La lista arranca con el presidente Mauricio Macri, investigado en distintas causas, entre ellas la del Correo Argentino a cargo de Ariel Lijo, el mismo juez que detuvo a Boudou sin siquiera procesarlo. Gabriela Michetti, Juan José Aranguren, Gustavo Arribas y muchos otros miembros del gabinete están imputados, procesados o asumieron bajo estado judicial.

(Por Jonathan Heguier *) La Justicia impuso un nuevo modus operandi: meter presos a políticos sin condena por haber sido funcionarios y posible entorpecimiento de la causa, ya que el solo hecho de haber sido funcionarios provocaría tales complicaciones a las investigaciones.

Tanto en el caso Julio De Vido como Amado Boudou usó a ese riesgo procesal limitado y llevó a la cárcel a ambos ex funcionarios del kirchnerismo que se presentaron siempre a declarar por sus propios medios y no dieron señales de querer entorpecer la causa.

Hoy, en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a Boudou se lo detiene con preventiva por orden del juez Ariel Lijo por haber sido ministro y vicepresidente y "por las relaciones que conserva en el poder". "La función principal de Amado Boudou dentro de aquella se encontraba especialmente ceñida al ámbito público -en especial, a partir de su asunción como Ministro de Economía de la Nación y luego como Vicepresidente-", afirma el fallo, similar a la determinación con el ex ministro de Planificación.

En sus argumentos, Lijo se basa en el fallo de la Cámara Federal por el cual ordenó al juez Luis Rodríguez detener a De Vido en la causa por el yacimiento de Río Turbio, de cuando era ministro de Planificación Federal. En ese fallo, la Cámara consideró que se debía tener en cuenta no solo si la persona se ajustaba a derecho sino si los lazos de los imputados creados en el marco de los presuntos ilícitos seguían vigentes y eso podía entorpecer la investigación.

Con este mismo procedimiento de la "doctrina De Vido-Boudou", la Justicia argentina podría y debería detener a funcionarios del actual Gobierno que están imputados, procesados o asumieron bajo ese estado judicial

. Al ser hoy parte del Estado, les daría un poder privilegiado para complicar el andar de las causas judiciales en su contra, si se siguiera esa línea argumental inaugurada recientemente. La lista que complica al Gabinete de Mauricio Macri y hasta al mismísimo Presidente.

MAURICIO MACRI

El Presidente de la Nación es investigado por la causa del Correo Argentino. ¿El juez? También es Ariel Lijo. Es en la causa en la que se investiga si se cometieron delitos en el proceso del concurso de acreedores y del acuerdo que el Estado aceptó el año pasado para que el Correo Argentino salde su deuda millonaria con una quita del 98,8 por ciento.

El mandatario además asumió procesado por la causa escuchas ilegales, procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Con la "doctrina De Vido-Boudou" no debería haber asumido o caer en prisión ya asumido.

Además, Macri acumula causas por encubrimiento por la desaparición de Santiago Maldonado, por el memorándum con Qatar, Panamá Papers y los casos Avianca y Fly Bondi. Todas bajo su presidencia.

GABRIELA MICHETTI

Imputada la vicepresidenta junto a Macri por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares. Se trata de un acuerdo que involucra fondos de Anses. Luis María Blaquier, uno de los funcionarios del gobierno nacional que firmó el Memorándum, renunció a su cargo al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia, la fiscal Paloma Ochoa apeló y ahora está en manos del fiscal Germán Moldes, quien debe impulsarla o dejarla caer.

JUAN JOSÉ ARANGUREN

El ministro de Energía está imputado por negociaciones incompatibles, ya que se inició una causa penal contra el ministro por haber designado como subsecretario de Energía Hidroeléctrica a un consultor vinculado a la firma que hizo el impacto ambiental de las represas Kirchner y Cepernic, que ahora cambiaron nuevamente de nombre.

La denuncia pide que se investigue si Aranguren incurrió en los delitos de "abuso de autoridad" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".

Según la denuncia, un funcionario "como director de la empresa IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA) fue el responsable de elaborar el informe ambiental de la obra" de las represas sobre el río Santa Cruz, ahora rebautizadas "Condor Cliff" y "La Barrancosa".

GUSTAVO ARRIBAS

El director de la AFI (ex SIDE) fue denunciado por recibir transferencias de parte del cuevero Gustavo Meirelles, en una fecha coincidente en la que se decidía el inicio de las obras por el soterramiento del Sarmiento, obra adjudicada a Odebrecht. Hubo documentación y declaraciones que los complicaban, además del propio testimonio de uno de los hombres clave del Lava Jato brasileño. El juez Canicoba Corral no solo no lo detuvo con la doctrina "De Vido-Boudou" sino que realizó un sobreseimiento exprés.

Como si fuera poco, el fiscal de Cámara Germán Moldes desistió de impulsar la investigación, pese a que él era uno de los más enérgicos críticos al cierre de la denuncia de Nisman.

LUIS CAPUTO

El ministro de Finanzas está denunciado por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

Durante el 2016, unos 500 millones de pesos fueron invertidos en la compra de Lebacs y por ello se pagaron comisiones a un Fondo Común de Inversión que administró el propio ministro hasta un día antes de asumir como secretario, en 2015. La causa quedó radicada ante el juzgado federal número nueve, a cargo del juez Luis Rodríguez. Este magistrado es el primero que ordenó detener a De Vido, a expensas del fallo de la Cámara Federal.

El Fondo de Garantías podía, y de hecho lo hizo, comprar Lebacs sin pagar comisiones, pero prefirió tercerizar parte de esa operación al abonar comisiones al fondo FCI Axis Ahorro Plus, fundado por el titular de la cartera de Finanzas e integrado por él hasta diciembre de 2015, cuando Macri asumió la presidencia de la Nación.

LUIS ETCHEVEHERE

El recién asumido Ministro de Agroindustria está denunciado por evasión, desvío de dinero y cuentas ocultas en Uruguay.

El Grupo Etchevehere está complicado por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias a través de maniobras irregulares con préstamos por $ 4,5 millones.

CARLOS MELCONIAN

El ex presidente del Banco Nación fue denunciado bajo su gestión en 2016 por darle subsidio al presidente de la Sociedad Rural, ahora ministro de Agroindustria. El establecimiento rural “Las Margaritas S.A.”, propiedad de los Etchevehere en Entre Ríos, recibió un subsidio de parte del Banco nación por $ 900.000.

FEDERICO STURZENEGGER

El titular del Banco Central asumió imputado. Fue por la causa del canje de bonos en la gestión de Fernando De la Rúa. Hasta la Corte Suprema confirmó el procesamiento por el Megacanje. El 28 de septiembre de 2016 su sobreseimiento quedó firme cuando el Fiscal federal Germán Moldes no lo apeló. Debió pasar años detenido con la "doctrina De Vido-Boudou".

PATRICIA BULLRICH

La ministra de Seguridad está imputada en la causa por el encubrimiento de la desaparición de Santiago Maldonado. El fiscal Federico Delgado dio impulso a una denuncia penal y pidió informes a la Justicia de Esquel y al Ejecutivo. Macri y Pablo Noceti, jefe de gabinete de ese ministerio, también imputados.

ALFONSO PRAT-GAY

El ex ministro de Hacienda y Finanzas estaba denunciado por evasión fiscal en el marco de una presunta operación ilícita vinculada al banco HSBC cuando asumió. Recién en 2016 anunció que la jueza Straccia dictó su sobreseimiento en la causa.

SUSANA MALCORRA

La ex Canciller también estuvo imputada, junto al Presidente y la vicepresidenta por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares.

MARIO QUINTANA

El vicejefe de Gabinete fue imputado en la causa del 'dólar futuro' iniciada tras una investigación de El Destape. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar al director del Banco Central, Pablo Curat y a él. Quintana "habría sido uno de los funcionarios intervinientes en la decisión del precio de referencia con el cual se cancelarían los contratos del Mercado a término de Rosario (ROFEX) (…) el nombrado se desempeñó como director de la firma Farmacity y CEO del fondo Pegasus los cuales habrían adquirido dólares a futuro por un monto de 11.480.000 dólares", dice la denuncia.

También Quintana en el caso Fly Bondi. El fiscal Di Lello pidió investigar a Quintana para determinar "si guarda relación con la empresa aérea". El fiscal ya había imputado a Mauricio Macri, su padre y funcionarios por el caso Avianca.

SERGIO BERGMAN

El ministro de Medio Ambiente está denunciado penalmente en los tribunales federales de Comodoro Py por su actuación previa a los incendios forestales que azotaron a las provincias de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. El rabino habría contratado helicópteros "a dedo".

La causa recayó por sorteo en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, con intervención del fiscal federal Federico Delgado.

GUILLERMO DIETRICH

El ministro de Transporte está denunciado por un supuesto fraude al Estado que se cometería con la transferencia de la aerolínea Mac Air, de la familia Macri, a la colombiana Avianca, según la presentación en la que se advierte un posible conflicto de intereses por la promesa de otorgamiento de nuevas rutas aéreas ante el ingreso de las "low cost", un nuevo mercado que se abrió por decisión de los actuales funcionarios.

OSCAR AGUAD

El ex ministro de Comunicaciones y ahora titular de Defensa también está imputado por la causa Correo Argentino que tiene en vilo a Macri. Como ministro habría avalado el acuerdo de la empresa de los Macri con el Estado.

ANDRÉS IBARRA

El ministro de Modernización estaba denunciado en la Justicia federal por el acuerdo suscripto con Corea del Sur que supuestamente incluiría la compra de las máquinas de voto electrónico, un proyecto desactivado en el Senado. Fue sobreseído a los cuatro meses de la denuncia. Había sido denunciado en diciembre de 2016.

PABLO AVELLUTO

El ministro de Cultura fue imputado por irregularidades en las contrataciones que a través de su cartera se realizaron para la feria Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), que se desarrolló en Madrid en febrero.

El fiscal Franco Picardi consideró que se debe investigar si cometió "defraudación a la administración pública”.

JULIO MARTÍNEZ

El ex ministro de Defensa, ahora senador electo en La Rioja tiene una causa abierta por el intento de compra de armamentos a EE.UU. que reveló El Destape.

El fiscal federal Franco Picardi lo imputó junto a los diputados oficialistas Eduardo Amadeo y Luciano Laspina.

Es por la millonaria compra de un arsenal a los Estados Unidos que supuestamente hubiera implicado un fraude al Estado y generado beneficios para algunos de los involucrados.

(*) Periodista de El Destape.

Luego de la detención de Amado Boudou, el jefe de bloque del FpV en Diputados dijo que “no se puede descartar que ahora vayan detrás de Cristina y de Máximo” porque el Gobierno “autoritario” de Macri “no tiene límites”.

“La detención de Amado Boudou demuestra la persecución que hay, porque realmente siempre estuvo a derecho”, dijo Héctor Recalde y cuestionó la decisión del juez Ariel Lijo al considerar que “no hay peligro” de fuga ni de entorpecimiento de la investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

“Evidentemente, hay una animosidad contra todos los que fueron funcionarios de nuestro gobierno”, remarcó el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ).

Recalde vinculó la resolución de Lijo con las “quejas del ‘Colegio Privado de Abogados’”, en alusión al macrista Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que arremetió contra el magistrado en el Consejo de la Magistratura por “una demora excesiva en la tramitación de causas que, de ser confirmadas, afectarían el debido proceso”.

“Ahí estuvo (José Alfredo) Martínez de Hoz, los grandes estudios que defendieron a los funcionarios de la dictadura, un organismo de derecha”, sostuvo y apuntó que “la violación de los derechos humanos es otra característica” del “Gobierno autoritario” de Mauricio Macri.

Tras afirmar que “este gobierno no tiene límites”, Recalde advirtió que “no se puede descartar que vayan detrás de Cristina y de Máximo (Kirchner)”.

“Estamos en una democracia de muy baja densidad, llegando casi a un Estado policial. Hay tanta violación a la institucionalidad que estamos todos en libertad condicional, en definitiva”, completó el legislador en diálogo con Radio del Plata.

El fuerte aumento, que corresponde a los usuarios de Edenor y Edesur, se aplicará en dos etapas a partir del 1° de diciembre. Los datos forman parte del informe del ENRE para la audiencia pública que se realizará en dos semanas.

Un nuevo tarifazo en la luz, impulsado por el CEOministro de Energía, Juan José Aranguren, golpeará con fuerza a las familias de Capital Federal y el Gran Buenos Aires antes de fin de año.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dio a conocer que desde el 1 de diciembre las tarifas de Edenor y Edesur aumentarán en un 39% para consumos de hasta 400 kwh por mes, en un 38% para un gasto de 400 a 600 kwh mensuales, y en un 47% para los que utilicen más de 600 kwh.

La información se conoce antes de la audiencia pública del 17 de noviembre, donde se formalizará el incremento y donde además se contemplará la segunda parte del tarifazo que se aplicará a partir del 1 de febrero de 2018.

Para ese mes se contemplan subas del 16% para consumos residenciales de hasta 400 kwh,  del 14% para los consumos de 400 a 600 kwh, y de 27% para los usuarios con más de 600 kwh.

De esta forma, el aumento total entre las dos etapas será del 61%, 57% y 86%, respectivamente.

Según el ENRE, las subas de diciembre están determinadas por un incremento del 35% en los precios mayoristas para pequeñas y medianas demandas, y del 25% para los usuarios con demandas superiores a 300 kW/mes, así como una propuesta de asignación para el transporte en alta tensión presentada por el Ministerio de Energía de $31,3 /megavatio para el área metropolitana.

Mientras tanto, para calcular las tarifas de febrero, el organismo estimó un ajuste del 10,9% considerando el semestre agosto-enero sobre el costo de distribución correspondiente a la tercera fase de la revisión tarifaria, y un incremento adicional del 20% en el precio mayorista.

El ex juez de la Corte Suprema alertó que el país atraviesa “un momento de regresión institucional”, con “procedimientos de tipo mafioso” y “persecución ideológica”. También habló de la campaña mediática en su contra.

“Se nos está derrumbado la República aceleradamente en función de una serie de shows judiciales, procedimientos de tipo mafioso y coacciones. La coacción es un procedimiento clásico de organizaciones delincuenciales y esto se nos va insertando”, dijo Eugenio Zaffaroni y consideró que así “se va cayendo el Estado de Derecho a pedazos”.

El ex juez de la Corte Suprema fue entrevistado por el periodista Víctor Hugo Morales en AM 750 luego de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, ordenada por el juez Ariel Lijo y llevada a cabo por la Prefectura Nacional en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En este sentido, Zaffaroni cuestionó las “prisiones preventivas con el pretexto de que pueden perjudicar el avance de la investigación, cuando los hechos que se denuncian son de prueba documental”.

También se refirió a la “presión sobre jueces díscolos”, como ocurre con el suspendido Luis Federico Arias, el magistrado platense que había denunciado “acuerdos corporativos” de los poderes políticos, judiciales y económicos.

“Se está terminando el pluralismo dentro del Poder Judicial, con una clara persecución ideológica. Estamos asistiendo a un momento de regresión institucional”, subrayó Zaffaroni.

El ex juez de la Corte consideró que es un tiempo de “resistencia” y que “esto va a pasar, como pasaron otros que se consideraron omnipotentes y al rato terminando muy mal, pero el problema es que nos puede lesionar nuestra cultura jurídica”.

Consultado sobre la campaña de Clarín y La Nación por los 385 mil pesos por mes que gana por su pensión vitalicia, Zaffaroni dijo que le “da vergüenza ver el recibo”, pero que “hay una ley que fija eso y los sueldos los fija la Corte Suprema, esta Corte del 2×1”.

En este sentido, pidió discutir “la política salarial del Poder Judicial” y “la ley de jubilaciones que la cobran todos los jueces”.

“Yo soy un tipo de costumbres más bien sobrias, no tengo vacaciones en Punta del Este, no paso los fines de semana en el country, ni tengo autos de alta gama. Tengo un auto de diez años que no quiero cambiar. Es la primera vez en mi vida que me sobra dinero en el banco y estoy dedicando dinero a una fundación, ayudando a gente que está investigando, congresos y seminarios”, concluyó.

Así lo aseguró la abogada Graciana Peñafort, una de las primeras reacciones desde el peronismo ante la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. “Es irrazonable, no tiene fundamento factico ni legal”, sustuvo la letrada sobre la orden del juez Ariel Lijo y advirtió que “están preparando el terreno para avanzar contra todos”, incluida Cristina Fernández de Kirchner.

“Amado fue presidente del Anses, ministro de Economía y vicepresidente de la Nación. Posiciones de poder. El juez podría haber entendido que desde esas posiciones podía entorpecer la investigación. Discutible, pero razonable en algún punto. Ahora bien, que en el 2017, cuando Amado esta fuera de todo y sin acceso a nada, el juez diga que puede entorpecer la investigación es ridículo”.

Así se expresó desde su cuenta Twitter la abogada Graciana Peñafort, quien agregó que “en derecho a lo ridículo se le llama irrazonable” y que “la detención de Amado es irrazonable, no tiene fundamento factico ni legal”.

“Sospecho que quieren acostumbrarnos a que cualquiera puede ir preso porque sí. Pero no. Está mal y está mal que lo naturalicemos”, subrayó la letrada y apoderada de Unidad Ciudadana.

Y en otros tuits advirtió: “Están preparando el terreno para avanzar contra todos. Contra CFK y contra todos. Porque cuando la política es contra el pueblo y la de Macri lo es, la única manera es asustar, disciplinar y perseguir. Eso hace Macri”.

Boudou fue detenido este viernes por disposición del juez Ariel Lijo, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado fue denunciado esta misma semana por sectores afines al Gobierno de cajonear causas de corrupción.

En la causa también fue detenido José María Núñez Carmona, quien esta semana se negó a prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 4 en el juicio por la compra venta de la ex Ciccone Calcográfica.

La decisión fue tomada sin haberle tomado declaración indagatoria y sin siquiera haberlo procesado, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El ex vicepresidente fue llevado a una sede de la Prefectura Naval para ser trasladado luego a los tribunales de Comodoro Py.

El ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Amado Boudou, fue detenido por orden del juez Ariel Lijo, quien lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La orden la cumplieron agentes de Prefectura, que fueron hasta el edificio de Puerto Madero donde vive el ex funcionario y lo arrestaron.

“Me sorprende la orden de detención en una causa de tantos años de proceso. Lleva cinco años de trámite y siempre estuvimos a derecho”, declaró el abogado del ex vicepresidente, Eduardo Durañona a C5N.

De acuerdo con lo que consideró el defensor, "se están llevando a cabo maniobras" y "apurando todos los tiempos procesales".

La decisión de Lijo de detener a Boudou sin haberle tomado declaración indagatoria y sin siquiera haberlo procesado llega días después de que el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, junto a su ONG Será Justicia y la organización Usina de Justicia, denunciaran en el Consejo de la Magistratura que perciben que en su juzgado y los de otros magistrados –entre ellos Daniel Rafecas- se registra "una demora excesiva en la tramitación de causas que, de ser confirmadas, afectarían el debido proceso".

En la misma causa fue detenido el socio de Boudou, José María Núñez Carmona, quien esta semana se negó a prestar declaración indagatoria en el juicio por la compra venta de la ex Ciccone Calcográfica.

Lijo también citó a indagatoria a Agustina Kampfer, ex novia del ex vicepresidente para el 8 de noviembre y a otros imputados.

Renunció el juez encargado de controlar el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires. El magistrado pidió al Consejo de la Magistratura que no le renueven la subrogancia en el juzgado electoral.

El juez del Juzgado Federal 1, Juan Manuel Culotta, encargado de controlar los comicios en territorio bonaerense envió una carta al Consejo de la Magistratura en la que pide su renuncia al cargo.

Cabe recordar que el magistrado fue designado en marzo de este año, a raíz de la vacante en el Juzgado N° 1 de La Plata por el fallecimiento del juez Manuel Blanco en septiembre de 2014. Su nombramiento fue muy cuestionado y ocasionó un importante conflicto judicial, ya que se declaró la inconstitucionalidad de su nombramiento en un fallo que luego fue anulado por la Cámara Federal de La Plata que, además. apartó de la causa al juez Recondo y dispuso la intervención del juez Ziulu.

La noticia tomó por sorpresa a propios y ajenos, el magistrado mandó una carta al Consejo de la Magistratura solicitando que no le renueven la subrogancia con vencimiento el último día de noviembre.

Según Culotta, las razones para apartarse del cargo fueron “motivos personales y laborales” y, agregó que “esperé para tomar la decisión a que transcurrieran las elecciones, que por suerte salieron muy bien”, resaltó.