La Tupac Amaru denunció que, tras la prisión domiciliaria de Milagro Sala, corre peligro “la integridad física y psíquica” de Gladys Díaz, Mirta Aizama, Mirta Rosa Guerrero y Graciela López, militantes de la organización que continúan alojadas en el Penal de Alto Comedero.

Mara Brawer y Estela Díaz, integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala, se reunieron hoy con Miguel Ángel Singh, secretario de Seguridad de Jujuy, y Jorge Martin Llapur, subjefe del Servicio Penitenciario, para denunciar las graves condiciones de detención de las cuatro detenidas de la organización Tupac Amaru en el Penal de Mujeres de Alto Comedero.

“Las consideraciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el hostigamiento que ponía en peligro la integridad física y psíquica de Milagro Sala se ejerce ahora sobre Gladys Díaz, Mirta Aizama, Mirta Rosa Guerrero y Graciela López, presas políticas de Gerardo Morales y Mauricio Macri en el Penal de Alto Comedero”, remarcó la Tupac en un comunicado.

Brawer y Díaz exigieron que se garantice “la vida y la seguridad de las detenidas”, la renuncia del Jefe de la Unidad Penal, Pedro Vilte, y el desplazamiento de tres penitenciaros a los que responsabilizaron de “dejar zonas liberadas para que se produzcan las agresiones”.

Por otra parte, los abogados de las detenidas, Ariel Ruarte y Paula Alvarez Carreras, presentaron ante la jueza Monica Cruz Martínez, del Juzgado de Violencia de Genero un habeas corpus.

Uno de los hechos denunciados ocurrió la semana pasada. En comunicación telefónica desde la cárcel, una de las presas políticas avisó que la tarde anterior, tras haberse retirado las visitas, habían sufrido “una requisa muy violenta”.

Según se informó, Guerrero estaba recién operada de una hernia y fue obligada a permanecer de pie, hasta que no pudo aguantar más el dolor y comenzó a llorar y se descompensó. Recién entonces le permitieron sentarse. Al día siguiente, tras reprochar al jefe de la Unidad el trato recibido, Guerrero pidió salir a la Fiscalía a realizar la denuncia pero se lo negaron.

A López tampoco le permitieron hacer una denuncia sobre una agresión que sufrió el domingo, cuando una interna de apellido Miranda -que ya había agredido a Milagro Sala en un día de visitas cuando se encontraba junto a su familia y que, según la dirigente social había recibido dinero de parte del Gobierno de Morales para hostigarla- la insultó y amenazó.

Desde la salida de Milagro del penal de  Alto Comedero, esa mujer comenzó a hostigar a las compañeras de militancia de la dirigente social,  incluso con amenazas de muerte.

Tras la reunión con Singh y Llapur, las coordinadoras del Comité por la Libertad de Milagro Sala señalaron que “los funcionarios, cuando hablan de Alto Comedero, parecerían estar hablando de la mejor cárcel del mundo”.

“Insisten con una visión respecto a la conflictividad de las presas de la Tupac porque organizan y defienden contra los abusos a las otras internas. Les reafirmamos que tenemos visiones confrontadas, ya que para nosotros son presas políticas y gran parte de los problemas existentes devienen de su negativa en reconocerlas como tales”, explicaron.

Brawer y Díaz agregaron que en “estos días no han querido salir de sus celdas siquiera para buscar comida porque temen ser atacadas por otras presas que cuentan con el aval de algunos oficiales de la Unidad”.

“En menos de un año se produjeron dos asesinatos en el penal de hombres de Gorriti. Es el Estado el responsable de garantizar la vida de quienes están a su disposición en el servicio penitenciario”, concluyeron.

Se trata ex oficial de la Bonaerense Gustavo Vega, condenado por la tentativa de homicidio contra Joaquín Romero. Ahora se espera el juicio a Gustavo Rey, acusado de asesinar a los adolescentes Franco Almirón y Mauricio Ramos en 2011.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Martín condenó hoy a 15 años y 6 meses de prisión a Gustavo Vega, uno de los policías de la Masacre de La Cárcova, ocurrida hace más de seis años en la localidad de José León Suárez, tras el descarrilamiento de un tren de carga que llevaba autopartes y alimentos.

El ex oficial de la Bonaerense fue encontrado culpable de la tentativa de homicidio durante la represión en la que resultó gravemente herido Joaquín Romero. El joven se encontraba con sus amigos Mauricio Ramos (16) y Franco Almirón (17), ambos asesinados a balazos.

Las familias de las víctimas esperan ahora que se inicie el juicio contra el policía Gustavo Rey, acusado por los crímenes de Ramos y Almirón.

Rey había sido absuelto en 2014 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, pero la Sala I de la Cámara de Casación Bonaerense dejó sin efecto el fallo de primera instancia y ordenó que se  haga un nuevo juicio.

Según informaron desde Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, el nuevo juicio contra el policía “está frenado por un recurso de su defensa”.

La represión policial del 3 de febrero de 2011 comenzó una hora después del descarrilamiento del tren. Se hicieron centenares de disparos contra los vecinos que se habían congregado sobre una calle paralela a las vías del ferrocarril Mitre.

Adrián Rodríguez, abogado de la familia de Emilia Uscamayta Curí, comparó las maniobras del intendente Julio Garro con las de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en el caso Maldonado. Una nueva línea de investigación compromete a funcionarios municipales con la muerte de la joven estudiante, mientras la nocturnidad platense se torna cada vez más turbia.

(Por Fernando M. López *) La muerte de la estudiante de periodismo Emilia Uscamayta Curí, ocurrida el 1º de enero de 2016 durante una fiesta clandestina en Melchor Romero, puso de relieve un denso entramado de corrupción que involucra al gobierno del macrista Julio Garro con empresarios inescrupulosos de la noche platense.

Hace menos de dos meses, la familia de Matías Ferioli, otro estudiante universitario que en este caso fue salvajemente golpeado por patovicas del bar “Media Pinta”, en pleno centro de la capital bonaerense, denunció que el Estado municipal “no regula ni controla absolutamente nada”, ni siquiera en materia de habilitaciones comerciales.

Ahora trascendió que el boliche “Jerry”, recientemente inaugurado en Camino Centenario y 508, es una bomba que puede estallar en cualquier momento –literalmente hablando–, ya que por su vereda pasa un gasoducto de alta presión de la empresa Camuzzi Gas Pampeana. Concejales de la oposición preparan un pedido de informe al Ejecutivo porque no entienden cómo ese peligroso lugar se encuentra en funcionamiento.

Las primeras explicaciones las aportó el diario Hoy al vincular a Rubén Darío Alfano, “uno de los dueños en las sombras del boliche”, y a “un alto funcionario municipal” que “también tendría intereses comerciales en el emprendimiento”.

Alfano es el titular del Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de La Plata y, según el matutino platense, posee una estrecha relación con Garro que incluye “favores políticos”, como designaciones “a dedo” de directores, subdirectores y personal jerárquico en distintas dependencias municipales, “afiliaciones compulsivas” en beneficio del gremio y hasta “créditos a empleados a tasas usurarias”. Como si todo esto fuera poco, el sindicalista lleva a cuestas además una causa por violencia de género que le inició su pareja, una empleada municipal de 29 años que denunció haber sido víctima de agresiones físicas y amenazas de muerte.

En “Jerry” también participaría el empresario Santiago Piedrabuena, uno de los imputados por la muerte de Emilia y amigo del subsecretario de Gobierno municipal, Juan Manuel Martínez Garmendia. El resto de los imputados son los otros tres organizadores de aquella fiesta mortal de año nuevo, Raúl “Peque” García, Carlos Bellone y Gastón Haramboure –todos cercanos al macrismo–, así como el exsecretario de Seguridad, Martín Piqué.

“Hay una situación de descontrol en el negocio de la nocturnidad que es avalada por el municipio”, dijo al diario Contexto Adrián Rodríguez, abogado de la familia de Emilia, y acusó a Garro de “encubrir” a muchos funcionarios involucrados con la muerte de la estudiante, tal como lo hacen Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para desligar a Pablo Noceti y la Gendarmería de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

“Parecen tener el mismo manual y el negacionismo se hace cada vez más grande, pero estamos trabajando para desenmascarar toda esa red de encubrimiento y corrupción de la gestión de Garro”, sostuvo el letrado.

En este sentido, Rodríguez adelantó que la querella avanza en una nueva línea de investigación que permitiría probar “la negociación de una coima” entre empresarios y funcionarios para retirar a los policías locales encargados de impedir la realización de la fiesta ilegal en la quinta de Melchor Romero donde se ahogó Emilia.

“A partir del momento en que se procedió a la identificación de esa fiesta denunciada días antes por vecinos, lo primero que debía hacer el municipio era notificar al juez de Faltas. Sin embargo, la notificación se produce recién el 1º de enero, tras la muerte de Emilia. Esa demora injustificada tuvo la finalidad de negociar una coima”, remarcó.

Sobre esa base, la querella pedirá la imputación del secretario de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, y del exdirector de Nocturnidad, Gerardo Gioglio, a quienes se identifica como “responsables de que todas las actuaciones que denunciaron los vecinos no hayan llegado a la Justicia”.

Rodríguez apuntó, por último, contra el magistrado que intervino tardíamente. Se trata de Fernando Centeno, titular del Juzgado de Faltas N° 5 de La Plata: “Detectamos una mala fe del juez, porque si recibe las actuaciones el 1º de enero, tres o cuatro días después de que tuvo conocimiento el municipio, debería haber hecho una denuncia penal a fin de que se averigüe por qué se demoró tanto”.

(*) Artículo tomado del diario Contexto de La Plata

Legisladores, ex combatientes y defensores de los derechos humanos plantearon la necesidad de dar marcha atrás con el acuerdo sellado el 13 de septiembre de 2016 entre el Gobierno de Mauricio Macri y el Reino Unido.

A un año del acuerdo del Gobierno de Mauricio Macri con el del Reino Unido, que permite la entrega de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántica Sur, se escuchó un fuerte repudio desde el Congreso Nacional.

Diputados nacionales como Héctor Recalde, Axel Kiciloff, Nilda Garré, Guillermo Carmona y Oscar Martínez (FpV-PJ), junto a los parlamentarios del Mercosur, Daniel Filmus y Oscar Laborde, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el secretario del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM), Ernesto Alonso; y el secretario general de la Federación Argentina de Municipios, Juan Matteo, remarcaron el “retroceso registrado en el último año en materia de soberanía sobre las Islas y reclamaron que la cuestión sea abordada de manera urgente por el Congreso”.

“El 13 de septiembre de 2016 se concretó un acuerdo infame entre nuestro gobierno y el del Reino Unido, que implica la subordinación de la Argentina a los intereses británicos, y la consagración de una situación de cesión de soberanía en la cuestión Malvinas”, planteó el diputado Carmona en una conferencia de prensa realizada en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara baja.

El legislador agregó que “ha sido obviada la legal y constitucionalmente necesaria intervención del Congreso en la ratificación de este acuerdo, y en un año la Argentina ha sufrido enormes retrocesos en relación a los recursos naturales, la militarización de las Islas y la relación con los países vecinos.

“Pedimos que la Cancillería vuelva atrás en relación con este acuerdo, y que el canciller Jorge Faurie venga a dar explicaciones”, remarcó Carmona.

Por su parte, la ex embajadora argentina ante el Reino Unido, Alicia Castro, detalló algunos aspectos de la “política de entrega” en relaciones exteriores: “El acuerdo establece que se van a remover todos los obstáculos para la explotación de los recursos naturales, y esto plasma literalmente las pretensiones británicas. Significa el desmantelamiento de todas las medidas que había tomado nuestro país para la protección de los hidrocarburos y la pesca que pertenecen a los 40 millones de argentinos”.

“No puede ser que el gobierno haga estas cosas a espaldas del pueblo. La entrega de la soberanía de las Malvinas sería una traición a la Patria”, agregó Pérez Esquivel y añadió que “la gran base militar en las Islas y la presencia de un submarino nuclear en la zona son una amenaza no sólo para nuestro país sino para la paz de la región”.

Los estudiantes secundarios porteños rechazan “la eliminación del quinto año para reemplazarlo por trabajo gratuito en empresas”. Esta tarde intentaron sin éxito mantener una reunión con la ministra de Educación. Protestaban frente a la sede de la cartera.

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta parece decidido a imponer la reforma educativa en la ciudad de Buenos Aires sin atender el reclamo de los alumnos, que desde la semana pasada toman los colegios que formarán parte del plan piloto.

Esta tarde, representante de los Centros de Estudiantes de esas escuelas se acercaron hasta el Ministerio de Educación para mantener una reunión con la titular de la cartera, pero María Soledad Acuña se negó a recibirlos.

Ante la negativa de la ministra, realizaban una protesta frente a la sede gubernamental ubicada en Paseo Colon 255.

Los estudiantes se oponen a una reforma que “reforzará la precarización de contenidos e impondrá prácticas en empresas como mano de obra de barata”.

“Rechazamos la eliminación del quinto año de la escuela secundaria para reemplazarlo por trabajo gratuito en empresas”, subrayaron al iniciar las tomas en colegios porteños.

Hasta ahora, las medidas de fuerza se realizan en una veintena de establecimientos, como el Carlos Pellgrini, el Liceo 9 “Santiago Derqui”, el Bellas Artes “Rogelio Yrurtia”, el Colegio “Antonio Devoto”, la Técnica 33 “Plumerillo”, el Normal 1 “Roque Saenz Peña”, el Normal 10 “Juan Bautista Alberdi”, la Escuela N° 8 “Julio A. Roca”, el Bellas Artes “Manuel Belgrano” y el Comercial 7.

El proyecto oficial, denominado la “Secundaria del Futuro”, plantea la división en un ciclo básico de dos años, otro orientado de dos y el último presentado como “integrador y formativo del más allá de la escuela”. También agrupa las materias por áreas de contenidos, implementa un sistema de créditos para reemplazar las notas tradicionales e instaura las prácticas laborales del último año.

El asesor tutelar Gustavo Moreno, defensor de los derechos de niños y adolescentes de la Ciudad, y la asesora tutelar Mabel López Oliva presentaron ayer un amparo “a fin de que se ordene el cese de la aplicación del instructivo que dispone que las autoridades escolares deben denunciar penalmente las tomas de los establecimientos educativos”.

Acuña había negado la autenticidad del instructivo a pesar de que fue distribuido a las escuelas por medio de la casilla de mails oficial del Ministerio.

“La ministra Soledad Acuña dice que el instructivo no es real, pero lo que sí es real es que las autoridades de tres escuelas –la Mariano Acosta, la Julio Cortázar y el Manuel Belgrano– presentaron denuncias penales contra los estudiantes por las tomas, y en dos de las denuncias se cita el instructivo”, dijo Moreno.

Mientras tanto, los rectores de dos de los cinco colegios que dependen de la UBA, el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, anunciaron que “computarán las inasistencias diarias de todos los estudiantes” que se sumen a las tomas, alegando que la continuidad de la medida de fuerza “impide el desarrollo de las clases programadas”.

Consideró que los argumentos de la ministra de Seguridad van “por el camino contrario” a la búsqueda de la verdad y le reclamó al Gobierno que se comprometa “en el esclarecimiento de este caso” porque “en la Argentina nunca más puede haber un Estado cómplice de semejante delito”.

El candidato del espacio Cumplir por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, se refirió hoy a la desaparición forzada de Santiago Maldonado y cuestionó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien trata de instalar la idea de la “inconducta” de un efectivo en un nuevo intento por encubrir a la Gendarmería.

“La ministra Bullrich parece estar más preocupada por proteger a los gendarmes que por encontrar a Santiago Maldonado. Los argentinos necesitamos que el Gobierno de (Mauricio) Macri se comprometa de verdad en el esclarecimiento de este caso”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter.

El exministro del Interior le recordó a la Casa Rosada que “se investiga una desaparición forzada con participación de una fuerza federal” y que en “la Argentina nunca más puede haber un Estado cómplice de semejante delito”.

“El Gobierno debe tener una actitud contundente en contra de la impunidad. Con las palabras de Bullrich va por el camino contrario”, concluyó.

El Movimiento de Campesinos realizó pintadas y colgó banderas para repudiar la visita del presidente a Santiago del Estero. "¿Dónde está Santiago Maldonado?", escribieron. Además pidieron "respeto a los pueblos originarios" y que se extienda la ley 26160 que entre otras cuestiones suspende los desalojos de las comunidades indígenas.

"Desde las comunidades campesinas indígenas de Santiago del Estero le damos la bienvenida al Sr Presidente Mauricio Macri a Quimili y Añatiya especialmente. Le preguntamos ¿donde está Santiago Maldonado?", resumió el MOCASE en una publicación en las redes sociales.

Sr presidente @mauriciomacri bienvenido a #Añatuya los jóvenes campesinosindígenas pregunta #DondeEstaSantiago y pedimos prorroga #ley26160 pic.twitter.com/MQ1I8jMUrm

— MOCASE Vía Campesina (@MOCASE_VC) 13 de septiembre de 2017

Le damos la bienvenida a #Quimili Sr Pte @mauriciomacri Queremos saber#DondeestaSantiagoMaldonado

Queremos #Prorroga a la #ley26160 pic.twitter.com/VLrQJjMC28

— MOCASE Vía Campesina (@MOCASE_VC) 13 de septiembre de 2017

Los dirigentes de Cumplir Juan Carlos Borelli, Juan Carlos Cejas, Yanina Vildoza y Miguel Zito difundieron un comunicado para anunciar que van a apoyar a Unidad Ciudadana en octubre. "Después de la carta que CFK le hizo a la militancia venimos a poner nuestro granito de arena para parar a Macri", describieron.

Los dirigentes publicaron un video en las redes sociales donde anunciaron su decisión. "Queremos apoyar a Cristina porque tenemos el objetivo de ganarle a Macri, y ella es la única que puede ganarle. Si gana Macri, el país va a la ruina", describieron.

"Tenemos que reconstruir un peronismo que represente a los sectores más humildes", siguieron los dirigentes. En Lomas de Zamora, el ex ministro kirchnerista Florencio Randazzo obtuvo el 5% de los votos. En ese distrito, Unidad Ciudadana sacó el 41%, casi 12 puntos por encima de Cambiemos.

Juan Carlos Borelli, Juan Carlos Cejas, Yanina Vildoza y Miguel Zito oficializaron hoy su apoyo a @CFKArgentina, @minsaurralde y @GVinuales pic.twitter.com/inoBidfU3h

— Unidad Ciudadana Ldz (@UniCiudadanaLdz) 13 de septiembre de 2017

Pasaron más de 40 días de la desaparición de Santiago Maldonado luego de una represión de Gendarmería. En ese plazo, el gobierno de Mauricio Macri pasó de negar lo sucedido a proponer la hipótesis del "gendarme suelto". Ante la evidencia de los hechos, Cambiemos busca ahora acotar el costo político a uno o varios uniformados. En el Congreso nacional, hace unas semanas, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había negado cualquier responsabilidad de Gendarmería.

Mientras la Justicia avanza en la investigación de una supuesta desaparición forzada de persona, que necesariamente involucra a un sector del Estado, el gobierno nacional profundiza en el cambio de estrategia. Primero, negó la posibilidad de una desaparición y culpó por lo ocurrido a una "guerrilla mapuche". Incluso, se llegó a responsabilizar a la familia de Maldonado por "negarse a brindar información". En ese contexto, Bullrich expuso ante el Parlamento y aseguró que "no voy a tirar a un gendarme por la ventana". Sin embargo, en charlas informales con diputados reconoció que "por ahí a un gendarme se le fue la mano".

Con el paso de los días, se fueron cayendo las diferentes teorías que propuso el Gobierno de Cambiemos, como la posibilidad de que Maldonado fuera herido por un puestero varios días antes de la represión. Finalmente, quedó en pie la opción que desde un principio sostuvieron los familiares del joven: la desaparición a manos de la Gendarmería.

Con esos indicios, el macrismo cambió su estrategia para limitar el costo de reconocer la responsabilidad de la fuerza que responde a Bullrich. Ahora, la mirada está puesta en "uno o varios agentes" que habrían actuado por su cuenta. "Tal vez algún gendarme suelto le haya pegado sin saber que lo estaba hiriendo gravemente”, describió el funcionario nacional Hernán Iglesias Illia. En simultáneo, se conocieron versiones de uniformados que reconocen haber agredido a manifestantes.

En ese nuevo contexto, Bullrich brindó una entrevista al diario La Nación donde volvió sobre la nueva lógica argumental: "Una cosa es que la Gendarmería esté en un plan de desaparición forzosa y otra es que un gendarme haya cometido una acción que va en contra de las normas". Y concluyó: "Lo que hizo está absolutamente fuera del reglamento, pero no quiero estigmatizar a Robledo. Va a tener consecuencias, pero queremos terminar de analizar todo el panorama".

Lejos de las promesas de campaña de 2015, cuando le decía a los argentinos que iban a vivir mejor, Mauricio Macri movilizó a dos de sus figuras claves, Juliana Awada y a Margrita Barrientos, a Santiago del Estero para inaugurar un comedor comunitario. De la lluvia de inversiones, a la falta de trabajo y el alimento en comedores.

"Es un orgullo la visita de Macri para inaugurar un comedor en mi ciudad natal", dijo hoy casi en cadena nacional, Margarita Barrientos sobre el arribo del Presidente a Santiago del Estero, más precisamente a la localidad de Añatuya.

La frase de una de las dos figuras que Mauricio Macri movilizó hasta allí deja traslucir lo desgastado del discurso cambistas que, en menos de dos años, pasó de prometer una vida mejor y una lluvia de inversiones, a inaugurar en plena campaña un comedor para que la gente sin trabajo se acerque a comer.

Es insoslayable el contraste de 2015 en el que se presentaba una Argentina próspera, con esta campaña pragmática de 2017 en la que se presenta un comedor, símbolo de la pobreza, como un hecho de gestión a destacar.

Además de Barrientes, Juliana Awada se acercó a Santiago del Estero. El tandem Awada Barrientos, en ocasiones apuntalado por las apariciones de Antonia, es el favorito del PRO para humanizar la imagen de un presidente empresarial más vinculado a la frialdad de la toma de decisiones sin pensar en el rol social que al calor popular.

La tercera dama del juego macrista que aparece en escena es Carolina Stanley. La ministra de Desarrollo Social se encargó de financiar el emprendimiento de Barrientos y suele llevar en sus recorridas a Awada, en una especie de fogueo social al que someten a la esposa del Presidente.