La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional ratificó el procesamiento por “falso testimonio” contra los dos "testigos" que afirmaron haber presenciado el ingreso del juez Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos a finales de 2015, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Antes, en el programa Animales Sueltos, el periodista macrista Eduardo Feinmann había lanzado por primera vez la versión. "Casanello tuvo tres reuniones en Olivos. Tres. Fueron después de las 12 noche", mintió Feinmann.

Mientras tanto, la Justicia confirmó los procesamientos de Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, quienes aseguraron frente al fiscal Carlos Stornelli haber visto a Sebastián Casanello en una sala de espera de la residencia presidencial. "Las evidencias recolectadas en el expediente revelarían, de manera uniforme, que ni Casanello, ni Corizzo, ni Scozzino concurrieron a la quinta de Olivos”, aseguraron los jueces. Feinmann todavía no se retractó.

La denuncia fue realizada por Francisco Bruno ante la Fiscalía General de Junín. Además de Víctor Aiola, fueron denunciados los secretarios de Producción, Ariel Di Piero, Servicios Públicos, Mario Ferraresi, y Hacienda, Agustín Máspoli. El municipio gastó 4,2 millones de pesos para comprar 450 lámparas LED a una empresa española. En Argentina, se fabrican por $ 1,3 millones. Un diferencia $ 2,5 millones.

El escándalo local se desató a partir de un acuerdo con la empresa española Hidalgo, que según la denuncia no tenía ninguna trayectoria en el país hasta que se vinculó con el municipio de Chacabuco.

Además, el alcalde de Cambiemos le cedió un terreno a la empresa para que se instale en la ciudad. El argumento del oficialismo es que la concesión permitirá la instalación de una industria en Chacabuco. En la denuncia, en cambio, Bruno aseguró que todavía Hidalgo no creó un solo puesto de trabajo en la localidad.

El escándalo no termina ahí: en la denuncia se sospecha si en realidad Hidalgo no es una empresa fantasma. Al momento de firmar el contrato de radicación con el municipio la empresa "ni siquiera había realizado la publicación en el Boletín Oficial de su constitución para operar en la República Argentina". La constitución se realizó dos meses después de establecido el vínculo comercial. "No caben dudas que estamos ante una empresa constituida por españoles para realizar una sola operación comercial en el territorio de la República Argentina", sigue la causa.

Sin dudas el hecho que generó más ruido en la política local tiene que ver con, si se confirma, el pago de fenomenales sobreprecios. El denunciante pidió un presupuesto igual al pagado por Chacabuco a los españoles para la compra de 450 luminarias. La cooperativa Industria Argentina de Córdoba presupuestó 1,3 millones de pesos. Mientras tanto, Aiola pagó el triple: 4,2 millones.

Lo dijo el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien además, aseguró que desde el Gobierno, “hemos pedido que dé un paso al costado y nos mantenemos en esta posición".

De esta manera, el oficialismo vuelve a atacar a la Justicia que no le responde: esta vez, a la Procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Al Gobierno le molestan las investigaciones judiciales que llevan adelante algunos fiscales, que el macrismo identifica con Gils Carbó.

El Ejecutivo señala a la Procuradora por supuestas irregulares menores en la compra de un edificio de esa institución. Se espera que esta semana el juez macrista Julián Ercolini procese a Gils Carbó. Igualmente, la funcionaria aseguró que no piensa renunciar.

En diálogo con Radio Continental, el ministro de Justicia fue por más, al afirmar que la titular del ministerio público fiscal "nunca ha tenido una línea de apoyo a las víctimas, ni contra los hechos de corrupción, o contra la delincuencia común. Se dedicó a otras cosas. Necesitamos un procurador que acompañe a las víctimas, y si tenemos un procurador sospechado de corrupción, difícilmente haga esto".

Si no renuncia, Gils Carbó sólo puede ser desplazada por un juicio político llevado adelante por el Congreso. En algún momento, el macrismo evaluó la posibilidad de desplazarla a través de un decreto, lo que generó críticas de opositores y aliados.