Alerta en la comunidad educativa. Docentes y estudiantes del Plan Fines denuncian que el Gobierno busca cerrar el programa que permite a adultos y jóvenes mayores de 18 años terminar la escolaridad obligatoria. 

Este mediodía, convocados por UTE-Ctera y con el apoyo de organizaciones sociales, alumnos y docentes del Plan Fines se movilizaron al Ministerio de Educación porteño, para repudiar el cierre de trece sedes. La medida perjudica a 500 alumnos y deja sin continuidad laboral a 80 docentes. Días atrás se conoció el cierre de los centros que funcionaban en las villa 20, de Lugano, y La Carbonilla, de Paternal, y en gremios como el de trabajadoras de casas particulares y el de trabajadores de entidades deportivas, entre otros.

A su vez, Guillermo Parodi, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de Educación (UTE), dijo al medio C5N que “La decisión es parte de las políticas de ajuste contra la educación pública que venimos denunciando. Hay más de 500 adultos que no van a poder terminar su educación, en un programa que permitió que muchísimas personas terminen sus estudios”. En el mismo sentido, Parodi advirtió que los estudiantes más afectados por el cierre de la sedes del Plan Fines son los de la zona más vulnerables de la Ciudad. “Quienes acceden al Plan Fines son los sectores que fueron expulsados del sistema educativo y requieren un acompañamiento especial. Son los sectores de la zona sur, muchas mujeres sostén de familia. Los sectores más vulnerables son los que pierden más derechos”, opinó el dirigente.

Además los docentes remarcaron que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, no les dio ninguna respuesta tras el reclamo por el cierre de las sedes y que por eso decidieron movilizarse hasta el Ministerio. “Esto de ajustar sobre la educación es una política nacional, lo vemos en muchas provincias, hay un ensañamiento sobre la educación pública y los sectores populares”, finalizó Parodi.

En el día de hoy el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires dispuso que a partir de abril comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario para el servicio de agua que consumen los bonaerenses de la empresa estatal.

En el Decreto 211/2018 la gobernadora María Eugenia Vidal dispuso: "Modificar el régimen tarifario para la prestación de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales a partir de los 30 días de publicada la norma”. A poco más de un mes de la Audiencia Pública en donde participaron usuarios, dirigentes políticos y sociales de 52 municipios bonaerenses y se rechazó la suba por los problemas en el servicio, el nuevo aumento de abril ubica al costo del módulo por metro cubico pasará de $5.74 a $8.04.

Según el nuevo cuadro tarifario, la mitad de los usuarios de ABSA sufrirán un incremento de entre 140 y 200 pesos en sus facturas bimestrales. Mientras que poco más de un tercio deberán pagar entre 201 y 400 más. En rigor, el Rango 1 pasará de pagar $109 a $144 en tanto que en el rango 5 quedará en $314 mientras que las categorías más altas pasarán los 600 pesos.

Según un informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones han tomado créditos por unos 56 mil millones de pesos, el 60 por ciento de lo que perciben en un mes, para mantener su nivel de consumo.

De la misma manera que hacen con el Estado, el informe revela que Cambiemos permitió el endeudamiento familiar, a través de los créditos Argenta otorgados por ANSES, a quienes cobran prestaciones como AUH, pensiones no contributivas y salario familiar. Tomando los datos del segundo semestre de 2017, los prestamos alcanzaron los 56 mil millones de pesos, lo cual implica que “se ha endeudado el 60% de los titulares de AUH, el 42% de los beneficiarios de pensiones no contributivas, el 41% de los beneficiarios de pensiones de adultos mayores, el 8% de los jubilados y el 9% de los que cobran salario familiar”.

Se trata de créditos que implican cuotas que van de 12 a 60 meses para jubilados (con montos de $1.000 a $60.000), de 12 a 24 meses en beneficiarios de AUH ($1000 hasta $5000) y de 12, 24 y 36 cuotas para los titulares de PNC, madres titulares de AUH con 7 hijos y PUAM (hasta $12.000). Son, en promedio, el 20 por ciento de los titulares de esos beneficios, que han tomado créditos por el 60 por ciento de lo que perciben en un mes, con el único objetivo de mantener el nivel de consumo de años anteriores.

“Los jubilados –indica el CEPA- por ejemplo, perdieron unos $98 mil millones en los dos años, pero se endeudaron por algo más de $21 mil millones. Es decir, tomaron créditos por el 22% de lo que perdieron”. En el caso de beneficiarios de la AUH, perdieron en conjunto durante 2016 y 2017  unos $9,25 mil millones, y se endeudaron por casi $14 mil millones.

Asimismo, los beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) tomaron deuda por $16,5 mil millones y perdieron unos $18 mil millones en los dos años. Es decir, tomaron créditos por el 91% de lo que perdieron.

La Corriente Federal de Trabajadores emitió un fuerte comunicado donde reitera el pedido de unidad del “movimiento sindical en la Confederación General del Trabajo alrededor de un programa de propuestas y acciones para superar esta crítica situación”.

Luego de realizar distintos encuentros de organizaciones sindicales para analizar la actual situación, caracterizada por un violento ataque contra los ingresos alimentarios y el empleo de los trabajadores, activos y jubilados, con o sin empleo, en el marco de un creciente deterioro de la situación económica y social, la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT reiteró a  través de un comunicado: “Su compromiso es con la unidad, sin exclusiones,  del movimiento sindical en la Confederación General del Trabajo alrededor de un programa de propuestas y acciones para superar esta crítica situación”.

Además, marcó que no puede persistir el actual estancamiento institucional de la Confederación General del Trabajo, y advierte que: “Es necesario que su actual Consejo Directivo adopte con urgencia decisiones coherentes, acudiendo a la consulta de los ámbitos orgánicos estatutarios que corresponden: el Comité Central Confederal cuyos mandatos no pueden dejar de cumplirse, y de ser necesario su Congreso. Con dolor, debemos advertir que no está cumpliendo con sus obligaciones, lo que afecta tanto la defensa de  los derechos de los trabajadores, como los principios fundacionales de unidad, solidaridad y organización”.

Más adelante, adelanta que, “Con el fin de preservar sus objetivos fundacionales, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) no participa de la creación de ningún nuevo nucleamiento gremial ni es apéndice o rama sindical de formación partidaria alguna”. A su vez, el comunicado de la Corriente Federal de los Trabajadores, señala: “No es hora de más divisiones o subdivisiones, sino de unidad, solidaridad y organización para enarbolar alto la bandera de la justicia social y defender el interés nacional. No se puede seguir así”, sentenció.

En consecuencia, el texto exige la “definición de un programa claro y concreto, con objetivos adecuadamente planificados, es nuestra exigencia irrenunciable previa a cualquier acuerdo tanto dentro de la Confederación General del Trabajo, que debe abrir sus puertas a todas las organizaciones sindicales sin exclusiones, como para la construcción​ de acuerdos políticos e institucionales para superar la actual situación”, al tiempo que ofrece su programa de 27 puntos.

Para finalizar, la CFT advierte que no aceptaran que “el Movimiento Sindical siga siendo excluido a la hora de las grandes decisiones nacionales. Siempre que esto último ocurrió, como estamos comprobando, el Pueblo fue derrotado”.

En proyecto de ley que se presentó hoy en la Legislatura bonaerense busca suspender el decreto de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en el que se transfiere la empresa Ferrobaires al Estado. La iniciativa gubernamental fue duramente rechazada por sus trabajadores porque aseguran que significará la pérdida de 1500 puestos laborales.

El proyecto fue presentado por el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) en conjunto con trabajadores despedidos. Al respecto, el diputado Guillermo Kane remarcó que "el desguace de Ferrobaires se termina de liquidar a costa  de los trabajadores, con la pérdida de más de un millar de puestos de trabajo y dejando a las localidades del interior de la provincia sin transporte".

"Nuestro proyecto parte de sostener los puestos de trabajo, con los mismos salarios, derechos y antigüedad; y establece la continuidad operativa de todos los ramales, garantizando un transporte económico para todas las localidades afectadas", remarcó el dirigente del Partido Obrero.

Además, la diputada nacional Victoria Donda y la legisladora bonaerense Patricia Cubría, del Movimiento Evita, presentaron un proyecto de ley para declarar la "emergencia laboral" en provincia de Buenos Aires. Entre otras situaciones críticas, señalaron la situación en Ferrobaires.

Hoy presentaré, junto a la diputada @patriciacubria de @MovimientoEvita , un proyecto de ley para declarar la #EmergenciaLaboral en la provincia de Buenos Aires. Estarán presentes trabajadores despedidos del #INTI , del #HospitalPosadas y de #ferrobaires , entre otros. pic.twitter.com/jEn0mp96ie

— Jorge Ceballos (@JRCeballos) 12 de marzo de 2018

Se cayó otra mentira más del Grupo Clarín. El Departamento de Justicia norteamericano, con la firma de Aaron Gershbock, le informó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que en el Shore Bank, actual nombre del Felton Bank, no hay registro de los números de cuentas ni de los nombres citados primero por la revista brasileña Veja y luego por el diario Clarín.

También Irán contestó a la requisitoria de Martínez de Giorgi señalando que los supuestos números de cuenta cuyos beneficiarios sería Máximo y Nilda Garré no existen en ese país porque les falta un dígito.

Como era de esperar, Clarín no publicó la desmentida oficial, a pesar de haber puesto en tapa la noticia durante casi dos años, entre 2015 y 2017. La investigación falsa fue realizada por el periodista ultramacrista Daniel Santoro.

En las redes, la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner celebró la noticia pero ironizó: "Si, como lo lees: durante dos años (el Departamento de Justicia) mantuvo la confidencialidad de la información dejando correr una denuncia falsa desde el 2015 hasta septiembre de 2017". En 2015 se disputaron las elecciones presidenciales que permitieron el triunfo del macrismo.

El Departamento de Justicia de EEUU informó dos años después que no era cierto. Si, como lo lees: durante dos años mantuvo la confidencialidad de la información dejando correr una denuncia falsa desde el 2015 hasta septiembre de 2017. https://t.co/XqpGYRAoUp

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 12 de marzo de 2018

Documento: el texto que el Departamento de Justicia envió a la Justicia argentina para desmentir a Clarín

Para Claudio Maley, ministro de Seguridad de Tucumán, “hay que preguntarse qué hace esta criatura de 11 años fuera de la casa, dónde están los padres", aclaró sobre el caso del niño de 12 años asesinado por la espalda por la policía provincial. "Hay cuestiones que el Estado no se puede hacer responsable, cuestiones muy internas que son propias de la familia. El padre o la madre tienen responsabilidad sobre ese chico pequeño de 11 años. ¿Qué hace en la calle? ¿qué hace ligado al uso de armas?”, aseguró.

“El personal intervino y fueron agredidos con tiros. El Estado tiene que tomar medidas para hacer cesar un delito para preservar la sana convivencia", aseveró Maley en el programa de Radio Nacional, De Primera Mano. Las afirmaciones del funcionarios se contradicen con la causa judicial en marcha: todavía no está claro qué ocurrió esa noche y si existió ese intercambio de disparos al que hizo referencia el ministro provincial.

Sin embargo, Maley insistió: “Ve el objeto y el personal da la voz de alto. En este caso hubo disparos de arma de fuego contra el Estado provincial a través de su policía en la cual el estado debe intervenir. Después lo vemos en la justicia si hubo exceso”, justificó.

El chico Facundo Ferreira fue asesinado por fuerzas policiales. Además de balas de plomo, recibió en su cuerpo impacto de municiones de goma. Murió al instante.

El Secretario General de SUTEBA La Plata, Patricio Villegas, rechazó la resolución de la Dirección General de Cultura y Educación que establece el cierre de los primeros años de los Bachilleratos de Adultos. “Todas las medidas que viene tomando el Gobierno tiene una mirada mercantilista, le quieren poner un precio a la educación” aseguró en diálogo con Primereando.

Este lunes por la tarde más de mil alumnos mayores de 18 años, inscriptos en la región de La Plata, se encontrarán con la noticia de que no podrán comenzar su año electivo para finalizar los estudios secundarios. Es que el Gobierno provincial pretende centralizar la oferta educativa para adultos en solamente cuatro establecimientos del centro de la ciudad. Para eso, los ingresantes que se enteren del cierre de los primeros años deberán ir a anotarse a una boca única distrital para ser reubicados en Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) o FINEs.

En diálogo con este medio, el titular de SUTEBA La Plata, Patricio Villegas, afirmó que “con esta medida el Gobierno está vulnerando el derecho a la educación de las personas mayores de 18 años que quieren finalizar sus estudios para acceder a un mejor trabajo”. Y criticó que “sólo cuatro escuelas del centro de la ciudad se mantengan abiertas para los inscriptos. No ven la importancia de los bachilleratos en los distintos barrios de la periferia para que los adultos puedan estudiar”.

El dirigente gremial dijo a Primereando que “la contradicción del Gobierno de Vidal es que habla de la importancia de la educación, pero toma decisiones que implosionan el sistema educativo”. Al tiempo que subrayó que “estamos hablando de una baja del 60 por ciento de la matrícula, es una medida que genera obstáculos en el acceso a la educación”.

Ante este recorte, el Bloque Sindical de Educación, integrado por los gremios AMET, ATE, FEB, SADOP, SOEME, SUTEBA y UDOCBA, convocó a acompañar los “abrazos solidarios” que se realizarán hoy a las 18 horas en cada escuela de la región para reclamar que el gobierno revea la medida. En tanto, se informó que este martes a las 10.30 horas habrá una movilización de la comunidad educativa a la Torre Gubernamental N° 2, donde funciona la Dirección de Educación Secundaria de la Provincia.

El gremio que nuclea a los trabajadores de la Salud de Buenos Aires, rechazó el 15% de aumento en cuotas que ofreció el gobierno provincial a los gremios. Habrá una reunión con el resto de los sindicatos para pensar las futuras medidas de protestas.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), expresaron que “La decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de realizar a los sindicatos docentes la misma propuesta salarial – 15 % en tres cuotas sin cláusula de actualización automática por inflación - durante cuatro reuniones paritarias consecutivas define una perspectiva absolutamente desfavorable para las negociaciones del resto de los sectores que aún no se han iniciado”.

Además indicaron que “lamentablemente, la demora en convocar nuestra paritaria, la falta de respuestas a las problemáticas de recursos humanos provocada por expedientes que llevan años sin resolución y la falta de perspectivas de modificaciones sustanciales, componen un cuadro que adquiere una gravedad inusitada”.

Luego recordaron que “la grotesca situación vivida en el hospital Rossi de La Platadurante el último fin de semana, con cortes de energía que provocaron un sinnúmero de inconvenientes en el funcionamiento hospitalario, es un eslabón más en la larga cadena de dificultades a los que trabajadores y pacientes nos vemos expuestos. Servicios virtualmente cerrados, guardias descubiertas y planteles diezmados son parte del paisaje habitual en nuestros centros de salud”.

Entonces señalaron que “la necesidad de articular acciones con los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires ha sido una demanda de muchas asambleas seccionales en el último Congreso de Delegadxs de nuestro sindicato. Así se lo hemos planteado a las conducciones de SUTEBA, ATE y AJB, con la idea de promover medidas conjuntas que puedan expresar consensuada y públicamente nuestros reclamos”.

Más adelante expresaron que “en la semana que se inicia llevaremos a cabo una reunión con las organizaciones sindicales mencionadas, llevando nuestra propuesta a la misma”.

“La dinámica que intenta imponer el gobierno, con convocatorias paritarias diferenciadas en tiempo, debiera encontrar una respuesta uniforme de quienes no estamos dispuestos a someternos a decisiones que menosprecian a las políticas sociales y a los trabajadores estatales, además de promover un ajuste que nos tiene como destinatarios principales. Intentaremos plasmar en una acción común la exigencia de salarios y condiciones laborales dignas para el conjunto”, concluyeron.

El ENRE comunicó que ambas empresas eléctricas deberán realizar un reintegro a los usuarios por la falta de suministro. Los partidos del sur del conurbano bonaerense serán los más compensados.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que Edenor y Edesur deberán subsanar a los usuarios qie fueron afectados por los interminables cortes de luz. Por ello, el reintegro se hará en forma de crédito en las facturas posteriores a los semestres de control y luego de agotar el saldo positivo, volverán a cobrar normalmente por el consumo del período correspondiente.

El 67% del monto total que se devolverá fue destinado a los usuarios de Edesur y el resto fue para quienes son clientes por Edenor. No obstante, si se considera la cantidad de usuarios bonificados (660.957 en total), los resultados se invierten: Edenor debió resarcir a 346.988 usuarios, cerca de 33.000 más que Edesur.

Además, hay diferencias en la bonificación promedio que recibió cada cliente según la empresa. Un cliente de Edenor tuvo derecho a una bonificación promedio de $180,69, mientras que uno de Edesur, a una de $412,03.

Para calcular los resarcimientos, el ENRE se basó en dos indicadores que miden respectivamente la frecuencia y la duración de los cortes. Son, además, parámetros universales para evaluar la calidad del servicio.

Los partidos del sur del conurbano bonaerense encabezan la lista de los más compensados. Los habitantes de Florencio Varela fueron los más afectados por los cortes, según el informe del ENRE. Quienes tuvieron problemas recibirán en promedio $810. Les siguen los vecinos de Avellaneda ($767), Almirante Brown, Cañuelas, Lanús y Quilmes con bonificaciones de entre $450 y $500.