Para descomprimir la tensión social en la Provincia, la Gobernadora sube la ayuda a los comedores y le da más poder a los intendentes para que manejen el territorio.

Casi como un calco de lo que está haciendo Nación, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires sale a la cancha para evitar desbordes de fin de año.

Por eso María Eugenia Vidal anunció un aumento del 30% en las transferencias a los comedores, en busca de descomprimir la angustiante situación social bonaerense.

Mediante el Servicio Alimentario Escolar (SAE) se alimentan 1,6 millones de chicos en los 135 municipios bonaerenses. En el presupuesto actual se destinaron a ese ítem $ 3.200.000, pero el año que viene el monto será de $ 4.000.000.

Para algunos movimientos sociales eso sólo no alcanza. El dirigente de la CTEP y secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita, Gildo Onorato, le dijo al portal LaPolíticaOnline que ese aumento es “absolutamente poco”.

Según explicó desde el Evita están negociando con el gobierno nacional un aumento del 60% y -según advierten- tras la negociación con la ministra Carolina Stanley irán a La Plata a negociar mayores aumentos para los comedores de la provincia. “Está claro que no Vidal no lleva a cabo ningún tipo de política social”, dijo Onorato.

Además durante un acto en La Plata, Vidal denunció “serias irregularidades y diferencias” en la gestión del Servicio Alimentario Escolar (SAE) por parte de los Consejos Escolares, y detalló que en el análisis realizado sobre el programa se descubrió que “de 64 mil platos había 10 mil que estaban declarados y no encontramos en las escuelas”.

La mandataria anunció el traspaso de la gestión del SAE de los Consejos Escolares a los municipios, y trazó una crítica evaluación de la situación de los comedores de la provincia.

Eso le da aire a los intendentes para aumentar la ya potenciada ayuda social que desarrollan en los territorios buscar contener posibles desbordes.

Sabemos que hay un aumento de las demandas y también existe incertidumbre, pero si estamos atentos no va a ocurrir nada malo”, concluyó el alcalde de San Martín, Gabriel Katopodis.

Además a Vidal la va a respaldar la negociación que cerró el Ministerio de Desarrollo Social con los Movimientos Sociales y que parece allanar la situación de diciembre.

Un juzgado de La Plata ordenó al gobierno de la Provincia de Buenos Aires devolver a los docentes del gremio Udocba haberes descontados por las huelgas que realizaron el 1 y 2 de agosto pasados.

La medida fue dictada por la jueza María Ventura Martínez a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2.

La magistrada ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense la "suspensión de los descuentos efectuados a los actores por adopción de medidas de fuerza (huelga) los días 1 y 2 de agosto del corriente año, debiendo Educación, en caso de haberlos efectuados, reintegrar las sumas por tal concepto".

El fallo establece la devolución de las quitas para los maestros afiliados a Udocba a raíz de una demanda presentada por ese gremio, pero la organización que lidera Miguel Ángel Díaz buscará que se haga extensivo al resto de los sindicatos.

Udocba comunicó que la jueza tuvo en cuenta que en las paritarias de febrero pasado la propuesta salarial fue aprobada bajo condición de "una posterior apertura al diálogo en base a la inflación que sobrevenga", que finalmente "no ha ocurrido a pesar de la inobjetable inflación sufrida en lo que va del año".

En este sentido, el gremio reiteró su pedido de una convocatoria a negociaciones paritarias, como así también a elección de representantes docentes a los Tribunales de Clasificaciones, cuyos actuales miembros tienen su mandato vencido desde hace cuatro años.

En paralelo, el martes pasado el Frente Gremial bonaerense -que integran SUTEBA, FEB, UDA, SADOP y AMET- desplegó una "sentada" frente a la sede de la cartera educativa local, en La Plata, en reclamo de la reapertura de paritarias.

No obstante, la administración de María Eugenia Vidal no tiene prevista otra convocatoria a los maestros, al considerar que no hubo una inflación acumulada que supere el 34,6% de aumento firmado a principios de año, por lo cual no se debería activar la cláusula gatillo.

Gabriela Michetti hizo otro papelón en el Senado al desempatar en la votación de un artículo, cuando lo que correspondía era que se vuelva a someter al sufragio de los legisladores. "Yo no sé", admitió la Vicepresidenta.

"Empate, bueno afirmativo. Ya voté", dijo, apurada Gabriela Michetti para desempatar una votación que había terminado en paridad. Pero cuando quiso pasar a otro tema, y ante la queja de varios legisladores, agregó: "El reglamento dice que hay que volver a votar y ahí si hay empate, desempata el presidente. Me dicen acá, yo no sé. Yo no lo sé", se sinceró la Presidenta del Senado.

Papelón de Michetti: desempató la votación de una Ley cuando debían seguir votando. Vía @supervarela pic.twitter.com/XjyzbUibxY

— Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) 24 de noviembre de 2016

En el recinto se estaba debatiendo el proyecto oficial de emprendedores artículo por artículo. Cuando llegaron al artículo 8 de la norma de Apoyo al Capital Emprendedor hubo un empate 24 a 24 y, sin mediar palabra, Michetti aseguró: "Bueno, empate, yo voto afirmativo", sostuvo la presidenta del Senado desconociendo el reglamento.

"El reglamento dice que hay que volver a votar y si ahí hay empate de nuevo, desempata el presidente. Me dicen acá, no sé. Yo no sé", sostuvo la vicepresidenta de la Nación.

Uno de los legisladores pidió seguir el debate, pero la peronista chubutense Nancy González, leyó el artículo 213 del Reglamento del Cuerpo que dice claramente: "Si una votación se empata se abrirá una nueva discusión, se repetirá en seguida la votación, y si ésta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente".

Fue entonces que la Vicepresidenta se retractó e indicó que "hay que respetar el reglamento", por lo que volvieron a votar.

No es la primera vez que Michetti comete un papelón en el Senado. En su debut como presidenta de la Cámara Alta, luego de cometer varios errores, prometió "estudiar más".

En otra oportunidad, Michetti se cruzó con el senador Miguel Ángel Pichetto por hablar en el recinto en reiteradas oportunidades, cuando según el reglamento "no está permitido" que el presidente hable ya que no es un legislador más.

El referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, destacó la "lluvia de recursos" para los sectores vulnerables que implica el acuerdo alcanzado ayer entre las organizaciones sociales y el Gobierno en el marco del Diálogo Social, y concluyó que de este modo "están cubiertas las fiestas" de fin de año en cuanto a las necesidades básicas de los trabajadores del sector informal de la economía.

Las organizaciones sociales acordaron ayer con las autoridades establecer la vigencia de la emergencia social por tres años que permitirá destinar más recursos a los sectores más necesitados, confirmaron fuentes oficiales tras la reunión que mantuvieron con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el titular del bloque de Diputados del PRO, Nicolás Massot, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

El acuerdo incluyó la redacción de un nuevo proyecto para declarar la Emergencia Social e incorporar la iniciativa al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que tendrán lugar en diciembre próximo.

En declaraciones a radio Uno, Pérsico pronosticó un "diciembre tranquilo" porque "las fiestas están cubiertas, ya que en el programa 'Argentina Trabaja', que está más localizado sobre las villas del conurbano, los compañeros van a recibir en diciembre cerca de 10.000 pesos".

"Esto implica movimiento y recursos para las fiestas y que todos los argentinos tengan un pan, un pollo y una sidra para festejar. Se trata de un programa donde ya hemos acordado un aumento del monto" equivalente al "50 por ciento del salario mínimo, vital y móvil que son 4.000 pesos, y un bono de 2.000 pesos", enumeró.

"Hemos acordado una forma de pago: en noviembre, a principios de diciembre, y el bono antes de Navidad y antes de Año Nuevo, así que están cubiertas las fiestas y eso genera en el barrio consumo y una lluvia de recursos", detalló.

Por otro lado, se pronunció respecto del compromiso de incorporar al sector informal de los trabajadores a la economía real, otro de los puntos solicitados por las organizaciones sociales.

"La política es dignificar las condiciones de trabajo de los compañeros", sintetizó, y ejemplificó con que "hay 600.000 compañeros que trabajan directa o indirectamente en la industria de confección de ropa popular de forma clandestina. Eso hay que legalizarlo y dignificar ese proceso. Desde la confección hasta la venta, lo que también le traerá al Estado recaudación".

De acuerdo a lo informado por las organizaciones, la declaración de la emergencia social por tres años significa que se adicionan 30.000 millones de pesos para fortalecer medidas de contención para las personas que viven por debajo de la línea de pobreza y para robustecer programas de empleo.

En tanto, en un comunicado del Movimiento Evita se explicitaron los principales puntos del acuerdo, que incluye "llevar a $ 4000 los programas Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Trabajo Autogestionado a partir de diciembre", "un bono de 2.030 pesos para los beneficiarios de los programas de empleo del ministerio de Desarrollo Social, a pagarse antes de fin de año" y "un aumento del 40% en las partidas de comedores comunitarios y de 60% en los merenderos comunitarios".

También "se distribuirán un millón de canastas navideñas y se estipuló redactar un nuevo proyecto de ley en donde se crea el Consejo de la Economía Popular, el Salario Social Complementario, el Registro Nacional de la Economía Popular y se autoriza al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias a estos fines".

El comunicado resalta que no hubo acuerdo aun respecto del bono sobre la Asignación Universal por Hijo, para el cual el Gobierno ofreció 1.000 pesos por grupo familiar, más un adicional de 250 pesos a partir del segundo hijo.

Sólo horas después de que se anuncie con bombos y platillos el acuerdo para frenar los despidos, el titular de la Cámara alimenticia Copal, Daniel Funes De Rioja le bajó el precio. “Es una apelación, no una obligación”, dijo.

“Es una apelación, no una obligación. Lo que se acordó es mantener los puestos de trabajo y trabajar para crear nuevos. Pero lo firmado no tiene carácter legal ni consecuencias”, disparó el titular de la Cámara Alimenticia Copal, Daniel Funes De Rioja, en declaraciones al portal Letra P.

Las palabras de Funes De Rioja llegaron minutos después de rubricar, junto al Gobierno y la CGT, un acta acuerdo que establece que las empresas despedirán trabajadores, al menos, hasta marzo de 2017.

El abogado representa a la totalidad de las firmas de la industria alimenticia, por lo cual su definición es relevante dada la masa de empleados que maneja el sector.

“Tiene que quedar claro que esto que figura en el acta es para despidos incausados (sin causa), el texto que no tiene alcance legal, o sea, no es obligatorio. Aunque sí entendemos que lo que pretende el Gobierno es que acompañemos y ayudemos a crear puestos de trabajo”, añadió.

Horas antes de las declaraciones de Funes De Rioja, en conferencia de prensa desde Casa Rosada, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; y el vice jefe de Gabinete, Mario Quintana, aseguraron que, en el marco de la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo, se llegó a un "compromiso de mantener los puestos de trabajo" hasta marzo de 2017. Y agregaron: "Hemos avanzado en concordar con ellos mantener los puestos de trabajo hasta marzo de 2017, lo hemos planteado en conjunto con empresarios y gremios, poniendo especial énfasis en la generación de empleo", afirmó.

Pero para Funes, “lo firmado tiene el mismo carácter que el acuerdo rubricado por el bono de fin de año: el que lo podía pagar lo pagaba y el que no, no”, concluyó.

Además de Quintana y Triaca, en la mesa de diálogo ubicada en el Museo del Bicentenario se sentaron a firmar el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el triunvirato de la CGT que nuclea a Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. Por los empresarios estuvieron Adrián Kaufmann Brea (UIA-Arcor), Juan Chediak (Cámara Argentina de la Construcción), Daniel Llambías (Adeba), Jorge di Fiori (Cámara Argentina de Comercio), Claudio Cesario (ABA) y Luis Etchevehere (Sociedad Rural Argentina).

Un acuerdo similar había firmado el Gobierno con un grupo de empresarios en mayo pasado, en medio del debate por la ley antidespidos, que Macri finalmente veto. Aquel entendimiento, que también se limitó a una expresión de buenas voluntades, regía por 90 días.

La diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI Elisa Carrió calificó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa como el “Donald Trump de Argentina”, en alusión al presidente electo de los Estados Unidos, y acusó al ex intendente de Tigre de ser “un demagogo que nunca presentó una sola denuncia sobre corrupción o narcotráfico”.

“El tema de ganancias tal como lo planteó (Sergio) Massa era la extorsión de un demagogo. Los primeros que planteamos la modificación del mínimo imponible desde la Coalición Cívica cuando (Alfonso) Prat Gay era legislador nuestro. Convocar una sesión especial por este tema era inconstitucional. Negociamos para salvar la república”, afirmó Carrió.

En declaraciones a la señal televisiva TN, la legisladora observó que Massa “no se preocupaba sobre Ganancias cuando era jefe de Gabinete de Cristina Kirchner”.

“Massa nunca presentó una denuncia sobre corrupción cuando tiene amigos como el fiscal (Julio) Novo que está involucrado en la causa de Unicenter. Hay escuchas en la que aparecen los familiares de este diputado. Estamos ante un señor que es un mentiroso; es el (Donald) Trump de Argentina”, fustigó Carrió.

En ese sentido, evaluó que la ex presidenta Cristina Kirchner se puso contenta con el triunfo electoral de Trump porque “es pro nazi y fascista de izquierda”, al tiempo que describió al magnate estadounidense como “un nuevo Hitler”.

“Ese hombre es un peligro para el mundo. Argentina hizo bien en no jugar con él en estas últimas elecciones. Habrá muchos conflictos internacionales y en este contexto tenemos que mostrar a América latina como una región de paz. Pongamos como ejemplo nuestra experiencia, que derrotamos el año pasado a una semidictadura sin violencia”, argumentó.

Carrió estimó que Argentina “sale de una crisis después de haber sido vaciada de energía, de recursos y de reservas”, y enfatizó que el oficialismo “no debe ceder a la extorsión de negociar cargos”.

En cuanto a la denuncia que formuló contra funcionarios del Ministerio de Energía y Minería “por incompatibilidad en sus funciones”, Carrió aseguró que esa presentación no deterioró su relación con el titular de esa cartera, Juan José Aranguren.

“Este es un gobierno que denuncia la corrupción. Supe del caso y presenté la denuncia y eso no afectó mi relación con Araguren. Las cosas se llevan de otra manera en Argentina”, recalcó.

La líder de la Coalición Cívica aseguró que su relación con el presidente Mauricio Macri “es buena”, pero advirtió que hay cuestiones que no negocia, y entre ella mencionó su intención de pedirle juicio político al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

“Hay cosas que no negocio. Voy a pedirle el juicio político a Lorenzetti, aunque no lo voy a hacer ahora porque me lo pidió el presidente. Quiero que haya Justicia y condena. Pero tenemos que saber que de un país mafioso no se sale de un día para el otro”, subrayó.

En relación a la situación judicial de Cristina, Carrió reiteró que “hay pruebas de sobra” como para que la ex madataria “termine presa”.

“Pruebas son las que sobran contra Cristina, si los jueces no avanzan es por cobardías. No tengo ningún ánimo con la madre de nadie, pero si esa señora Ofelia está en una cooperativa en la que hay irregularidades se deben dar explicaciones”, puntualizó.

"Si el gobierno no da respuestas urgentes, en 6 meses se viene un cacerolazo", dijo Maximiliano Mai, uno de los protagonistas de las masivas protestas contra la ex Presidenta de 2012 y 2013.

Maximiliano Mai, uno de los protagonistas de las masivas protestas contra la ex Presidenta de 2012 y 2013 e integrante del movimiento 0KM, dialogó con AM 950 Belgrano sobre el surgimiento de este nuevo espacio político y criticó la gestión de Macri.

En declaraciones , al programa Duggan Bien Temprano, May disparó: "Macri no pega una, hay ultramacristas que están en silencio", y adelantó: "Si el gobierno no da respuestas a las demandas urgentes de la sociedad en 6 meses se viene un cacerolazo".

En ese marco, criticó: "El activismo en redes que tiene el gobierno tapa muchas cosas y venden lo que quieren", y aclaró: "El nombre se debe a que somos cero kirchnerismo y cero macrismo. Es un movimiento apolítico, no militamos para ninguno de los dos".

"Empezamos a darle uso a una herramienta de medición de análisis métrico sobre el comportamiento social dentro de las redes sociales y detectamos que hay gente no macrista que votó a Macri y no kirchnerista que votó a Scioli pero empieza a estar en desacuerdo con el gobierno", explicó May.

En tanto, remarcó: "Hay un grupo muy grande de personas que están muy enojadas con el gobierno porque Macri no está cumpliendo las promesas de campaña y está haciendo todo al revés."

"Cuando se fue Cristina todos los anti K dejaron de hablar, pero muchos otros nos empezamos a juntar esperando que llegue el cambio", reveló.

"No creemos que haya una grieta entre el gobierno y los K porque en 2017 estará el gobierno con la dirigencia kirchnerista y del otro lado nosotros, la clase media que no llega a fin de mes, los jubilados y las Pymes que pierden contra los monopolios", concluyó.