El juez del caso Maldonado tomó dos testimonios que comprometen a Gendarmería
Las identidades de los nuevos testigos no fueron reveladas para preservar su seguridad, pero trascendió que se trata de un hombre y una mujer mapuches. Gustavo Lleral escuchó las declaraciones en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, donde tuvo lugar la represión del 1 de agosto que terminó con la desaparición de Santiago.
El juez federal Gustavo Lleral, quien reemplazó al desplazado Guido Otranto en la investigación del caso Maldonado, estuvo hoy en la comunidad mapuche de Cushamen acompañado sólo por dos secretarios y un escribiente. En una ruca, para poder refugiarse del frío y la lluvia que azotó la zona en horas de la mañana, tomó las declaraciones testimoniales.
Del encuentro también participaron Andrea Millañanco, pareja del lonko detenido Facundo Jones Huala, y Elizabeth Loncopán, entre otros miembros de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
Los nuevos testimonios corresponden a una mujer y un hombre de alrededor de 25 años, cuyas identidades no fueron informadas.
Según indicó el diario Página/12, una de las declaraciones ya integra la causa abierta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se detalla que a Santiago lo apresaron tres gendarmes, lo subieron por la barranca a golpes y que hubo un ruido de un escopetazo, en el marco de la brutal represión del 1° de agosto en la comunidad.
“Dada la escalada represiva de la justicia contra la comunidad, en el paraje ubicado entre Esquel y El Bolsón en tierras compradas por Benetton, comentaban que es un hecho inusual la presencia ya no de un juez sino de cualquier persona ajena a la comunidad. Esto es, Lleral generó la confianza necesaria en una comunidad resentida por los recientes hechos de violencia, como para que le hayan permitido ingresar”, señalaron fuentes mapuches al matutino porteño.
En este maco, agregaron que a simple vista es un hecho auspicioso en el sentido de disponerse a trabajar en el esclarecimiento de la desaparición de Maldonado, aunque prefieren mantener reserva sobre si esto será suficiente dados los dos meses de “encubrimiento” que llevaron adelante Otranto y la fiscal Silvina Ávila.