El referente de TPR Juan Marino dialogó con el periodista de derecha Eduardo Feinmann sobre las escuelas tomadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Feinmann quiso hacer su show habitual pero le salió mal: Marino lo dejó sin palabras.

"Es un delito tomar un colegio", le dijo Feinmann. "No es así, le respondió Marino. Un juez lo dejó muy claro en un reciente fallo", le respondió Marino. Mirá el video. 

Tendrá lugar el próximo sábado 30 de septiembre en Lanús. La corriente nacional “Primero La Patria” realizará un plenario de dirigentes y militantes para "darle su apoyo a la candidatura a senadores por la Provincia de Buenos Aires de Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Taiana de cara a los comicios a realizarse el próximo 22 de octubre".

"Los peronistas sentimos la obligación moral de darle al pueblo una alternativa política que canalice sus demandas y aspiraciones, a la vez que se constituya como una verdadera oposición al gobierno de Macri y sus aliados y ponga freno a sus políticas de precarización del trabajo y de las condiciones de vida de nuestro pueblo", aseguraron en un comunicado.

“Para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista”, sigue el texto que convoca al plenario que promete ser masivo.

Una de las referentes del espacio es María Cassino, quien a mitad de año decidió romper con el Movimiento Evita, luego de que la organización social decidiera inclinarse por Florencio Randazzo. “Para mi y otros compañeros la conducción fue, es y será Cristina. Hay que reivindicar los 12 años kirchneristas”, aseguró en aquel momento.

Antes de marchar al cumplirse dos meses de la desaparición de la joven de 23 años, la familia advirtió sobre el nulo avance de la investigación. La fiscal Betina Lacki se niega a cambiar la carátula a delito de trata de personas.

La mamá de Johana Ramallo, la joven platense desaparecida desde hace dos meses, y sus abogados, realizaron una conferencia de prensa antes de marchar hoy bajo la intensa lluvia desde la esquina de 1 y 63 hasta la Gobernación bonaerense en reclamo de su aparición con vida.

Johana, de 23 años, fue vista por última vez en esa esquina de La Plata el miércoles 26 de julio. La familia sospecha que fue víctima de una red de trata, pero hasta ahora la fiscal Betina Lacki continúa investigando el caso como averiguación de paradero.

“En estos dos meses no hemos tenido ninguna noticia concreta de qué es lo que ha pasado con Johana, ni de dónde está, ni ninguna búsqueda concreta”, dijo la abogada Josefina Rodrigo, y agregó: “El tiempo pasó, la causa tuvo sus desprolijidades en cuanto a no tener una línea concreta de búsqueda, entonces la semana pasada se hizo una denuncia en el juzgado federal de turno por los delitos de trata porque de la investigación se desprenden, entre otros delitos, el que está siendo víctima Johana, que es el de trata de personas”.

A su turno, Marta Ramallo dijo que “hoy se cumplen dos meses de la desaparición de mi hija, y es duro llevar adelante esto como mamá, se nos están haciendo terribles estos días”.

“Yo no sé nada si a mi hija en estos dos meses la han estado cuidando, si la están abrigando o maltratando, pero lo único que sé es que no quiero ninguna Betina Lacki más en la ciudad de La Plata, no quiero más una DDI con proxenetas como la que hay en la ciudad de La Plata, porque yo siento que ellos son tan culpables como los que se llevaron a mi hija hace dos meses”, expresó sin poder contener las lágrimas.

El abogado Víctor Hortel sostuvo que “en el contexto en el que desapareció Johana habría elementos que nos hacen pensar en la posibilidad de la existencia de una red de trata de personas, con lo cual la existencia de una causa federal nos da una mayor expectativa en la búsqueda de Johana”.

“La corta edad de Johana, la inexperiencia, de alguna manera la ponen en el lugar de víctima ideal para las redes de trata que captan a las mujeres que están en una situación de máxima vulnerabilidad”, completó.

Otro de los pedidos que vienen realizando desde la familia es el apartamiento de la Policía Bonaerense de la investigación, y que pueda hacerse cargo una fuerza federal.

“Siempre en estos casos hay un tipo de connivencia policial, desde el punto de vista de garantizar el funcionamiento, darle alguna protección, generarle algún tipo de recaudación, que no es de ahora ni de este caso, con lo cual la fiscal ha delegado la investigación en la policía que seguramente tiene alguna relación con esto”, indicó el abogado.

El principal responsable de la crisis de 2001 participó de las jornadas neoliberales organizadas por su antiguo subordinado y actual titular del BCRA. En una foto se lo ve escuchándolo con mucha atención. ¿Le habrá insistido con el modelo peruano? “Tiene que viajar a ver cómo funciona la convertibilidad peruana y entender cómo se hacen las cosas en un país en serio”, le dijo Cavallo semanas atrás.

Las jornadas monetarias y cambiarias del Banco Central (BCRA) contaron con la presencia exclusiva de investigadores, consultores y funcionarios de la ortodoxia neoliberal. Tal fue así que hasta contaron con la presencia del ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo, uno de los principales responsables del proceso que desembocó en el desastre de 2001.

En una de las mesas de la cena en la entidad monetaria de la calle Reconquista, de la que Cavallo fue titular cuando la dictadura cívico-militar decidió estatizar la deuda privada, se lo vio dándole consejos al actual presidente del BCRA, Federico Sturzenegger.

Semanas atrás, Cavallo ya le había recomendado a Sturzenegger viajar con él a conocer de cerca cómo funciona el modelo neoliberal peruano.

“Tiene que viajar a ver cómo funciona la convertibilidad peruana y entender cómo se hacen las cosas en un país en serio”, dijo y agregó que “el sistema implementado en tiempos de Fujimori convirtió a Perú en la vedette de la región”.

En este sentido, el periodista de Página/12, Federico Kucher, consigna que “en las jornadas de ayer participó el presidente del Banco Central peruano y alentó a que la Argentina insista con el esquema de metas de inflación. Pero no mencionó que en Perú los precios bajos se consiguieron a costa de mantener al 70 por ciento de la población en la informalidad y de un 18 por ciento de desempleo juvenil”.

Sturzenegger ocupó en 2001 el cargo de secretario de Política Económica. Había llegado a esa función de la mano de Ricardo López Murphy y conservó el cargo cuando asumió Cavallo al frente del Palacio de Hacienda. Fue durante esa gestión cuando se anunció el recorte del 13 por ciento de los salarios de la administración pública, de las jubilaciones y de las asignaciones familiares, así como el ruinoso Megacanje, por el que ambos estuvieron procesados durante años.

El secretario general de la UOCRA La Plata resiste en la sede del gremio local una posible detención. La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, lo denunció días atrás por “extorsión”, pero el gremialista sostuvo que no sabe de qué lo acusan porque ni siquiera le dejaron ver el expediente de la causa. Medina también apuntó contra María Eugenia Vidal por sobreprecios en las obras hidráulicas de la ciudad.

Con cortes en pleno centro platense y paralización de obras, los trabajadores enrolados en la Unión Obrera de la Construcción Argentina (UOCRA) respaldan por segundo día consecutivo al titular local del gremio, Juan Pablo “Pata” Medina.

El sindicalista se atrincheró en la sede de la UOCRA, ubicada en 44 entre 4 y 5, luego de tomar conocimiento de una causa en su contra en la Justicia Federal de Quilmes y una posible orden de detención.

Según se informó, la fiscal Silvia Cavallo denunció días atrás a Medina por “extorsión” y solicitó al juez Luis Armella una serie de medidas de pruebas sobre un tiroteo y supuestas presiones del gremialista, que habrían retrasado las obras de la estación del ferrocarril Roca, en la estación Parque Pereyra.

“Tengo conocimiento de que, hace dos meses aproximadamente, el presidente Mauricio Macri reunió a todo su gabinete y le dio orden de que me tenían que armar causa para meterme preso”, sostuvo el gremialista al canal C5N y reveló quién fue la fuente: “El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el señor (Marcelo) Villegas, estuvo con un colega de otro gremio compartiendo un asado y le dijo que el presidente les había dado esa orden”.

“En esta bendita democracia no se puede creer que el presidente esté pensando cómo meter preso a un dirigente gremial cuando hay tantas cosas para hacer en el país por la gente que está padeciendo hambre y miseria porque no tiene empleo. Nos llama poderosamente la atención que el presidente se preocupe por el ‘Pata’ Medina”, completó.

Medina también denunció que la Justicia Federal de Quilmes sus abogados no pudieron acceder al expediente de la causa en su contra: “Fueron cinco veces y negaron mostrar el expediente. Lo único que pudieron rescatar fue el número del expediente, que además dice ‘NN a determinar’. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo escuchaba en el tiempo de la dictadura, no en tiempo de democracia. Acá hay una bajada de línea netamente política para ensuciar al movimiento obrero”.

Por otro lado, el titular de la UOCRA acusó a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal de sobreprecios en las obras hidráulicas para mitigar inundaciones como la de abril de 2013, que dejó un saldo de 89 muertos.

“El año pasado me reuní con la gobernadora y me puse a su disposición. Lo único que le dije era que me preocupaba la falta de trabajo y que no paralizara las obras hidráulicas porque después les iba a costar. Era una obra que tenía un costo de 2.000 millones de pesos para terminarla en la ciudad de La Plata y la pararon por 6 meses. Los empresarios fueron a renegociar el contrato con el Gobierno provincial y cerraron por 8.000 millones de pesos. Quiero saber por qué llegaron a esa cifra”, disparó Medina.

Desde que llegó al Gobierno nacional, Macri arremetió contra varios gremios, como el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuyo titular, Omar Suárez, resultó detenido. Además, intervino el Sindicato de los Canillitas (SIVENDIA), la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), el Sindicato de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA), y suspendió las elecciones en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), en beneficio del empresario genocida Carlos Pedro Blaquier.

La Unidad Ejecutora de la “Cobertura Universal de Salud”, creada por decreto de necesidad y urgencia, tuvo su primera reunión. Una reforma dictada por el Banco Mundial para mercantilizar un derecho humano garantizado constitucionalmente.

(Por Fernando M. López *) Con una Confederación General del Trabajo (CGT) más interesada en la caja de las obras sociales que en la salud pública del conjunto de los argentinos, el Gobierno de Mauricio Macri logró dar este lunes el primer paso hacia la implementación de la llamada Cobertura Universal de Salud (CUS).

“La CUS busca que todos los individuos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a los servicios de calidad que necesitan a lo largo de todo su ciclo de vida, sean de promoción, prevención, curación, rehabilitación o cuidados paliativos”, sostuvo un comunicado oficial, luego de la reunión inaugural de la Unidad Ejecutora de la reforma, integrada por el Ministerio de Salud de la Nación, la Superintendencia Servicios de Salud y la CGT.

Pero en realidad se trata de un plan para mercantilizar el sistema sanitario nacional en función de grandes intereses privados, que no sólo afectará a los sectores que dice beneficiar sino también a los trabajadores de la salud pública.

“Buscan que las leyes de mercados sean las que rijan el sistema de salud, con una transferencia de fondos públicos a lo privado”, advirtió al diario Contexto Marta Márquez, vicepresidenta de la CICOP, quien calificó la reforma como “una puerta de entrada hacia la privatización”.

El Gobierno, la CGT y los medios hegemónicos que sirven de cadena de transmisión de la CUS dicen que la universalidad de la reforma pasa por permitir “a unas 15 millones de personas que carecen actualmente de servicio médico recibir atención en el sistema público o en las obras sociales sindicales”.

Y ahí reside, precisamente, la falacia de la CUS porque el acceso a la salud ya es un derecho universal y gratuito, garantizado por la Constitución Nacional para cualquier persona que habite suelo argentino, sin distinción de raza, religión, ideología política, o condición económica o social.

Lo que en rigor de verdad pretende imponer el nuevo sistema es una “canasta básica de prestaciones” médicas, que le permitirá al Estado nacional eludir su responsabilidad de brindar el grado máximo de salud con los conocimientos técnicos existentes, en línea con los programas de ajuste dictados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y hasta la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde el Movimiento por el Derecho a la Salud, integrado por organizaciones profesionales, gremiales, políticas, sociales y de derechos humanos, alertan que esta canasta básica es “un gran riesgo porque aumenta la brecha entre ricos y pobres”.

“Fiel a los criterios del Banco Mundial, la constitución de la canasta supondrá criterios-numeral contables, con lo cual no todas las patologías que afectan a la salud de los ciudadanos se verán cubiertas. De hecho, sólo serán tratadas las más recurrentes. Asistiremos a la concreción de una cobertura mínima de salud, hecho que ya puede observarse en países que llevaron adelante la reforma del sistema, tales como Chile, México o Colombia”, agrega el Movimiento.

Daniel Manoukian, médico generalista del Hospital Chos Malal de la provincia de Neuquén, da un ejemplo que grafica esta situación: “Se podría llegar a la paradoja de que a todas las mujeres se les haga gratuitamente la toma del Pap para determinar si tienen o no cáncer de cuello uterino, pero que la cobertura del CUS no alcance para tratarlo. Esto ha pasado en algunos países que ya han implementado esta receta del Banco Mundial”.

Entonces, lo que no entre en la “canasta básica de prestaciones” deberá ser costeado de manera privada, por lo que sólo tendrán acceso total a los servicios de salud quienes puedan pagar por ellos. Un negocio redondo.

Márquez llamó incluso a “no dejarse engañar” por la supuesta modernización que implicaría la CUS. “Se habla de la historia clínica digitalizada, de que todo el mundo se va a poder atender en cualquier lugar del país con una tarjeta inteligente… No son más que distintas maneras de disfrazar la restricción de un derecho”, aseguró a este diario.

La reforma fue impuesta por Macri a través de un decreto de necesidad y urgencia (908/2016) firmado a mediados del año pasado. Allí se especifica que para financiar el CUS se destinarán, “por única vez”, 8.000 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) de la Superintendencia del Servicio de Salud (SSS), una cifra insignificante si se la divide por los 15 millones de beneficiarios (apenas 533 pesos por persona).

La CGT se metió de lleno en proyecto porque el presidente no sólo le prometió la devolución escalonada del FSR a las obras sociales, sino que además puso a Alberto Scervino al frente de la SSS, un hombre de José Luis Lingeri, titular de Obras Sanitarias y ex superintendente durante el menemismo.

Scervino fue expulsado del gabinete macrista luego de la marcha del último 22 de agosto, cuando uno de los triunviros de la central obrera, Juan Carlos Schmid, anunció la posibilidad de otro paro general en contra de las políticas neoliberales de Cambiemos.

Fue una clara presión, nuevamente ejercida a través de los fondos de las obras sociales, que surtió el efecto esperado por Macri. De esta forma, la CGT desactivó cualquier debate interno que pudiera derivar en una medida de fuerza y se prestó para avanzar con la CUS, enviando como representantes al propio Lingieri y a Carlos Frigerio, dirigente cervecero.

(*) Artículo tomado del diario Contexto de La Plata.

Representa un incremento de 21% respecto a igual período de 2016. Del total, la mitad corresponde a títulos públicos, préstamos, y anticipos otorgados o en cartera de Organismos del Sector Público Nacional.

Pese a la quita lograda por el fallecido ex presidente Néstor Kirchner y otras decisiones de Estado adoptadas por su gobierno y durante los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner tendientes al desendeudamiento, ese proceso de tenaza al cuello, que lleva décadas y condujo al país y al región a una sucesión de crisis económicas, sociales y políticas, nunca pudo ser superado. Con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada la espiral del pasivo con el exterior se torna incontenible, pues deuda, fuga de capitales y concentración financiera y económica figuran en su agenda de gestión, con marcada relevancia.

La deuda externa bruta total del Estado nacional se ubicó en los u$s 284.800 millones al término del primer trimestre del corriente año, lo que representa un incremento de 21% respecto a los u$s 235.545 millones de igual período de 2016, informó hoy el Ministerio de Finanzas, conducido por Luis Caputo.

La cifra de cierre del primer trimestre de 2017 representa, además, una suba de 3,4% respecto de la deuda por 275.446 millones de dólares informada en el último trimestre del año pasado.La cartera que conduce Luis Caputo precisó que el monto total de 284.800 millones de dólares equivalen al 51,2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, una relación que se ubica por debajo del 54,2% verificado a finales del 2016, y del 53,5% registrado en 2015, cuando todavía no se había alcanzado un arreglo con los tenedores de bonos en “default”.

Del total de deuda pública, la mitad corresponde a títulos públicos, préstamos, y anticipos otorgados o en cartera de Organismos del Sector Público Nacional.El 39,2% está en manos del sector privado, otro 9,9% lo tiene organismos bilaterales o multilaterales de crédito, y el 1,1% es deuda que no se presentó al canje y sigue pendiente de resolución.

La cartera de Finanzas precisó que el 68,1% de la deuda externa está emitida en moneda extranjera, por lo que el restante 31,9% es en moneda local.

Un sondeo de opinión privado reveló que una porción importante de la población evaluó dejar el país por las actuales condiciones socioeconómicas. Las mujeres jóvenes son quienes más piensan en tomar esa opción.

Irse o no irse, esa parece ser la cuestión para buena parte de la población. Así lo reflejó un sondeo de opinión privado que se difundió en la últimas horas y dejó datos sorprendentes.

El informe de Taquion realizado en conjunto con la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y la firma Axonier descubrió que casi 3 de cada 10 argentinos confesaron que pensaron en "irse" del país por las actuales condiciones generales en que las que se vive.

Las que más evalúan en tomar la salida por Ezeiza son las mujeres de entre 18 y 34 años, con nivel socio económico bajo, reveló la encuesta nacional.

Cuando se les consultó si la idea de irse del país por las crisis la pensaron en la última, un 41,2% admitió que lo hizo, pero que finalmente no lo concretó.

El 56,5% respondió que nunca pensó en dejar la Argentina por un mejor lugar para el desarrollo, mientras que solo 2,3% lo hizo.

De los que pensaron en irse del país, el 60% rechaza la gestión de Mauricio Macri y el 53% la de María Eugenia Vidal.

El estudio se realizó del primero al 12 de septiembre pasado a 2.457 mujeres y hombres de entre 16 y 70 años de todo el país, a través de encuestas telefónicas con operadora, con un error muestral de (+/-) 3,8%.

El presidente de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos de la Argentina pronosticó un incremento de "entre el 7 y el 10 por ciento" después de las elecciones. Aranguren había dicho que no aumentarían.

El presidente de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos de la Argentina (CECHA), Carlos Gold, consideró este martes que con la liberación del mercado de combustibles que dispuso el Gobierno, habrá aumentos de entre "el 7 y el 10%" en los surtidores "después de las elecciones" legislativas.

"Esto hace que las petroleras determinen dónde comprarán el crudo. Creemos que el aumento rondará entre el 7 y el 10%, según el tipo de producto y creemos, además, que se dará luego de las elecciones", sostuvo el dirigente.

En declaraciones a radio El Mundo, Gold explicó: "existía un acuerdo que se había firmado a principio de este año entre el Gobierno y las petroleras en función del cual se revisaba, trimestralmente, los componentes del precio de los combustibles y en función de eso, se definía si había o no variación en el costo".

"Ahora, el Gobierno cumplió con la letra del acuerdo y liberó los precios para que las refinadoras puedan acceder a cualquiera de los crudos, ya sean nacionales o internacionales", subrayó.

Tras el escándalo que desataron las declaraciones de la hija de Gerónimo Venegas hablando de los millones de su padre, la herencia, los testaferros y los funcionarios comprometidos, llegó el bozal legal. Si vuelve a mencioar el tema deberá pagar $30 mil.

“Gracias a todos, he expresado lo q tenía que decir, no voy a estar tan presente en las redes hablando de mis hermanas y madre x bozal legal”, contó María Eva Venegas, hija de Gerónimo “Momo” Venegas en su cuenta de twitter, usina del escándalo más importante del mundo gremial y político de los últimos tiempos.

Maria Eva, tiró un bombazo que convulsionó el mundo político gremial. En medio de la sucesión por los bienes del sindicalista mimado del presidente Mauricio Macri, dejó al descubierto la existencia de supuestos bienes a nombre de testaferros.

Concretamente denuncia que Carlos Arrieta, quien fuera la mano derecha de Momo, se quedó con su herencia junto a Ramón Ayala, el actual titular de la Uatre y de las 62 organizaciones peronistas.

Según declaró públicamente su hija, Venegas contaba con un patrimonio declarado cercano a los 3 millones de pesos y una suma que “no se puede calcular siquiera el monto de todo el dinero que estamos disputando” en manos de testaferros.

Tampoco pudo determinar el origen ni la legalidad del patrimonio disputado cuyo origen podria salir a la luz en caso de judicializar su reclamo “Mi padre me dejó pruebas para tener documentación de todo si esta gente no nos daba lo que era nuestro. Ellos saben que tengo las pruebas de cosas que él tenia, bienes con Carlos Arrieta. Ese señor manejaba los bienes pero eran de mi padre. Era su testaferro. Es socio de Ramón Ayala, quien está ahora a cargo del gremio de Uatre. Yo quiero que me den lo que me corresponde”.

Además María Eva dejó en claro que tiene todavía mucho más por decir y lanzó una especie de amenaza: “He expuesto apenas un 30 %, me quedo tranquila que se hará justicia, lamento la traición del Gremio y los que se suponía eran ´amigos´”, dijo cuando advirtió que se iba a tomar un tiempo en las redes por el bozal.