(Por Fernando M. López)  El Gobierno de Mauricio Macri se lanzó con toda su rapacidad en contra del derecho de los trabajadores, con una reforma laboral que flexibiliza y precariza –como nunca en el último siglo- las condiciones de trabajo de todos los argentinos. En paralelo avanza sobre las paritarias para congelar salarios durante los próximos años. Son parte de un mismo juego donde el objetivo es garantizar las condiciones para una mayor expropiación del capital sobre el trabajo, o dicho de otro modo, una profundización del saqueo de los ricos a los bolsillos de los laburantes.

Claro que esto es posible gracias a un poderoso y burocratizado sector de la dirigencia gremial que, por acción u omisión, da vía libre a la succión sin límites de los recursos de aquellos a quienes dicen representar, que son cada vez más golpeados por un proceso inflacionario que no cede a causa de los tarifazos en los servicios públicos, el aumento sin control de los combustibles y la suba de los alimentos, entre otros productos de primera necesidad.

Así como la modificación al convenio colectivo de los trabajadores de Vaca Muerta, firmada por el Sindicato del Petróleo y Gas Privado, que lidera Guillermo Pereyra, fue la punta de lanza de una reforma laboral a la brasilera, hoy la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Antonio Caló es cómplice de la avanzada contra las paritarias.

El mismo Caló que en el marco del último Coloquio de IDEA, antes de las elecciones legislativas, llamaba “compañero” al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y le daba la “bienvenida” a la flexibilización laboral, firmó con la Casa Rosada, la gobernadora Rosana Bertone y los empresarios electrónicos la eliminación de las paritarias para los metalúrgicos de Tierra del Fuego hasta el 2020.

“Hemos sido víctimas de un extorsión por parte del Gobierno nacional”, dijo el diputado nacional y secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, y aseguró que el gremio no tuvo otra alternativa. Hasta lo graficó con un “chiste”, el del “prisionero que era condenado a muerte, salvo que aceptara dunga, dunga”.

Según el gremialista, habían amenazado con “quitarle la protección arancelaria a la producción de Tierra del Fuego”, lo que hubiera puesto en riesgo más de 10.000 fuentes de trabajo directas y otras tantas indirectas, y presionado “con la posibilidad de la reducción del 30% de nuestros ingresos”.

Habrá que ver cuánto poder adquisitivo perderán los metalúrgicos fueguinos durante los 24 meses de congelamiento salarial si la inflación continúa con el ritmo actual y se mantiene por encima del 20%. Pero acá lo cierto es que, más allá de las extorsiones y las amenazas, no hubo medidas de fuerza para resistir la embestida. Ni siquiera una movilización. Y eso que la UOM fueguina las había anunciado (marchas para el 14 y el 20 de noviembre, y un paro general antes de fin de mes). Todo quedó en la nada cuando llegó Caló con el “Acuerdo por la Producción y el Empleo” que le había dictado el “compañero” Triaca.

“El comportamiento de algunas organizaciones y dirigentes sindicales es muy claro. No sólo no están defendiendo los intereses de los trabajadores, siguen una misma línea de entrega de derechos”, afirmó en diálogo con Primereando el secretario adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane.

El gremialista también rechazó el discurso oficial, amplificado por los grandes medios, con el que se justifican este tipo de medidas antiobreras y se avanza en “la precarización del derecho laboral, previsional e impositivo”.

“Nos vienen a decir que todos tenemos que ceder algo… Los trabajadores nos hemos pasado la vida cediendo. ¿Cómo se va argumentar que la Argentina no se desarrolla y que está en crisis por los derechos que tienen los trabajadores? Es una mentira, una verdadera vergüenza”, enfatizó.

Otro de los dirigentes gremiales que salió a rechazar la flexibilización del Gobierno fue el camionero Pablo Moyano, quien ayer apuntó contra los eternos dialoguistas de la CGT, los triunviros Juan Carlos Schimd, Héctor Daer y Carlos Acuña.

“Esperemos que los dirigentes que tienen los cuadros de Perón y Evita en sus oficinas se opongan a esta reforma que va contra los trabajadores”, ironizó y calificó la ley que pretenden imponer como “peor que la de Brasil y la de los 90”.

Mientras tanto, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT, liderada por el bancario Sergio Palazzo, ya delinea un plan de lucha. El próximo lunes, de hecho, los gremios que integran la organización se reunirán en Luján para definir la fecha de una marcha contra las reformas macristas.

“El diálogo tiene que tener el límite de este mes y luego adoptar medidas de acción”, sostuvo el secretario de prensa de La Bancaria, Eduardo Berrozpe, quien advirtió: “Son reformas que no solamente se descargan sobre los trabajadores, sino que luego de aplicadas van a significar una mayor caída del mercado interno y una menor posibilidad de tener empleo de calidad”.

Rigane confirmó que la idea de las dos CTA es sumarse a la macha de la CFT porque “no hay posibilidad de confrontar esta precarización que se plantea si no tenemos capacidad de unirnos en acción”.

“La unidad se hace imprescindible y hay que hacerla con todos y cada uno de los sectores que representan al movimiento obrero. Llegó la hora de qué dejemos de lado cualquier tipo de diferencia porque si llega a avanzar con esta iniciativa de precarización, difícilmente nos podamos reponer. Acá se avanza contra los trabajadores y jubilados, contra la actividad sindical, y contra los abogados laboralistas”, enumeró el secretario adjunto de la CTA Autónoma.

Por lo pronto, las organizaciones gremiales llevaron su reclamo ante el director general de la OIT, Guy Ryder, con quien se reunieron este miércoles en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, que se desarrolla en Buenos Aires.

Desde la CTA confirmaron, además, que participarán del Encuentro Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que tendrá lugar entre el 16 y el 18 de noviembre en Uruguay, donde las reformas del golpista brasileño Michel Temer y de su par argentino, Mauricio Macri, serán temas obligados.

La diputada nacional de Cambiemos cree que hubo varios intentos de atentar contra su vida. A eso atribuyó los “episodios de baja de potasio” que supuestamente no se explican y aseguró que, a partir de entonces, tomó “resguardo para que algún loco no cause un daño”.

Elisa Carrio dejó a más de uno boquiabierto cuando aseguró anoche que podrían envenenarla por sus denuncias de corrupción.

“De hecho, hubo episodios míos de baja de potasio que no se explicaban. Tuve tres veces bajas de potasio a 1,5. Eso significa un infarto. Lo dijo (Jorge) Lanata en su declaración: a Carrió la envenenan”, agregó en el programa Animales Sueltos en un intento por darle más sustento a su paranoia.

“Nunca tuve miedo a morir. Yo creo en la mejor vida, en la vida espiritual pura. El que tiene fe no tiene miedo. Lo que sí, tengo resguardo para que algún loco no cause un daño”, acotó la legisladora de Cambiemos ante el conductor Alejandro Fantino, y agregó: “Yo llevo mi agua. Los chicos de la custodia me llevan el agua”.

Tras su dura carta contra el armado de Unidad Ciudadana, el ex jefe de Gabinete dijo haberla escrito “para ayudar” y planteó la necesidad de construir “un andamiaje profundo e inteligente que llegue a todos los sectores”.

Aníbal Fernández explicó hoy que la carta que le dirigió a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “no es de despedida”.

“No me voy de ningún lugar. Sigo pensando que Cristina es el mejor cuadro de los últimos 50 años y la única que puede revertir esta catástrofe que está generando Macri, que es un espanto como presidente”, subrayó en una entrevista realizada esta mañana por el periodista Daniel Tognetti en Radio Del Plata.

Luego de asegurar que se sintió “excluido” y “estigmatizado, el ex jefe de Gabinete reconoció que “a nadie le debe haber gustado la carta pero yo soy así, no me callo la boca”, y agregó que sus críticas son “para ayudar”.

“El armado de lo político requiere de un andamiaje profundo e inteligente que llegue a todos los sectores para recuperar aquella propuesta que nos pertenece. No hay un mejor producto terminado para el capitalismo que un trabajador de derecha. Si nosotros no somos capaces de ver a esa gente que este Gobierno ha comprado a través de mentiras, estamos equivocando el vizcachazo. Hay que ponerse al frente de esa discusión y darla. Y eso no se hace con Unidad Ciudadana, sino con una propuesta de fondo, una estrategia pensada”, propuso Fernández.

Juano Villafañe, que dirije el Centro Cultural de la Cooperación, recibió una mención especial en los premios ACE y fue muy crítico con el Gobierno.

"Vivimos una crisis de los contratos sociales. De los grandes contratos sociales que los argentinos logramos conquistar, y hoy están en duda los derechos de los trabajadores, los derechos de la cultura, de la educación"

Mirá el video:

Pertenecen a la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, que lidera el bancario Sergio Palazzo. Le dicen “No al ajuste permanente propuesto por Cambiemos” y “No a la reforma laboral que retrotrae los derechos de los trabajadores y las trabajadores argentinos”.

La Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizan este miércoles una huelga con movilización “en defensa de la independencia” y “contra las reformas” en el Poder Judicial.

La protesta comenzó esta mañana con movilización a la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, sede la Corte Suprema de la Nación, y también en otros puntos del país.

La Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN)  señaló que “los problemas de la justicia no se solucionan con la extensión del horario” de atención ni adelantando un par de semanas la feria de enero, medidas que evalúa la Corte Suprema luego de los cuestionamientos del presidente Mauricio Macri el 30 de octubre pasado en su discurso en el Centro Cultural Kirchner.

Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se sumó al paro para pedir por la devolución de descuentos realizados por la Suprema Corte y mostrar su oposición a la eliminación de la feria, algo que el oficialismo viene barajando tanto en provincia como a nivel nacional.

La AJB, que se moviliza frente a la sede de la Suprema Corte en La Plata, manifiestó su “enérgico repudio” a las declaraciones del presidente Macri, “quien desarrolló una ingeniería comunicacional para convencer al conjunto de la sociedad que el principal obstáculo para que la Argentina avance es el alto costo laboral”.

“Apelando deliberadamente a datos falsos o tergiversados sobre supuestas condiciones de privilegio en materia de ingresos, vacaciones o licencias, Macri pretende legitimar la necesidad de la más profunda y regresiva reforma laboral llevada a cabo desde la última dictadura militar, a la vez que abre el camino para introducir cambios en la Justicia basados en la pérdida de derechos fundamentales de empleados y funcionarios”, agregó el gremio.

Para la AJB “las verdaderas causas de las crisis de la Justicia”, de las que el presidente no habla, son “la dependencia de gran parte de los jueces, fiscales y defensores respecto del poder político al que deben controlar e investigar; o las históricas restricciones presupuestarias, que condenan al colapso permanente a un Poder Judicial que apenas se mantiene a flote gracias al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras”.

El presupuesto, que prevé gastos por 630.000 millones de pesos y un déficit de 31.000 millones, fue aprobado anoche en Senadores, junto a Ley Impositiva y el “Pacto fiscal”, luego de haberse tratado previamente y de manera expeditiva en Diputados.

En Diputados, donde el saldo fue de 76 votos a favor y 16 en contra, Cambiemos consiguió de modo íntegro los votos del massismo, del GEN y de un sector importante del peronismo. Quienes votaron en contra fueron los diez diputados de La Cámpora, cuatro del bloque FpV-PJ y la única diputada del FIT. Las críticas más duras al presupuesto y al endeudamiento fueron de los diputados de La Cámpora, Juan Debandi y Lauro Grande.

En su intervención, Debandi apuntó al fuerte y sostenido aumento de la deuda por parte de la provincia, mientras al mismo tiempo decaen los presupuestos para Educación, Desarrollo Social y Salud (si se suman sus tres presupuestos, Vidal pidió permiso para tomar préstamos por 170 mil millones). En un comunicado que su bloque había publicado ayer por la mañana, afirmaban que “la deuda de la provincia es como la de la India”.

“Este año, el Poder Ejecutivo solicita un endeudamiento por 86.192 millones de pesos, un 14,3% más que en 2017, con la diferencia de que en este presupuesto ya no existe el Fondo de Infraestructura Municipal”, dijo en referencia a la herramienta con la que contaban los municipios para hacer obras y cuyo cierre despertó duras críticas de intendentes de distintos espacios políticos.

“El crecimiento acumulado de la deuda externa es del 56,1% desde el año 2015. Penosamente, se revirtió la trayectoria decreciente del endeudamiento público”, agregó Debandi.

El inicio de la sesión estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Presupuesto, el macrista Marcelo Daletto, quien se dedicó, entre otras cosas, a justificar la deuda que tomará la gestión de Vidal: “Necesitamos la deuda para pagar los vencimientos de capital y para cubrir el déficit, y el déficit es para lanzar la obra pública. Por eso, votar en contra del endeudamiento es votar directamente en contra de las obras públicas”.

A su turno, Abarca cuestionó el tamaño de la deuda y el tratamiento rápido que tuvo. Puso en tela de juicio que se aprueben estas leyes cuando todavía Vidal, al igual que los restantes gobernadores, no se sentó con el presidente Mauricio Macri para establecer cómo será el pacto fiscal entre nación y provincia. Esa reunión será mañana.

“Explicaron [por el gobierno provincial] de cuánto era el cálculo de gastos y cuánto de recursos, y en el medio y a cuatro días de votar el presupuesto se anuncia un acuerdo con el gobierno nacional que cambia sustancialmente los recursos”, analizó Abarca. “Primero debían fijar de cuánto iban a ser los recursos para la provincia y a partir de ahí discutir un nuevo presupuesto y la deuda”, siguió. Y añadió “Nos hablan de diálogo y hacen votar un presupuesto donde no están claros los recursos de la provincia”.

Un tema que recibió muy poca atención durante las sesiones fue la Ley del Régimen de Responsabilidad Fiscal para los municipios, que implica una serie de metas administrativas que estipula la provincia para que cumplan los municipios, referidas a inflación, nombramiento de personal y endeudamiento. En caso de no cumplirlas, las comunas no tendrán el visto bueno de la provincia para la asistencia financiera y la autorización para contraer endeudamientos.

Incluso, entre lunes y martes, casi todos los intendentes de Unidad Ciudadana se acercaron a La Plata para mostrar su descontento con el Ejercicio 2018 y con el régimen fiscal municipal que, afirmaron, les quita autonomía de gestión. Sobre este tema, Abarca señaló que es un “avasallamiento sobre los municipios”, y añadió que la ley de Vidal “les exige a los municipios pedir permiso hasta para nombrar a una persona”.

En ese marco, en la previa a la jornada deliberativa, 22 intendentes del interior emitieron un comunicado donde reclamaron que se reparta entre los distritos los fondos que pudiese recibir la provincia por parte del nación como compensación del congelado Fondo del Cornubano.

“La centralización de los recursos no sólo vulnera preceptos constitucionales que reconocen la autonomía municipal, sino que conspira con un progreso armónico de nuestros pueblos”, señalaron. También pidieron una “mesa de trabajo”, pero fueron desoídos plenamente.

Mientras tanto, en la Cámara de Senadores, donde el debate fue todavía más escueto, Vidal logró por 36 a 9 votos que sus proyectos se convirtieran en ley.

El bloque de senadores del FpV-PJ rechazó el Presupuesto al considerar que “se acopla al modelo de ajuste impulsado por el Gobierno nacional, ahonda el deterioro de las cuentas fiscales provinciales, incrementa la dependencia financiera de los gobiernos locales y profundiza la angustia de los bonaerenses.

“Desde que asumió Maria Eugenia Vidal al frente de la gobernación bonaerense endeudó a la Provincia en cerca de 5.300 millones de dólares, una cifra similar a la deuda externa de India, el sexto país con mayor PBI del planeta”, señalaron y agregaron que “como si fuera poco nos propone seguir endeudándonos, aumentando la toma de deuda en un 30% con respecto al ejercicio anterior”.