias de cualquier ciudadano sin la orden de un juez.
Al igual que en la justicia por mano propia, avalada de refilón por Mauricio Macri en el caso del carnicero que atropelló a un ladrón, se suele pasar por alto un dato estadístico: en la mayoría de las veces los “justicieros” terminan muertos o heridos.
“Las prácticas violatorias de los derechos humanos no deben ser toleradas ni aplicadas por las fuerzas de seguridad. Ese mensaje hoy está un desdibujada en las declaraciones de Bullrich y de Macri”, afirma la directora del CELS.
