La Procuración General de la Nación dictaminó la inconstitucionalidad de la Ley de Farmacias, vigente desde 1987. El planteo lo inició en 2012 el actual Vicejefe de Gabinete y ex Ceo de la multinacional, Mario Quintana. La Corte Suprema debe definir el pleito judicial.
El dictamen del Procurador interino, Eduardo Casal, establece que el artículo 14 de la Ley de Farmacias que rige en la Provincia desde hace más de tres décadas es inconstitucional. Con este polémico fallo, que contradice a la justicia bonaerense que en reiteradas ocasiones rechazó el planteo de Farmacity, se abren las puertas para el desembarco de la multinacional fundada por uno de los hombres más cercanos al presidente Mauricio Macri.
La medida que beneficia a la cadena generó el rechazo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia. “La Procuración le está dando indicaciones a la Corte. Es un avasallamiento a la independencia de poderes y a las Provincias que son las que tienen que resolver las cuestiones de salud pública y nuestro poder judicial ya lo hizo” sostuvo su presidenta, Isabel Reinoso, en diálogo con Primereando y agregó que el “fallo es bochornoso desde el punto de vista jurídico y fue promovido a medida de esta empresa cercana a los funcionarios nacionales”.
El artículo 14 de ley que el Procurador declaró inconstitucional permite la instalación de farmacias en manos de empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro y mutuales, al tiempo que prohíbe las sociedades anónimas, como es el caso de la cadena Farmacity.
Desde los bloques opositores de la Legislatura bonaerense también se sumaron a las críticas por el polémico fallo. “Con este dictamen, Farmacity avanza en su intención de burlar la prohibición que regía para el ingreso de este tipo de compañías a la Provincia” expresaron desde el bloque de Unidad Ciudadana en el Senado. Al tiempo que advirtieron que “permite al amigo de Macri expandir sus negocios en la provincia que concentra la mayor población del país. Esta decisión le asegura un negocio de ganancias multimillonarias”.
Por su parte, el diputado del Frente Renovador, Lisandro Bonelli, consideró que “el visto bueno de la Procuración evidencia una clara presiones del vice jefe de Gabinete de la Nación y accionista de la empresa, Mario Quintana, a la Corte Suprema que se debe expedir sobre el tema”. Y exigió que “se respete la ley. En Buenos Aires las farmacias no son simples comercios, son un servicio público y el medicamento no es una mercancía si no un bien social”.
Tras este nuevo capítulo de la batalla judicial iniciada por Farmacity para operar en la Provincia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver si permite la expansión de un negocio millonario que puede perjudicar el acceso a la salud pública de los millones de bonaerenses.
