(Por Juan Manuel Pignocco, Senador Bloque FPV-PJ) Por obvia que pueda parecer, la pregunta esconde conceptos fundantes de nuestro país, que nos remite a lo más profundo de la historia, a la falta de acuerdo entre lo central y lo regional, entre la ciudad y la campaña, entre el puerto y el interior, y que nuestros constituyentes buscaron resolver en ese proyecto de país plasmado en la madre de todas las normas.
Si bien es cierto que aún restan aspectos por saldar -importantes por cierto-, no debe ponerse en duda el carácter federal de nuestro país. Atento la innegable condición, la reforma constitucional de 1994, reafirmó esto último, al establecer que la distribución de recursos “será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.
En los aspectos irresueltos de nuestro federalismo – que no se agota en lo fiscal- existen reclamos justos que deben ser atendidos privilegiando el colectivo, con una mirada global que, sin desconocer las particularidades, resulte superadora, sin favorecer a unos argentinos por encima de otros y sin comprometer el futuro federal por atender a quienes hoy transitoriamente pueden detentar mayor poder de negociación.
Nuestra Constitución dispone que “La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto”.
La distribución justa, equitativa, que dé prioridad a lograr un grado de desarrollo equivalente en todo el territorio, necesariamente requiere un estudio real de las competencias y funciones que hoy brindan el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Enriquecer la discusión y hacer propuestas superadoras necesariamente implica incorporar aspectos claves que suelen quedar relegados. Des-centralizaciones mediante, nuevas y más exigentes demandas, hicieron que hoy las provincias sean el nivel de gobierno que mayor porcentaje invierte en servicios directos para la ciudadanía, pero los recursos se concentran en el ámbito nacional. Por lo tanto, resulta indispensable y prioritario, para encontrar una solución que atienda todos los intereses involucrados de modo razonable, recomponer el desequilibrio vertical entre la Nación y las provincias.
En este sentido, para el conjunto de provincias con una participación en el reparto de la renta federal de solo el 27% en el 2016, y con las responsabilidades de gasto intensivo y creciente en Recursos Humanos, Seguridad, Justicia, Educación y Salud, resulta de- terminante un nuevo esquema de reparto de la renta federal que eleve su participación conjunta.
Sin ello, no podrá corregirse el fuerte desequilibrio horizontal que nuestro federalismo encierra y que expone una falta de correspondencia fiscal, una evidente asimetría entre los ingresos y los gastos de las provincias.
Presenciamos planteos independientes, reduccionistas y aislados que, enarbolando las banderas del federalismo, exponen justamente lo contrario: falta de solidaridad y compromiso con un proyecto de país que brinde verdadera igualdad de oportunidades a todos sus habitantes.
No puede existir un verdadero federalismo que no se sustente en la necesaria autonomía financiera de las provincias para brindar los servicios que la sociedad demanda.
Atento a esto, es deber de todas las fuerzas políticas elaborar un acuerdo marco, que comience a delinear un país estrictamente federal, donde las responsabilidades de cada nivel de gobierno se encuentren asociadas a un financiamiento genuino y sostenible en el tiempo.
El primer paso es consolidar un acuerdo del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires, con la finalidad de mejorar la participación relativa en la coparticipación federal, dado que de esta manera se dará respuesta a un planteo histórico y justo.
Si bien esto implica un esfuerzo importante para el nivel superior de gobierno, es necesario para mantener futuras conversaciones en un marco de igualdad, emulando de esta manera el esquema que el Estado Nacional utilizó para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – el distrito más rico del país- cuando, al transferirle las competencias en materia de seguridad (traspaso de parte de la Policía Federal), contempló una corresponsabilidad fiscal con una mayor participación en la coparticipación federal ley Nº 23.548, para garantizar su financiamiento. Un esquema similar puede aplicarse para la provincia de Buenos Aires y, de esta forma, elaborar mecanismos de reparto de recursos que permitan cumplir con la manda constitucional.
