El Ministerio de Seguridad dispuso el ascenso de personal de Gendarmería Nacional, entre ellos el del subalférez Emmanuel Echazú, único imputado en el caso Santiago Maldonado.

La medida fue dispuesta mediante la resolución 1473/2017, que se publica hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de la cartera, Patricia Bullrich, junto a dosanexos con el detalle de nombre, DNI y área de cada uno de los gendarmes promovidos.

Echazú es el gendarme que declaró haber recibido un piedrazo durante el operativo en la comunidad y que quedó técnicamente imputado cuando se presentó espontáneamente, por considerarse sospechado, en el expediente por el caso Maldonado.

El cuerpo del joven artesano fue encontrado 78 días después de ese procedimiento, el 17 de octubre pasado, en aguas del Río Chubut. Si bien las pericias concluyeron que Santiago Maldonado murió ahogado, la Justicia no pudo establecer aún las circunstancias en las que se produjo el deceso.

Fuente: Diario K

La diputada nacional y referente del kirchnerismo en Quilmes se refirió a los despidos en la localidad bonaerense. "Estamos acompañando a las familias que se quedaron en la calle por una decisión política de Molina. No es que no haya plata, esto es una decisión clara del intendente de Cambiemos", resumió Mendoza. "Por ahora confirmaron 100 despidos pero las autoridades dijeron que pueden llegar a mil", siguió.

La legisladora nacional explicó: "Esto es una decisión política. Mientras se deja en la calle a trabajadores que ganan entre 5 mil y 9 mil pesos, se aumenta el salario de los funcionarios jerárquicos del municipio un 150%. Lo que van a dejar de cobrar las familias que quedan en la calle se lo llevan los funcionarios de Molina", afirmó en diálogo con Primereando las Noticias.

Además, Mendoza comparó la situación de Quilmes con Avellaneda, gobernada por el kirchnerista Jorge Ferraresi: "En Avellaneda incorporaron a 800 trabajadores y se les aumentó un 30% el salario. Tanto Quilmes como Avellaneda tiene la misma cantidad de trabajadores municipales por habitante. No es cierto que la plantilla de empleados de Quilmes sea desproporcionada", señaló.

En esa línea, detalló: "Hay una decisión de desmantelar servicios esenciales para las familias más humildes. Los despidos son en Desarrollo Social, en Niñez, en Salud. Se están echando a trabajadores de la maternidad Oller. La salud está en su peor momento en Quilmes".

Por último, Mendoza se refirió al trascendido que indica que Molina reconoció que los despidos se realizan por pedido de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. "Lo reconoció él en el telegrama de despido, es una locura. Pero de esa manera no se hace cargo de lo que le toca. La gente lo votó para que gobierne Quilmes, no para que cumpla órdenes de Macri o Vidal. Se tiene que hacer cargo", sintetizó.

Brancatelli y Oliván defendieron a los trabajadores de Radio Nacional y se cruzaron con Ceferino Reato, quien lanzó polémicas declaraciones sobre la emisora estatal.

¿Para qué queremos Radio Nacional?", soltó en el marco de un debate sobre los "ñoquis" en el Congreso y en los empleos públicos. El primero en responder a la pregunta fue Diego Brancatelli, quien no dudó en lanzar un dardo venenoso: "Solamente Ceferino Reato puede decir semejante barbaridad".

"30 por ciento de pobres y defendiendo Radio Nacional", agregó Reato.

Branca resistió: "Defiendo a Radio Nacional y a todos sus trabajadores. Yo trabajé en Radio Nacional en el año 2000".

"No me cabe la menor duda. ¿Dónde vas a trabajar?", chicaneó nuevamente Reato.

En ese tramo de la discusión, tomó la palabra María Julia Oliván, quien trabaja en esa radio, y entendió que el periodista atacaba a quienes ejercían la labor en esa emisora. "Un conductor que conduce una vez por semana gana treinta mil pesos y uno que lo hace todos los días 60", sumó la periodista.

"Si no estuvieras ahí, por ahí opinarías como yo. Vos estás defendiendo tu laburito", polemizó, otra vez, Reato en una fuerte pelea que tardó varios minutos en calmarse.

Mirá el video:

Los intentendes de Quilmes, Morón y Tres de Febrero podrían despedir a más de un millar de personas de sus plantas de empleados públicos. En el caso de Martiniano Molina, reconoció en el telegrama de despido que era por "un pedido de las autoridades nacionales y provinciales". Se estima que alrededor de 3000 trabajadores quedarán en la calle considerando a los municipios bonaerenses, PBA y Nación.

Tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal enviaron un mensaje claro a su tropa: es necesario ajustar la planta de trabajadores estatales. El oficialismo sabe que 2018 es "una buena" oportunidad para hacer lo más importante del ajuste ya que el año que viene habrá elecciones y no querrán estar debatiendo sobre estos temas en la campaña electoral.

Así las cosas, los jefes comunales de tres distritos importantes del GBA empezaron con las cesantías. Quilmes, Morón y Tres de Febrero piensan despedir alrededor de 1400 empleados.

En el caso de Morón, donde gobierna la ex pareja de Vidal, Ramiro Tagliaferro, los despidos tienen que ver con "brutal ajuste" que el municipio realizará de acuerdo a lo previsto en el presupuesto 2018. Así lo denunciaron las fuerzas de la oposición. Los despidos se darán en áreas sensibles: Centros de Desarrollo Infantil, en Niñez y Juventud, en la Casa de Abrigo para personas en situación de calle, en Empleo, en Políticas Ambientales, en Higiene, en el Departamento Vial, en Educación, en Salud. Ya hay confirmadas 100 cesantías pero podrían elevarse a 500.

Así lo anunció el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en relación al sistema de transporte en el área metropolitana Buenos Aires. El tarifazo será superior al 60% y escalonado en tres partes: febrero, abril y junio. Para matizar las subas, se mantendrá la tarifa social y habrá descuentos para los que usuarios que usen diferentes modos de transporte en un plazo de tiempo.

Según el anuncio oficial, el incremento más importante se dará en colectivos, donde el boleto mínimo pasará de 6 a 10 en los próximos seis meses. En febrero saldrá 8, en abril 9 y finalmente alcanzará los 10 pesos en junio. Es un incremento del 66%. Muchos servicios del Gran Buenos Aires, que no abonan la mínima, pagarán cerca de 20 pesos.

En el caso de los trenes, la línea Roca pasará gradualmente de 2 a 3,25. El resto de los ramales del AMBA subirá de 5,50 a 6,75. Es un aumento del 60%.

Por último, Dietrich se refirió a la situación del subte, cuya tarifa deberá ser definida en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el ministro adelantó que pasará a costar $ 12,50 en junio.

Para compensar el tarifazo, el ministro aseguró que se establecerán descuentos para usuarios que combinen diferentes modos de transporte: el segundo viaje (realizado dentro de un plazo de dos horas) saldrá un 50% menos; el tercero, costará el 25% de la tarifa. Además, se mantendrá la tarifa social.

Los incrementos en el transporte público se suman a las subas en otros servicios como luz y gas, a la nafta y a la prepagas. Un 2018 complicado para el bolsillo de los argentinos.

Alejandro Finocchiaro, el flamante ministro de Educación que asumió cuando Esteban Bullrich asumió como Senador, ordeno el despido de 900 tutores del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela, al tiempo que ordenó el cierre de postítulos.

El “reformismo permanente” que anuncio Mauricio Macri tras las elecciones de medio término empieza a caminar. El Gobierno pretende dejar sin efecto el Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela, dejando 900 tutores sin cargo. Además de ser un Instrumento clave para la formación docente de todo el país, el programa permite a cualquier docente la posibilidad de cursar un posgrado gratuito de uno o dos años, con modalidad presencial y virtual.

A su vez, desaparecen los postítulos de Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías. Postíbulos que, según la web del Gobierno de la Ciudad, “tienen como objetivo brindar una formación post-inicial orientada a optimizar el desempeño docente, el ejercicio de nuevos roles y funciones, y la profundización y actualización sistemática de conocimientos en los niveles, modalidades y orientaciones del sistema educativo”.

De esta manera Finocchiaro confirma que continua en la misma linea que el ex ministro Esteban Bullrich, que a fines de 2016 firmó una resolución para restringir el régimen de cursada del postítulo y dispuso el cierre definitivo para fines de 2017 de las especializaciones en Educación y Derechos Humanos, Problemática en Ciencias y Educación y Tecnologías de la información y Comunicación. En consecuencia, se esperan más despidos y reformas para después de Agosto.