Aunque el propio Mauricio Macri se envalentona frente a empresarios y repite sistemáticamente que la economía argentina ya arrancó, su mujer, Juliana Awada, suspendió 70 trabajadores en sus locales de Cheeky. Hace dos meses que no cobran salario y no saben como seguirá su situación.

"Se empiezan a sentir las mejoras en la economía", dijo el pasado 31 de agosto Mauricio Macri, ante un atento auditorio, colmado de empresarios que estaban allí para celebrar el día de la industria junto con el Presidente de la Nación.

Sin embargo, y en paralelo a su optimismo, la realidad parece tenerla al otro lado de la cama. Es que en la empresa de Juliana Awada, su esposa, las mejoras no sólo no se empiezan a sentir, sino que se nota, y fuerte, la política de ajuste.

La firma emblema de Cambiemos, Cheeky, en los últimos meses dispuso un agresivo plan de suspensiones que dejó sin salarios a 70 empleados, entre ellos algunos con entre 15 y 20 años de antigüedad.

La reconocida firma textil propiedad de Juliana Awada, la Primera Dama de la Nación, decidió reducir puestos de trabajo en el rubro de vigiladores y, sin preventivo de crisis que lo avale, ya tiene a 70 empleados suspendidos que no cobran su sueldo hace dos meses y no saben qué será de su futuro.

Desde el Sindicato de Trabajadores de Vigilancia Privada (STVP), manifiestaron “su absoluto repudio a la empresa de seguridad High Top Segurity (tercerizada) y a la empresa de ropa infantil Cheeky, conocida marca que pertenece a Juliana Awada —esposa del presidente de la Nación— por haber dispuesto las suspensiones de setenta compañeros de vigilancia”.

“Las suspensiones resultan absolutamente ilegales, porque la empresa no inició el procedimiento preventivo de crisis previsto por ley para este tipo de situaciones”, sostuvieron en un comunicado de prensa.

“Las empresas mencionadas se amparan en supuestos recortes de gastos dejando sin cobrar desde hace dos meses a los compañeros, y por si fuera poco, sin garantizarles la continuidad en sus puestos de trabajo”, añadieron.

El gremio ya denunció la maniobra empresarial frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, y con su intervención se encuentra peleando a fin de destrabar el conflicto. “No vamos a permitir la ganancia empresaria a cambio del hambre de los vigiladores”, señalaron.

En este marco, el jueves el STVP y otras organizaciones sindicales movilizarán las 8.00 de la mañana en la puerta de Cheeky ubicado en la calle Cuyo 3040 Martínez (San Isidro), para denunciar su situación y buscar una salida urgente.

Trabajadores y sindicatos alertan que la transferencia de un programa nacional a la órbita de la obra social de los estatales bonaerenses afectará las arcas de la prestataria y “no mejorará el servicio”. Además hablan de maniobras para utilizar la caja de la obra social en tono político partidario para apuntalar a los candidatos de Vidal.

En los últimos días, trabajadores y sindicatos bonaerenses mostraron gran preocupación ante la transferencia del programa Incluir Salud a la órbita del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), bajo la órbita de Carlos D'Abate, sucesor de Sergio Cassinotti, quien desembarcó en PAMI.

Desde ATE afirman que la decisión podría producir un “desfinanciamiento” de la obra social, dado que “los recursos que el Ministerio de Salud bonaerense recibía de Nación para cumplir con las obligaciones del programa nacional eran escasos”.

El vaciamiento de IOMA tiene, además, otra instancia que por ahora tiene el formato de sospecha. Es que se vienen detectando prácticas que alertarían a pensar que se utiliza el pago de alquiler de ambulancias a modo de “caja política”, a partir del pago de servicios que no se prestan, fundamentalmente en el interior provincial.

Volviendo al Programa Incluir Salur, ahora “IOMA tendrá que hacerse cargo con fondos propios de los amparos y de las complicaciones que eso genera”, advirtieron.

Según los gremios, el gobierno provincial, a través de un decreto, delegó el convenio que tenía el Nación con el Ministerio de Salud provincial para ejecutar el ex Programa Federal de Salud (Profe) en territorio bonaerense, al ámbito de la obra social de los trabajadores del Estado y encendió la “preocupación” tanto de los beneficiarios como de los trabajadores de la prestataria.

Además focalizan en las falencias del programa Incluir Salud, que se encarga de brindarle cobertura integral a beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) en todo el territorio nacional, situación que provocó el estado de alerta que mantienen los trabajadores de IOMA.

“Es un programa con altos índices de uso de los servicios por parte de los beneficiarios porque por lo general es gente que necesita la medicación para los tratamientos, más allá de que no dé respuesta”, comentó Facundo Villalba, delegado de ATE al portal InfoCiello

“Lo que hace Vidal para descomprimir la situación es traspasarle a IOMA la ejecución del programa y a partir de octubre se empieza a hacer cargo de las prestaciones de aproximadamente 230 mil beneficiarios en la provincia”, agregó.

“IOMA tendrá que hacerse cargo con fondos propios de los amparos y de las complicaciones que genera el programa por no cumplir con sus obligaciones porque, como viene sucediendo hasta el momento, no le va a alcanzar con la partida presupuestaria que le llega desde el Estado nacional”, explicó Villalba “va a generar un déficit en la caja de IOMA, que no es una caja del gobierno sino de los trabajadores”.

En cuanto a los reclamos del sindicato, Villalba contó que pidieron una audiencia con el director de IOMA, Carlos D'Abate, pero aún sin lograr respuesta.

Hace más de 40 días que Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad desvían la investigación sobre la desaparición de Santiago Maldonado, pero ahora, acorralados, publican una solicitada en los principales matutinos ofreciendo recompensa.

El ministerio de Seguridad de la Nación publicó hoy una solicitada en diarios nacionales, recordando la recompensa dispuesta para quien aporte datos sobre la aparición del joven Santiago Maldonado, visto por última vez tras un operativo realizado por la Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut.

"Estamos buscando a Santiago Andrés Maldonado" reza el título de la publicación a color que cuenta con la imagen del joven, del que se indica que tenía "28 años al momento de su desaparición" fecha sindicada como el "01/08/2017".

El texto, que abarca media carilla, continúa "hay una recompensa de $2 millones. Para aportar algún dato concreto o información sobre lo que pasó, podés llamar al: 08005555065".

La causa es investigada por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, bajo la carátula de desaparición forzada de personas.

En tanto, la posible conformación de un grupo de expertos independientes que colabore con la investigación judicial de la desaparición de Santiago Maldonado, avalado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), será evaluada hoy por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante una reunión con Amerigo Incalcaterra, representante de la oficina regional en Sudamérica de ese organismo de Naciones Unidas.

Se detectó que en dependencias de Olavarría, donde gobierna el mismo jefe comunal del PRO investigado por el trágico show del Indio Solari, hubo casi $170 millones de gastos injustificados. Incluían alimento de perro premiun, whisky , pizzas y café.

El intendente PRO de Olavarría, Ezequiel Galli, no pega una. Luego del trágico show del Indio Solari en el que prometía convocar decenas de miles más de lo permitido por la habilitación, enfrenta otro escándalo: el Tribunal de Cuentas detectó que en dependencias del municipio hubo $165.138.391,55 de gastos de "caja chica" que no podían ser justificados y que, de forma increíble, incluían compras compras whisky y comida de perro premium, café, gaseosas y pizzas, entre otras cosas.

Según reveló el portal LetraP, en su estudio sobre las gastos de Olavarría en el período 2016, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires descubrió movimientos de dinero que tienen que ver con la "caja chica” de la Secretaría General y de Coordinación, que estaba a cargo del ahora exjefe de Gabinete y padrino político de Galli, Jorge Larreche, y otras diversas áreas, que no tienen justificación.

¿Qué compraron Galli y sus funcionarios de Cambiemos? Entre otros productos, figuran gastados $1.460 en whisky Johnnie Walker, etiqueta roja; $51 pesos en comida para perros marca Pedigree, $750 en una picada en pan de campo y presumiblemente dos pizzas -especial, y rúcula y jamón crudo-, café nesspreso y gaseosa.

“El caso de alimentos premiun para perros, es que se compró alimentos para un perro callejero que vivía en la puerta de la municipalidad y el resto son errores administrativos que aceptamos y que ya depositamos el dinero como exige el tribunal de cuentas”, señaló Galli en una explicación bizarra.

Y agregó: “Son gastos que pasó el tribunal, ya se pagó como corresponde lo que estaba mal realizado. Algunos son facturas que no corresponden, claramente, y que se traspapelaron en algunas oficinas”.

Además quiso para culpar a la oposición: “Es el aprovechamiento de un tema que ya se sabía hace unos cuantos meses y que lo guardaron para la época electoral para tratar de disuadir a la gente y tratar de hacerles creer que somos corruptos cuando no lo somos”.

Sin embargo, en el informe del HTC se deja explicitado que “no se ha podido probar el carácter municipal de tales egresos, motivo por el cual se requiere el envío de los antecedentes, detallados en cada uno de los casos, que justifiquen la finalidad pública del gasto en los términos del artículo 126, tercer párrafo del Reglamento de Contabilidad”.

En la mayoría de los “montos observados”, el Tribunal “constató que los comprobantes que se indican a continuación no identifican al adquiriente”, y aclaró que “se identifica un sujeto erróneo o bien fue emitido a un consumidor final imposibilitando de esta manera, verificar la finalidad pública del gasto”.

Además de wihsky y comida para perros, el Tribunal de Cuentas “observó” montos en concepto de pan -41$-, galletitas -$80-, picada en pan de campo, gaseosa, 2 pizzas y café -750$-, 300$ en gasoil y 230$ en yerba, leche y salvado entre otros gastos.

El ingeniero Ariel Garbarz realizó un estudio de los posibles lugares donde usaron el teléfono un día después de la desaparición del joven, pero la Justicia no quiso aceptar la información.

Acorralados por las evidencias, la Justicia y el Gobierno acercan cada vez más la hipótesis de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en manos de "siete gendarmes". Mientras tanto, el ingeniero Ariel Garbarz, perito propuesto por la querella de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), aseguró que uno de los teléfonos del joven fue usado el 2 de agosto, un día después de la última vez que lo vieron, cerca de Esquel. Sin embargo, el juez Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila no quisieron aceptar la información.

Para el ingeniero, la información que encontró es clave: "Tenemos información muy importante sobre la geolocalización. Es la punta del ovillo de la causa. Impactó en una antena de Movistar, sabemos cuál es pero se lo vamos a decir a la Justicia".

La zona de la Pu Lof, el territorio mapuche donde se vio por última vez a Maldonado antes del operativo de Gendarmería Nacional, no capta señal de celular. De allí hacia el sur, las antenas más cercanas están a 80 kilómetros, en Esquel (en el aeropuerto, en el centro de esquí El Hoyo, en los suburbios y en la propia ciudad).

La hipótesis de Garbarz coincide con lo que relató ante el magistrado el amigo del tatuador, Ariel Garzi, quien declaró que llamó a Maldonado el 2 de agosto a las 15.34 y alguien lo atendió durante 22 segundos, aunque no habló. "Escuché ecos y pasos y después cortaron", precisó, y agregó que al siguiente llamado ya dio apagado.

Sin embargo, el especialista se volvió indignado a Buenos Aires porque no lo aceptaron como perito: "Nunca me pasó en 20 años que no reciban a la querella".

En diálogo con Infobae, Garbarz argumentó que lo más importante sobre saber dónde se activó el aparato de Maldonado es la posibilidad de detectar qué otros celulares estaban encendidos alrededor de éste. "Podrían ser testigos o posibles sospechosos. Y alguien atendió ese celular. Los teléfonos no se atienden solos. Pudo haber sido Santiago. U otra persona", remarcó.

Por último, no descartó la posibilidad de que hayan encendido el celular para desviar las pistas: "Alguien lo puede prender lejos de la escena del crimen para distraer la atención, por eso es necesario tener esa información en la causa", aunque también consideró que haya sido prendido por error.

Pequeñas y mediana empresas solicitaron que las provincias posterguen la retención del impuesto a los Ingresos Brutos para las compras realizadas con tarjetas para poder darle continuidad al plan de compras de 12 cuotas sin interés. Temen que el final de las cuotas sea otro golpe al consumo.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sostuvo que "para frenar el éxodo de compras a países limítrofes", junto a la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra, diseñaron "un plan de compras que, a diferencia del ´Ahora 12´, alcanza especialmente al turismo con el fin de fortalecer la oferta para agencias y hotelería en 12 cuotas sin interés".

"También abarca a rubros que el plan oficial no lo hace, como regalería, perfumerías, relojerías y productos de cualquier origen", argumentó.

En ese sentido, indicó: "Actualmente, se cobra la retención en el momento que se liquida la tarjeta y los comerciantes piden que se realice con la declaración jurada, lo que les daría una tregua de hasta 40 días para abonar esos importes".

La CAME reclamó que las provincias posterguen la retención del impuesto a los Ingresos Brutos para las compras realizadas con tarjetas, "a fin de continuar ofreciendo las 12 cuotas todos los días".

"La prórroga hasta fin de año para 69 ciudades de frontera depende de que los gobernadores modifiquen el plazo de retención a los Ingresos Brutos", indicó la CAME.