La central obrera advirtió que el acuerdo para que no haya despidos que firmó con el Gobierno y las cámaras empresarias en noviembre pasado no se está cumpliendo debido a que hay cesantías "en diversos rubros industriales, como textil, calzado y metalúrgicos, que atentan contra la paz social".

Uno de lo secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Juan Carlos Schmid, se refirió al tema y dijo:"Advertimos a las autoridades del Gobierno que los despidos y suspensiones en diversos rubros industriales, como textil, calzado y metalúrgicos, atentan contra la paz social, al tiempo que violan los compromisos asumidos en la mesa de diálogo social organizada al final del año pasado".

El integrante del triunvirato de la CGT planteó que "resulta llamativo que en momentos donde se está anunciando una revisión de los costos laborales y de reducción de los tributos, se siguen produciendo cesantías".

Asimismo, Schmid cuestionó los criterios con los que se busca justificar la caída del empleo y se preguntó: "¿Son los costos los responsables de la caída del empleo o es una mala administración del comercio exterior?; ¿Responde a un problema de cargas sociales o es el síntoma de la retracción del consumo?; ¿La rebaja en ciernes afectará la seguridad social?".

El sindicalista también alertó que, en paralelo a esos despidos, "se anticipan fuertes aumentos en servicios, combustible, peajes y prepagas, abriendo serios interrogantes sobre la pauta inflacionaria del presente año".

Al respecto, adelantó que el Consejo Directivo de la CGT en su primera reunión del 2017, prevista para fines de este mes o principios de febrero, "estará obligado a evaluar un panorama complicado".

El compromiso de que no haya despidos durante el verano fue acordado por expreso pedido de la CGT, luego de que durante 2016 se produjeran más de 100.000 cesantías en el sector privado y de que en mayo pasado el presidente Mauricio Macri vetara la Ley de Emergencia Ocupacional que suspendía los despidos durante seis meses y establecía la doble indemnización.

Luego que la mandataria de la provincia de Buenos Aires se haya aumentado su propio salario a más de 500 mil pesos, ahora arremetió contra el personal que trabaja en esa cartera al realizar descuentos en los salarios de 2.000 a 5000$.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ministro Santiago López Medrano le descontaron hasta 5.000 pesos a cientos de trabajadores de esa cartera donde recortaron todos los programas de promoción y capacitación social.

Vidal, y su ministro de Desarrollo Social, López Medrano, ordenaron “brutales descuentos” en los salarios de más del 35% de los trabajadores de esa cartera, con quitas que van de 2.000 a más de 4.000 pesos.

La medida que es resistida por los gremios del Ministerio de Desarrollo Social, también es leída como una medida de “disciplinamiento social” ante futuros paros.

“Queremos que nos devuelvan lo que nos descontaron. Y si no, vamos a seguir profundizando las medidas”, afirmó a Contexto Lorena Timko, delegada de la junta interna de ATE en esa dependencia, mientras los trabajadores empezaban a reunirse la mañana del martes en el hall del edificio ubicado en 55 entre 6 y 7 en una segunda jornada de protesta.

Los descuentos alcanzaron a 338 trabajadores sobre un total de 1.200 de ese Ministerio. En algunos casos fue peor aún, como el de una trabajadora que ya se jubila. “Como no tienen posibilidades de seguir descontándole, le descontaron ahora la totalidad de los paros, que son 7.500 pesos del salario”, explicó Timko.

El conflicto provocado por los descuentos inesperados en los sueldos de cientos de trabajadores de Desarrollo Social, muchos de los cuales ni siquiera hicieron paro, arrancó el último día del año.

“El 31 de diciembre cobramos nuestros salarios y nos encontramos con descuentos brutales. Pensamos que eran de 2.000 o 3.000 pesos y finalmente descubrimos que los aumentos fueron superiores”, precisó Timko, antes de aclarar que el salario promedio en Desarrollo Social es de 10.000 pesos de bolsillo y que las categorías superiores, siempre hablando de trabajadores y no de cargos políticos, no superan los 13.000 o 14.000 pesos.

Esas cifras contrastan claramente con los fondos de casi 500.000 pesos por Ministerio que Vidal autorizó hace unos días para que sus ministros contraten asesores.

Las autoridades provinciales ignoraron claramente el derecho a la huelga contemplado en la Constitución nacional y tampoco tuvieron en cuenta el momento del año para efectuar tales descuentos por los paros que los trabajadores llevaron adelante durante el año en reclamo de un acuerdo paritario a la altura de la inflación anual (en 2016) del 45%, que por supuesto no obtuvieron, y contra el vaciamiento de políticas públicas en materia social y sanitaria.

Se trata del famoso familiar del Presidente de la Nación, Ángelo Calcaterra, quien fue denunciado ante la justicia por entregar coimas a la constructora brasileña en nuestro país.

La presentación fue realizada hoy ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, donde se encaró una recolección de datos sobre tres grandes obras a cargo de la compañía de Marcelo Odebrecht en el país.

Las obras en cuestión son una planta potabilizadora de agua en el Paraná de las Palmas, la ampliación de gasoductos y el soterramiento del Sarmiento, adjudicado a Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Con anterioridad se conoció en Estados Unidos un acuerdo judicial por el que las firmas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon. Según un documento aportado por el Departamento de Justicia estadounidense, donde se lleva adelante el juicio por los casos de presunta corrupción en Brasil, Odebrecht pagó sobornos por más de u$s 35 millones en Argentina entre 2007 y 2014.

El fiscal Rodríguez busca desde aquí las pruebas del delito confesado que llevan a Brasil, como licitaciones, presupuestos, cotizaciones, posibles sobreprecios y hasta mails de exfuncionarios.

La reciente denuncia no solo alcanza al primo del Presidente. También incluye a Juan José Aranguren y otros funcionarios anónimos del Ministro de Energía y Minería, que mantuvieron en los últimos meses al menos tres encuentros personales con enviados de la firma brasileña. El trámite fue recibido por la prosecretaria administrativa de la Procuraduría anticorrupción, Silvia Alizandro.

El abogado denunciante, Daniel Igolnikov, pide seguir la doctrina del "recorrido del delito", y que supone un antes y después del ilícito, con una sucesión de aconteceres, donde los que participan son cómplices o encubridores, como sería Calcaterra en el pago de coimas a los argentinos.

"Hay evidencia suficiente para investigar esta corrupción sin excluir ni al empresario ni a los funcionarios argentinos de este Gobierno, que ha intervenido" en las 25 reuniones que menciona el diario La Nación, sea con funcionarios actuales o de la anterior gestión, expresó el letrado.

"Como ciudadano detesto que un hecho de presunta corrupción se investigue solo como propaganda partidaria, se viole el principio de inocencia y se vulnere el derecho a estar libre de prisión por la mera presunción y se continúen violando la Constitución Nacional y los tratados internacionales, como en el caso de Milagro Sala", comparó Igolnikov.

Uno de los referentes del massismo e hijo del sindicalista Hugo Moyano presenció un confuso episodio durante la presentación del nuevo técnico del club Alvarado en Mar del Plata. Hay dos heridos.

El diputado de Frente Renovador Facundo Moyano se encontraba en Mar del Plata para la presentación de nuevo director técnico del club Alvarado, del cual es dirigente, cuando se produjo un tiroteo entre dos facciones de la barra brava que terminó con dos heridos de bala.

El herido, identificado como César Córdoba, de 39 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, donde está estable y se recupera.

El hecho se produjo alrededor de las 19, cuando el flamante entrenador y los directivos daban entrevistas a los periodistas en el hall de entrada de la institución.

En ese momento, un hombre ingresó y comenzó a lanzar amenazas a otras personas que estaban en la presentación del flamante DT.

La respuesta fue inmediata: un disparo de arma de fuego lanzado desde el interior de la sede impactó en el hombre, quien cayó en el piso.

El herido fue cargado rápidamente en un auto particular y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos.

Córdoba forma parte de la barra brava del club marplatense y mantiene un enfrentamiento con los actuales dirigentes de la entidad, entre ellos Facundo Moyano, hijo del sindicalista Hugo Moyano y diputado nacional del Frente Renovador, quien no sufrió ninguna agresión durante el enfrentamiento.

Alvarado juega en el torneo Federal A y Noto, ex entrenador de Unión de Mar del Plata, se hizo cargo del equipo para afrontar la segunda fase del certamen con el objetivo de ascender a la Primera B Nacional.

En febrero la Cámara Federal tendrá que resolver si ordena investigar al presidente de la Nación, Mauricio Macri, por el presunto precio artificial del dólar que se fijó por la emisión de deuda externa y Lebacs, lo que habría resultado perjudicial para la economía.

La denuncia había sido presentada por un grupo de diputados del Frente para la Victoria por la elevada emisión de LEBAC en detrimento de las arcas del estado, contra el Presidente de la Nación y su equipo y fue impulsada en su momento por la fiscal Paloma Ochoa.

La fiscal Ochoa pidió el 7 de diciembre investigar el caso pero 10 días después el juez Rafecas desestimó el planteo.

El magistrado había considerado que la cuestión estaba relacionada con la política económica del actual gobierno, específicamente, con la estrategia del gobierno de sostenimiento de la cotización del peso frente al dólar mediante la emisión de LEBACS por parte del Banco Central, así como también mediante el endeudamiento externo.

Según Rafecas el caso no era susceptible de investigación porque la decisión sobre las Lebacs y la emisión de deuda es una facultad del Gobierno y se trata de "cuestiones políticas no judiciables".

En consecuencia Ochoa respondió argumentando que en este caso lo que se debe investigar es "una presunta política monetaria abusiva decidida por funcionarios públicos, que extralimitándose en sus funciones, manipularon el valor real –fijado por el mercado– con el objeto de perjudicar las arcas del estado nacional en beneficio de determinados grupos económicos".

Además remarcó que  "habrá de ser juzgada necesariamente a la luz de los lineamientos" que dispuso la Cámara en la causa del dólar futuro.

Así lo expresó el Intendente de Tapalqué, por las acusaciones vertidas en diferentes medios por el doctor Guillermo Díaz, quien alegó haber sido despedido del Hospital por pertenecer a un partido opositor.

El intendente de la localidad bonaerense de Tapalqué, Gustavo Cocconi, salió al cruce de las declaraciones vertidas por el doctor Guillermo Díaz, quien molesto por haber sido desafectado de sus funciones por reiterados incumplimientos comenzó, con el apoyo de la estructura del Frente Renovador, a denunciar ante los medios “persecución política”.

En este sentido, Cocconi detalló que “en Tapalqué hay mucha libertad. Hemos tenido un médicos que fueron candidatos por el radicalismo y no hubo conflicto de ningún tipo. Acá hablamos de una diferencia por una tema netamente laboral, pero el massismo está usando su poder económico y mediático para plantearlo en otros términos que no son reales y lamentablemente confunden a la gente”.

Por su parte, la Directora del Hospital sostuvo que “en Tapalqué, como en casi todos los hospitales públicos del país, tenemos mucha dificultad para cubrir las guardias”, y agregó: “todos los médicos que vienen a trabajar al Hospital saben que necesitamos que colaboren con las guardias. A mí no me interesa con quién milita cada uno, lo que sí me interesa es que queden claras las necesidades funcionales del Hospital, y que nuestra única prioridad sea el paciente. El profesional que viene a trabajar a Tapalqué no tiene que estar alineado o ser funcional ni a esta dirección ni a este Intendente: tiene que estar en concordancia con las necesidades de la población”.

Asimismo, desde la Municipalidad afirmaron que los incumplimientos por parte del médico ya habían sido motivo de otras medidas. Es así como a comienzos de octubre se decidió relevarlo de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y se lo citó en reiteradas oportunidades para reunirse con la titular del área municipal de Salud para aclarar el tema. Sin embargo, Díaz no sólo no concurrió a estas reuniones, sino que ni siquiera contestó ninguno de los mensajes que recibió. En vez de solucionarse, esta situación se profundizó, por lo que tiempo después la directora decidió dar por terminado el vínculo laboral, detallan desde el municipio.

Por otra parte, el de Díaz no es el único contrato terminado, sino que hubo varios profesionales más afectados por esta medida tomada a partir de la decisión de reorientar los fondos a otras necesidades de recurso humano más importantes para el Hospital.

El presidente de la Cámara de Diputados expresó la necesidad de que Cambiemos "conduzca el espacio desde lo político", ya que luego del triunfo electoral de 2015, "está vacío". 

"Nosotros tenemos que volver a lograr que Cambiemos conduzca el espacio desde lo político. Hoy el espacio desde lo político está vacío desde hace un año, desde el triunfo electoral", aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en una entrevista publicada hoy en el diario Clarín.

Monzó, quien en noviembre pasado se había referido a Cambiemos como simplemente “un esquema electoral” que estaba lejos de “transformarse en un cuerpo sólido como partido político”, reavivó la polémica y evidenció la interna dentro del espacio encabezado por Mauricio Macri.

Además, propuso sumar a Cambiemos a "dirigentes impresionantes" del peronismo, como Omar Perotti, Florencio Randazzo, Julián Domínguez, Diego Bossio, Gabriel Katopodis y Juan Manuel Urtubey. Además aseguró: “Con Lilita Carrió nos tenemos que reunir en alguna mesa, y conducir políticamente apoyando al Presidente de la Nación, apoyando a los gobernadores, pero la conducción política no la podemos delegar".

El funcionario advirtió para concluir, que, si Cambiemos no gana las elecciones legislativas de este año, habrá "dificultades en la negociación de las leyes". "Me parece que el triunfo en la provincia de Buenos Aires es un triunfo que lo tenemos que garantizar por el bien de todos", destacó.

El flamante ministro de Finanzas, es socio y principal acreedor de la firma Sacha Rupaska, dedicada a la compra de terrenos en esa provincia del Noroeste y denunciada por intentos de desalojo violento a más de un centenar de familias que vivían en esos predios adquiridos.

De acuerdo con la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, el ex secretario de Finanzas tiene participación en 16 sociedades, entre las que se encuentra Sacha Rupaska SA, que el 12 de octubre de 2007, adquirió entre otros, el lote conocido como Piruaj Bajo, y reconfiguró desde entonces el destino de las 80 familias de campesinos que habitan esa zona desde hace más de un siglo. Cuando se llevó a cabo la compra de 17.800 hectáreas, les prometieron de palabra ceder cerca de 7 mil hectáreas a las 800 personas que habitaban allí, pero no cumplieron y buscan desde entonces desalojarlas.

El noroeste santiagueño continúa en peligro de desmonte y de desalojo de comunidades campesinas. Son grandes emprendimientos agrícolas los que en las últimas décadas vienen avanzando a modo de pinzas, tanto desde el límite con Salta como desde el sureste de Santiago. La adquisición de campos para la producción de soja fue desplazando las tierras para el cultivo de algodón, y con ellas las viviendas de los trabajadores que se desempeñan allí.

Según informó este  miércoles el diario Página12, en 2007 los empresarios Iván Gándara y Luis María Méndez Ezcurra compraron tres lotes por un total de 17.800 hectáreas en el noroeste de Santiago del Estero bajo la firma Sacha Rupaska. Uno de los lotes, el Piruaj Bajo, fue subdividido y la parte que coincide con la zona en la que se asientan aproximadamente 80 familias, fue vendida al empresario tucumano Cesar Pablo Esteban Bellati, según denunció el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). De acuerdo con el escrito oportunamente presentado, la división de los terrenos fue parte de una estrategia de los empresarios para que el reclamo de la comunidad se focalice solo sobre estas 3000 hectáreas y no sobre el total, del que las familias vienen haciendo uso por generaciones, ni de las 6000 ó 7000 hectáreas que les habían prometido de palabra.

Según la declaración jurada que presentó el flamante ministro de Finanzas un mes después de los nuevos reclamos de las familias, su posesión accionaria es de 7200 pesos, aunque en el listado de “créditos en el país” Caputo aparece como acreedor de Sacha Rupaska S.A. por 3.800.150,54 pesos. El dato confirma que la participación accionaria del funcionario en esa empresa fue variando y era mucho mayor cuando se concretó la compra de terrenos que los campesinos denunciaron ante la Justicia y que ahora buscan anular. Su participación accionaria en la compañía data desde el momento en que Méndez Ezcurra y Gándara le compraron las 17.800 hectáreas a María Rosa Salomón, consorte del entonces ministro de Justicia santiagueño Ricardo Daives, integrante del gabinete del entonces gobernador Gerardo Zamora.

Al año siguiente de la operación (2008), las familias denunciaron la maniobra como un intento de usurpación. En respuesta, el empresario Bellati inició un juicio contra la población de Piruaj Bajo en el juzgado federal acusándolos por entorpecer la posesión de la propiedad vendida. Durante ese periodo en el cual se mantuvo abierta una negociación, los empresarios incumplieron el acuerdo de interrumpir el trabajo con las topadoras hasta tener una resolución. Tras una pueblada en 2010 se logró frenar los trabajos.

Dos años después, cuando el clima social ya se había calmado los empresarios de Sacha Rupaska regresaron, contrataron a algunas personas del lugar, construyeron viviendas con alambrado, pozo surgente e instalaciones para el trabajo con ganado, dificultando así el juicio que pudieran realizar las comunidades de Vilmer, Huiñaj Pozo y Piruaj en esos territorios. En agosto de 2015 se comenzaron a organizar nuevamente y entre las diversas actividades que realizaron los curas jesuitas en conjunto con las comunidades, se pueden enumerar reuniones con los pobladores más afectados, talleres con el Comité de Emergencia de Tierras de la provincia y encuentros con el fiscal general Gustavo Gómez. Hasta el momento hubo sólo dos reuniones. El primer encuentro se realizó el 28 y 29 de noviembre de 2015 y el segundo taller fue el fin de semana del 9 y 10 de abril último, donde se analizaron las diferentes estrategias para continuar avanzando con el reclamo a nivel judicial.

Mauricio Macri tiene listo el decreto con el que anunciará de forma oficial que el Poder Ejecutivo Nacional le transferirá 25 mil millones de pesos al gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La Casa Rosada se ampara en el congelamiento del Fondo del Conurbano, que se creó en 1992 y se congeló en 1995 por las peleas entre Menem y Duhalde.

Recién comenzado el año electoral la medida despierta sospechas pero la Casa Rosada tiene listo el argumento: los fondos saldrán del Tesoro Nacional y buscan compensar el congelamiento del Fondo del Conurbano.

Ese tema, sin embargo, es central para la administración de María Eugenia Vidal, quien horas después de asumir en territorio bonaerense fue a la Corte Suprema de Justicia para reclamar que el fondo de ayuda fuera restituido.

El Fondo del Conurbano fue creado en 1992 a modo de compensación por los 7 puntos de coparticipación que Buenos Aires había cedido en 1988. Quedó compuesto por el 10% de lo recaudado por Ganancias, pero en 1995, mientras Carlos Menem (Presidente entonces) y Eduardo Duhalde (gobernador de Buenos Aires) comenzaban su tensa y peligrosa separación política, se estableció por ley el tope de $ 650 millones y nunca se actualizó.

El reclamo de Vidal ante el máximo tribunal incluyó cinco años hacia atrás, por una cifra total estimada en $300 mil millones, unos $50 mil millones por año.

El Ministerio de Transporte promueve un nuevo cuatro tarifario con excesivos incrementos, que superan el 100%. El esquema se discutirá en audiencia pública el 3 de febrero próximo. Se estipula que el gasto mensual, de un vehículo podría llegar a los 12.500 pesos.

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte de la Nación propuso un nuevo cuadro tarifario con fuertes aumentos que pueden superar el 100%  para los peajes de los accesos a la ciudad de Buenos Aires. El esquema deberá ser discutido en una audiencia pública el 3 de febrero.

La cartera que conduce Guillermo Dietrich, mediante Vialidad Nacional, busca implementar un nuevo esquema de tarifas para los peajes de los Accesos Norte (Panamericana) y Oeste, dos de los principales ingresos a Buenos Aires. Además, plantea sumar una hora pico a la mañana (mano al centro), que pasaría de 7 a 10 a 7 a 11; y otra a la tarde (mano a provincia), que sería de 16 a 20, en lugar que de 17 a 20 como lo es hoy.

El Gobierno propuso también otros tres segmentos de horarios: "promocional" (de menor valor, horario nocturno entre las 22 y 5 am del día siguiente); "congestión" (va de 7 a 9 en dirección a la Ciudad y de 19 a 20 para la vuelta); y, por último, “valle” (el resto del horario).

Con respecto a los aumentos, según precisa el esquema publicado hoy por el Gobierno, un automóvil pasará de pagar 25 a 55 pesos en el horario “congestión” y de 20 a 25 pesos en el “promocional”. Las otras dos tarifas intermedias serán de 35 y 45 pesos.

En el caso de las motos, que hoy abonan $5, los incrementos serán de hasta un 400%, y pasarán a pagar en un rango de 10 a 25 pesos. Los conductores podrán ahorrar entre 30 y 40% si incorporan el sistema de apertura automática de barrera, denominado TelePASE.

Sobre las razones de estos incrementos, Vialidad Nacional aseguró que "permitirán asimilar el aumento que hubo durante el 2016 en los costos de administración y mantenimiento de las autopistas” y lograr un plan de 1.425 kilómetros de obras, con $5.671 millones de inversión y la creación de 5.400 puestos de trabajo, según precisa la resolución.

De esta manera, viajar en auto del conurbano para  trabajar en la Ciudad todos los días puede aumentar hasta 41%. El gasto mensual, llegaría a los 12.500 pesos.

El presupuesto para viajar en auto de casa al trabajo y del trabajo a casa rozará el valor de la Canasta Básica Total que usa el Indec para estimar el ingreso mínimo necesario para no caer en la pobreza ($ 13.126,2). Y será 55% superior al Salario Mínimo Vital y Móvil, que este mes llegar a $ 8060.

Sumado todoe esto, que la nafta aumentará un 8% promedio en los próximos días; así que llenar un tanque pequeño, con nafta premium costará 1146,2 pesos. Si el automovilista gasta un tanque semanal para ir de casa al trabajo y volver (algo habitual para quien vive a 40 o 50 kilómetros de la Capital y viene a la Ciudad de lunes a viernes), deberá desembolsar, nada más y nada menos, que 5731 pesos mensuales.