No hubo acuerdo en la primera reunión entre el gobierno de la Provincia y los gremios docentes. “Hablan del 15 por ciento cuando las propias mediciones del Banco Central hablan de un 20", planteó, Roberto Baradel durante la negociación.

Los gremios docentes rechazaron la propuesta del gobierno de María Eugenia Vidal, del 15% de aumento sin cláusula gatillo, más una bonificación de 4500 pesos fijos para aquellos docentes que el año pasado no hayan parado, que se aplicaría de manera porcentual según la asistencia a clase. A su vez, el aumento fue planteado en tres cuotas: 5 por ciento en enero, 5 por ciento en mayo y 5 por ciento en septiembre.

Por su parte, el titular de Suteba, Roberto Baradel, dijo: “Hablan del 15 por ciento cuando las propias mediciones del Banco Central hablan de un 20”. Al tiempo que anunció que pedirían la incorporación de la cláusula gatillo a cualquier acuerdo, porque “una paritaria sin cláusula gatillo y por menos del 15 por ciento es un salario a la baja y nosotros no estamos dispuesto a firmar un salario a la baja para los trabajadores”.

Diputados de la Coalición Cívica adelantaron que irán por el juicio político contra el ministro de Justicia, German Garavano, tras los pedidos de absolución de los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen, en manos del abogado propuesto por Cambiemos, José Console, en torno a la investigación del encubrimiento de la AMIA.

La interna entre la líder de la Coalición Civica, Elisa Carrió, y el ministro de Justicia, German Garavano, sumó un nuevo capítulo. Luego de que el titular de Justicia desafiara a Carrió diciendo "Es un problema de la doctora Carrió. Puede pedir mi juicio político, cualquiera puede pedirlo cuando quiera", la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic respondió en twitter: “Sus deseos son órdenes”.

Previamente. el espacio que lidera Carrió difundió un comunicado donde denunció a Garavano y Angelici de manipular la causa AMIA para encubrir a los ex fiscales Mullen y Barbaccia. Carrió, parte de la Alianza Cambiemos, se ocupó de aclarar que no tiene diálogo con el ministro, repudió los “condicionamientos y presiones” contra los abogados de la Unidad que en teoría conduce el radical Mario Cimadevilla, le pidió “explicaciones sobre su intempestiva decisión” y aseguró que no forma parte “ni del amiguismo ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno”.

Por su parte, el legislador nacional Juan Manuel López agregó: “Lamento mucho si una bravuconada del Ministro, si es una frase desafortunada ya estamos acostumbrados. La sociedad espera de todos nosotros más y mejor justicia, independiente y sana”.

El conflicto, surgió del escándalo que envuelve las absoluciones de los ex fiscales Barbaccia y Eamon, en la causa que investiga el encubrimiento al atentado de la AMIA. El pasado 2 de febrero, la querella que representa al gobierno nacional se diferenció de la Unidad Fiscal AMIA y de los familiares de las víctimas, y pidió la absolución de los ex fiscales acusados de participar en el pago de coimas, amenazas y la construcción de pruebas falsas para desviar la investigación. La decisión tomada por José Console, un abogado vinculado a Cambiemos, fue justificada bajo el argumento de que no hay “plena convicción de su participación”.

Por su parte, tanto Mullen como Barbaccia, actuaron desde la primera etapa de la investigación del atentado, a cargo del juez Juan José Galeano. En 2006, el juez Ariel Lijo los procesó por peculado, coacción, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad por haber construido pruebas falsas a fuerza de coimas y amenazas para inculpar a cuatro ex policías bonaerenses que luego fueron absueltos. El diario Página 12, agrega que la acusación indica que Barbaccia estaba al tanto de la coima al desarmador de autos Carlos Telleldín a cambio de declarar en contra de los policías, y que inclusive estaba en el juzgado en el momento del pago. Ambos renunciaron a sus cargos: Barbaccia alegó “cansancio moral” y Mullen “un estricto pedido” de su familia.

Aprovechando el escándalo que envuelve al ministro de Trabajo, su par de Transporte, Guillermo Dietrich, usa a un ex funcionario de su cartera y hombre de su confianza para negociar convenios laborales y sacarse fotos que incomodan a Triaca.

Lucas Aparicio es un ex Upcn que la cartera del Ministerio de Trabajo que comanda Jorge Triaca sumó hace un año, y desde entonces se desempeña como subsecretario de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social. A futuro será ascendido a la secretaría de Relaciones Federales, en donde absorberá programas importantes como el Repro. A su vez, Aparicio, que dirigió la empresa Ferrobaires, desembarcó en el ministerio de Jorge Triaca luego de ocupar varias áreas de Transporte que tenían eje en las paritarias con los gremios del sector.

Este miércoles, a través de Aparicio, Dietrich aprovechó los temas de "transporte" para meterse en las negociaciones que llevó adelante el ministro de Trabajo, con la Unión Ferroviaria que encabeza Sergio Sasia.

Tras firmar un convenio entre el gremio de trabajadores y Triaca, quien se coló en la foto fue el ministro de Transporte, que no cierra paritarias pero no quería perder la oportunidad del crédito de mostrarse con uno de los dirigentes sindicales que se oponen a la marcha de Hugo Moyano del próximo miércoles.

El Ministerio de Educación de la Ciudad lanzó un nuevo protocolo donde se deben llamar a los padres de los alumnos que lleven adelante medidas de fuerza en las escuelas porteñas, al tiempo que autoriza la toma de fotografías a los bienes materiales antes de cada toma.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, anunció un nuevo protocolo a llevar a cabo ante una toma de escuelas por parte de los alumnos. Allí, se dicta que determina que las autoridades de cada escuela tomada deberán llamar a todos los padres de los alumnos para informarles de la toma y pedirles que retiren a sus hijos o que autoricen que los mismos permanezcan en el edificio, pese a que “no habrá adultos a cargo”.

A su vez, el protocolo exige “enunciar los datos de los padres que no hayan retirado a los jóvenes del establecimiento educativo, dejando constancia de los motivos y de haberles hecho saber que la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre ellos”.

A continuación, el protocolo completo:

1) Dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2) Dar intervención al SAME.

3) Citar de manera inmediata  a los padres o a quienes ejerzan la responsabilidad parental para que retiren a sus hijos del establecimiento.

4) Labrar un acta dejando constancia de la imposibilidad de tener clases por la toma del establecimiento, que deberá ser elevada a la máxima autoridad de la cartera de Educación, consignando los siguientes puntos:

– Relato de los hechos y motivos por los que se tomó el colegio.

– El estado detallado del patrimonio escolar documentado fotográficamente al momento en que se inicia la toma del establecimiento. En caso de ser posible, las fotografías deben ser certificadas por escribano público o con la presencia de dos testigos.

– Solicitud de intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al SAME.

– Constancia de citación a los padres. Se deberá labrar un acta de retiro en la cual se le hará saber que mientras dure la situación y, en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo, la responsabilidad recaerá exclusivamente sobre el adulto.

– Enunciar los datos de los padres que no hayan retirado a los jóvenes del establecimiento educativo, dejando constancia de los motivos y de haberles hecho saber que la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre ellos.

5) Los directores o rectores deberán permanecer en el establecimiento educativo hasta la terminación de todas las acciones establecidas en el protocolo.

6) Desde el Ministerio de Educación se deberá a elevar el expediente administrativo para intervención a la Procuración General.

7) Finalizada la toma del establecimiento escolar, los directores o rectores deberán labrar un acta, que será elevada a la máxima autoridad de la cartera de Educación. Allí se consignará el estado del patrimonio escolar al momento de la finalización de la toma, también documentado fotográficamente.

8) El Ministerio de Educación elevará el último expediente administrativo para intervención a la Procuración General.

El organismo oficial de estadística midió 1.8% de inflación nacional para enero 2018. El acumulado interanual se ubicó en 25 por ciento.

A su vez, entre los mayores incrementos se localizaron en los rubros, Recreación y Cultura con 3,5 por ciento; Restaurantes y Hoteles 2,9 por ciento; y Bebidas Alcohólicas, 2,3 por ciento; mientras que se agregaron los ajustes en Transporte 2,2 por ciento y Comunicaciones 1,9 por ciento.

En el desagregado regional la inflación en Patagonia se aceleró a 2,6 por ciento. La mínima se anotó en Cuyo 1,5 por ciento; seguida de 1,6 por ciento en el Área del Gran Buenos Aires; 1,9 por ciento en el área Pampeana y Noroeste y 2 por ciento en Noreste.

Además, por el ajuste de los precios liberados de las naftas y del precio internacional del petróleo y gas, que determinaron una suba de 15,1 por ciento, se agrega el efecto arrastre sobre los bienes transables del salto del promedio de precios al por mayor a 4,6%.

Para los productos manufacturados, el alza de precios fue muy superior al índice de precios al consumidor, promedió 2,8%, donde sobresalieron las subas del 6,3% de máquinas y aparatos eléctricos; 5,3% metálica básica; 5,1% automotores y repuestos; y el pico de 5,6% de la energía eléctrica.

El manual de Ciencias Sociales de sexto grado que la editorial Aique realiza para las escuelas bonaerenses, menciona la muletilla del Gobierno, “Si, se puede” y asegura que el macrismo redujo la inflación e incrementó las inversiones extranjeras.

Indignación entre padres y docentes bonaerenses ante los manuales de Ciencias Sociales para sexto grado. Allí, se pueden observar decenas de mensajes a favor de Cambiemos. "A mediados del 2016, el Gobierno pudo alcanzar algunos de los objetivos que se había propuesto, como la reducción de la inflación y el incremento de las inversiones extranjeras", afirma en una de sus páginas.

En otro apartado, se puede ver la imagen de Mauricio Macri en el sillón presidencial, donde asegura que “uno de los eslóganes que se convirtieron en una fuerza para el cambio fue el ‘si, se puede’, que repetían los miembros del frente Cambiemos y sus simpatizantes".

Por su parte, la editorial justificó el manual: "Los contenidos fueron seleccionados, organizados y presentados en una secuencia didáctica que responde tanto a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (N.A.P.) como al Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires, en el que se ha tenido especial cuidado en los aspectos locales de índole social, económica, etc", señalaron desde AIQUE.

En 2012, ante talleres opcionales que brindó la agrupación La Cámpora con alumnos de Capital, Córdoba y Mendoza, el ex ministro de Educación de Macri, Esteban Bullrich, decía: "Es vergonzoso que La Cámpora utilice fondos públicos para bajar línea política en las escuelas", al tiempo que lanzó una línea telefónica gratuita (0800-444-2400) para que los directores, docentes, padres y alumnos puedan denunciar cualquier tipo de “intromisión política” en las escuelas.

Siguen las repercusiones del caso de Emanuel Garay, el joven cadete que murió en La Rioja tras ser sometido a tormentos en la escuela policial. Ahora se conoció el relato de la cadeta Jacquelinen Chumbita. "Nos tuvieron parados dos horas al sol, mis compañeras se desmayaban y los instructores repetían todo el tiempo 'déjenlas que se mueran, una menos’", describió.

En diálogo con FM La Patriada, Chumbita aseguró que “los cadetes sobrevivientes tienen miedo de salir a hablar, pero cómo no vamos a salir a hablar si esto costó la vida de un joven. Queremos Justicia y que nadie se calle la boca, porque todos sabemos lo que vivimos”.

Además, profundizó sobre lo sucedido: "Nos llevaron a 'la sartén', nos quemaron las manos con el piso, las instructoras nos pisaban las manos y tiraban agua al piso para que tomemos del asfalto. Como perritos íbamos a tomar agua podrida de una pileta, un compañero tomó agua de un pozo donde había animales muertos".

“No esperaba un entrenamiento así, esperaba que al menos nos dieran agua. Fue un milagro que no pasara algo más grave. Le dije a la comisario Rodríguez que mi cuerpo no daba más, entonces me fui a bañar y me obligaron a firmar la baja cuando estaba inconsciente”, siguió.

Asimismo, recordó que "cuando recuperé la conciencia, me desperté en terapia intensiva, tenía el cuerpo lleno de moretones”.  Por último, Chumbita homenajeó a su compañero Garay y recordó una conversación con él: "Todos fuimos a la escuela con un sueño, hablé con Emanuel y me dijo que estaba contento de poder estar ahí".

Las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentarán un 5,71% a partir de marzo con la aplicación de la nueva fórmula de ajuste establecida por la reforma previsional votada a fin de año pasado en medio de protestas opositoras.

Así lo estableció una resolución del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que conduce Jorge Triaca. "El valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, correspondiente a marzo de 2018 es de 5,71 por ciento", indica el primer artículo de la Resolución.

Según los especialistas, los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH se hubieran incrementado un 12% de acuerdo al índice del gobierno kirchnerista. Es casi tres veces más que lo que cobrarán ahora. En total, el ajuste afecta a alrededor de 20 millones de personas, la mitad de la población argentina.

Para consignar el ajuste sobre las actualizaciones, el macrismo acordó con sectores del peronismo "dialoguista" que la fórmula quede atada a la inflación y a la variación de los salarios (en un porcentaje menor). Antes, consideraba los sueldos y la recaudación. Desde la oposición al macrismo habían advertido que el nuevo índice iba a significar un ajuste sobre los beneficiarios de los diferentes haberes, lo que ahora se confirmó.

El dirigente sindical Hugo Moyano se refirió a la movilización gremial del 21F y advirtió: "Tenemos una versión de que hay gente del oficialismo que está buscando gente para que pase algo en la marcha", dijo. Y agregó: "Siempre que tuvimos problemas en una marcha fue por servicios del Gobierno. Si pasa algo vamos a tener dudas. El trabajador va en paz a expresar su descontento", señaló.

Además, Moyano se despegó de los gremios que decidieron bajarse de la convocatoria: "Hay ausencias que suman, que falten Luis Barrionuevo o Acuña son dos personas menos. Va a ser una marcha muy importante y lo vamos a demostrar", propuso.

"El Gobierno le pagó a dirigentes para que no se sumen a la movilización. No nos afecta ni nos preocupa. Puede ser que no vengan dirigentes pero sí van a estar los trabajadores", desafió Moyano.

Además, volvió a cargar contra Cambiemos: "El Gobierno no puede resolver los problemas y por eso está preocupado. No ve que la gente está muy preocupada en la calle, no ve la realidad que le muestran los medios pauta dependiente".

Por último, analizó su vínculo con el kirchnerismo, sector con el que parece achicó diferencias: "No puedo decir quién viene o no. Si quieren sumarse desde el kirchenrismo bienvenido sean. Queremos que todos los trabajadores que se sientan expresados por esta marcha se sumen", aclaró. Y se refirió a una posible reunión con Cristina: "Dije que no tendría problema en tomarme un café con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como me podría tomar un café con otras personas. Dije solo eso".

Se filtró en las redes sociales un video donde se ve a Adelina Martorella "marcando" a los trabajadores que adherían a una medida de fuerza. ANSES se encuentra en conflicto gremial en diferentes puntos del país, más allá de lo que ocurre en Mar del Plata.

Ahora se conoció que Martorella responde al diputado bonaerense de Cambiemos Maximiliano Abad. "El macrismo habla de meritocracia pero Martorella no entró por concurso en ese puesto jerárquico sino por dedo político", recordaron desde el gremio a Primereando Las Noticias.

Además, la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops) emitió un comunicado en el que destacó que la gerente de recursos humanos “es una persona que no está bien; que no está para estar en el cargo porque no está en sus cabales. Persigue a sus compañeros, amenaza y maltrata”, según reseñó el portal Infocielo.

“No hubiera pasado un apto psicofísico para poder ejercer la función pública, su presencia sólo se explica por razones políticas”, continuaron desde el sindicato.

“La situación es de extrema tensión. Convivimos con una persona que en cualquier momento puede mandarnos a las fuerzas de seguridad para reprimir. No vamos a bajar los brazos porque hay compañeros despedidos, que se quedan sin el plato de comida desde el mes que viene”, agregaron.